Defensor del Pueblo se suma a campaña de presión contra fiscal de la Nación

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Walter Gutiérrez

Su mejor defensa es el ataque. Al parecer siguiendo una campaña de presión sobre la fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, manifestó ayer que “no hay ninguna posibilidad de conocer la verdad, luego de cuatro o cinco años”, en referencia a la decisión tomada por la fiscal Zoraida Ávalos de suspender los actos de investigación preliminar abierta contra el mandatario Pedro Castillo.

Según indicó Gutiérrez en RPP, una investigación preliminar se abre para asegurar las pruebas y realizar actos de investigación urgentes. “El tiempo nunca está a favor de la justicia. El tiempo está en contra de la justicia. El tiempo está a favor de quienes han cometido delito”, dijo, en una nueva confrontación al presidente.

Como se recuerda, en anteriores oportunidades el defensor del Pueblo nombrado con los votos en mayoría del fujimorismo ha sido noticia por anunciar acciones “poco amigables” con el actual Gobierno. Entre ellas, meses atrás anunció que recurriría al TC para que el Ejecutivo responda a sus requerimientos sobre los nombramientos de ministros. Luego, con motivo de presentar su informe sobre la evaluación realizada al Gobierno del presidente Castillo sobre la libertad de expresión y de prensa, Gutiérrez anunció que presentaría al Congreso de la República un proyecto de ley para que el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) no dependa ya del Ejecutivo sino que esté en manos de otras instituciones del Estado y de la sociedad civil.

 

DEFENSOR DE LA DERECHA

Para el legislador y vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, cuestionó la postura del defensor del Pueblo, por cierto reiterada en su aparente animadversión al Ejecutivo, y recordó que el artículo 162 de la Constitución indica que el defensor del Pueblo defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona frente a los temas administrativos del Estado.

Sin embargo, Cerrón advirtió que al defensor del Pueblo no se le ve en Las Bambas, ni cuando tiene que estar en la defensa de la renegociación de los recursos estratégicos. “No lo vemos ahí, pero cuando se trata del presidente, ahí sí hay que echarle fuego”, manifestó.

En esta línea, su colega de bancada Kelly Portalatino recordó que semanas atrás, cuando se agudizaron los conflictos sociales en la comunidad de Aquia en Ancash, y en Páucar del Sara Sara, en Ayacucho, el defensor del Pueblo brilló por su ausencia.

“¿Dónde estuvo el defensor del Pueblo entonces? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué función cumplió la institución que dirige para resolver los conflictos?”, cuestionó.

“Lamentablemente, el defensor del Pueblo parece estar más preocupado en desestabilizar al Gobierno con proselitismo político, que en cumplir adecuadamente sus funciones. Por dignidad, deje de generar inestabilidad”, publicó en sus redes sociales.

Además, Portalatino recordó que Walter Gutiérrez tiene el mandato vencido, pese a lo cual la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no ha priorizado el inicio del proceso para elegir a su reemplazante.

La también congresista del lápiz, Silvana Robles, consideró que las opiniones personales hay que guardarlas ya que, “cuando representamos a una institución no se pueden politizar ciertos temas”. “Entiendo que el defensor del Pueblo tenga afinidad con cierto partido político pero hay que ser cautos y hay que tener presente la investidura que guardamos”, dijo.

 

ACLARACIÓN DE LA FISCALÍA

En tanto, el procurador Daniel Soria, cuya calificación formal para ostentar el cargo fue puesta en entredicho por el abogado del presidente, Eduardo Pachas, indicó que evaluará acudir al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional para que puedan dar una explicación respecto a cómo aplicar el artículo 117 de la Constitución. “Estamos evaluando qué caminos adicionales transitar por tratarse de un conflicto de interpretaciones constitucionales. Un llamado a solucionarlo es un juez constitucional que están en el Poder Judicial y en última instancia ante el Tribunal Constitucional”, dijo.

Al respecto, el portal Convoca consignó que en la tarde del miércoles, tras el cargamontón contra la fiscal de la Nación, el fiscal adjunto supremo Ramiro González Rodríguez, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, aclaró ante un grupo de periodistas que el Ministerio Público se basó en el artículo 177 de la Constitución Política, al que interpreta como una protección total a la investidura presidencial.

González Rodríguez señaló que en el caso de investigaciones preliminares abiertas a un jefe de Estado por delitos no considerados en el texto constitucional, como los delitos de corrupción, la Fiscalía interpreta que la carta magna brinda “una inmunidad absoluta” al jefe de Estado.

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