La candidata de Juntos por el Perú dijo que para reactivar la economía y enfrentar la pandemia se necesita otorgar bonos a las familias de menores recursos. “Hay que darles un tercer y cuarto bono a las familias más vulnerables, sino van a ser medidas que van a quedar en el aire porque la gente necesita comer, necesita trabajar, parece que el gobierno olvidara que estamos en plena pandemia global”, afirmó.

La parlamentaria de Podemos Perú, Cecilia García, reconoció que fue ella la calificó de “asesinos” a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso que lidera Mirtha Vásquez.

El comentario se produjo el 21 de enero, cuando varios de sus colegas pedían, poco antes de que se inicie la sesión virtual del pleno, la censura de la Mesa Directiva.

“Esta mesa está decepcionando”, manifestó un congresista, quien aún no ha sido identificado, a lo que García Rodríguez respondió. “Horrible y terriblemente. Debe ser censurada inmediatamente por asesinos y cómplices del (…)”, se le escucha decir.

La legisladora de Podemos Perú confesó que fue ella la que promovió la censura el jueves último. “Decirle a la señora Rocío (Silva Santisteban) que soy yo la persona que pide censura, que cree en la censura, que va a promover la censura”, sostuvo.

Por su parte, Rocío Silva Santisteban, consideró que Cecilia García debía retractarse de su comentario.

Las autoridades del gobierno siguen impulsando proyectos que afectan la vida de los pueblos indígenas devastados por las explotaciones mineras, forestales e hídricas que modifican el medio ambiente, sin importarles el costo social que eso implica.

Es el caso del proyecto de la Hidrovía Amazónica, financiado por capitales chinos, un proyecto que amenaza a la vida de las poblaciones indígenas, ribereñas y de los caseríos del Ucayali.

Así lo considera la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), organización del pueblo indígena shipibo-conibo, que presentó una demanda de amparo contra ProInversión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace),

El proyecto concesionado el 2017 no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, que permita conocer las consecuencias que podría generar el proyecto, que busca crear un canal de navegación en los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas que permita la navegación de embarcaciones de mayor calado para facilitar el transporte de mercancías.

DESTRUCCIÓN

Todo el proyecto implicaría la destrucción de las orillas de los ríos y el dragado para la remoción de rocas y otros materiales a fin de que las aguas tengan suficiente profundidad para permitir el pase de navíos comerciales.

El objetivo es crear un canal de 56 metros de ancho en ríos cuyas riberas son habitadas por 424 comunidades nativas.

El informe de avance N° 4 del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del proyecto identificó 33 zonas críticas para el dragado de los ríos, lo cual triplica el volumen de dragado establecido en el contrato, señaló la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El documento propuso alternativas para que no se supere el volumen límite de dragado inicial que se encuentra en el contrato, pues pondría en riesgo a la reserva nacional de Pacaya y Samiria..

“Esta acción judicial propone suspender el proyecto y ordenar la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que considere los estándares internacionales que protegen a los pueblos indígenas”, sostiene la Feconau.

El objetivo de la demanda de amparo es que se reconozca la violación del derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida; que se declare la suspensión del proyecto Hidrovía hasta que se tenga certeza científica de que este proyecto no afectará a los ríos; que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 702-2015MTC/16 de setiembre de 2015 que aprueba los términos de referencia del EIA del proyecto.

DATO 1

La acción de amparo busca que el nuevo EIA del proyecto Hidrovía cumpla con los estándares internacionales de cumplimiento obligatorio en materia de EIA de proyectos extractivos en territorios de pueblos indígenas, reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).