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Editorial

Delicado conflicto

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El conflicto desatado por organizaciones de mineros informales causa preocupación generalizada, no solo por los bloqueos de carretera y entre estos el de la estratégica Panamericana Sur, sino también porque pone en cuestión la política nacional de erradicación de la minería ilegal, objetivo planteado debido a que esta actividad depreda el medio ambiente, lo que no puede ser permitido.

Ciertamente, toda protesta tiene un contenido social, que en este caso está dado no solo por la repercusión de la actividad en las regiones en las que se desarrolla, sino porque la minería ilegal, una actividad de características delincuenciales, que destruye el medio ambiente, explota medievalmente a quienes emplea y propicia crímenes como la trata de personas, la explotación sexual de mujeres y la esclavitud de niños y adolescentes, ha arrastrado tras de sí a los mineros informales, que estarían así al servicio de quienes, además, obtienen cuantiosas ganancias sin pagar impuestos al fisco.

Tal influencia del minoritario sector ilegal pareciera comprobarse en el hecho que el movimiento de protesta –en medio de la cual ha fallecido una anciana de 71 años, pasajera de uno de los ómnibus bloqueados en la región Arequipa- se enfoque sobre todo en la exigencia, inaceptable para el gobierno, de que se derogue el decreto que dispone operaciones de interdicción con participación de las Fuerzas Armadas y la Policía, contra la minería ilegal.

Sería lamentable que, como afirma el Ejecutivo, los ilegales se escondan tras los informales y deben analizarse las causas de tamaña confusión y aplicarse correctivos si fueran factores como la posible desidia o falta de eficiencia de las instancias a cargo del tema. Pero sea cual fuera el origen de la situación, hacen bien las autoridades concernidas en marcar la diferencia entre la minería ilegal y la informal y en subrayar que para la primera tiene represión y para la segunda oportunidades de legalización, aunque tal vez ésta requiera mayores facilidades.

Es también preocupante que el conflicto haya escalado hasta situaciones de violencia, como los disturbios que la semana pasada dejaron un saldo de 11 heridos en operaciones de despeje de la Panamericana Sur, y es necesario que se impongan la cordura, la tolerancia y el diálogo, el cual ha sido suspendido por el gobierno bajo la exigencia de que se levanten los cierres del tránsito, lo que parece sensato en aras de buscar una salida al problema en términos de paz y entendimiento.

Si bien el uso moderado de la fuerza del Estado y las treguas de los bloqueos alivian tensiones, es urgente que se restablezcan las conversaciones y que de esa manera se eviten situaciones de enfrentamiento que no le hacen ningún bien al país.

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Editorial

Pongan manos a la obra ya

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Después de que el Gobierno declarara en emergencia 15 distritos de la provincia de Lima, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ha anunciado que tiene identificados 302 puntos críticos en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, los cuales fueron reportados, enagosto; es decir hace más de tres meses, a las diferentes municipalidades distritales involucradas para las respectivas acciones de limpieza y prevención, de acuerdo a sus competencias. Habría que preguntar entonces quién se encarga de monitorear el cumplimiento de dichas tareas.

Lo que es peor aún, el representante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), José Abasolo, ha dicho que en el tramo de los ríos Chillón, Rímac y Lurín se estima que los habitantes en riesgo superan las 115,000 personas, y las viviendas que pueden sufrir daños son 25,000 aproximadamente, por lo que ha formulado un llamado a esas municipalidades para que se hagan cargo de las acciones respectivas. Lo malo es que no hay una entidad que haga el seguimiento respectivo para que eso se cumpla.

Asimismo, el especialista ha pedido a los alcaldes de los municipios involucrados respetar las fajas marginales que son el área intangible cercana a las fuentes naturales (ríos, lagos, quebradas, etc.) que no pueden ser habitadas ni utilizadas para algún fin comercial, agrícola, vivienda u otros. Eso es muy importante, pero resulta que las municipalidades no hacen campañas para que los pobladores cambien de actitud; en muchos casos, inclusive, ceden a la presión de la gente y se vuelven permisivos por temor a convertirse en impopulares y perder su caudal electoral.

Por todos esos argumentos, es urgente que el Gobierno convoque a los gobernadores regionales y alcaldes para iniciar la reubicación de las poblaciones asentadas cerca de los cauces de ríos o de huaicos. Además, se debe reforzar las defensas ribereñas sin esperar que sea época de crecidas o de huaicos. Todo lo que se pueda hacer por anticiparse a estos eventos de la naturaleza evitará pérdidas de vidas humanas y daños materiales.

Se debe recordar que la economía no está para soportar paralizaciones, y los pobladores del norte y sur del país, así como de algunas zonas de la selva ya saben lo que es tener que dejar de trabajar debido a las catástrofes de la naturaleza.Corresponde, pues, al Gobierno ponerse a trabajar para evitar pérdidas de vidas humanas, de animales, de cultivos y viviendas.

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Editorial

Cuestión de planificar

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El Gobierno ha decretó el estado de emergencia por 60 días en 15 distritos de Lima, ante el peligro inminente de inundaciones por desbordes de los cauces de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, según una norma publicada en el diario oficial El Peruano. Los distritos comprendidos, según el Decreto Supremo N° 190-2019-PCM, son: Carabayllo, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Ate, Chaclacayo, El Agustino, Lima, Lurigancho, Rímac, San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Lurín y Pachacámac.

Una rápida respuesta ante una emergencia puede salvar vidas, pero mejor sería poner en marcha un plan que incluya la descolmatación de los ríos, así como limpieza de quebradas por donde van a bajar los huaicos; amén de la erradicación progresiva de las poblaciones que se encuentran asentadas en zonas de alto riesgo. La coordinación entre los ministerios de Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento; Agricultura y Riego, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, debe ser permanente y siempre de la mano del Indeci.

Para qué esperar que se intensifiquen las lluvias y crezca el caudal de los ríos para declarar en emergencia las zonas de inminente peligro. Las autoridades deberían trabajar en eso todo el año. El Senamhi, por ejemplo emite constantemente sus boletines para alertar de las temporadas de lluvias en las diferentes regiones del país. Por qué no aprovechar el esfuerzo que realizan instituciones como aquella para trabajar por las poblaciones que se encuentran en sectores vulnerables. La municipalidad de Lima, los gobiernos regionales y locales, también deben ser convocados a esta tarea.

Así también, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha pedido mantener organizada y en sesión permanente las Plataformas de Defensa Civil y los grupos de trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres para la oportuna respuesta y rehabilitación en caso de emergencia. Además sugiere que se debe contar con un inventario de recursos y bienes de ayuda humanitaria en los diversos almacenes para la atención de las necesidades básicas de la población damnificada y afectada por desastres. Son cosas que se pueden planificar a lo largo del año sin esperar estar en la emergencia para ponerse a trabajar.

No se trata solo de lluvias, nuestro país está ubicado en zona sísmica y las autoridades deben estar siempre preparadas y organizadas para enfrentar, todo tipo de catástrofes, como tsunamis, El Niño, y cualquier otra que se pudiera presentar. En el Perú ya no hay fenómenos naturales sino eventos que se repiten casi todos los años. Es cuestión de planificar.

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Editorial

¿Más de lo mismo?

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Como si de pronto la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) hubiera decidido adelantarles la Navidad a los transportistas del servicio de pasajeros en combis, coaster y ómnibus, ayer anunció que las autorizaciones que vencían el próximo 31 de diciembre serán prorrogadas automáticamente.Según se entiende, la idea sería garantizar el servicio sin interrupciones. La ampliación del plazo se realiza de conformidad con la quinta disposición complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 005-2019-MTC, en tanto la ATU emita los reglamentos pertinentes.

La verdad es que los funcionarios de la ATU, así como los de la Municipalidad de Lima Metropolitana al parecer no estarían trabajando al ritmo necesario. Los usuarios del transporte público ya están hartos de tener que soportar las incomodidades en esas pequeñas combis que van haciendo carrera entre unidades de la misma empresa, inclusive, por ganarse los pasajeros. Mejor sería que se agrupen en empresas formales y ganen concesiones para operar con buses grandes y cómodos con la finalidad que todos salgan ganando, el público, los transportistas y la ciudad.

Las coaster no se caracterizan precisamente por su limpieza, también están pugnando por ganarse los pasajeros sin importarles a los conductores la integridad física ni la vida de los pasajeros. Una característica de estas unidades es que dejan al pasajero en donde al chofer le dé su regalada gana y si de pasarse la luz roja se trata nadie les gana, total también compiten por los pasajeros. Y los buses no se quedan atrás, muchas veces sin vidrios en las ventanillas. Que nos desmienta la gente que se ve en la necesidad de abordar estas unidades para ir al trabajo, a su centro de estudios o simplemente salir de compras.

Hay una demanda insatisfecha, especialmente en las horas punta, y no se está trabajando para resolver el problema. Basta pararse en el paseo Colón, en pleno centro de Lima para darse cuenta de ello. Pero los transportistas siguen generando un verdadero caos. La ATU no ha resuelto el problema hasta la fecha ni tampoco el alcalde de Lima y por eso no encontraron mejor salida que la prórroga automática de las autorizaciones. Los usuarios están esperando un servicio masivo integrado, que les permita llegara tiempo a sus centros de trabajo o estudios, pero al parecer tendrán que esperar TODO un año, si no es más.

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