Política
Denuncias constitucionales contra Alarcón e Hinostroza
CONGRESO DISCUTIRÁ HOY
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso verá hoy los informes de calificación sobre las denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón, en su calidad de ex contralor general de la república y el ex juez supremo, César Hinostroza.
La sesión se desarrollará desde las 9:00 a. m. en la Sala Bolognesi del Congreso de la república, donde se verán las denuncias constitucionales 374, 376, 295 y 302.
La primera de ellas es una denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y además de Alarcón Tejada, están comprendidos los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y José Marvin Palma.
En el caso de Alarcón Tejada, se le imputa el presunto delito de cohecho pasivo propio; en tanto que a los exparlamentarios la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.
La denuncia constitucional 376 es contra César Hinostroza en su calidad de ex juez supremo de la Corte Suprema de Justicia. Se le imputa la presunta comisión del delito de cohecho activo específico, establecido en el artículo 398 del Código Penal.
También se verán los informes de calificación sobre la denuncia constitucional 295, presentada por el ciudadano Aurelio Hernández en contra de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, según Andina.
Además, la denuncia constitucional 302, presentada por el ciudadano Walter David Luque, contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; y los fiscales supremos, Pedro Chávarry y Pablo Sánchez; así como Carlos Morán (exministro del Interior) y Carlos Illanes Calderón (director nacional del Sistema de Inteligencia del Estado).
Política
Plantean declarar de necesidad pública a universidades sin licencia

El congresista de Nueva Constitución, Rubén Ramos Zapana, impulsa un proyecto de ley que plantea que se declare de necesidad pública a las universidades privadas que no cumplan con los procedimientos de calidad de educación que exige la ley o no sean licenciadas.
En la exposición de motivos, el proyecto dice que, en casos extremos, como la educación es un bien de interés y de necesidad publica, el Estado debe asumir la continuidad mejorando los índices de continuidad y reparando el valor a quien invirtió en la educación.
El legislador, integrante de la Comisión de Educación del Congreso, negó que se busque favorecer o indemnizar a los dueños de las universidades. Indicó que el Estado no debe desamparar a los estudiantes.
Añadió que, de prosperar su proyecto, este se complementará con otra propuesta que le daría alternativas al Poder Ejecutivo para intervenir las universidades desde el punto de vista
Joseph Dager Alva, secretario general de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), se mostró muy preocupado por la propuesta del congresista de Puno.
Afirmó que la Comisión de Educación del Congreso debería trabajar de la mano con la Sunedu y más bien declarar de necesidad pública la reforma para construir un sistema universitario de calidad.
Política
UCIS colapsadas y obras inconclusas

En Arequipa la pandemia pone las alarmas en rojo. El hospital covid Honorio Delgado tiene la totalidad de sus camas UCI ocupadas, y no se puede ampliar esta capacidad debido a que las obras de ampliación del nosocomio se encuentran inconclusas.
El gerente de Salud, Christian Nova, anunció que ampliarán a 36 los ventiladores en el nosocomio, pero se requiere que culminen los trabajos a cargo del Gobierno Regional de Arequipa.
La entidad hizo entrega ayer de ambientes en el cuarto piso, donde funcionaba el centro quirúrgico. Sin embargo, aún faltan culminar trabajos en la nueva UCI y la antigua emergencia. El gerente manifestó que la infraestructura estaría lista para fines de mes.
Cabe mencionar que el gobernador Elmer Cáceres Llica se había comprometido a entregar toda la obra para la primera quincena de este mes. Sin embargo, no se ha concretado. El hospital viene siendo intervenido desde abril del año pasado y su lento avance pone en riesgo la atención de los pacientes.
En tanto, en Trujillo, el alcalde provincial José Ruíz Vega señaló que pese a la voluntad de adquirir vacunas para la protección de su población, el agregado comercial de Rusia en Perú, les informó que como gobierno local no podrían negociar y solo les quedaría esperar que Digemid otorgue a alguna droguería la autorización para expender a terceros la vacuna contra el COVID-19.
Política
Mejor es reírse

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