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Editorial

¿El dedo en la llaga?

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El legislador de la Bancada Liberal Alberto de Belaunde, consideró fundamental saber a qué congresistas financió la constructora Odebrecht porque esa información ayudará a moralizar la clase política en nuestro país, y razón no le falta, máxime si se tiene en cuenta que es en el Congreso donde se debe discutir el tema de la reforma política con énfasis en la lucha anticorrupción. A ello se agrega que sería más grave aún que algunos –¿o varios?– parlamentarios financiados por Odebrecht no hayan declarado que tienen un conflicto de intereses.

Las declaraciones del congresista Alberto de Belaunde son una suerte de voz de alerta para que los fiscales del equipo especial que investiga el caso de corrupción Lava Jato demuestren de una vez por todas que los congresistas no son intocables, al igual que ocurrió con expresidentes y líderes de partidos políticos. Ojalá, pues, ha dicho el legislador De Belaunde, que todavía exista la posibilidad de que el equipo especial del Ministerio Público pueda conseguir esa información.

El Parlamentario de la Bancada Liberal ha señalado, también, que en caso los fiscales consigan toda la información pertinente es muy probable que el país se lleve muchas sorpresas, además de tener la explicación a muchos comportamientos y declaraciones de algunos legisladores. Habrá que esperar entonces los resultados del trabajo que realiza el equipo especial del Ministerio Público para que se aclaren muchas interrogantes. Por su parte, los funcionarios de Odebrecht han admitido financiamiento a algunos parlamentarios y eso tendrán que acreditarlo, pues han asumido un compromiso con la justicia de Brasil.

En efecto, en marzo de 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró al procurador brasileño Orlando Martello, que el dinero entregado a Jaime Yoshiyama también se utilizó en las campañas de algunos congresistas. Falta pues, ahora, que en el Perú se pueda corroborar esa información para que los congresistas financiados por Odebrecht, que hasta ahora están pasando por lo bajo, queden al descubierto a fin de que no obstaculicen la reforma política que el país tanto espera.

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Editorial

¿A reactivar se ha dicho?

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Tras las anunciadas medidas del Gobierno para reacti­var la economía, podría decirse que hasta el momento los únicos que han reiniciado sus operaciones son los “marcas” y los ambulantes de Gamarra, aunque la ma­yor presencia policial y de serenos municipales los ha hecho retroceder. Así, pues, en una economía como la nuestra con más del 70% de informalidad, los empresarios formales aún no pueden reabrir o volver a operar aunque sea de manera “onli­ne”, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) que los agru­pa, porque los proveedores de insumos y servicios aún no han sido autorizados por el Gobierno. Vaya pequeño detalle que se les olvidó a los asesores del MEF.

¿Pero qué es lo que ha empujado a los informales a salir nuevamente a las calles de La Victoria –uno de los distritos más infectados si no el primero de la lista– a jugar en esa suerte de ruleta rusa la posibilidad de contagiarse del Covid-19 y conta­giar a su familia y clientes? La respuesta la dio un ambulante ante las cámaras de televisión. “Somos trabajadores del día a día y el gobierno no hace nada por nosotros; tenemos dere­cho a llevarles un pan a nuestras familias”, dijo muy alterado mientras la policía y el sere­nazgo dispersaban a todos los comerciantes informales instalados en las calles de La Victoria”.

En vez de repartir el lla­mado Bono Universal que de universal no tiene nada porque no llegará a todos, el Gobierno hubiera entregado S/300 o S/350 a cada peruano con DNI, con lo cual los sec­tores más vulnerables no se habrían visto obligados a lan­zarse a las calles en busca de ganarse unos soles mediante el co­mercio ambulatorio. Más ambulantes y menos venta por una disminución de la demanda significa más horas en las calles y menos posibilidad de aseo para los ambulantes; ergo mayor peligro de contagio para ellos, amén de las precarias condicio­nes de sus viviendas.

Si el Gobierno ha demostrado ineficacia en el reparto de la ayuda a los sectores más vulnerables, por lo menos debería hacer bien las cosas en el tema de la gradual reactivación eco­nómica. Si esas empresas formales que supuestamente ya pue­den reabrir no facturan, cómo van a pagarles al personal y a los proveedores. Tampoco podrán cumplir con los créditos que han asumido para adecuarse a estrictos protocolos de higiene y salubridad dispuestos por la autoridad competente.

Como vemos, estamos cayendo en un círculo vicioso en el que el dinero sigue sin circular y, por ende, la reactivación eco­nómica verdaderamente quedará en buenas intenciones como lo ha advertido la CCL. Ojalá que el Gobierno replantee las medidas, pues no se trata de pasar uno o dos meses hasta que baje la pandemia porque todos los expertos coinciden en que el mundo postpandemia será otro y muy diferente al actual.

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Editorial

Basta de incertidumbre

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Alrededor de seis millones de personas natu­rales con negocios podrán reiniciar sus acti­vidades a partir de hoy, previo cumplimien­to de protocolos de seguridad establecidos. Eso es lo que ha dicho ayer la ministra de la Produc­ción, Rocío Barrios, quien además ha destacado que esta semana también se reanudarán las actividades conexas al sector construcción, y agregó que con el inicio de la Fase 2 del proceso de reactivación, casi el 70% de la economía puede estar en condiciones de reiniciar sus actividades. Todo perfecto.

Sin embargo, ya es hora de que el Gobierno pise tierra. Basta ver los paraderos del transporte público masivo abarrotados de gente que espera movilizarse con dirección a sus negocios para comenzar a traba­jar. Y es que el Gobierno no ha previsto que eso iba a ocurrir debido a que ahora no puede viajar nadie de pie ni sentarse junto a otra persona. Era lógico que eso iba a ocurrir, pues antes las unidades del trans­porte público circulaban atestadas de pasajeros a quienes no les importaba viajar así por la necesi­dad de desplazarse hacia sus centros de labores.

Lo que ha debido ocu­rrir no es únicamente autorizar a una suerte de lista de lavandería por­que el transporte públi­co es por ahora bastante limitado. Al Gobierno le faltó aprobar horarios para que las diferentes actividades del comercio y servi­cios puedan funcionar a diversas horas del día y el transporte público no colapse. Es cierto que en el sec­tor comercio se podrá reiniciar de forma virtual; me­jor dicho, vía comercio electrónico, pero hay otras actividades que sí implican movilización de trabaja­dores.

Lo peor es que la Cámara de Comercio de Lima ha dado la voz de alerta sobre un problema que impide a muchas empresas reiniciar sus actividades, y es la falta de insumos y servicios conexos. Así, el país aún no encuentra el rumbo a seguir porque como se sabe tampoco hay una labor efectiva en el reparto de los bonos de ayuda por parte del Gobierno. La CCL afir­ma que hay buenas intenciones; sin embargo habría que recordar que de buenas intenciones está plagado el camino al infierno. Si el Ejecutivo no quiere que el país viva un infierno debería encontrar pronto la brújula. Basta de incertidumbre.

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Editorial

Reactivación a medias

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Los talleres automotrices reanudarán sus labo­res durante la segunda fase de la reanudación de actividades económicas, Ha dicho anoche la ministra de la Producción, Rocío Barrios, quien ha señalado que los talleres automotrices for­man parte de la propuesta que hizo el Ministerio de la Producción al Grupo de Trabajo Multisectorial, para su inclusión en la lista de actividades que rei­niciarán sus labores en la Fase 2 de la reanudación de actividades. Parece, pues, que el Gobierno está reaccionando trade al respecto.

En efecto, pues el Gobierno ha autorizado talle­res automotrices que solo se encargan de vehículos que atienden las actividades esenciales. Según ha di­cho la ministra, por ahora la atención al público en general en estos talleres no está permitida porque está vigente la cuarentena. Los taxistas formales es­tán trabajando desde que se inició la emergencia y se supone que esos vehículos requieren de los servi­cios de mantenimiento y reparación.

Asimismo, el presi­dente Martín Vizcarra ha precisado en más de una oportunidad que los periodistas que trabajan hasta tarde, por ejem­plo, tienen que volver en sus propias movilidades. Acaso se supone que esas unidades no se van a malo­grar nunca y que ni siquiera se les va a ponchar una llanta, pues eso sí que sería un milagro. Al parecer, ha habido mucha improvisación en algunas regula­ciones. Además, si no hay venta de repuestos auto­motrices, ni un mago podría reparar un vehículo. ¿Por qué, entonces, esperar para autorizar funcio­namiento de talleres automotrices, donde no existe aglomeración de gente.

Algo similar ocurre con el servicio de peluque­rías que por ahora solo atenderán a domicilio. “Ya se ha propuesto a la Comisión, que debe validar la propuesta. Por ahora solo pueden brindar el servi­cio a domicilio, sea a través de una empresa o una persona que brinda el servicio. No se autorizado a que atiendan en sus locales porque en el lugar concurren varias personas, ha dicho la ministra a manera de justificación, cuando la mayor parte de peluquerías atienden por turnos y previa llamada telefónica. ¿Será que en materia de reactivación económica se le escaparon las tortugas a los aseso­res del Gobierno?

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