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Política

El derecho a hacer política constituyente en el Perú

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CGTP marchas protestas con la bandera

Lo que está en cuestión en el Perú de hoy es no solo el derecho de la izquierda a hacer política, sino a hacer política constituyente. Con la campaña ya lanzada para las elecciones parlamentarias del 26 de enero la derecha neoliberal quiere mantener la disputa entre sus dos facciones en conflicto: el casi ex orden establecido que ha sido gravemente golpeado con la disolución del Congreso y el gatopardismo de Vizcarra y sus amigos que quieren que algo cambie para que nada cambie en el actual modelo neoliberal peruano. En ambos casos se abrazan a la Constitución de 1993 como visión programática porque no les queda otra tabla de salvación.

Con este propósito eluden el debate constituyente porque saben que amenaza sus intereses fundamentales. Por esa razón, cualquier mención al mismo es considerada fuera de lugar y a lo sumo les permite señalar que la carta de 1993 es el origen de la prosperidad, falaz al fin y al cabo, que habría tenido el Perú en los últimos 30 años.

Sin embargo, para evadir el debate no sólo es importante ningunearlo, la derecha sabe que para ser efectiva debe proscribir, es decir mantener fuera del juego político, a la izquierda que levante la necesidad de instaurar un poder constituyente. La voluntad de proscribir a la izquierda porque significa algo distinto es antigua, viene de los orígenes del régimen del cinco de abril que hoy se debate en su lecho de muerte, y fue establecida como condición para el funcionamiento de la democracia precaria que hemos vivido los últimos 30 años. Las leyes de criminalización de la protesta social y las dificultades para inscribir nuevos partidos han apuntado precisamente a eso.

CGTP marchas protestas con la bandera

En la última coyuntura el monopolio mediático neoliberal ha aprovechado una discrepancia en la conformación de una alianza de izquierda, para lanzar una campaña de demolición contra esta alternativa que tiene como objetivo lograr una izquierda a su medida, que no le haga ni cosquillas al modelo en crisis.

De tal manera que la disputa continúe entre los que quieren proseguir con el capitalismo de amigotes y los que quieren salvar los muebles para construir una versión remozada del mismo.

Esta realidad ha querido ser velada en las últimas semanas instalando una “opinión pública” ad hoc, que ha puesto por delante la opinión de personalidades como Marisa Glave, Indira Huillca, Vladimir Cerrón y Yehude Simon y por detrás la opinión de los movimientos sociales (tan apreciada en otros momentos) y de las construcciones partidarias que tras años de mucho trabajo de bases aspiran a la unidad.

Esta creación de opinión pública ad hoc se ha esforzado por resaltar la opinión de los que piensan parecido y llenan las redes y los medios influyentes, dejando de lado a los líderes populares y a la opinión de las regiones que súbditamente desaparecieron de las evaluaciones mediáticas. Una vez más la política es entendida como la interacción entre personas y no como la expresión de intereses sociales.

No ha bastado y no bastará con señalar que la unidad es indispensable, que hay que tratar de unir a todas las fuerzas anti-neoliberales susceptibles de ser unidas para llegar a una mayoría nacional. Que la unidad se hace en base a un programa común que considera todos los principios supuestamente olvidados, y que las personas cuestionadas por tener sospechas o sentencias por levantar han sido separadas del proceso. Que así como la derecha tiene la plata la izquierda debe tener la capacidad de juntar a muchas voluntades diferentes.

CGTP marchas protestas con la bandera

Y no basta porque la derecha ve a la izquierda constituyente como un enemigo que amenaza su forma de vida más que como un adversario al cual derrotar. Hay que ser conscientes de ello, por lo que debemos reafirmar nuestra lucha en los marcos de la democracia y el Estado de Derecho, leales a nuestro pueblo y a sus necesidades de emancipación fundamentales.

Por esto, más allá de los vaivenes, de los avances y retrocesos que puedan haber en el proceso de alianzas, la campaña de proscripción va a continuar. Hay que estar atentos a nuevos ataques, porque lo que quieren es demoler, no aclarar

La única manera de entrar a la campaña, entendiendo que las elecciones parlamentarias del 2020, las elecciones generales del 2021 y las elecciones locales y regionales del 2022, son parte de un mismo proceso es lanzar de manera firme un proceso constituyente que señale la necesidad de una Nueva Constitución como la única solución de fondo a los problemas del Perú.

Al respecto y en especial en estos momentos, tampoco hay que quedarse en nimiedades. La Constitución de 1993 tiene un núcleo que es el capítulo económico, que sacraliza la subordinación del Estado al capital privado y los famosos “contratos-ley” y no es suficiente con reformarlo o hacerle ajustes.

Este capítulo económico no es otra cosa que el fondo de una carta que expresa la dictadura de los grandes propietarios y los intereses extranjeros sobre el conjunto del pueblo peruano. Esta dictadura es la que se nutre de todas las desigualdades de clase, raza, género, edad y procedencia regional para persistir y se proyecta a todas y cada una de las partes de esa Constitución.

Es con ella que hay que terminar. Será la única forma de construir una República Democrática, en la que el voto de cada peruano valga lo mismo y donde un pequeño grupo deje de vivir a costa de los demás, para poder vencer así todas las desigualdades anotadas.

Solo de esta manera, lanzando un proceso constituyente, habrá campaña para los próximos años y futuro para el Perú.

 

NICOLÁS LYNCH
OTRAMIRADA.PE

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Política

Matanza de El Frontón no debería quedar impune

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Matanza de El Frontón

Luis Nava, exhombre de confianza de Alan García, corroboró ante la Fiscalía el testimonio de un colaborador eficaz que relató cómo el expresidente sobornó al fiscal a cargo del caso El Frontón para lograr el archivamiento de las investigaciones.

El exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Alan García, Luis Nava, confirmó ante el Ministerio Público los hechos revelados por un colaborador eficaz sobre cómo García se habría librado de ser investigado por el caso El Frontón mediante un presunto soborno.

Según informó IDL-Reporteros, los hechos corroborados por Nava se remontan al año 2004, antes del inicio de la campaña presidencial del 2006. Por esos días, gracias a una gestión del abogado de García, Genaro Vélez, se realizó una reunión en la casa del fiscal Mario Gonzales Díaz, a cargo de las investigaciones del caso El Frontón.

Alan García Pérez

A la cita acudieron Alan García, Vélez y Luis Nava Guibert. IDL-Reporteros da cuenta de la relación cercana que existía entre los tres personajes: Un año antes, en 2003, Luis Nava Guibert fundó un estudio de abogados en sociedad con Genaro Vélez y otro militante aprista, Nestor Walqui. Para esa fecha, Vélez ya había defendido a García en los casos de El Frontón, Accomarca y Cayara, y más tarde sería su asesor legal durante las investigaciones de la Megacomisión, presidida por Sergio Tejada.

De acuerdo al relato del colaborador eficaz, durante la reunión el fiscal Mario Gonzales Díaz ofreció archivar el caso, pero admitió tener miedo a las consecuencias y por tanto solicitó ayuda a sus interlocutores. En esas circunstancias, García habría llevado a Vélez a un ambiente apartado, y le habría entregado US$ 25 mil para que este a su vez le entregue el dinero a Gonzales. Según el colaborador, Vélez cumplió con el encargo con la misma discreción con que recibió el dinero, aunque todos los presentes quedaron al tanto de la entrega.

Minutos después, Gonzales indicó que, pese a todo, seguía temiendo por su futuro tras el archivamiento del caso. Ante esto, García le habría indicado que no se preocupe, pues él lo iba a ayudar.

El 30 de noviembre de 2004, Mario Gonzales Díaz, entonces fiscal provincial de la “fiscalía especializada para desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y exhumación de fosas clandestinas”, archivó la investigación contra Alan García por los presuntos delitos de homicidio calificado, delito contra la seguridad pública, y delito contra la administración pública. Tras ello, Alan García solo fue incluido en el proceso en calidad de testigo, y Gonzales pasó a trabajar a otra entidad estatal, quizás como parte de la “protección” ofrecida.

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, el archivamiento de las investigaciones contra García ya era algo claro antes de su formalización. “A mí me queda súper claro que antes de que emita su disposición, sabíamos que el fiscal no iba a denunciar a García. Así de contundente era el asunto, él lo había expresado con todas su palabras. Me dijo más de una vez que él tenía una disposición de no denunciar y no involucrar a García”, recordó.

IMPUNIDAD GARANTIZADA

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos revelados por el colaborador eficaz y corroborados por Luis Nava, Rivera aclaró que el suicidio de Alan García puso fin a cualquier posibilidad de investigación y proceso en su contra.

En cuanto al caso del exfiscal aludido, Mario Gonzales, el abogado indicó que si bien la acusación podría ameritar una investigación por parte del Ministerio Público, también es un hecho que el caso ha prescrito al cumplirse en noviembre el plazo máximo de 15 años.

Y a pesar de tratarse de hechos directamente vinculados a encubrir un crimen de lesa humanidad, no serían alcanzados por la imprescriptibilidad que se confiere a este tipo de crímenes y correspondería tratarlo solo como un caso de corrupción.

De otro lado, recordó que desde hace dos años se viene desarrollando la etapa de juicio oral contra 34 militares imputados por la matanza de El Frontón. “Aunque estamos evaluando el modo de introducir este elemento nuevo en el proceso, el problema es que García no era acusado, sino testigo, debido al archivamiento que ahora sabemos que fue por un presunto soborno”, indicó.

Finalmente, concluyó que “este acto corrupto del año 2004 fue determinante para garantizar impunidad a favor de García, a pesar de que él debió ser acusado, procesado y condenado como autor mediato del crimen”.

ALGO MÁS

Por su parte, el exabogado de Alan García, Genaro Vélez, calificó de “bajeza” las revelaciones sobre el presunto soborno, y que todas las personas que han intervenido para lograr la declaración del colaborador eficaz “dan asco, porque un hombre no debe mentir para agraviar a una persona que está muerta”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Barata nuevamente sera interrogado

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Jorge Barata

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exsuperintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido a nuevos interrogatorios programados para el 30 y 31 de enero del próximo año.

En ese sentido, el fiscal manifestó que para lograr esta nueva diligencia con el exdirectivo de la empresa brasileña, se tuvo que suscribir un acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello.

“Ya se está coordinado la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que puedan haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente, aunque eso dependerá de las decisiones de estrategia de los fiscales del equipo especial”, precisó en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Al término de las diligencias con los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance que va a ser canalizado a través de Odebrecht. Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

Como se recuerda, la entrega de nuevo material así como la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte de la firma del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña.

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Política

Denuncian campaña de desprestigio contra la ONPE

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Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Fuentes allegadas al Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), denunciaron una presunta campaña de desprestigio emprendida contra el ente estatal a partir de cartas difamatorias que habrían sido distribuidas por el director ejecutivo de Medios Perú, Edgar Guevara Soto.

Así, se buscaría generar un manto de sospecha respecto a la distribución de la franja electoral de las elecciones extraordinarias 2020, exigiendo la intervención de la ONPE y de la Contraloría de la República cuando se trata de un tema que compete a empresas privadas.

Asimismo, las fuentes señalaron que estas acciones estarían motivadas por una suerte de “celos e intereses comerciales”, por lo que se estaría evaluando el inicio de las acciones legales correspondientes.

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