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Editorial

El gobernante que todos queremos

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Ayer, por convocatoria del consultor Jhon Youle, un grupo de empresarios mineros, analistas financieros, representantes de gremios empresariales y ONG se reunió en San Isidro para escuchar las propuestas del gobernador electo de Arequipa Rohel Sánchez.  

El invitado explicó su plan de gobierno en cinco puntos. Primero, poner el desarrollo humano como el objetivo central de su gestión. Es decir, apareció más como un hombre de inquietudes sociales que un liberal y demostró que sabía de lo que hablaba: “entre los 109 distritos de Arequipa hay diferencias abismales de pobreza y falta de servicios de salud y educación”, dijo. En segundo lugar, planteó la necesidad de reactivar la economía regional con base en la agricultura, la minería y el turismo como ejes principales, identificando la segunda etapa de Majes y otras irrigaciones como los proyectos prioritarios.

En tercer lugar, dijo que su gobierno va a estar acompañados de un boom científico y tecnológico, por ejemplo, con la creación de un parque científico y tecnológico en Arequipa que potencie las capacidades humanas locales. En cuarto lugar, propuso que las inversiones en infraestructura debían respaldar a las actividades económicas principales de la región y conjugar el esfuerzo público (carreteras, puerto, nuevo aeropuerto) con la inversión privada en producción. También, recordó la necesidad de respetar el medio ambiente y comentó que había podido conocer ciudades de Europa que conviven perfectamente con la minería responsable. Antes que le preguntaran sobre el proyecto minero Tía María opinó que el problema de fondo histórico en el valle de Islay es el agua y que toca al gobierno regional resolverlo mediante la construcción de la represa. “Después de eso, hablamos” acotó.  Por último, señaló que la corrupción representa un 24% de la inversión regional. “Como auditor, no voy a permitir que eso siga”, dijo tajante.

Sánchez había sido presentado a los asistentes como un líder diferente a los políticos tradicionales, y vaya que lo demostró. “Mejor véngase a Lima”, le dijeron al despedirse.

Editorial

Contraloría tras Gobernadora de Arequipa

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Los medios de prensa mistianos revelaron ayer que el Gobierno Regional de Arequipa tiene contratado a un funcionario sentenciado por corrupción y que le ha encargado nada menos que la presidencia suplente de un concurso por más de 7 millones de soles, que ha acabado en un escándalo. 

Noticia triste porque los tres últimos gobernadores tienen problemas con la justicia: Juan Manuel Guillén, está condenado por colusión, Yamila Osorio  es investigada por la Fiscalía por presunta colusión con una empresa para la construcción de la variante de Uchumayo y Élmer Cáceres Llica purga prisión por haber sobornado a sus consejeros regionales, con lotes de terreno. Ahora, la actual gobernadora Kimmerlee Gutiérrez se suma a la lista de las autoridades cuestionadas. 

Su caso es especialmente grave porque pone en riesgo el mayor proyecto de desarrollo de la región: la irrigación Majes-Siguas. De acuerdo al contrato de concesión con la empresa  Cobra, el Gobierno Regional tiene la obligación de entregar el sistema hidráulico en perfecto estado de operación, lo que no ocurre ahora porque la presa de Condoroma filtra y los túneles están sin mantenimiento. Se requiere, por ello, un diagnóstico altamente especializado que debe ser realizado por una empresa de primer nivel.

En lugar de ello, la gobernadora Gutiérrez  ha realizado un concurso que ha tenido como único postor a un consorcio recién formado, carente de experiencia en presas de envergadura  y con unos términos de referencia técnicamente discutibles, al grado de que ninguna empresa seria aceptó postular. Es decir, que está viciado de nulidad.

Tanto así que, para entregar la buena pro, la gerencia regional designó a Héctor Modesto Mamani Titi, quien el pasado 2 de noviembre fue condenado por la Corte Superior de Puno a la pena de cinco años de pena privativa de la libertad efectiva, por el delito de negociación incompatible. Hoy la Contraloría investiga por qué razones la gobernadora Gutiérrez incurrió en ese error tan burdo. “¡Era su última oportunidad!”, comentan socarronamente los funcionarios.

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Editorial

Gabinete Chávez: ¿empieza a arrugar?

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Anteayer, el enfrentamiento entre Ejecutivo y Parlamento se asemejaba a una escena de película del Oeste, en la que en el duelo de dos contendores ganaba el que disparaba primero a matar. Pero, ayer la confrontacional primera ministra Bettsy Chávez cambió el tono. Primero, dijo que la presentación de la segunda cuestión de confianza era solo “un rumor”, después envío amistosas cartas de invitación a los voceros de las bancadas parlamentarias invitándolos a reunirse con ella y, por último, lanzó la consigna: “¡Ni vacancia, ni cierre del Congreso!”.

Sin embargo, la carta de respuesta a sus declaraciones y a su invitación de la bancada de AvanzaPaís, le agrió la mañana. Ahí, sin medias tintas, le aclaran que el cierre del Congreso no es un “rumor” sino que ella y su jefe de gabinete de asesores se encargaron de escribirlo en blanco y negro en el acta del último consejo de ministros. Razón por la cual, decidieron rechazar la invitación, a menos que se retractara de lo declarado públicamente.

Al mismo tiempo,  el Congreso notificó al presidente Pedro Castillo de la tercera moción de vacancia en su contra por “incapacidad moral” y dio, así, un paso más en la defensa de sus atribuciones, melladas por la bravata del gabinete Torres de autodeclarar su cuestión de confianza como rechazada. Además, también empezó a correr el pedido de suspensión presidencial, más viable de ser aprobado que la vacancia. Y, por último, algunas bancadas, como la de APP, adelantaron que negarían la confianza a Bettsy y equipo.

Probablemente por estos hechos, el ministro de Justicia Félix Chero, en horas de la tarde, saltó al ruedo para reiterar que no está en agenda la presentación de una “segunda cuestión de confianza”, pero el asesor legal del gobierno olvida que el artículo 130° de la Constitución obliga a la jefa del gabinete a plantear una cuestión de confianza sobre su política de gobierno. Es decir, se va a votar una nueva cuestión de confianza, si o si.

En ese contexto, el retroceso de Bettsy no es malo, lo que  hay que preguntarse es si será suficiente.

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Editorial

Moción de vacancia sin sustento legal

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Ayer, toda la prensa de derecha se refociló en propagandizar la moción de vacancia que el Congreso de la República ha admitido a trámite. Así, el presidente del Parlamento José Williams refirió: «De conformidad con las normas leídas, en la siguiente sesión del Pleno se consultará la admisión de la moción de orden del día de pedido de vacancia de la presidencia de la República. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas, la presidencia comunica que el pedido de vacancia ha sido puesto en conocimiento del presidente de la República».

Con ello, triunfales, supusieron que habían devuelto el golpe a Pedro Castillo, después de la amenaza de cierre del Congreso. Pero no repararon en que la propia moción llevaba en su texto su negación y las razones de su nulidad. En efecto, en su fundamentación de cuestiones de derecho, la moción señala que la Constitución en su artículo 117° fija tres causales de vacancia: “impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver  el Congreso… o impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Pero, ¡oh maravilla!, la moción no precisa en cuál de estas tres únicas causales de vacancia ha incurrido el profesor chotano, pues por ninguna otra se podría decretar su vacancia. Es más, ya que últimamente el Congreso ha decidido que el Tribunal Constitucional es su padrino, podría preguntarle sin dilación cómo se podría vacar al presidente si no existe prueba alguna que haya cometido aunque sea una de estas causales constitucionales.

Los antiguos decían que la ignorancia es atrevida, y este caso lo confirma. ¿Cómo se puede pedir la vacancia bajo una fundamentación jurídica que la niega? Mejor haría Williams en pedir a los estudios de abogados que han participado en la elaboración del mamotreto que devuelvan los honorarios que han cobrado o que, en el mejor de los casos, que presenten una acusación conducente, porque con la moción presentada la vacancia no va a ningún lado, excepto el tacho.

 

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