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Política

EEUU decide atacar el programa de alimentos CLAP de Venezuela

La guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela tiene como objetivo el programa de alimentos CLAP el mismo que atiende a mas de seis millones de personas.

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Ayuda humanitaria a Venezuela

Si bien a EE.UU. le gusta caracterizar sus esfuerzos de cambio de régimen en Venezuela como humanitarios en su naturaleza, la selección de funcionarios involucrados en un programa en el que confían tantos venezolanos comunes revela que los Estados Unidos pretende instalar al líder opositor Juan Guaido por cualquier medio que sea necesario.

El gobierno de los EE.UU. Se está preparando para imponer sanciones a los funcionarios asociados con el programa de subsidios alimentarios de Venezuela; los Comités Locales de Abastecimiento y Producción conocido como CLAP, la última en una larga lista de medidas coercitivas unilaterales contra el país. Las nuevas sanciones siguen un informe del Centro para la Investigación de Políticas Económicas, que declaró que 40,000 venezolanos han muerto debido a las sanciones impuestas por la administración Trump que impiden que los medicamentos y alimentos que salvan vidas ingresen al país.

“Las sanciones privan a los venezolanos de medicamentos que salvan vidas, equipos médicos, alimentos y otras importaciones esenciales”, escribió Mark Weisbrot, coautor del informe, en un comunicado de prensa. El embajador de Venezuela en Rusia, Carlos Rafael Faria Tortosa, dice que el embargo le ha costado miles de millones al país:

Como resultado del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos desde 2015 hasta el año pasado, los daños financieros a la economía venezolana totalizaron $ 130 mil millones.

Sputnik News recientemente compiló una línea de tiempo de sanciones contra Venezuela y sus funcionarios, la mayoría de los cuales se han producido durante la administración de Trump. Al aire libre Ahora, “personas familiarizadas con el asunto” le dicen a Reuters que la administración de Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, está preparando otra ronda de sanciones que se impondrán en los próximos tres meses. Eso incluirá sanciones contra el CLAP. Según Reuters: “Muchas familias venezolanas confían en el programa de alimentos subsidiados, conocido por sus iniciales en español CLAP, para sus necesidades básicas en la nación sudamericana productora de petróleo, donde la hiperinflación se ha desatado durante años”.

Ayuda humanitaria a Venezuela

Proporcionar alimentos y aliviar las cargas de la guerra económica.

CLAP atendió a 5.734.705 hogares venezolanos. Esa cifra se informó en 2017 cuando el presidente Nicolás Maduro prometió extender el programa a 6 millones de familias. El programa ha permitido a los venezolanos comprar productos esenciales a precios muy bajos. Según el análisis de Venezuela, eso parece:

Un kilo de carne, un pollo entero, tres paquetes de harina de maíz, pasta, sardinas en lata, pasta de dientes y toallitas sanitarias, todo por 7,500 bolívares, menos de 3 dólares estadounidenses. Los huevos y las verduras frescas también se vendieron a precios asequibles”.

Sara Flounders, codirectora del Centro de Acción Internacional, recientemente le dijo a MintPress News que ella también había estado en Venezuela y fue testigo de primera mano del impresionante programa de alimentos: es Estados Unidos quien tiene la culpa de las 40,000 muertes en Venezuela porque EE.UU. eliminó el 80 por ciento de los medicamentos esenciales para Venezuela. Esto no tiene que suceder. Por eso decimos ‘sanciones mata’. Esta es una forma de guerra económica en su máxima expresión.

Venezuela es un país rico. El país más rico en petróleo y oro y en la capacidad de proveer para su gente. Más de 2.5 millones de nuevas viviendas; clínicas médicas en todas partes; y, de repente, no pueden proporcionar los medicamentos reales que se necesitan en ninguna clínica. Medicamentos básicos para la diabetes, para el corazón, para los medicamentos contra el cáncer y cosas así.

Pueden cultivar sus propios alimentos, pero las sanciones de los EE. UU. son sobre las cosas más esenciales… Estas cosas no son difíciles de obtener, pero cuando se cortan de repente, hace que la escasez sea real.

Me impresionó mucho la forma de racionamiento en Venezuela para que todos tengan lo esencial. Reciben una caja de suministros cada dos semanas; es un programa llamado CLAP. Todo, desde aceite de cocina hasta papel higiénico, productos de higiene personal, arroz, café y azúcar; a más de tres cuartos de la población le proporcionan cosas básicas que no se pueden abastecer de inmediato. Así que esto proporciona seguridad básica”.

La activista y periodista Gloria la Riva señala: “Los suministros de CLAP incluyen pollo, carne y 36 huevos por mes. En lugar de 10,000 bolívares para un pollo en el mercado privado, el costo CLAP para todas las proteínas animales agregadas es de 500 bolívares. CLAP no es solo una simple entrega de un camión. Hay un alto nivel de organización comunitaria, también llamados CLAP, dentro de los Consejos Comunales (consejo comunal). El coordinador de CLAP es elegido en la comunidad, como todos los cargos responsables de los consejos. Asistí a una reunión vespertina del CLAP, en la parroquia de Antímano en Caracas, de tres CLAP en los que participan 207 familias. Todas las familias allí están cubiertas, todas, las 65,000”.

Memorandum de Estados Unidos

No es una táctica novedosa para los Estados Unidos.

El intento de los Estados Unidos de atacar a los funcionarios del CLAP con sanciones recuerda de manera inquietante la política estadounidense contra Cuba en la década de 1960, y continúa hasta hoy, ya que todavía está bajo un bloqueo. Un memorando del gobierno de los Estados Unidos dice:

“El único medio previsible para alienar el apoyo interno [para Fidel Castro] es a través del desencanto y la desafección basados en la insatisfacción económica y las dificultades”.

El mismo memo también habla de “traer sobre el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Si bien a los Estados Unidos le gusta caracterizar sus esfuerzos de cambio de régimen en Venezuela como de naturaleza humanitaria, la selección de funcionarios involucrados en un programa en el que muchos confían revela que los Estados Unidos pretenden instalar al líder opositor Juan Guaido por cualquier medio que sea necesario.

 

ALEXANDER RUBINSTEIN
MINTPRESS NEWS

Alexander Rubinstein es un redactor de MintPress News con sede en Washington, DC. Informa sobre la policía, las prisiones y las protestas en los Estados Unidos y la policía del mundo en los Estados Unidos. Anteriormente informó para RT y Sputnik News.

Política

Humala y Heredia otra vez en la cuerda floja

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

El jueves 27 de febrero se vencerá el plazo de diez días otorgado por el Poder Judicial para que la Fiscalía presente cargos contra el expresidenteOllanta Humala y Nadine Heredia por el caso Gasoducto Sur. Como se recuerda, la defensa de la exprimera dama presentó un pedido de control de plazo para que se defina si el proceso avanza a la etapa de investigación preparatoria o si, en su defecto, termina por archivarse.

A criterio del abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, el plazo dictado por el Poder Judicial resulta sumamente corto y parece ignorar la precariedad presupuestal que acusa el Ministerio Público.

“El Poder Judicial no entiende mucho las carencias del Ministerio Público; no es tan fácil como decir tienes 10 días de plazo, cuando falta personal y falta presupuesto, esto ya lo han dicho los representantes de la propia Fiscalía. Al margen de ello, no veo posible que los fiscales opten por archivar el caso. Entiendo que correrán sobre la marcha para presentar cargos y formalizar la etapa de investigación preparatoria”, afirmó.

El jurista consideró que una vez formalizada la etapa de investigación preparatoria, el Ministerio Público estará en la facultad de solicitar las medidas de restricción o comparecencia que estime pertinentes, y dentro de ellas, la medida de prisión preventiva contra Humala y Heredia.

Caso Gasoducto: una mancha más en el gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala.

Caso Gasoducto: una mancha más en el gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala.

DESBALANCE MILLONARIO

Respecto al desbalance patrimonial de Nadine Heredia, que según la pericia sustentada por el fiscal del Equipo Lava Jato, Germán Juárez Atoche, asciende a S/ 1 millón 231 mil soles, Quispe señaló que es algo que “complica bastante” la situación de la exprimera dama, en tanto resultaría un elemento fundamental del delito de lavado de activos. “La señora Heredia no tiene cómo sustentar el crecimiento de su patrimonio. Si se acredita este desbalance, entonces significa que la Fiscalía tiene un elemento sumamente sólido para imputar el delito de lavado de activos, y perfectamente puede presentarlos como elementos de prueba nuevos para solicitar una prisión preventiva. No sé si la Fiscalía vaya a solicitarla pero nada se lo impide”, apuntó.

Por otro lado, advirtió que el expresidente Humala y sus abogados estarían buscando confundir a la opinión pública al sugerir que los testimonios de los colaboradores eficaces tendrían que estar corroborados como una sentencia de colaboración, algo que no sería necesario en etapa de investigación preliminar.

COLABORADORES SON GENTE DE SU ENTORNO

Además, ante las declaraciones de Humala Tasso intentando desacreditar los testimonios en su contra indicando que son “más de lo mismo”, Quispe destacó que los testigos o colaboradores eficaces no son enemigos políticos del expresidente. “Todo lo contrario, son gente de su entorno más cercano, uno de ellos es su excompañero de promoción del Ejército, al punto de que lo conocían como ‘Paquete’; entonces, a través de estos testimonios en la investigación preliminar es suficiente para pasar a la etapa de investigación preparatoria”, indicó.

NO SON PERSEGUIDOS POLÍTICOS

El letrado también se refirió a la pretendida victimización que estaría buscando Ollanta Humala, quien participará vía internet en un foro belga sobre políticos perseguidos judicialmente, como el caso del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y donde Humala y Heredia figuran como expositores de casos de persecución política.

“Ni Ollanta, ni Antauro, ni los terroristas de Sendero Luminoso o del MRTA son perseguidos políticos, sino que son gente que ha cometido delitos comunes de asesinato o corrupción, pero de ninguna manera son perseguidos políticos. Si ellos se están irrogando esa cualidad es simplemente para mediatizar su caso, pero la Fiscalía debe poner en conocimiento del juez todo esto para determinar si le corresponde al señor Humala salir ante medios nacionales o internacionales a declarar de esta manera”, señaló, ante la eventualidad de que el expresidente podría estar violando alguna regla de comparecencia.

Finalmente, Quispe recordó que en caso se logre acreditar la comisión de los delitos de lavado de activos y cohecho, en un concurso real de delitos se sumarían las penas a imponer y estas podrían llegar hasta los 24 años de cárcel.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

28 de febrero JNE entregará credenciales a congresistas electos

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Jurado Nacional de Elecciones JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará el próximo viernes 28 de febrero, a las 10:00 horas, las credenciales a los parlamentarios que resultaron elegidos en el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del pasado 26 de enero.

El acto se realizará luego de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) culminen con las proclamaciones descentralizadas de resultados y de que estos queden firmes en el Pleno del JNE.

De esta forma, la entrega de credenciales se concretará a escasos 33 días de la fecha de la elección, superando en forma significativa el promedio histórico de 50 días alcanzado en las elecciones generales del 2006, 2011 y 2016.

Este récord se logra porque los 60 JEE procedieron a resolver, con rapidez y estricta sujeción a ley, la carga procesal recibida (11,573 actas observadas), atendiendo a la exhortación que hiciera en su momento el presidente del JNE, Víctor Ticona Postigo.

El supremo tribunal electoral también hizo lo propio con las actas que le llegaron en apelación, celebrando audiencias públicas en estricto respeto al derecho a defensa de las partes procesales y emitiendo las resoluciones respectivas con celeridad y conforme a las normas electorales. A la fecha no tiene carga procesal pendiente.

La ceremonia de expedición de credenciales se llevará a cabo en una sede que se viene coordinando. Una vez recibidos estos documentos, los legisladores electos estarán en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso de la República y completar el período parlamentario 2016-2021.

De esta manera, el JNE y los 60 JEE velan por la legalidad del proceso electoral a fin de asegurar que los resultados reflejen la voluntad popular manifestada en las ánforas.

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Política

Fiscalía cita a Luciana León para que declare en caso Los intocables ediles

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Luciana León Romero

El fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Abia, informó que Luciana León fue citada para este miércoles 09:00 horas a fin que brinde su declaración como testigo en la investigación por el caso Los intocables ediles.

Abia refirió que León rendirá su testimonio en su despacho congresal por tratarse de una persona aforada.

“Dada la investidura de la integrante de la Comisión Permanente se cursó un documento para que diga fecha y lugar donde dará su declaración. (…) Ella indicó que sería el 26 de febrero a las 09:00 horas en su despacho que mantiene en el Congreso”, dijo en Canal N.

El fiscal recordó que la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, viene realizado una investigación a Luciana León, debido a que aún cuenta con prerrogativas de congresista, pero que en este caso es citada como testigo.

“En mi calidad de fiscal provincial no la puedo investigar, pero si la puedo citar como testigo, en tal sentido, saludo que ella esté prestando su colaboración y nos dé su declaración testimonial”, agregó.

León Romero, integrante de la Comisión Permanente, es investigada por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado, peculado doloso y organización criminal.

A la exlegisladora se le imputa haber recibido dinero de Los intocables ediles a cambio de realizar gestiones ilícitas para favorecer a la Municipalidad de La Victoria.

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