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Política

Entre lo público y lo privado en América Latina

EXPERIENCIA DE EMPRESAS DE AGUA

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Entre lo público y lo privado en América Latina

“No sigan nuestro ejemplo”, nos aconsejó el presidente de la Federación Nacional de trabajadores de obras sanitarias de Chile, Fenatraos, Hugo Maturana, en una entrevista publicada en el diario La Primera, hace 10 años.

Maturana nos contaba como la privatización del agua en Chile había encarecido el servicio, haciéndolo el más caro de la región, cobrando al usuario por varios rubros distintos. “Cuando entregaron las empresas nosotros teníamos cubierto, casi el 95% del agua y saneamiento de nuestra población, el privado llegó, hipotecó al banco nuestras empresas y con ese dinero hizo las plantas de tratamiento que se necesitaban. No invirtieron nada, porque los usuarios empezamos a pagar esa hipoteca mucho antes de que se nos brinde el servicio”.

Las grandes manifestaciones que hemos visto en estas últimas semanas en Chile, expresan el rechazo ciudadano a un modelo económico que profundizó las desigualdades y privatizó todos los servicios. El arquero de la selección sureña, Claudio Bravo, lo recordó en el twiter: “Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos… No queremos un Chile de algunos pocos. Queremos un Chile de todos. Basta”.

Maturana, sostiene que el agua es una necesidad básica y que no puede estar en manos privadas, con una nueva Constitución en Chile, cambiaran esa situación.

LA EXPERIENCIA URUGUAYA

Si Chile es el país más desigual de América Latina, Uruguay es lo contrario. Para la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, el avance de Uruguay en energía limpia, lucha contra la pobreza y la indigencia, lo ha hecho “El país más igualitario de la región”. Con un crecimiento sostenido de su economía los últimos 16 años, en que gobernaron la coalición de izquierda del Frente Amplio.

A diferencia de Chile, los uruguayos defendieron y cuidaron sus empresas públicas y cuando en el 2004 por primera vez ganó el Frente Amplio, se realizó un plebiscito para preguntar a la población si vendían sus empresas de agua. Más del 70 por ciento de la población lo rechazó.

Hoy la empresa pública, Obras Sanitarias del Estado (OSE), satisface el 100% de agua y saneamiento a toda la población y la ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, Catarina de Alburquerque, señaló, cuando visitó Uruguay, que era un modelo a seguir si se quería cumplir con los objetivos del milenio en agua y saneamiento.

Dos modelos: Privado y público. Dos caminos distintos, donde se privatizó hoy vive una convulsión.

UN FRACASO MÁS, SI IMPORTA

En el Perú en el año 2005, se privatizó la empresa de agua de Tumbes, en el 2018 después de haber pasado por tres operadores privados, retornó al sector público ante el gran fracaso de los privados. El gobierno de Vizcarra, parece que no aprende de estas malas experiencias a nivel nacional e internacional (Casi 300 empresas privatizadas del agua volvieron al sector público) y el 13 de julio publicó el Decreto Supremo (DS) 214-2019 EF, que pone en venta un mínimo del 30% (puede ser el 100%) de las acciones de las empresas del Estado del sector no financiero. La más rentable, Sedapal.

El pasado 26 de setiembre miles de pobladores de Lima y Callao, y los trabajadores de Sedapal, salieron a movilizarse exigiendo la derogatoria del DS 214. Entregaron un memorial al Ministro de Vivienda y a la presidencia de la República. Hasta ahora no hay respuesta, por eso el 28 de noviembre volverán a marchar, esta vez a Palacio de Gobierno, por la respuesta exigiendo la derogatoria.

Vivimos tiempos de cambios en nuestro continente, no queremos repetir experiencias fracasadas en nuestro país. El agua es un derecho humano y no puede ser concesionada ni privatizada. Conocer y discutir las experiencias de Chile y Uruguay nos ayudará a defender con mayor convicción nuestra empresa de agua.

El Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, SUTESAL, ha organizado para el martes 19 un foro internacional con la presencia del Presidente de Frenatraos, Hugo Maturana e Ismael Cortazzo de OSE – Uruguay, por el Perú estará Luisa Eyzaguirre, Secretaria General de Sutesal. El evento será en el auditorio del hotel Riviera de 5 de la tarde a 9 de la noche y será de libre concurrencia.

 

DANTE ALFARO FONTAINE

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Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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