La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que acudirá a responder las preguntas del Ministerio Público en la citación por las investigaciones que la incluyen como presunta autora del delito de genocidio por las muertes durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.
“Yo voy a acudir al Ministerio Público, voy a contestar cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera. No voy a acogerme a ese derecho de quedarme en silencio porque creo que la primera persona que quiere saber la verdad de qué pasó con los fallecidos en esas marchas de protestas violentas es Dina Boluarte”, respondió este viernes ante la prensa.
La mandataria ha sido citada para acudir a la Fiscalía de la Nación el 31 de mayo para que brinde su testimonio por la investigación que la incluye como presunta autora del delito de genocidio junto a varios ministros como Alberto Otárola.Pero la Fiscalía de la Nación reprogramó la citación a la presidenta para el próximo martes 6 de junio a las 9.00 a. m.
Ello, a pedido de la defensa legal de la jefa de Estado, que argumentó la fecha coincidía con una “actividad oficial programada con antelación de la referida diligencia”.
¿Dilata el proceso?
No es la primera vez que Dina Boluarte pide reprogramar una sesión donde declarará sobre las muertes en las protestas. El 30 de enero fue la primera vez que se determinó una diligencia para que brinde explicaciones sobre los hechos ocurridos en los meses de diciembre y enero. El Ministerio Público convocó a la presidenta de la República de forma presencial, pero ella quiso hacerlo virtualmente.
Posteriormente, se reprogramó para el 23 de febrero, no obstante, la mandataria volvió a solicitar una modificación en las fechas. Según Boluarte, existían grandes “riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia a la fiscalía”, por lo que pidió conectarse mediante internet. Hasta el 25 de febrero no se atendió este pedido.
El 7 de marzo, la jefa de Estado sí se presentó ante el Ministerio Público para brindar sus descargos por la investigación fiscal que enfrenta, pero esta diligencia se suspendió luego de que el Poder Judicial no resuelva la tutela de derechos que la Procuradoría General del Estado presentó para anular la ampliación de la declaración ofrecida por el primer ministro Alberto Otárola en febrero.
