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Economía

Declaran en disolución a la financiera TFC

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP designó funcionarios para intervención. Seguro devolverá ahorros hasta por S/ 100,661.

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Financiera TFC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró el sometimiento a régimen de intervención a la Financiera TFC, por las causales previstas en los numerales 3 y 4 del Artículo 104 de la Ley General del Sistema Financiero.

Tales numerales establecen que una intervención procede cuando el patrimonio efectivo de una empresa se reduce a menos de la mitad del requerido en el artículo 199 de la Ley General (cuando el ratio de capital global es menor a 5%) y cuando se ha reportado una reducción o pérdida de su patrimonio efectivo mayor al 50% en los últimos 12 meses.

En un comunicado, la SBS informó que la intervención se produjo de acuerdo al mandato constitucional de cautelar los intereses del público ahorrista y la estabilidad del sistema financiero.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP informó en el documento que el Fondo de Seguro de Depósitos (personas naturales y personas jurídicas sin fines de lucro) garantiza a los ahorristas la devolución de su dinero hasta por un máximo de S/ 100,661.00.

La información relativa a la institución financiera que se hará cargo de la devolución de los depósitos a los ahorristas será comunicada a través de la página web de la Superintendencia (www.sbs.gob.pe) y en el portal de la Financiera TFC S.A. en Intervención (www.tfc.com.pe) y publicada en los principales diarios a nivel nacional a partir del próximo lunes 16.

INTERVENTORES

Mediante Resolución SBS Nº 5826-2019, publicada ayer en el Diario Oficial El Peruano, se designó a los funcionarios de la SBS, María de los Ángeles Martín Cueva y Carlos Armando Quiroz Montalvo, para que realicen los actos necesarios para llevar adelante la intervención.

La norma también señala que, a partir de hoy, queda prohibido iniciar contra la Financiera TFC procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo. Asimismo, perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra la referida empresa.

También queda prohibido constituir gravámenes sobre alguno de los bienes de la precitada empresa, en garantía de las obligaciones que le conciernen.

Además, no podrán hacer pagos, adelantos o compensaciones o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan a la indicada empresa y se encuentren en poder de terceros, con excepción de las compensaciones con empresas del sistema financiero.

Asimismo, a través de la Resolución SBS Nº 5855-2019 se declaró la disolución de la Financiera TFC en intervención y su liquidación, iniciándose el respectivo proceso por las causales y fundamentos detallados anteriormente.

ALGO MÁS

La SBS informó que la relación de ahorristas que podrán retirar sus depósitos sujetos a cobertura podrá ser consultada, a partir del día 16.12.2019, en la página web de la SBS y en la página web de la Financiera TFC S.A. en Intervención, así como llamando a los teléfonos de la SBS (0-800-10840).

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Economía

Títulos y capítulos que se debe mejorar

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Títulos y capítulos que se debe mejorar

Una revisión somera de la Constitución Política de 1993 nos indicaría los principales títulos y capítulos a modificar. Los ajustes intermedios habría que estable­cerlos sobre el título de régimen económico y estructura del Esta­do; mientras que serían menores en los casos de persona y sociedad y, Estado y la Nación. A nuestro juicio los títulos sobre garantías constitucionales y la reforma de la constitución no requerirían de ajustes.

La lista de temas para discutir y concertar (o en su caso precisar) puede tener dos niveles de profun­didad; una agenda mínima y una máxima. Somos de la idea que hay que situarnos en una posición intermedia que postule modifica­ciones concretas a la Carta Magna; no son tiempos para discutirla to­talmente. Como se ha señalado en otras oportunidades se puede par­tir desde los temas más vinculado a la pandemia y a las necesidades de las personas fortaleciendo la garantía plena a los derechos a la alimentación sana y suficien­te, salud, educación en todos los niveles, vivienda digna y acceso a servicios públicos de calidad, acce­sibles y asequibles.

Hay que relievar la importan­cia de las personas y ciudadanos al centro y los negocios como un me­dio, no un fin en sí mismo. Se debe insistir en un Estado con mayores capacidades y recursos, eficaz y eficiente en un nuevo balance más equilibrado con el mercado. Descentralización fiscal a la par de gobiernos regionales y locales con mayores recursos y responsa­bilidades. De acuerdo a los nuevos tiempos hay que incidir en un Es­tado para la transición ecológica con ordenamiento territorial y economía circular. Asimismo, me­jorar el rol de los trabajadores, la defensa de los derechos laborales y sus remuneraciones incluida la mención explícita a la remunera­ción mínima vital. También sería positivo la priorización de las mo­dalidades empresariales autoges­tionarias y cooperativas.

DEFENSA DE CONSUMIDORES

En línea con lo anterior habría que establecer constitucionalmen­te la priorización de la defensa de los derechos los consumidores o usuarios finales respecto de los otros actores en Indecopi y los re­guladores sectoriales. Durante la pandemia algunos de estas insti­tuciones tuvieron comportamien­tos sesgados a favor de las empre­sas reguladas afectando el interés público. De manera complemen­taria habría que insistir en el es­tablecimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo y de res­ponsabilidad social empresarial en todas las empresas públicas de los diferentes niveles de gobierno. De ninguna forma se trataría de mantener la forma tradicional de operación de estas firmas.

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Economía

Destacar importancia del planeamiento estratégico

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Destacar importancia del planeamiento estratégico

En una mirada con perspectiva para el mediano y largo plazo se debe destacar la importancia del planeamiento estratégico en los di­ferentes ámbitos nacional, regional y local; como base del resto de siste­mas de gestión pública en particu­lar del presupuesto, programación de la inversión pública y de coordi­nación de inversiones en asociacio­nes público privadas. No se trata de volver a fórmulas del pasado, sino que se alinee el planeamiento con señales de mercado, sea integral, ágil, oportuno y útil.

En la Constitución deben prio­rizarse las actividades de ciencia, tecnología e innovación entendién­dolas como el vehículo para hacer frente al futuro a través de nuevos y mejores procesos de producción y a la mejora de la calidad de vida de la población. Hay que incorporar, en lo que corresponda, las políticas de Estado acordadas en el Foro del Acuerdo Nacional. Otra palabra que debe quedar impresa es la necesi­dad de diversificar nuestro aparato productivo sin menoscabo de las actividades extractivas desarrolla­das en armonía con el ambiente y la sociedad. Priorizar la agricultura campesina y el desarrollo rural. Es­tablecer los criterios de la relación de los sectores extractivos con las comunidades y el medio ambiente, señalando quizás que las empresas privadas deben adscribirse a la Res­ponsabilidad Social Empresarial y a la Creación de Valor compartido.

Como en la Constitución chi­lena hay que establecer mayores facultades de intervención y regu­lación en condiciones de emergen­cia nacional. La Carta Magna debe incluir una preocupación para fre­nar la elevada desigualdad y los ins­trumentos para mitigarla. Sentar las bases para alcanzar una mayor justicia fiscal (progresividad y rein­geniería tributaria) dotando al Esta­do de mayores recursos, exigiendo eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público. Hay otros temas importantes como igualar el trato a la inversión extranjera al nivel de la nacional; la priorización de los De­rechos Humanos y de las instancias internas para la solución de contro­versias como promueve la Unctad. Endogenizar las respuestas de la po­lítica monetaria y fiscal anticíclica ante reducciones significativas en los niveles de ocupación y empleo, tal como lo hace la Reserva Federal y el gobierno estadounidense.

 

ALGO MÁS

A pesar de la convulsionada situación política hay que aceptar el reto del Pacto Perú. Es una oportunidad perfecta para avanzar en la búsqueda de consensos en los temas propuestos, precisar los que están en cartera en el Foro del Acuerdo Nacional y en todos los otros que se han comentado aquí. Desafortunadamente, la evidencia históri­ca muestra que este tipo de convocatoria a menos de un año de terminar el mandato han sido infructuosas. Sin embargo, a pesar de todo puede ser muy útil para que los diferentes actores sociales y políticos definan agendas y plataformas programáticas precisas para el proceso electoral del 2021. Hay que hacer política con P mayúscula.

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Economía

Fraccione deudas pendientes

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Fraccione deudas pendientes

Las personas naturales y empresas con deudas pen­dientes de pago por tesoro público o EsSalud pueden solicitar el aplazamiento hasta por seis meses y/o el fraccionamiento hasta en 36 cuotas mensuales, a una tasa de interés mensual del 0.4% y de esta manera poder contar con recursos finan­cieros para la atención de sus necesidades básicas y el desarrollo de sus actividades comerciales.

Se pueden fraccionar deudas exigibles y pendientes de pago en cualquier estado (en cobranza, reclamada, ape­lada, demanda contenciosa administrativa o en proceso de amparo).

Entre las deudas pendien­tes que se pueden aplazar o fraccionar están las referidas a IGV, Pagos a cuenta del Im­puesto a la Renta de tercera categoría de los meses enero, febrero y marzo del 2020, y los saldos de fraccionamien­tos anteriores.

Asimismo, las contribu­ciones a Essalud, las deudas por multas; y liquidaciones de cobranzas de tributos aduaneros, vinculados a re­soluciones de determinación y multas.

Con la presentación de la solicitud de acogimiento al Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF), el contribuyente se desiste de cualquier medio impug­natorio de la deuda (en re­clamación, apelación o pen­diente de pronunciamiento en el Poder Judicial o Tribunal Constitucional).

No están comprendidas las deudas que a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento todavía no sean exigibles, así como los tribu­tos retenidos o percibidos, la deuda concursal o en procesos de liquidación judicial o ex­trajudicial, los recargos y los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 2020, excepto los que corresponden a los periodos de enero, febrero y marzo.

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