El caso de esterilizaciones forzadas es una herida abierta sangrante, y es una demostración de cómo la justicia les da la espalda a las víctimas, sostuvo el exfiscal supremo Avelino Guillén,

Fue al comentar la decisión de la Fiscalía que sustentó este último lunes ante el Poder Judicial los cargos y la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori y tres exministros de Salud como presuntos autores mediatos de las esterilizaciones forzadas de más de 1300 mujeres durante la segunda mitad del régimen fujimorista, cinco de las cuales fallecieron.

“El caso de esterilizaciones forzadas es una herida abierta sangrante, que durante más de 30 años estamos esperando que se dé un acto de justicia, y no se da. ¿Hasta cuándo la justicia se muestra indolente y muy lejana?”, refirió en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es una demostración de cómo muchas veces la justicia le da la espalda a las víctimas, cómo, a través de una serie de maniobras y estrategias procesales, se busca deliberadamente dilatar el trámite de los procesos”, apuntó.

JUSTICIA DESDE CERO

Cuestionó, en ese sentido, que recién el Poder Judicial esté en la etapa de decidir si abre o no un proceso, en un contexto en que víctimas y testigos han fallecido en el transcurso de los años.

“Recién el juez se va a pronunciar creo que en la próxima sesión si abre o no proceso realmente, porque lo que ha hecho la Fiscalía es sustentar su posición inicial. Imagínense ¿cuántas de las víctimas y testigos han fallecido en el transcurso de estos años, cuántos ya no tienen fuerza y están enfermos ni ganas de asistir a las citaciones judiciales? ¿De qué país estamos hablando?”, puntualizó.

“Eso nos da la razón a quienes pensamos que en el Perú prácticamente todo está por hacerse. No se ha hecho nada, estamos en cero y en justicia, peor”, aseveró.

Al cabo ni que queríamos

La Comisión Permanente fue convocada para este viernes 5 de marzo desde las 09:00 horas para llevar a cabo la audiencia del informe final de la Denuncia Constitucional 371, por la cual se recomienda acusar por antejuicio político al congresista Edgar Alarcón Tejada (UPP), en su condición de ex contralor general de la República.

Así lo anunció la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, luego de escuchar al referido legislador defender su posición de no haber sido notificado en ninguna de las direcciones que él convino con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para presentarse en la sesión de la fecha de la Comisión Permanente.

Es por ello que en defensa del debido proceso, Vásquez Chuquilín le planteó al denunciado que en ese momento se considere notificado, a pesar de que la Mesa Directiva asegure que sí se le notificó oficialmente.

“En función de cautelar el debido proceso y siendo una Mesa Directiva que va a garantizar el derecho a la defensa de todos los investigados por este Parlamento, vamos a considerarlo señor Alarcón notificado en este acto (…) Y se convoca para la realización de la audiencia para el viernes a las 9:00 h”, indicó la titular del Parlamento.

A Edgar Alarcón Tejada se le acusa por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.

El informe final sustentado por la congresista Felicita Tocto Guerrero (DD), ponente de la Denuncia Constitucional N.° 371, encuentra serios indicios de un desbalance patrimonial del denunciado.

Una primera pericia concluyó que Alarcón Tejada presenta un desbalance patrimonial por 2 871 186 soles en el periodo del 1 de enero de 2007 al 8 de junio de 2016; una segunda pericia arroja un desbalance de 201 337 soles del 9 de junio de 2016 al 4 de julio de 2017 cuando ejerció funciones públicas de contralor general de la República.