“Creo que es conveniente incorporar a las investigaciones el tipo penal de organización criminal, esto le permitiría a la fiscalía mayores herramientas legales para llevar a cabo una investigación más profunda y rápida”, indicó.

PLANIFICACIÓN Y CONCERTACIÓN

Guillén destacó que todo muestra que evidentemente hubo una planificación y concertación en ciertos niveles de administración pública, sobre todo al nivel del comité de negociación y adquisición de la vacuna.

“Entonces, la solicitud de ampliación de vacunas de 3,200 es un hecho inusual, que no ha ocurrido en otros casos, apuntan que este hecho de vacunación paralela fue debidamente planificado con antelación y ha tenido como objetivo tratar de beneficiar a un laboratorio, y, por otro lado, los funcionarios públicos que obtuvieron supuestos beneficios ilícitos”, advirtió.

ESTRUCTURA JERÁRQUICA

Asimismo, precisó que existió una pluralidad de agentes o participantes, así como una estructura jerárquica y una planificación de actividades, es decir, “varios hechos delictivos sucesivos con el concurso de varios autores”.

“Agregar este tipo penal permitirá a la fiscalía usar instrumentos procesales como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que permitirá hacer una investigación con mayor eficacia”, refirió.

PARTICULARES Y FUNCIONARIOS

En ese sentido, Guillén destacó que el Ministerio Público haya hecho una distinción entre los implicados particulares y exfuncionarios públicos y algunos en actividad, lo que busca, además, “recobrar la confianza de la población dando una respuesta rápida y eficaz ante este hecho”.

“Los que son aforados tienen que ser sometidos al proceso previo de antejuicio constitucional ante el Congreso, como es el caso de Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti, pero cuyo procedimiento se inició con investigación preliminar a nivel de la Fiscalía de la Nación”, sostuvo. Agregó que, en la misma situación, está el expresidente Martín Vizcarra.

Mientras que, para el resto de los implicados, que tienen la condición de funcionarios públicos, del sector salud y de relaciones exteriores, la investigación está a cargo de una Fiscalía Provincial Anticorrupción.

RESPONSABILIDADES LEGALES Y ÉTICAS

Por su parte, el exprocurador José Ugaz señaló que hay que distinguir entre responsabilidades legales y éticas, “eso dependerá de la calidad que ha asumido cada una de estas 487 personas que se han inoculado estas dosis adicionales”.

“Desde mi perspectiva de análisis penal, que el funcionario que a su vez estaba involucrado en el proceso de toma de decisiones de las compras y condiciones de compra tendrían hipotéticamente hablando una responsabilidad posible en el ámbito penal, si es que se demuestra que han obtenido el beneficio de la vacuna y con esto alguna forma de condicionamiento para pactar de manera desfavorable a los intereses del Estado peruano, por ejemplo con precios sobre valuados o en condiciones que son más favorables para las farmacéuticas”, aseguró.

Además destacó: “No es lo mismo que el resto de funcionarios que solamente han recibido la vacuna pero no tenían ninguna capacidad de decisión, sobre ellos está toda la gama de sanciones en al ámbito administrativo, que se desprende del Código de Ética de la función pública por no haber actuado con probidad y haber preferido su beneficio personal que el interés común. Y estas sanciones pueden ir desde la amonestación hasta la destitución del cargo”.

PECULADO POR EXTENSIÓN

Respecto a los particulares que no son funcionarios, Ugaz afirmó: “las responsabilidades posibles están: para los que han mentido abiertamente el delito de falsedad genérica que podría aplicarse en ese caso. Y para los particulares que administraron estas vacunas, como el equipo de la Universidad Cayetano Heredia, si se comprueba que ha habido una aplicación de estos fondos que corresponderían a fines asistenciales, el llamado delito de peculado por extensión que es una forma que se aplica a los funcionarios pero en una emergencia como esta se puede aplicar a los privados”.

INFORME DE INVESTIGACIÓN EL 25 DE FEBRERO

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, manifestó que el informe de la comisión investigadora del Minsa sobre las vacunaciones irregulares con las dosis de Sinopharm saldrá el 25 de febrero.

“El informe saldrá el 25 de febrero. Ahí se sabrá la cantidad de personas, cuántas vacunas, cuáles se han aplicado, cuántas no y, sobre todo, quiénes tomaron las decisiones porque esto determina responsabilidades”, detalló.

Según indicó, a Fernando Carbone, presidente de la comisión del Minsa que investiga el caso, sí le ha llegado información adicional, pero no necesariamente como la primera lista. “Le llegó información adicional y la comisión lo informara”, agregó.

El titular de Salud señaló que las empresas privadas no van a poder acceder a compras libres de las vacunas contra el coronavirus. “Este no es un problema de política del Gobierno que quiere excluir a los privados”, aclaró.