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Política

Es urgente suspender a Chávarry

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Pedro Gonzalo Chávarry

El exprocurador anticorrupción, Iván Montoya, consideró que la solicitud del Ministerio Público para suspender de forma preventiva a Pedro Chávarry “se encuentra razonablemente justificada”.

Según señaló a la agencia Andina, desde hace bastante tiempo Chávarry Vallejos ha tenido actuaciones que han ido en perjuicio de las investigaciones que lleva a cabo el Equipo Especial Lava Jato.

Montoya recordó, a modo de ejemplo, cuando Chávarry apartó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, en diciembre de 2018. Un hecho que generó una masiva protesta ciudadana y que tuvo que dar marcha atrás.

Pero el acoso a los fiscales Vela y Pérez no se detuvo ahí. En julio, los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, vinculados en algún momento a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, citaron a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, para que informen sobre los acuerdos con Odebrecht. Y en septiembre, el fiscal Pérez denunció mediante un documento interno dirigido a su superior Rafael Vela una presunta infiltración en el Equipo Especial Lava Jato, la cual se habría realizado a fin de obstruir la labor fiscal.

Para Montoya, Chávarry “es un personaje que se ubica en cúspide del Ministerio Público” y, con el poder que le otorga dicha posición jerárquica, podría bloquear las investigaciones.

Por tanto, consideró que “se justifica razonablemente una suspensión temporal”. “Más aún pues integra la Junta de Fiscales Supremos y desde allí puede ejercer potestades disciplinarias.

La suspensión es lo más saludable para las investigaciones”, indicó.

Al respecto, hay que indicar que el 19 de noviembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Hugo Nuñez Julca, admitió a trámite el pedido de Ministerio Público para suspender de manera preventiva por 18 meses al fiscal supremo Pedro Chávarry. Según la fiscal suprema Bersabeth Revilla, Chávarry intentó frustrar las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato y habría buscado favorecer a un grupo político con la información solicitada del convenio con Odebrecht. Chávarry, por su parte, pidió al Poder Judicial que se archive el proceso en su contra.

OBSTRUCCIÓN EN CASO CUELLOS BLANCOS El exfiscal Avelino Guillén coincidió en que la medida solicitada por la Fiscalía contra Pedro Chávarry “resulta necesaria”. En Ideeleradio, recordó que el intento de Chávarry de apartar del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, al fiscal supremo Pablo Sánchez. Esto resulta particularmente sospechoso pues Chávarry está acusado de pertenecer a la presunta red criminal.

“En consecuencia, como una medida necesaria para salvaguardar el desarrollo de las investigaciones y teniendo en cuenta que el doctor Chávarry integra la Junta de Fiscales Supremos, desde donde permanentemente, según se advierte, estaría buscando apartar a los fiscales Vela y Domingo Pérez, persistiendo en la conducta que dio lugar al inicio de este proceso, me parece que es una medida que tiene justificación”, apuntó.

Guillermo Olivera Díaz

FISCALÍA TARDÓ EN PEDIR LA SUSPENSIÓN

Por su parte, el abogado penalista y candidato al Congreso, Guillermo Olivera Díaz señaló que la Fiscalía “se ha tardado mucho tiempo” en pedir la suspensión de Chávarry. “Un fiscal supremo, al igual que cualquier funcionario público, está sujeto a cualquier medida coercitiva. Y todo lo actuado por Chávarry amerita una suspensión, tras la cual ya lo acusarían porque se trata de un delito en el cual ha atentado contra las pruebas, robando documentos para presuntamente favorecer a Keiko Fujimori. Todo el mundo conoce que él ingresó a las oficinas lacradas para robar documentos”, afirmó.

El jurista destacó que ante una suspensión del cargo, Chávarry dejaría la Junta de Fiscales Supremos y la implicancia de ello es que “no tendrá ningún expediente en sus manos ni será mayoría con los otros hermanitos para sacar a Vela y Pérez”. “El fiscal que venga, es muy probable que no siga la línea de Chávarry. Las posibilidades entonces son alentadoras porque se recompone la Junta de Fiscales Supremos y eso le puede dar estabilidad a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato”, remarcó.

Para Olivera Díaz, luego de los 18 meses de una eventual suspensión, tendría que iniciarse un juicio oral. “Y ahí la condena es segura. Estamos hablando de un delito de encubrimiento real, y en mi concepto la Fiscalía podría ampliar la apertura de investigación por el delito de encubrimiento personal agravado.

Porque no solo ha atentado contra la prueba, ya sea un documento o un usb, sino que al hacer esa operación estaba sustrayendo de la acción penal a otra persona, presumiblemente a Keiko Fujimori”, señaló.

Finalmente, el letrado indicó que se tratarían de delitos agravados por la condición de funcionario público y “porque él, que estaba a cargo de la investigación, termina extrayendo la prueba”. En ese caso, indicó que las penas se sumarían y que además se incrementarían en un tercio por su condición de funcionario público. Esto haría que una eventual condena contra Pedro Chávarry pueda llegar hasta 25 años de cárcel.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Abogado de Chlimper hunde a Keiko Fujimori

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José Chlimper Ackerman

El semanario Hildebrandt en sus trece reveló que la defensa del exsecretario general de Fuerza Popular, en su intento por refutar las imputaciones por lavado de activos, validó la tesis de la Fiscalía sobre el blanqueo de dinero ilícito de Odebrecht.

Según publicó el semanario Hildebrandt en sus trece, el abogado de José ChlimperAckerman, exsecretario de Fuerza Popular a quien se le imputa el presunto delito de lavado de activos, admitió ante el juez Víctor Zúñiga que el dinero ilícito de Odebrecht entregado a Fuerza Popular fue blanqueado mediante cócteles y rifas.

A fin de sustentar la inocencia de su patrocinado, el abogado José Nolasco se apoyó en la tesis fiscal del miembro del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez. “La Fiscalía ha acreditado que la totalidad de la campaña de la empresa Odebrecht se lavó en cócteles y rifas realizados en el 2010, en los que el señor ChlimperAckerman no tiene ninguna imputación”, alegó.

Como se recuerda, la Fiscalía le imputa a Keiko Fujimori haber utilizado la fachada del partido Fuerza Popular para montar una organización criminal donde se habría lavado dinero proveniente de fuentes ilícitas, para lo cual habrían organizado un sistema de falsos aportantes.

CONTRADICCIONES DE CHLIMPER

De otro lado, y aunque en octubre de 2018 José Chlimper rechazó haber pagado una pauta publicitaria a Radio Programas del Perú (RPP) con US$ 210 mil en efectivo, ante el juez Zúñiga su defensa legal intentó justificar la procedencia lícita del dinero.

“El supuestamente haber entregado una cantidad de dinero a los representantes de los medios de comunicación, cuando el supuesto delito de lavado ya se ha consumado, ¿configura el delito de lavado de activos? La respuesta es un rotundo no”, manifestó en la audiencia.

Nolasco continuó argumentando que Chlimper “no solo cuenta con solvencia económica sino que ha efectuado inversiones en RPP y cuenta con un patrimonio absolutamente lícito”. Sin embargo, el presidente de directorio del medio de comunicación desmintió que Chlimper haya invertido alguna vez en su vida en RPP, ni que le haya prestado dinero.

Al margen de las contradicciones entre Chlimper y su defensa, lo cierto es que sigue sin explicación la procedencia de los US$ 210 mil dólares en efectivo con que el empresario agroexportador pago a la emisora.

SE ESTÁ QUEDANDO SOLA

Para la presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, “todas las acciones negativas tienen un costo”, y para Fuerza Popular el costo es que sus “alfiles principales” como José Chlimper, termine diciendo la verdad a través de lo manifestado por su abogado.

Además, destacó que Keiko Fujimori “se está quedando sola”, pues a la posición adoptada por Chlimper se suman las declaraciones de otros testigos y colaboradores eficaces como Jorge YoshiyamaSasaki y del extesorero de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, que refuerzan la tesis de la Fiscalía respecto a las imputaciones de lavado de activos y de obstrucción a la justicia.

Por otro lado, Sifuentes advirtió que los grandes empresarios ya estarían acusando el impacto negativo generado a partir de la presunta relación de beneficios mutuos sostenida con el fujimorismo. “Es por ello que se están distanciando y marcando límites antes de ser expuestos, a los empresarios que lamentablemente marcan la agenda en el país no les va a resultar tan interesante sostener esos vínculos con un personaje como Keiko Fujimori, que se está quedando sola con sus mentiras”, indicó.

Finalmente, señaló que la ciudadanía está tomando conciencia sobre los riesgos que representa el fujimorismo para el país. “Aunque todavía hay sectores que no se enteran

de esto y aún creen en ellos, las elecciones de este domingo van a demostrar que ese porcentaje no es el mismo de antes y ha disminuido de modo importante”, concluyó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

PJ admitió casación contra juez Zúñiga

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Víctor Zúñiga Urday

La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Especializada admitió la casación presentada para apartar al juez Víctor Zúñiga Urday del caso Keiko Fujimori. El abogado de Fuerza Popular, Juan Alarcón Caycho, afirmó que dicha medida se justifica “en motivos graves que afectan la imparcialidad del magistrado recusado y la extensión de la recusación”.

A finales del año pasado el mismo tribunal rechazó un pedido de recusación contra el magistrado Zúñiga Urday; sin embargo, en esta ocasión la sala del Poder Judicial decidió “conceder el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del Partido Político Fuerza Popular”. En consecuencia, será la Corte Suprema de Justicia, presidida por César San Martín, la que evalúe el pedido para retirar al juez Zúñiga.

Sin embargo, esta decisión no impedirá que el juez Zúñiga emita su resolución sobre el pedido de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori, anunciada para el martes 28 de enero.

El abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, aclaró que para que se resuelva el recurso de casación en la Corte Suprema aún tendrán que pasar varias semanas. “Primero tendrán que señalar fecha y hora para el informe oral en la vista de la causa, y eso se hace con días de anticipación. Así que partiendo de eso nada más, el martes con toda seguridad el juez va a emitir su resolución sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori”, afirmó.

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Política

Denuncian a jueza de familia de favorecer a demandante

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Denuncian a jueza de familia de favorecer a demandante

Una jueza de familia se encuentra en el ojo de la tormenta luego de una queja presentada contra ella ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA). por presuntamente haberse parcializado con una de las partes en un proceso judicial.

La abogada Martha García presentó la queja contra Clara Peña Chauca, jueza del Décimo Sexto Juzgado de Familia de Lima, y contra la especialista Zoila Llontop Trujillo, del mismo juzgado, por una serie de irregularidades que, según la letrada, cometieron en contra de su defendido Antonio García Lossio.

Por ejemplo, afirma que presentó un escrito ingresado con código N° 37786-2019 a Mesa de Partes el 13/08/2019 comunicando al juzgado la variación de su domicilio procesal y nueva designación de abogado. “Toda resolución debió ser dirigida a mi nuevo domicilio procesal a partir de la fecha de la citada comunicación, pero no fue así ya que las quejadas incurrieron en graves faltas al remitir la siguiente resolución al anterior domicilio procesal”.

SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Precisó que el juzgado expidió la resolución N° 127 de fecha 12/09/2019, la misma que no fue notificada a su nuevo domicilio legal a pesar de que un mes antes se comunicó al Juzgado la variación.

“Las quejadas hicieron caso omiso a sus deberes previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 50 del Código Procesal Civil, de igual forma no consideraron que el objeto de la notificación es poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales”, señaló Martha García ante la ODECMA.

También advirtió que la jueza y la especialista incumplieron lo previsto en el inciso 3 del artículo 50 del Código Procesal Civil, que dispone que se debe dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en el orden que ingresan al despacho.

“Las quejadas debieron atender primero mi escrito de fecha 13/08/2019, sin embargo atendieron primero el Informe Pericial 00667-2019-ETP-ASJR-USJLI-PJ ingresado por Mesa de Partes el 2 de setiembre de 2019, siendo que dicho Informe determina la suma de S/21,841.30 soles, por concepto de devengados de alimentos a favor de la demandante”.

ALGO MÁS

La abogada manifestó que el apuro por favorecer a la demandante ha generado que convaliden notificaciones hechas a otros domicilios y a la vez se dispongan emitir copias certificadas a la Fiscalía Penal de Turno de Lima para que proceda a la denuncia de su representado Antonio García Lossio por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.

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