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Política

El fundamentalismo religioso y la estrategia del neocolonialismo

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Senadora Jeanine Áñez, autoproclamada presidenta de Bolivia, carga una enorme biblia. En ella se juntan racismo y extremismo religioso

Tanto en Bolivia como en Chile las sectas religiosas dependientes del imperialismo yanqui se alinean con las fuerzas más oscuras y reaccionarias. El imperio ha apostado por el fundamentalismo religioso como reclutador de fuerzas de choque locales, para no tener que gastar millones en traslados de tropas invasoras.

El Oriente sigue sacudido, secuestrado o extorsionado por el fundamentalismo islámico, el mismo que, por ejemplo, le sirvió al imperio para movilizar mercenarios y derrocar a Gadafi. Desde Alqaeda y los talibanes hasta el Estado Islámico, siguen el bastón de mando del gran capital monopólico que ambiciona el control total del petróleo. Como no pueden introducir el islamismo aquí en América Latina, invirtieron millones en sectas religiosas evangélicas, mormonas y similares: el fundamentalismo cristiano a órdenes de la CIA.

Esto, porque la Iglesia católica le jugó una deslealtad peligrosa con la Teología de la Liberación, a la cual el imperio le opuso un Papa polaco en plena Guerra Fría que oficializó al Opus Dei en oposición a los “curas comunistas”. Lo peor que le pudo pasar al imperio fue que el mismo Papa polaco, reaccionario y anticomunista, se rebelase en sus últimos años y pidiese la condonación de la deuda externa a países pobres (Jubileo 2000), además de dialogar con Fidel Castro y oponerse al embargo contra Cuba.

Los servicios de inteligencia del imperio tenían un as bajo la manga: informes, grabaciones y audios de la corrupción e inmoralidad de los curas pederastas. Así se bajaron la campaña del milenio contra la deuda externa. Domesticada nuevamente la casa católica, no ofrecía tantas garantías como la expansión evangélica.

En nuestro país las sectas evangélicas más poderosas toman posesión de grandes locales, usan estadios, como el de San Marcos, eligen sitios estratégicos para edificar sus casas de oración y sobre todo visitan domicilios puerta por puerta como llevando la cuenta donde es bien o mal recibido su mensaje. Antes lo hicieron los mormones caminando calles, tocando puertas y construyendo mega-propiedades en zonas urbanas estratégicas. La grosera abundancia de recursos no se debe al diezmo, obviamente.

Pero, ¿cuándo empezaron a involucrarse en política nacional? En 1990 dieron su respaldo a la candidatura de Fujimori, causando seria inquietud en el monseñor católico Augusto Vargas Alzamora. Esa preocupación llevó al purpurado a ocultarse en la maletera de un auto para visitar al candidato contrario: Mario Vargas Llosa. Y sacó la imagen del Señor de los Milagros, la Virgen María y Santa Rosa de Lima a pasear por la ciudad en pleno periodo electoral, como quien siente amenazado su espacio. En 1992 las vírgenes lloraron, solo en casas de familias fujimoristas. ¿Qué pasa que ya no lloran? Recuérdese que los evangélicos no creen en la santidad de María, tampoco en ídolos de barro.

El parlamentario conservador evangélico Lay, a fines de los 90’, no pudo convocar a una masificación de fieles: compiten aún con un catolicismo idólatra y pecador muy fuerte. Aquí en nuestro Parlamento las declaraciones más desafortunadas respecto al enfoque de género, proceden de voces evangélicas de analfabetas funcionales como ciertas damas parlamentarias.

Poca fortuna tienen los evangélicos en la batalla congresal y no llegan a ser una fuerza. ¿Qué dan a cambio? Una auténtica organización de la vida personal, cero alcohol y drogas, cero adulterio y una cultura del trabajo que culmina en la teología del éxito personal.

Serás exitoso por la gracia de Dios y fruto de tus esfuerzos, de tu abstinencia y sacrificios. La condena a la idolatría indígena se convierte en un nuevo capítulo de la conquista y del santo oficio. El sionismo, increíblemente, se hace presente en todas las iglesias evangélicas donde destaca la bandera del Estado de Israel.

Y ahora los evangélicos chilenos respaldan a Piñera, como también están totalmente involucrados en el golpe contra Evo Morales en Bolivia y gozan de la presidencia en Brasil: el infame Bolsonaro. Hace algunos años los fatuos progres nos consideraban “conspiranoicos” cuando denunciábamos la penetración ideológica del imperialismo a través de sectas religiosas. Esperamos que con estas muestras nadie vuelva a dudarlo. Salute.

 

DANTE CASTRO

Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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