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Editorial

El Congreso y La Parada

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El desprestigio del Congreso de la República, agravado en las últimas horas por nuevos audios que evidencian la desvergonzada conducta de uno de los tres parlamentarios protagonistas de escándalos cuya separación hemos planteado como urgente y necesaria, no solo requiere de esta medida para salvar a ese poder del Estado de una total pérdida de credibilidad a la que está llegando según diversas encuestas y según el sentir de la calle.

Insistimos en que solo de ese modo podrá detener el Parlamento el rechazo social de que es objeto por la conducta de sus integrantes. Pero además es indispensable que aplique otros correctivos, que demuestren su voluntad de cambiar para mejor, y entre ellos está el de poner fin a prácticas de politiquería barata de los congresistas, como la de desdeñar y hasta sabotear iniciativas y decisiones de otras instancias del aparato estatal, que benefician a la ciudadanía.

Son muchas las veces que hemos visto como esas acciones de otros poderes del Estado encuentran en el Congreso un severo impedimento, con llamadas a informes, cuestionamientos forzados y otras trabas motivadas solo por hostilizar al contrario político o hacer imposible que alcance un logro, esfuerzo en el que no toman en cuenta el sentir de la población.

Es lamentable, por ejemplo, que, si bien la mayoría de las bancadas parlamentarias han expresado que apoyan la clausura de ese foco de insalubridad, inseguridad e informalidad que es el viejo mercado de La Parada, el Congreso no haya asumido una posición institucional de decidido apoyo, ni siquiera una moción de saludo a la determinación de la autoridad municipal de poner fin a un problema, que agobia desde hace más de 60 años.

De ninguna manera puede permanecer impasible una institución como el Poder Legislativo, mientras quienes, desde la política y los medios de comunicación, conspiran contra una medida por la que claman tres generaciones de limeños, hartos de la informalidad expresada en el lumpen que medra del desorden y la ausencia de la ley.

No puede el Congreso mirar a un costado mientras esos elementos multiplican sus argucias legales para resistir a la autoridad municipal y revertir la medida, alentados por cómplices mediáticos que se lanzan contra la alcaldesa de Lima imputándole absurdas acusaciones, con el evidente afán de debilitar su autoridad u opacar el logro de la clausura.

Urge por tanto que las bancadas dejen de lado sus posiciones y sus intereses políticos y electorales, y respalden con claridad y contundencia la clausura de La Parada y se sumen así a una causa que comparten la gran mayoría de los limeños; que dejen de lado enconos políticos y fobias ideológicas en aras de los intereses de la ciudad.

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Editorial

Congresistas deben pensar en el país

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El expresidente del Consejo de Ministros, Pe­dro Cateriano, y los constitucionalistas Cé­sar Landa Arroyo y Javier de Belaunde, han presentado su renuncia al consejo consultivo de la Comisión de Constitución tras expresar su des­acuerdo con la decisión del Congreso referida a la inmunidad parlamentaria y el antejuicio para altas autoridades del Estado. También ha hecho lo propio el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Ós­car Urbiola. En sus cartas, los cuatro expresan las ra­zones de peso que motivan su alejamiento.

Landa, expresidente del TC, advierte que la deci­sión tomada por el Congreso “es una grave involu­ción al fortalecimiento de nuestra democracia repre­sentativa en la lucha contra la corrupción política”. De veras que eso resulta grave para la salud de nues­tro sistema democráti­co, máxime cuando la pandemia del Covid-19 llegó al Perú justo cuan­do se venía librando una lucha sin cuartel contra la corrupción rampante enquistada hasta en las altas esferas de los pode­res del Estado.

Por su parte, el tam­bién expresidente del TC Óscar Urbiola, en carta enviada al presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, seña­la que en su condición de expresidente del TC y ex magistrado no puede avalar estos hechos con su pre­sencia en el consejo consultivo. Advierte en su carta, además, que la decisión del Congreso altera las bases del sistema democrático que se basa en la división de poderes y el sistema de pesos y contra pesos.

En tanto, el constitucionalista Javier de Belaunde sostiene que la reciente aprobación de esa reforma constitucional contraviene los parámetros básicos de una debida deliberación, y eso supone una grave afectación a los principios constitucionales de demo­cracia, gobernabilidad, balance y control de poderes. Por todas las razones esgrimidas por los constitucio­nalistas al dimitir al consejo consultivo, el Congreso debe dar marcha atrás y dejar sin efecto, en segunda votación, esa reforma constitucional que en verdad no reforma sino deforma nuestra Carta Magna.

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Editorial

Congresistas de espaldas al país

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Al hacer un balance de la primera legislatura, el pre­sidente del Congreso, Manuel Merino, ha afirmado que el Parlamento no ha obstaculizado la labor del Poder Ejecutivo y ha dicho que el Legislativo ha te­nido la capacidad de aprobar normas importantes. Pero, además, ha saludado la aprobación del levantamiento de la inmunidad parlamentaria y los cambios en el tratamiento a altos funcionarios públicos, entre ellos, el presidente de la República.

Con esto último nos deja más que preocupados el titular del Legislativo, pues al parecer cree que los peruanos somos tontos. Lo que han hecho los congresistas es reaccionar ante una nación del Ejecutivo, pero al mismo tiempo han pasa­do por encima de la lógica parlamentaria. En primer lugar, una reconsideración de votación no se hace sobre una norma diferente; en segundo término, los parlamentarios pudieron haber dialogado con el Ejecutivo sobre el particular.

Nadie en su sano juicio puede pensar que en este momen­to el levantamiento de inmu­nidad a los congresistas sea una medida beneficiosa de por sí. Ocurre que el Congre­so viene de cayendo de error en error y por eso la opinión pública piensa que eso se debe a un blindaje. Los par­lamentarios sin inmunidad quedarían expuestos a accio­nes judiciales que les atarían de manos cuando se requiera legislar en tal o cual sentido. Recordemos que no tenemos un sistema de justicia como debería ser y como lo es en los países desarrollados.

En todo caso debería empezarse por una reforma judicial a fondo, para que los peruanos podamos contar con un siste­ma judicial de la más alta calidad, que nos garantice que la justicia no siga caminando a paso de tortuga. Pero nuestro Congreso no ha sido capaz de tomar el toro por las astas. Has­ta el momento no hemos visto una reforma judicial como la que se necesita, y como la viene reclamando hace mucho tiempo la ciudadanía. Ese es uno de los grandes escollos para pensar en que deba quitarse la inmunidad.

Lejos de convencer de eso a los ciudadanos, nuestros pa­dres de la patria aprueban dejar si prerrogativas al presiden­te de la República y a los ministros, así como al defensor del pueblo y a otros altos funcionarios del Estado. Eso también está mal. El Congreso de la República no puede seguir hacien­do las cosas de espaldas al país. Nadie es dueño de su curul, tampoco para aferrarse a los cargos y menos para defender intereses particulares como se ha hecho antaño. No señores congresistas, el balance no es altamente positivo. Sería bueno que reflexionen, que enmienden rumbos y se pongan a traba­jar por los ciudadanos, por el país y por la democracia

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Editorial

Hora de sumar y no de dividir

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En un Mensaje a la Nación, presidente Martín Vizcarra, anunció ayer por la tarde que convo­cará a un referéndum sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria. La consulta popu­lar, según su propuesta se realizará junto con las elec­ciones generales del próximo año. El anuncio lo hizo después de que el sábado, cerca de las siete de la maña­na, el Pleno del Congreso aprobará la eliminación de esa prerrogativa parlamentaria por 82 votos a favor, 14 en contra y 25 abstenciones; es decir que no alcanzó los 87 votos que el Artículo 93 de la Carta Magna establece para la aprobación inmediata de una reforma consti­tucional.

Con rapidez felina, y a pocas horas del anuncio pre­sidencial, el Congreso dio a conocer que había acordado por 110 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, reconsiderar la votación sobre el dictamen que proponía la eliminación de la in­munidad parlamentaria. Fuerza Popular fue el úni­co grupo parlamentario que votó en contra, pues las bancadas del Unión por el Perú, Frepap, Frente Amplio, Somos Perú, Pode­mos Perú, Partido Morado, Alianza para el Progreso y Acción Popular, votaron por la reconsideración.

Al parecer, sus aseso­res han recomendado al presidente Martín Vizca­rra volver a pechar al Congreso para recuperarse del desgaste sufrido durante la prolongada lucha contra la pandemia del Covid-19 que según analistas ha dejado sin oxígeno al Gobierno. No obstante, la estrategia del conflicto no sería la más indicada por cuanto es de espe­rarse una reacción del Parlamento, como la ocurrida al cierre de la presente nota en que el Legislativo aprobó la eliminación de la inmunidad no solo parlamentaria sino para todos los altos funcionarios del Gobierno, in­cluyendo al Presidente de la República.

De esa manera, el lío todavía seguirá y habrá que ver qué sucede cuando llegue al Tribunal Constitucio­nal porque al parecer una reconsideración de la vota­ción no se podría hacer con un texto diferente al que se votó en primera instancia. Lo que sí está claro es que por la coyuntura que atraviesa el país no es hora de dividir sino de sumar para resolver el problema del Covid-19, primero, y después el de la pandemia de la corrupción,

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