Desde el domingo 2 de agosto, entró en vigencia el nuevo Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de Transporte, comprendidos en el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC.

A través del D.S. Nº 014-2020, del Ministerio de la Producción (Produce), se establece las disposiciones vinculadas a la fabricación y ensamblaje de vehículos terrestres, así como el procedimiento para la asignación del código WMI. De esta forma, se busca que dichas actividades se realicen en condiciones de seguridad, con el propósito de preservar la salud del personal responsable de la fabricación de estos vehículos y la ciudadanía en general.

REGLAMENTO

Entre los lineamientos pu­blicados en el nuevo reglamento destacan las condiciones míni­mas con las que debe contar una planta para la fabricación y/o ensamblaje de los vehículos señalados en la norma, así como el proceso de producción y las características que debe poseer el personal a cargo de estas ac­tividades.

De igual forma, se especifica la vigencia de las autorizacio­nes otorgadas, y el proceso de renovación de dichos permisos. Asimismo, se establece que el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) será la entidad encargada de la acreditación de aquellas personas jurídicas que pretendan desarrollar actividades de inspección en las plantas que fabriquen y/o ensamblaje de vehículos de transporte terrestre.

Al mismo tiempo, Inacal tendrá bajo su competencia la emisión de certificados de inspección a plantas que pretendan obtener la autorización para realizar las labores mencionadas. Es preciso señalar que, aquellas solicitudes tramitadas antes de la entrada en vigencia de la presente norma, se rigen por las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 023-2016-Produce, hasta su conclusión.

Ante la denuncia del saliente primer ministro, Pedro Cateriano, respecto a que el voto de confianza denegado por el Congreso de la República estuvo ligado a la permanencia del ministro de Educación, el presidente del Legislativo, Manuel Merino de Lama, ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó “cualquier insinuación de chantaje o de negociación del voto de confianza”.

Merino indicó que “de manera democrática, con la experiencia parlamentaria, dirigiendo al parlamento”, se comunicó con Pedro Cateriano con quien se reunió en su oficina en el Congreso, “sin nada bajo la mesa”. “Lo llamé telefónicamente y nos reunimos aquí en el Congreso, para poderle expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete (…) y que había serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su ministro de Trabajo”, señaló.

“También hubo una conversación referida a la ministra de Economía y al ministro de Educación, y en cada uno de ellos podemos explicar, porque no es un tema nuevo. Había dos interpelaciones que estaban en camino y que no dependían del presidente del Congreso, sino de todas las bancadas parla­mentarias”, explicó.

Y agregó el hecho de tratar el problema referido a la cartera de Educación, “se sustentaba lógicamen­te en los licenciamientos dados por el señor minis­tro, en ese entonces jefe de la Sunedu”.

CONFESIÓN DE PARTE

A criterio del aboga­do penalista Guillermo Olivera Díaz, al dar esas declaraciones lo que ha hecho el presidente del congreso es “confesar sus delitos”. “Merino ha aceptado que sí llamó por teléfono a Cateriano, que la llamada fue antes del 3 de agosto cuando negaron la confianza, y que lo llamó para tratar sobre el ministro de Edu­cación, el juvenil ministro de Trabajo y la ministra de Economía. Por tanto, Merino ha aceptado los hechos. Solo ha negado que esto sea chantaje, y es verdad porque no hay con­tenido económico, pero sí hay delito de coacción, entre otros”, afirmó.

Para Olivera Díaz, Merino excedió sus fun­ciones como presidente del Congreso al llamar a Cateriano para advertir sobre objeciones al minis­tro de Educación, Martín Benavides, por cuestiones que nada tienen que ver con su gestión ministerial. Además, consideró que advertir sobre la falta de consenso para otorgarle la confianza constituye en sí una amenaza con el fin de lograr remover a los ministros incómodos.

“En forma antelada le está amenazando con no otorgarle el beneficio del consenso de 130 par­lamentarios. Esto repre­senta un claro delito de coacción porque lo está amenazando con que no habrá consenso si no cumple o resuelve las ob­jeciones a los ministros. Con esto está confesan­do que sí hubo delito de coacción, que es forzar a alguien bajo amenaza, en este caso de falta de con­senso, a hacer lo que la ley no obliga”, apuntó.

EXTORSIÓN Y COHECHO

Además, agregó que también se configura el de­lito de extorsión, al hacer uso de un medio coercitivo amenazante para obtener una ventaja. “Y como no se cumplió el objetivo de la extorsión, consuman el hecho con la falta de consenso anticipada por Merino, que sin ser adivino ni brujo adelantó el voto que finalmente se dio. Lo que significa que el presi­dente del Congreso era un emisario de otros grupos de intereses particulares”, manifestó.

Olivera Díaz añadió que también en la misma acción se habría configu­rado el delito de cohecho activo genérico, y habría además un ejercicio abu­sivo de la autoridad del presidente del Congreso. “Porque él no tiene por función llamar fuera de sesión, por teléfono y de noche a un premier para decirle que no habrá con­senso. Acá hay un concur­so de hechos punibles por los que la Fiscalía de la Nación debe abrir investigación preliminar de oficio y con urgencia basándose en la denun­cia que hizo Cateriano y en la aceptación de los hechos que ha realizado Merino en conferencia de prensa”, sostuvo.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

A criterio del juris­ta, el Ministerio Públi­co ni siquiera requiere de una investigación prolija en tanto la de­nuncia de Cateriano y la presunta aceptación de Merino son versiones públicas. Por ello, consi­deró que la Fiscalía debe plantear una denuncia constitucional contra el presidente del Con­greso, para que se abra una investigación en la Subcomisión de Acusa­ciones Constitucionales y se le suspenda el fuero parlamentario. Incluso, advirtió que en un es­cenario posterior la Fiscalía podría requerir la prisión preventiva y en un concurso real de delitos las penas por los delitos imputados sumarían más de 35 años de pena privativa de la libertad.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

Lo expresado por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, respecto al contexto en que el Congreso de la República denegó el voto de confianza se tendrá que investigar, sostuvo la exministra Flor Pablo Medina.

Fue al comentar la declaración que hizo el expremier ante el Pleno del martes, previo a la votación: “se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba ser difícil que se me extienda el voto de confianza”.

“[¿Qué le parece la negación del voto de confianza?] Bueno, creo que queda claro, y no solo por este hecho final lamentable de negarle la confianza, sino en los antecedentes. Recordemos la semana pasada un Congreso presentando proyectos de ley para crear una instancia superior a la Sunedu, presentando proyectos para que el Gobierno en esta época de emergencia financie a las universidades con licencia denegada. Esto ya venía”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideelera­dio.

“Lo que ha dicho el ex­premier Pedro Cateriano que al final le pedían la cabeza del ministro para po­der dar el voto de confianza, creo que eso, en realidad, denota una mediocridad y de actos que realmente ya lindan con lo penal, que ha­brá y se tendrá que hacerse la investigar respectiva y actuar, porque creo que no estamos en tiempos para ser tolerantes ante este tipo de situaciones que salen a la luz”, refirió.