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Política

Denuncian a jueza de familia de favorecer a demandante

Abogada presentó queja ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura.

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Denuncian a jueza de familia de favorecer a demandante

Una jueza de familia se encuentra en el ojo de la tormenta luego de una queja presentada contra ella ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA). por presuntamente haberse parcializado con una de las partes en un proceso judicial.

La abogada Martha García presentó la queja contra Clara Peña Chauca, jueza del Décimo Sexto Juzgado de Familia de Lima, y contra la especialista Zoila Llontop Trujillo, del mismo juzgado, por una serie de irregularidades que, según la letrada, cometieron en contra de su defendido Antonio García Lossio.

Por ejemplo, afirma que presentó un escrito ingresado con código N° 37786-2019 a Mesa de Partes el 13/08/2019 comunicando al juzgado la variación de su domicilio procesal y nueva designación de abogado. “Toda resolución debió ser dirigida a mi nuevo domicilio procesal a partir de la fecha de la citada comunicación, pero no fue así ya que las quejadas incurrieron en graves faltas al remitir la siguiente resolución al anterior domicilio procesal”.

SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Precisó que el juzgado expidió la resolución N° 127 de fecha 12/09/2019, la misma que no fue notificada a su nuevo domicilio legal a pesar de que un mes antes se comunicó al Juzgado la variación.

“Las quejadas hicieron caso omiso a sus deberes previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 50 del Código Procesal Civil, de igual forma no consideraron que el objeto de la notificación es poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales”, señaló Martha García ante la ODECMA.

También advirtió que la jueza y la especialista incumplieron lo previsto en el inciso 3 del artículo 50 del Código Procesal Civil, que dispone que se debe dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en el orden que ingresan al despacho.

“Las quejadas debieron atender primero mi escrito de fecha 13/08/2019, sin embargo atendieron primero el Informe Pericial 00667-2019-ETP-ASJR-USJLI-PJ ingresado por Mesa de Partes el 2 de setiembre de 2019, siendo que dicho Informe determina la suma de S/21,841.30 soles, por concepto de devengados de alimentos a favor de la demandante”.

ALGO MÁS

La abogada manifestó que el apuro por favorecer a la demandante ha generado que convaliden notificaciones hechas a otros domicilios y a la vez se dispongan emitir copias certificadas a la Fiscalía Penal de Turno de Lima para que proceda a la denuncia de su representado Antonio García Lossio por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.

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Política

Humala y Heredia otra vez en la cuerda floja

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

El jueves 27 de febrero se vencerá el plazo de diez días otorgado por el Poder Judicial para que la Fiscalía presente cargos contra el expresidenteOllanta Humala y Nadine Heredia por el caso Gasoducto Sur. Como se recuerda, la defensa de la exprimera dama presentó un pedido de control de plazo para que se defina si el proceso avanza a la etapa de investigación preparatoria o si, en su defecto, termina por archivarse.

A criterio del abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, el plazo dictado por el Poder Judicial resulta sumamente corto y parece ignorar la precariedad presupuestal que acusa el Ministerio Público.

“El Poder Judicial no entiende mucho las carencias del Ministerio Público; no es tan fácil como decir tienes 10 días de plazo, cuando falta personal y falta presupuesto, esto ya lo han dicho los representantes de la propia Fiscalía. Al margen de ello, no veo posible que los fiscales opten por archivar el caso. Entiendo que correrán sobre la marcha para presentar cargos y formalizar la etapa de investigación preparatoria”, afirmó.

El jurista consideró que una vez formalizada la etapa de investigación preparatoria, el Ministerio Público estará en la facultad de solicitar las medidas de restricción o comparecencia que estime pertinentes, y dentro de ellas, la medida de prisión preventiva contra Humala y Heredia.

Caso Gasoducto: una mancha más en el gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala.

Caso Gasoducto: una mancha más en el gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala.

DESBALANCE MILLONARIO

Respecto al desbalance patrimonial de Nadine Heredia, que según la pericia sustentada por el fiscal del Equipo Lava Jato, Germán Juárez Atoche, asciende a S/ 1 millón 231 mil soles, Quispe señaló que es algo que “complica bastante” la situación de la exprimera dama, en tanto resultaría un elemento fundamental del delito de lavado de activos. “La señora Heredia no tiene cómo sustentar el crecimiento de su patrimonio. Si se acredita este desbalance, entonces significa que la Fiscalía tiene un elemento sumamente sólido para imputar el delito de lavado de activos, y perfectamente puede presentarlos como elementos de prueba nuevos para solicitar una prisión preventiva. No sé si la Fiscalía vaya a solicitarla pero nada se lo impide”, apuntó.

Por otro lado, advirtió que el expresidente Humala y sus abogados estarían buscando confundir a la opinión pública al sugerir que los testimonios de los colaboradores eficaces tendrían que estar corroborados como una sentencia de colaboración, algo que no sería necesario en etapa de investigación preliminar.

COLABORADORES SON GENTE DE SU ENTORNO

Además, ante las declaraciones de Humala Tasso intentando desacreditar los testimonios en su contra indicando que son “más de lo mismo”, Quispe destacó que los testigos o colaboradores eficaces no son enemigos políticos del expresidente. “Todo lo contrario, son gente de su entorno más cercano, uno de ellos es su excompañero de promoción del Ejército, al punto de que lo conocían como ‘Paquete’; entonces, a través de estos testimonios en la investigación preliminar es suficiente para pasar a la etapa de investigación preparatoria”, indicó.

NO SON PERSEGUIDOS POLÍTICOS

El letrado también se refirió a la pretendida victimización que estaría buscando Ollanta Humala, quien participará vía internet en un foro belga sobre políticos perseguidos judicialmente, como el caso del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y donde Humala y Heredia figuran como expositores de casos de persecución política.

“Ni Ollanta, ni Antauro, ni los terroristas de Sendero Luminoso o del MRTA son perseguidos políticos, sino que son gente que ha cometido delitos comunes de asesinato o corrupción, pero de ninguna manera son perseguidos políticos. Si ellos se están irrogando esa cualidad es simplemente para mediatizar su caso, pero la Fiscalía debe poner en conocimiento del juez todo esto para determinar si le corresponde al señor Humala salir ante medios nacionales o internacionales a declarar de esta manera”, señaló, ante la eventualidad de que el expresidente podría estar violando alguna regla de comparecencia.

Finalmente, Quispe recordó que en caso se logre acreditar la comisión de los delitos de lavado de activos y cohecho, en un concurso real de delitos se sumarían las penas a imponer y estas podrían llegar hasta los 24 años de cárcel.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

28 de febrero JNE entregará credenciales a congresistas electos

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Jurado Nacional de Elecciones JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará el próximo viernes 28 de febrero, a las 10:00 horas, las credenciales a los parlamentarios que resultaron elegidos en el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del pasado 26 de enero.

El acto se realizará luego de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) culminen con las proclamaciones descentralizadas de resultados y de que estos queden firmes en el Pleno del JNE.

De esta forma, la entrega de credenciales se concretará a escasos 33 días de la fecha de la elección, superando en forma significativa el promedio histórico de 50 días alcanzado en las elecciones generales del 2006, 2011 y 2016.

Este récord se logra porque los 60 JEE procedieron a resolver, con rapidez y estricta sujeción a ley, la carga procesal recibida (11,573 actas observadas), atendiendo a la exhortación que hiciera en su momento el presidente del JNE, Víctor Ticona Postigo.

El supremo tribunal electoral también hizo lo propio con las actas que le llegaron en apelación, celebrando audiencias públicas en estricto respeto al derecho a defensa de las partes procesales y emitiendo las resoluciones respectivas con celeridad y conforme a las normas electorales. A la fecha no tiene carga procesal pendiente.

La ceremonia de expedición de credenciales se llevará a cabo en una sede que se viene coordinando. Una vez recibidos estos documentos, los legisladores electos estarán en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso de la República y completar el período parlamentario 2016-2021.

De esta manera, el JNE y los 60 JEE velan por la legalidad del proceso electoral a fin de asegurar que los resultados reflejen la voluntad popular manifestada en las ánforas.

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Política

Fiscalía cita a Luciana León para que declare en caso Los intocables ediles

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Luciana León Romero

El fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Abia, informó que Luciana León fue citada para este miércoles 09:00 horas a fin que brinde su declaración como testigo en la investigación por el caso Los intocables ediles.

Abia refirió que León rendirá su testimonio en su despacho congresal por tratarse de una persona aforada.

“Dada la investidura de la integrante de la Comisión Permanente se cursó un documento para que diga fecha y lugar donde dará su declaración. (…) Ella indicó que sería el 26 de febrero a las 09:00 horas en su despacho que mantiene en el Congreso”, dijo en Canal N.

El fiscal recordó que la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, viene realizado una investigación a Luciana León, debido a que aún cuenta con prerrogativas de congresista, pero que en este caso es citada como testigo.

“En mi calidad de fiscal provincial no la puedo investigar, pero si la puedo citar como testigo, en tal sentido, saludo que ella esté prestando su colaboración y nos dé su declaración testimonial”, agregó.

León Romero, integrante de la Comisión Permanente, es investigada por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado, peculado doloso y organización criminal.

A la exlegisladora se le imputa haber recibido dinero de Los intocables ediles a cambio de realizar gestiones ilícitas para favorecer a la Municipalidad de La Victoria.

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