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Editorial

El pliego de Ricardo Gareca

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Editorial Diario UNO

El shock nacional producido después de que el disparo de Luis Advíncula rebotara en el poste derecho del arco de Australia, en el último partido de «repechaje» para el Mundial de Qatar, aun no culmina. El capítulo actual está centrado en saber si el correcto técnico Ricardo Gareca continuará al frente de la selección nacional, especulándose que ese es el deseo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y que es el entrenador argentino quien cavila la decisión.

Pero el abogado José Luis Noriega Ludwick, especializado en derecho deportivo, nos ha develado parte de una trama mucho más compleja y que contradice esa imagen. Según Noriega la realidad es inversa: Gareca, en asociación con Juan Carlos Oblitas han presentado hace un tiempo una propuesta de trabajo a la FPF y es esta entidad la que se muestra remilgona. Y es que dicha propuesta es un verdadero pliego de reclamos que empalidece al de cualquier sindicato local.

Según el especialista, Gareca-Oblitas parten de la idea que sin jugadores preparados y sin equipos competitivos no hay forma de asegurar un desempeño mejor que el logrado ahora. Por ello, no desean limitarse a la conducción deportiva de la selección nacional, sino que requieren el control de la gestión institucional de los torneos de primera y ascenso y de las selecciones de juveniles y de menores. Ello, piensan los proponentes, los blindaría de los problemas de manejo errático que lastran el fútbol peruano y les darían todas las armas para relanzar el fútbol nacional.

Pero este propósito desplazaría a la dirigencia actual del manejo comercial asociado al balompié, sobre todo en lo que respecta a los pases de los jugadores, por lo cual le ha sabido a chicharrón de sebo. Es decir, no es Gareca el que se resiste a su continuidad sino más bien los mandamases del fútbol.

Por si esto no fuese suficiente, Noriega ha recordado que la FPF de hoy es más informal que un puesto de ceviche ambulante: no tiene estatutos reconocidos, no tiene dirigencia inscrita y carece de estados financieros. Por lo cual, Noriega dixit, no bastaría que Ricardo Gareca se quedara al frente de la FPF si no que sería necesario también que, de una vez, el IPD (con el apoyo de la FIFA) forme una comisión reestructuradora que llame a una asamblea que apruebe estatutos, elija directiva válida y apruebe balances y cuentas y su respectiva auditoría.

Sin ello, ni Gareca podrá salvarnos y las pelotas seguirán rebotando en los palos.

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Editorial

Contraloría tras Gobernadora de Arequipa

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Los medios de prensa mistianos revelaron ayer que el Gobierno Regional de Arequipa tiene contratado a un funcionario sentenciado por corrupción y que le ha encargado nada menos que la presidencia suplente de un concurso por más de 7 millones de soles, que ha acabado en un escándalo. 

Noticia triste porque los tres últimos gobernadores tienen problemas con la justicia: Juan Manuel Guillén, está condenado por colusión, Yamila Osorio  es investigada por la Fiscalía por presunta colusión con una empresa para la construcción de la variante de Uchumayo y Élmer Cáceres Llica purga prisión por haber sobornado a sus consejeros regionales, con lotes de terreno. Ahora, la actual gobernadora Kimmerlee Gutiérrez se suma a la lista de las autoridades cuestionadas. 

Su caso es especialmente grave porque pone en riesgo el mayor proyecto de desarrollo de la región: la irrigación Majes-Siguas. De acuerdo al contrato de concesión con la empresa  Cobra, el Gobierno Regional tiene la obligación de entregar el sistema hidráulico en perfecto estado de operación, lo que no ocurre ahora porque la presa de Condoroma filtra y los túneles están sin mantenimiento. Se requiere, por ello, un diagnóstico altamente especializado que debe ser realizado por una empresa de primer nivel.

En lugar de ello, la gobernadora Gutiérrez  ha realizado un concurso que ha tenido como único postor a un consorcio recién formado, carente de experiencia en presas de envergadura  y con unos términos de referencia técnicamente discutibles, al grado de que ninguna empresa seria aceptó postular. Es decir, que está viciado de nulidad.

Tanto así que, para entregar la buena pro, la gerencia regional designó a Héctor Modesto Mamani Titi, quien el pasado 2 de noviembre fue condenado por la Corte Superior de Puno a la pena de cinco años de pena privativa de la libertad efectiva, por el delito de negociación incompatible. Hoy la Contraloría investiga por qué razones la gobernadora Gutiérrez incurrió en ese error tan burdo. “¡Era su última oportunidad!”, comentan socarronamente los funcionarios.

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Editorial

Gabinete Chávez: ¿empieza a arrugar?

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Anteayer, el enfrentamiento entre Ejecutivo y Parlamento se asemejaba a una escena de película del Oeste, en la que en el duelo de dos contendores ganaba el que disparaba primero a matar. Pero, ayer la confrontacional primera ministra Bettsy Chávez cambió el tono. Primero, dijo que la presentación de la segunda cuestión de confianza era solo “un rumor”, después envío amistosas cartas de invitación a los voceros de las bancadas parlamentarias invitándolos a reunirse con ella y, por último, lanzó la consigna: “¡Ni vacancia, ni cierre del Congreso!”.

Sin embargo, la carta de respuesta a sus declaraciones y a su invitación de la bancada de AvanzaPaís, le agrió la mañana. Ahí, sin medias tintas, le aclaran que el cierre del Congreso no es un “rumor” sino que ella y su jefe de gabinete de asesores se encargaron de escribirlo en blanco y negro en el acta del último consejo de ministros. Razón por la cual, decidieron rechazar la invitación, a menos que se retractara de lo declarado públicamente.

Al mismo tiempo,  el Congreso notificó al presidente Pedro Castillo de la tercera moción de vacancia en su contra por “incapacidad moral” y dio, así, un paso más en la defensa de sus atribuciones, melladas por la bravata del gabinete Torres de autodeclarar su cuestión de confianza como rechazada. Además, también empezó a correr el pedido de suspensión presidencial, más viable de ser aprobado que la vacancia. Y, por último, algunas bancadas, como la de APP, adelantaron que negarían la confianza a Bettsy y equipo.

Probablemente por estos hechos, el ministro de Justicia Félix Chero, en horas de la tarde, saltó al ruedo para reiterar que no está en agenda la presentación de una “segunda cuestión de confianza”, pero el asesor legal del gobierno olvida que el artículo 130° de la Constitución obliga a la jefa del gabinete a plantear una cuestión de confianza sobre su política de gobierno. Es decir, se va a votar una nueva cuestión de confianza, si o si.

En ese contexto, el retroceso de Bettsy no es malo, lo que  hay que preguntarse es si será suficiente.

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Editorial

Moción de vacancia sin sustento legal

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Ayer, toda la prensa de derecha se refociló en propagandizar la moción de vacancia que el Congreso de la República ha admitido a trámite. Así, el presidente del Parlamento José Williams refirió: «De conformidad con las normas leídas, en la siguiente sesión del Pleno se consultará la admisión de la moción de orden del día de pedido de vacancia de la presidencia de la República. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas, la presidencia comunica que el pedido de vacancia ha sido puesto en conocimiento del presidente de la República».

Con ello, triunfales, supusieron que habían devuelto el golpe a Pedro Castillo, después de la amenaza de cierre del Congreso. Pero no repararon en que la propia moción llevaba en su texto su negación y las razones de su nulidad. En efecto, en su fundamentación de cuestiones de derecho, la moción señala que la Constitución en su artículo 117° fija tres causales de vacancia: “impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver  el Congreso… o impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Pero, ¡oh maravilla!, la moción no precisa en cuál de estas tres únicas causales de vacancia ha incurrido el profesor chotano, pues por ninguna otra se podría decretar su vacancia. Es más, ya que últimamente el Congreso ha decidido que el Tribunal Constitucional es su padrino, podría preguntarle sin dilación cómo se podría vacar al presidente si no existe prueba alguna que haya cometido aunque sea una de estas causales constitucionales.

Los antiguos decían que la ignorancia es atrevida, y este caso lo confirma. ¿Cómo se puede pedir la vacancia bajo una fundamentación jurídica que la niega? Mejor haría Williams en pedir a los estudios de abogados que han participado en la elaboración del mamotreto que devuelvan los honorarios que han cobrado o que, en el mejor de los casos, que presenten una acusación conducente, porque con la moción presentada la vacancia no va a ningún lado, excepto el tacho.

 

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