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Editorial

El dueño del Banco central

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Editorial Diario UNO

En los corrillos de Lima, ayer la noticia principal era que Julio Velarde dejaría la presidencia del Banco Central de Reserva. Algunos de los oyentes se lamentaban, otros se dolían argumentando que la economía del país se derrumbaría y algunos más amenazaban con irse del país.

Lo único cierto es que con Velarde o sin Velarde, el BCR está obligado al cumplimiento de las metas macroeconómicas fijadas por el acuerdo suscrito mediante Carta de Intención del Perú con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no importa quién esté al frente, sino que las condicionalidades se cumplan.

La lógica detrás del temor a que Velarde se vaya es que quien lo reemplace vaya a tomar «malas decisiones» que periten una farra económica desde el Ejecutivo. Pero, si así fuera, en realidad ni Velarde ni nadie lo podría evitar. ¿Cuál es la razón de la pataleta, entonces?

La razón es que Velarde, aprovechando el protagonismo que le ha dado Pedro Francke, pretende designar a los directores del BCR según su mejor entender y no acepta que se designe a otros. Es cierto que el BCR es un ente «altamente técnico para poder asegurar que la política económica sea la adecuada» y para que las expectativas de inflación no se desboquen. Pero ello no quiere decir que el único decisor sobre la conformación de su directorio tenga que ser el señor Velarde.

«El poder corrompe, y el poder absoluto, corrompe absolutamente» dijo Lord Acton, en una advertencia contra los absolutismos. Y lo que pareciera ser que quiere Velarde es lo que Richard Webb nunca solicitó, es decir ser el decisor final absoluto de cualquier decisión respecto al banco central. Constitucionalmente, el BCR es gobernado por un directorio de siete miembros, el Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al presidente, y el Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al presidente de la República.

¿Por qué razón habría que entregar a Velarde la decisión suprema, si toca al Ejecutivo y al Legislativo designar a sus representantes? O es que, por algún sortilegio, Velarde se ha convertido en dueño del BCR, al que hay que rendir pleitesía. Mejor es practicar la designación democrática. Eso, para cualquier entidad, es siempre lo mejor.

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Editorial

Sueño de una noche de primavera

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Editorial Diario UNO

Dormía con la placidez de un bebe. Joven, guapa, con un esposo empresario, su participación pública no podía haber sido mejor. Cuando se lanzó a la vida política nunca pensó que llegaría a liderar una cámara legislativa. Pero todavía estaba por llegar más.

La crisis de su país había generado una gran inestabilidad. Los grupos económicos ya no soportaban a un presidente izquierdista y habían movilizado a los círculos de poder mediáticos, militares y financieros a complotar, para dar un golpe de mano y hacerse de la presidencia provisional. Total, ya antes había ocurrido, en más de una oportunidad, así que la idea no era nada descabellada. Lo bueno era que, constitucional y naturalmente, si caían el presidente y la vicepresidencia la sucesión le tocaría a ella. Gracias Dios mío, todopoderoso, por haberme puesto en este cargo privilegiado, pensó.

Los hechos se desencadenaron vertiginosamente. El alza del dólar, la carestía de los productos de primera necesidad, la escasez de gas, el paro de los transportistas, los anuncios aterradores de los noticieros de televisión, crearon las condiciones para que el presidente perdiera el respaldo de las poblaciones del interior y de las comunidades campesinas que habían sido factores fundamentales de su victoria. En cambio, los partidos liberales con fuerte peso en la capital la vieron con buenos ojos, para librarse de su rival y vengarse así de la derrota electoral que les había infligido. Se hizo lideresa de la vacancia presidencial.

Entonces la promesa se hizo realidad. La Fuerza Armada presionó al presidente y este no tuvo más remedio que renunciar públicamente y huir a una zona del interior del país. Ella se ciñó la banda y dio un «balconazo». El Tribunal Constitucional la reconoció como presidenta. Cualquier cosa era poco para esta bendición.

Democráticamente llamó a elecciones, en las que pensaba ser la candidata preferida. Pero los partidos liberales no lo creyeron así. Se dio cuenta que la habían utilizado solo para tumbar al presidente incómodo y tuvo que acabar renunciando a su candidatura. Pero eso no fue todo, en las nuevas elecciones volvieron a ganar los izquierdistas y su partido fue pulverizado en las urnas. Pocas semanas después, la Fiscalía la encauzó por sedición, fue detenida e ingresó a un penal de provincias.

En este momento, mojada en sudor y llanto, despertó. Al verla tan descompuesta, su esposo trató de calmarla «Tranquila mujer, ¿qué paso?». A lo que ella respondió con una pizca de tristeza «Soñé que no era María del Carmen Alva, sino Jeanine Áñez».

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Fútbol como cancha

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Editorial Diario UNO

El fútbol es un deporte de multitudes. Después de los primeros pasos de un bebé, lo primero que le enseñan sus pares es patear una pelota. Se practica en colegios, universidades, centros laborales o en la calle. Cada vez que juega la selección provoca pasiones, sufrimiento o alegrías indescriptibles. Los mejores practicantes de este deporte a nivel profesional se convierten en ídolos deportivos, hombres adinerados y famosos perseguidos por las estrellas de la farándula. Nada une más a los peruanos que la camiseta nacional.

Sin embargo, esta actividad vive en una mancha permanente. Sus dirigencias constituyen una argolla, que rota periódicamente atornillada a cargos para los que no está preparada y que tiene como actividad predilecta regalar o revender entradas preferenciales a sus allegados. Un verdadero desastre.

El secreto de este desequilibrio entre la popularidad y la decencia radica en que una dirigencia planetaria, mucho más preparada y avezada que su filial nacional, ha logrado un verdadero estatus de extraterritorialidad para el fútbol que lo zafa de las normas nacionales y la sujeta a la suprema sede de Suiza.

Pero como todos los poderosos, los mandamases locales del fútbol acaban de sufrir una derrota impensada. Un terco hombre de leyes ha obligado a la Sunarp a hacer pública la documentación que demuestra que, desde el año 2016, la FPF carecía de base legal y, por tanto, que todos los actos celebrados desde esa fecha a la actualidad son ilegales. Es decir, que ha pasado cinco años, sino más, en la total informalidad.

¿Cómo ocurrió esta gigantesca burla a la ley peruana y a las propias normas de la FIFA? Por una criollada legal: el mandato nada menos que de la Corte Suprema que anulaba el estatuto de la FPF, en lugar de inscribirse en la ficha registral, como ocurre con todos los actos públicos, acabó en un escritorio del Tribunal Registral sin que nadie repararse en su existencia.

Nuestro diario tuvo el mérito de escuchar al solitario impugnante y de trasmitir su fundamentada denuncia. De inmediato, la administración de la Sunarp y el propio Tribunal Registral nos dieron la razón, aceptando la incalificable omisión y actuando en consecuencia. Así ayer, han inscrito en la ficha registral lo que debió constar desde hace cinco años: que los estatutos son inválidos y, con ello, toda convocatoria, elección o asamblea.

Se ha creado, con ello, la extraordinaria posibilidad de reestructurar la institucionalidad del fútbol. Ojalá que así sea.

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Paquetazo laboral

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Editorial Diario UNO

Fue durante la segunda fase del gobierno militar en que la política de reajuste aplicada por el entonces ministro de Economía Luis Barúa Castañeda hizo populares los «paquetazos» de medidas económicas, como llamaba a los aumentos de precios y tarifas. Luego, durante el primer gobierno de Alan García, los paquetazos antiinflación aplicados casi a mitad de su gobierno introdujeron el vocablo en los peruanismos de Martha Hildebrandt. Así, hoy es corriente usarlo para significar un conjunto de medidas en el tiempo que afectan de manera significativa la economía nacional y de las personas.

Pues bien, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, ha querido entrar en la galería de autores de paquetazos económicos con uno centrado en el tema laboral.

Este verdadero paquetón contiene seis proyectos de ley. El proyecto 316 dispone que las empresas podrán incluir beneficios y gratificaciones en la remuneración de los trabajadores, incluyendo la gratificación y otros beneficios en la remuneración regular, salvo CTS y utilidades; el proyecto 317 permite que las empresas apliquen el cese colectivo a menos del 10% de su personal, cese que debe darse por casos fortuitos y de fuerza mayor, económicos, tecnológicos, entre otros; el proyecto 318 legisla sobre la jornada parcial de 24 horas semanales o menos, asignándole solo siete días de vacaciones en su primer año de servicio y 15 días desde el segundo año; el proyecto 319 prohíbe que el Estado pueda contratar a pensionistas de la PNP y las FF. AA. Trabajen en gobiernos regionales y locales, instituciones y empresas públicas; el proyecto 320, beneficia a las empresas que incorporen o formalicen a adultos menores de 29 años y de 55 años a más con beneficios tributarios, permitiéndoles la renovación del contrato temporal de forma sucesiva hasta llegar al máximo de tres años; y el proyecto 321 plantea precisiones sobre la pérdida del vínculo laboral en caso de contrato fijo.

Como se puede ver, todos los proyectos tienen como beneficiarias a las empresas y ninguno a los trabajadores. Por ello, la propuesta ha generado controversias en el propio partido de la autora. De otro lado, los especialistas han opinado que una reforma laboral encubierta como esta en realidad debería pasar por el Consejo Nacional del Trabajo, donde confluyen representantes de Estado, empleadores y trabajadores. Para nosotros, toca ahora la palabra a los afectados.

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