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El Tribunal Constitucional en su tinta

CON MANDATO VENCIDO

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El Tribunal Constitucional en su tinta

Si se les aplicara el artículo 361º del Código Penal a los 5 miembros del Tribunal Constitucional con mandato terminado, hace rato que deberían estar condenados por el delito de usurpación de funciones públicas.

Esos miembros y las fechas de vencimiento de su mandato son:

— Juan Francisco Vergara Gotelli: 27/12/2009;
— Carlos Fernando Mesía Ramírez: 15/7/2011;
— Ernesto Álvarez Miranda: 19/9/2012;
— Fernando Alberto Calle Hayen: 19/9/2012;
— Gerardo Eto Cruz: 19/9/2012.

Ricardo Beaumont Callirgos, cuyo mandato venció el 10/7/2012, renunció en abril del 2013, por considerar que no debía prolongar una situación inconstitucional en su caso. Óscar Urviola Hani, actual Presidente del Tribunal Constitucional, deberá permanecer hasta julio de 2015.

Y no se trata de hablar por hablar, o de escribir por escribir.

El art. 361º del Código Penal dispone: “El que sin título o nombramiento, usurpa una función pública […] o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo continúa ejerciéndolo […] será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años …”.

El cese de los miembros del Tribunal Constitucional mencionados se produjo al haber concluido el mandato de cinco años para el que fueron nombrados por el Congreso de la República, en virtud del art. 201º de la Constitución. Este plazo solo podía ser prorrogado por la propia Constitución. Su situación es la misma que la de otros funcionarios cuyo mandato señala también la norma suprema: Presidente de la República y congresistas: cinco años; presidentes y miembros de los gobiernos regionales: cuatro años; alcaldes y regidores: cuatro años; Defensor del Pueblo: cinco años; miembros del Consejo Nacional de la Magistratura: cinco años; miembros del Jurado Nacional de Elecciones: cuatro años; Contralor General de la República: siete años; miembros del Directorio del Banco Central de Reserva: cinco años.

La ley es impotente para autorizar la prórroga de su mandato. Si así fuera, también podría hacerlo un decreto legislativo y hasta un decreto de urgencia. El mismo Presidente de la República y los congresistas podrían mantenerse en sus puestos, luego de haber cesado.

La extensión del mandato de los miembros del Tribunal Constitucional fue dispuesta por su primera Ley Orgánica, 26435 del 6 de enero de 1995, cuando Fujimori y los suyos reinaban: ordenó que sus miembros continuaran en funciones hasta que tomen posesión del cargo sus sucesores (art. 9º). Abusando de su poder en ese momento, el Congreso de la República, con mayoría fujimorista, se atribuyó así la facultad de modificar la Constitución, alargando un plazo fijo dispuesto por ésta. La vigente Ley Orgánica del Tribunal, 28301 del 23 de julio del 2004, con el acuerdo del grupo de Toledo, el Apra y el PPC, reproduce aquella norma inconstitucional (art. 10º).

La misma Constitución tiene un artículo que excluye las tentativas de violentar o inaplicar sus prescripciones con normas de inferior jerarquía. Su artículo 51º declara con claridad y sencillez: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley sobre las normas de inferior categoría, y así sucesivamente.” Pero no se ha detenido allí: para asegurar que en los procesos judiciales (y constitucionales) no se eluda su primacía establece que “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera.” (art. 138º).

Por lo tanto, los magistrados del Tribunal Constitucional con mandato vencido, que siguen despachando como si continuaran siéndolo, están usurpando funciones públicas y sus actos son nulos de conformidad con la misma Constitución (art. 46º).

Nunca, ninguno de ellos, ni los políticos que los amparan, le han explicado a la ciudadanía la razón por la cual continúan en los cargos. No la tienen. No pueden tenerla. La invocación del artículo 10º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es de por sí inconstitucional.

El Tribunal Constitucional en su tinta

¿Por qué se aferran a sus cargos entonces?
Por los sueldos, sin duda, que son ricos bocadillos para ellos; por el ejercicio del poder político que implica emitir sentencias obligatorias, aunque las llenen de arbitrariedad, y por cierto desorden institucional del Estado en el que pueden anidar irregularidades como esa, entre otras.

La función del Tribunal Constitucional es verificar si un hecho, omisión o norma vulneran o amenazan derechos reconocidos por la Constitución y declarar el derecho constitucional que debe ser aplicado. A su conveniencia, en ciertas sentencias, sus miembros han prescindido de fundarlas en los artículos precisos de la Constitución que habrían sido infringidos. Se han limitado a menear las leyes y, a veces, ni a eso. En el reciente caso de los fiscales, por ejemplo, tres de sus miembros han decidido el nombramiento de uno, función que corresponde exclusivamente al Consejo Nacional de la Magistratura; en otros se han permitido dar normas jurídicas y hasta consejos.

El Tribunal Constitucional en su tinta

Como el Ministerio Público no los lleva ante la Justicia penal, por alguna conveniencia, siguen en la danza.

Si su propósito oculto es desprestigiar al Tribunal Constitucional, lo están haciendo muy bien.

El Tribunal Constitucional es absolutamente necesario para el Estado y sus habitantes, y debe ser también absolutamente imparcial.

El actual sistema de nombramiento de sus miembros por el Congreso de la República no garantiza esa imparcialidad. Los partidos políticos representados en el Congreso deciden su composición en concordancia con sus intereses. Sus alianzas para elegirlos solo consideran a candidatos de sus filas o simpatizantes suyos con los requisitos mínimos para postular: diez años como vocal o fiscal superior o quince como abogado o profesor universitario de Derecho. No les importa para nada que sean los más versados y doctos en Derecho. La Constitución no lo exige. (“Ustedes votan por nuestros candidatos, nosotros por los suyos.”) Si son medianías y menos, tanto mejor, con tal que respondan a la disciplina de sus partidos. Esta repartija ruín se vuelve imperativa por la exigencia de totalizar los dos tercios del número legal de los miembros del Congreso para la elección de los vocales del Tribunal Constitucional, que impide elegirlos si un grupo de congresistas cuyos votos son necesarios para llegar a esa mayoría rechaza a determinados candidatos o quiere imponer a los suyos. Es lo que viene sucediendo desde 2009 e impidiendo el nombramiento de los nuevos vocales del Tribunal que sucedan a aquéllos con mandato terminado.

Muchos juristas con calificaciones académicas óptimas, que se respetan, evitan meterse en ese abyecto cambalache.

La crisis del Tribunal Constitucional debiera dar lugar a una reforma de la Constitución sobre su nombramiento. Éste debería ser entregado al Consejo Nacional de la Magistratura, ampliado para el caso con un representante del Congreso y otro del Poder Ejecutivo, para seleccionar a los candidatos por concurso público y orden de méritos, excluyendo absolutamente las conveniencias políticas o de partido político. En definitiva, la gestión de las entidades estatales, distintas de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y de los gobiernos regionales y municipales, cuyo origen es la elección popular, debiera ser confiada a quienes demuestren ser los mejores en concursos con igualdad de oportunidades para todos.

La ley es impotente para autorizar la prórroga de su mandato. Si así fuera, también podría hacerlo un decreto legislativo y hasta un decreto de urgencia. El mismo Presidente de la República y los congresistas podrían mantenerse en sus puestos, luego de haber cesado.

El art. 361º del Código Penal dispone: “El que sin título o nombramiento, usurpa una función pública […] o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo continúa ejerciéndolo […] será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años…”.

Por lo tanto, los magistrados del Tribunal Constitucional con mandato vencido, que siguen despachando como si continuaran siéndolo, están usurpando funciones públicas y sus actos son nulos de conformidad con la misma Constitución (art. 46º).

Jorge Rendón Vásquez
Colaborador

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Palestina: la ocupación sin fin

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Palestina: la ocupación sin fin

MACIEK WISNIEWSKI *

“Que nunca experimente la agonía de que le roben su país; que nunca sienta el dolor de vivir en cautiverio bajo la ocupación; que nunca sea vendido por sus ‘amigos’”, escribió Hanan Ashrawi, integrante del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en reacción al auspiciado por la administración trumpista y firmado hace un par de semanas acuerdo de paz entre Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin e Israel (bit.ly/346EzEp). Cuando el año pasado EU presentó su plan de paz para el Medio Oriente (The deal of the century), para el cual uno de los talleres” propagandísticos se realizó en Bahréin.

Asimismo, Ashrawi remarcó que el meollo de este acuerdo en el que se concedía todo a Israel y nada a Palestina era la ocupación, una palabra que ni siquiera aparecía en el documento (bit.ly/2S9vMfo). De manera similar –como una agenda para la ocupación permanente−, Ashrawi calificó los planes israelíes para los nuevos asentamientos alrededor de Jerusalén (bit.ly/33Kj3p3).

Mientras en aquel entonces censuró la hipocresía del mundo que teme decirle algo a Trump respecto a su incondicional apoyo a Israel y al propio Israel por su interminable ocupación de Palestina, ahora se lo reprochó a EAU y Bahréin, que traicionando la causa palestina sacaron no más a la luz sus tratos secretos con Israel (bit.ly/33dtHpj).

En efecto. Más que un acuerdo de paz –los tres países nunca han estado en guerra y desde hace años mantenían relaciones no-oficiales−, lo firmado bajo la tutela de Trump ha sido sólo un burdo trato de armas. ¿Los beneficiados? La industria militar estadunidense (bit.ly/2EIL6wt) y la israelí que desde hace años surte a los ricos regímenes del golfo con sus avanzadas tecnologías de vigilancia usadas para reprimir la disidencia interna (bit.ly/32NgF1l, bit.ly/3cnE10L).

Si bien oficialmente, como parte del acuerdo, Israel se comprometió con EAU a no anexar (por ahora) a Cisjordania, la decisión de frenarla (sin descartarla en el futuro) ya se tomó anteriormente a nivel de la política interna israelí (bit.ly/2FRToCs).

Si hay algún efecto práctico de dicho acuerdo es la normalización de la ocupación de Palestina –siendo ésta, en la práctica, una forma de anexión (bit.ly/3kxF9lb)− y la eternalización del sufrimiento del pueblo palestino.

Igualmente el auspiciado por Trump y firmado en el mismo tiempo acuerdo de paz entre Serbia y Kosovo que parecía ideado sólo para poder incluir en él cláusulas respecto a Medio Oriente (sic), igualmente apuntaba a legitimar la ocupación obligando a ambas partes a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel (bit.ly/349xUcy).

Si bien tras la guerra de los Seis Días –una guerra de conquista (Tom Segev)−, que convirtió a Israel en un imperio colonial al ocupar Cisjordania, Gaza, los Altos de Golán y la península de Sinaí (de los cuales éste sólo evacuó a Sinaí y cambió la ocupación de Gaza por un inhumano bloqueo convirtiendo la ocupación de Palestina en la más larga ocupación militar en la historia moderna: 53 años y contando) varios prominentes políticos israelíes alertaban que la prolongada ocupación destruiría el tejido de la sociedad israelí (Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, 2000, p. 317), Israel más bien aprendió a organizar la sociedad alrededor de ella. Convirtió la debilidad (todo el derecho internacional está aquí del lado de los palestinos) en una fortaleza que lo hacía atractivo sobre todo para los regímenes represores en el mundo.

Los territorios ocupados se convirtieron en un enorme laboratorio para el armamento y las tecnologías de vigilancia y control de masas con palestinos en calidad de conejillos de indias (bit.ly/3cisuQw). El reciente acuerdo de paz ni siquiera pretende tapar esta realidad. Más bien la confirma, demostrando que lo más provechoso es continuar la ocupación –y seguir en una perpetua zona gris entre ocupación y anexión, la ambigüedad de la que es especialista Netanyahu, bien remarca Avi Shlaim bit.ly/2ZThvb5)− que terminarla.

Escenificar su firma en el mismo césped sur de la Casa Blanca (bit.ly/33IOlfP) donde en 1993 se firmaron los Acuerdos de Oslo (Arafat/Clinton/Rabin), fue igualmente revelador: ha sido precisamente Oslo que más que abrir el camino a la paz le permitió a Israel rempacar la ocupación y bajar sus costos reales y políticos al transferirle la carga de controlar la población ocupada a la Autoridad Palestina encargada ahora de sofocar la resistencia armada y pacífica a la ocupación (bit.ly/30eYO1w) sin comprometerse prácticamente a nada (la conformación del Estado palestino, el retiro de los asentamientos ilegales, etcétera).

La formación de un régimen colaboracionista bajo Arafat (y luego Abbas) −un subcontratista de la ocupación−, igual que en otros casos históricos, ha sido crucial para manejarla sin tener que ceder nada del territorio. En su tiempo Ashrawi censuró a Arafat diciendo que ni él ni los demás dirigentes de la OLP vivieron bajo la ocupación –estaban en el exilio− y no tenían idea que firmaban con Oslo en su forma presentada por los israelíes (Avi Shlaim, Israel and Palestine, 2009, p. 220), aunque luego se incorporó a autoridades encargados de administrarla. En este sentido tanto los acuerdos con EAU y Bahréin, como el previo acuerdo del siglo, se vislumbran no como la traición, sino consolidación y continuación del espíritu de Oslo.

 

* La Jornada

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Celebrando la patria libre

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Celebrando la patria libre

MARCELA PÉREZ SILVA

Este 14 y 15 de septiembre, Nicaragua conmemora el 199º Aniversario de la Independencia de Centroamérica y el 162º Aniversario de la Batalla de San Jacinto. Fiestas Patrias que son una doble celebración de la memoria: de su vocación soberana y de su voluntad integracionista.

Los centroamericanos nacimos juntos a la vida republicana. Fuimos una sola nación y somos un mismo pueblo. El futuro común de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua fue el anhelado sueño de nuestros próceres y sigue siendo para nosotros un desafío por cumplir. Condición indispensable para alcanzar nuestra soberanía real. Nuestra segunda independencia.

Cuando en 1855 el filibustero William Walker con su banda de contrabandistas desembarca en Nicaragua, su lema es «five or none» pues pretende adueñarse de nuestras cinco repúblicas. La doctrina del “destino manifiesto” proclamaba que, por designio de la Providencia, Estados Unidos tenía la misión de expandirse por todo el continente y gobernar sobre las razas inferiores. El filibusterismo era su brazo armado. Financiado por los esclavistas sureños, Walker se autonombra presidente de Nicaragua, impone el inglés como idioma oficial y restablece la esclavitud.

La Guerra Nacional vuelve a unir a las tropas centroamericanas. América Latina entera sale en defensa de nuestra soberanía. De entonces data nuestra deuda de gratitud con el solidario pueblo del Perú. El presidente Ramón Castilla envía una misión diplomática a Centroamérica y promete un buque “para estimular con su presencia la beligerancia de aquellos pueblos” contra el filibusterismo. El Perú eleva su enérgica protesta ante el Secretario de Estado en Washington, el 11 de julio de 1856:

“Una horda de piratas norteamericanos, cayendo de improviso sobre la República de Nicaragua ha echado por tierra su gobierno, talado sus campos y anegado en sangre sus ciudades, y amenaza enseñorearse sobre las demás repúblicas que pueblan esta parte de la América española: destruir su nacionalidad y continuar hacia el sur sus inicuas conquistas hasta consumar el designio vulgar en todo Norte América, de que de un polo al otro no haya en el Nuevo Mundo más que una sola Nación: la Unión Americana”

Guerra de resistencia, guerra de todos. Patriotas y filibusteros combaten casa por casa. Mosquetes de chispa contra fusiles Minié y revólveres Colt. Sesenta indios flecheros acuden con refuerzos desde Matagalpa. Andrés Castro tiene un rifle sin balas, cuando se enfrenta al invasor y de una pedrada lo derriba. Es la victoria de David contra el gigante prepotente. La batalla de San Jacinto se convierte en la primera derrota del esclavismo en América.

Nicaragua ha tenido que seguir luchando contra la ocupación extranjera y el intervencionismo.

“Queremos que la Soberanía Nacional sea efectiva y no la abatan vientos intervencionistas», escribía el General Benjamín Zeledón en 1912, antes de caer peleando contra marines y conservadores. El joven Augusto Sandino vio pasar su cadáver, arrastrado por una carreta de bueyes, para que sirviera de escarmiento. Así lo recordaría en 1933:

“La muerte de Zeledón me dio la clave de nuestra situación nacional frente al filibusterismo norteamericano; por esa razón, la guerra en la que hemos estado empeñados, la consideramos una continuación de aquella.”

 En 1979 el pueblo de Nicaragua derrocó a la dinastía que, impuesta y sostenida por el imperio para perpetuar su dominio, había gobernado el país como su feudo por casi 50 años. Este 19 de julio hemos celebrado el 41º aniversario de esa hazaña que marcó el triunfo de la Revolución Popular Sandinista y le devolvió la dignidad a Nicaragua.

Hoy el Gobierno sandinista libra una batalla victoriosa contra la pandemia, contra la pobreza, contra la desocupación. Restituye los derechos de todas y todos a la educación y la salud gratuitas. Construye hospitales, carreteras, parques y estaciones de bomberos. Lleva clínicas móviles, agua potable y energía eléctrica renovable a los más apartados rincones del país. Reduce a la mitad la pobreza y a una tercera parte la mortalidad materna e infantil. Empodera a las mujeres, las capitaliza y reduce la brecha de género. Y entrega títulos de propiedad comunal sobre sus territorios, a los pueblos indígenas y afrodescendientes de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.

La patria libre de Rubén Darío y de Augusto C. Sandino defiende su derecho a la vida digna. Su derecho a la paz.

AMPLIADO

La batalla de San Jacinto se convierte en la primera derrota del esclavismo en América.

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Geopolítica de la rebelión en Bielorrusia

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Geopolítica de la rebelión en Bielorrusia

CÉSAR ZELADA*

Como el “corazón de la vieja Europa” es conocida Bielorusia. Y no es para menos. Limita al norte con Lituania y Letonia, al este con la Federación de Rusia, al sur con Ucrania y al oeste con Polonia. Además, Bielorusia es el quinto productor mundial de potasio, produce derivados de petróleo y es destacado en la producción de tecnologías de información (varias empresas vinculadas a China).

Al imponerse la desintegración de la URSS, la lenta restauración capitalista, fue frenada por un tiempo los servicios de inteligencia, con Aleksandr Lukashenko (hizo carrera política en el Partido Comunista y fue soldado), quien gobernó al país desde 1994 con una política populista de Estado fuerte (60% de la economía), a la vez que produjo un régimen de características bonapartistas (personalista y autoritario), utilizando referéndums y constituyentes, para luego de la crisis del 2008, implementar políticas neoliberales (reforma jubilatoria, contratos de trabajo individuales, salarios congelados), que mezcladas con la catástrofe sanitaria generada por la pandemia, desarrollaron las condiciones para la crisis actual.

Lukashenko tenía una relación política estrecha con Vladimir Putin (buena parte del comercio se dirige a Rusia), firmando tratados que establecían la unidad monetaria y una sola ciudadanía, política exterior y de defensa. No obstante, el desarrollo de la crisis que señalamos anteriormente, obligó al mandatario a coquetear con Occidente. La importancia geopolítica de Bielorusia se acentúa porque es por este país por donde debería pasar la estratégica Ruta de la Seda de China (que en los últimos años ha intensificado sus inversiones en la región).

El “accidente” de la crisis actual, que movilizó a decenas de miles en un escenario de rebelión popular, se produce por denuncias de fraude en las últimas elecciones del 09/08 donde varios candidatos opositores fueron proscritos (el banquero Babarika y el diplomático Tsepkalo), y el régimen de Lukashenko obtuvo el 80% de los votos, mientras que la líder de la oposición liberal, Svetlana Tikhanovskaya (también esposa del candidato encarcelado con el mismo apellido), obtuvo el 10% del apoyo popular. La ex maestra, hizo una campaña populista proponiendo elecciones justas (bajo el eslogan “somos el 97%”), la liberación de los presos políticos, etc.

Frente a las protestas, Lukashenko, decidió el 17/08 darse “un baño de popularidad” al visitar la fábrica de tractores de ruedas de Minsk [MZKT]. Pero tuvo que salir huyendo ya que los trabajadores lo botaron. Ese mismo día dijo que, “no habrá elecciones hasta que me maten” (RT, 17-8-20). La represión conllevó a la detención de 7 mil ciudadanos, la muerte de otro 10 y la desaparición de decenas. No obstante, la movilización no cesa.

En este escenario complicado existen analistas que señalan que estaríamos frente a una “revolución de colores”, que en otros países como Ucrania o Armenia contaron con la promoción yanqui. Sin embargo, en la “Rusia Blanca”, no existen muy arraigadas las diferencias culturales y la presencia fascista o pro EE.UU. es mínima ya que, por un lado, sigue presente en la memoria colectiva la barbarie nazista, y por otro, la economía nacional depende de Rusia. Es así como se han desarrollado organismos embrionarios de doble poder. Por un lado, el Consejo dirigido por Tikhanovskaya y la oposición empresarial. Y por otro, la Coordinadora de huelga dirigida por la clase obrera, que paralizó más de 150 fábricas.

Para el medio RFI, el movimiento parecería estar en un “callejón sin salida”. Luego, continúa, “el presidente bielorruso Alexandre Lukashenko aludió a la idea de un referéndum constitucional…varios «especialistas», entre ellos jueces de la Corte suprema, trabajan en una revisión de la ley fundamental que será luego sometida «a referéndum», (rfI, 31/08/20).

Es por estas razones que la oposición belorusa “lanza puentes” a Putin y éste declaró en relación a una intervención militar que, «lo hice, pero acordamos también que éste no será utilizado mientras la situación no se descontrole», (Televisión Rossia-1). El Pacto de Varsovia postsoviético, señala que Rusia podría intervenir militarmente en Bielorrusia, sólo si Minsk lo solicita en caso de una «agresión exterior». Y Lukashenko acaba de declarar que habría milicias ucranianas en su territorio. Esta intervención militar implicaría una extensión del poder de Rusia (Georgia, oriente de Ucrania, parte de Moldavia y la guerra en Siria). El envenenamiento del opositor Navalny, ahora en coma inducido en Alemania, obedeció a que estaba agitando la rebelión regional en provincias del este de Rusia.

Por su lado, los países bálticos, Ucrania y Polonia, reconocen a Tikhanovskaya, mientras que según Joseph Borrel, secretario de Exteriores de la UE, “la UE quiere una salida ´a la Armenia’, con Putin. Mientras que Trump ha enviado mensajes prudentes de aliento a la oposición.

Como observamos, la crisis bielorrusa tiene un carácter geopolítico de clase internacional.

*Director de la revista La Abeja (teoría, análisis y debate).

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