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Política

De acuerdo con evitar que sentenciados postulen en elecciones

TRANSPARENCIA

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De acuerdo con evitar que sentenciados postulen en elecciones

El secretario general de la Asociación Civil Trans­parencia, Iván Lanegra, se mostró de acuerdo con el proyecto de ley, presenta­do por el legislador Gino Costa (Partido Morado), que establece que condenados en primera instancia por delitos dolosos no pue­den postular a cargos de elección popular o ejercer cargos de confianza.

No obstante, conside­ró importante que exista una lista taxativa con los delitos graves que son objeto de impedimento para postular o ejercer la función pública.

Advirtió que en las campañas electorales se han vuelto un tema “rela­tivamente presente” que postulen candidatos con una sentencia judicial al Congreso u otros cargos de elección popular.

Frente a las críticas a la iniciativa legislativa porque se estaría vulnerando el de­recho a la presunción de ino­cencia, Lanegra explicó que no se trata de un castigo sino de una restricción que se origina como consecuencia de un objetivo público sobre lo que debe ser la función parlamentaria.

“Una persona con sen­tencia firme ya pasó por un proceso en la Corte Su­prema en cambio en este caso un juez de primera instancia ya dijo que es cul­pable, aunque todavía falta que el proceso continúe en segunda instancia. Es una situación excepcional de restricción de derecho político”, expresó.

Asimismo, advirtió sobre una situación muy seria de pérdida de credi­bilidad de estas personas y del riesgo que significa para el Parlamento que al final termina atendiendo el caso de un condenado como un tema de agenda en lugar de temas sustan­tivos para el país.

“La función parlamen­taria no debe convertir­se en un mecanismo de protección para personas con problemas penales (…) es momento de cortar y evitar este tipo de seña­les para la ciudadanía”, sostuvo.

El proyecto de ley del congresista Costa plan­tea una reforma consti­tucional que modifica los artículos 34 y 39 de la Constitución Política sobre impedimentos para ser candidato y ejercer la función pública.

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Este Congreso parece ser la continuidad o peor que el anterior

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Este Congreso parece ser la continuidad o peor que el anterior

Estamos ante un Congreso de la República que parece ser la continuación del anterior o hasta peor, afirmó el exprocurador Julio Arbizu, al referir que se esperaba que se corrigieran los errores cometidos en la gestión parlamentaria.

Fue al cuestionar la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de rechazar el pedido para revisar las imputaciones contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Este Congreso parece ser la continuación del anterior o quizá uno todavía peor. Esperábamos que este Congreso corrigiese algunas de las atrocidades que hizo el anterior, y una de esas era precisamente pelear con estas organizaciones criminales que se instalaron con el Ministerio Público. Acá tenemos a tres miembros en la cúpula, que fueron defendidos por el Congreso anterior y que están siendo protegidos por este. Estoy hablando de Pedro Chávarry, Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez Villegas”, in­dicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Con esa composición, la Junta de Fiscales puede tomar decisiones, que serían incon­venientes para el sistema electoral, pero ¿qué podemos esperar si este Congreso ha asumido lo peor del anterior en términos de cómo termina su gestión parlamentaria?”, aseveró.

EN CONTRA DEL INTERÉS COLECTIVO

El exprocurador refirió que resulta lamentable que el Congreso y otras instancias aprovechen de la pandemia del coronavirus para tomar decisiones que van en contra del interés colectivo.

“Es lamentable porque el Congreso, entre otras instancias, están aprovechando la pandemia para que pasen piola algunas decisiones tomadas en contra del interés colectivo. También ha pasado que el Poder Judicial ha demorado mucho tiempo para tramitar casos a diferencia de otros países”, aseveró.

“En Perú ha habido un parón impidiendo el acceso a la justicia de los más vulnera­bles. Está el tema de los focos de corrupción de compras con insumos para resguardo del con­tagio. Qué terrible constatar que desde la administración pública se pueda estar bajo el servicio de la corrupción”, anotó.

ESTE CONGRESO ES TODAVÍA MÁS BAJO

Insistió en referir que este Parlamento resulta ser muy similar al anterior o parecido. En ese sentido, cuestionó también el papel del excontralor Édgar Alarcón presidiendo la Comisión de Fiscalización y del congresista Omar Chehade.

“Parece ser este un Con­greso si no es la continuación del anterior es uno muy pa­recido, muy similar, con un nivel incluso todavía más bajo si se quiere por estos últimos casos que observamos. Un ex­miembro de la Procuraduría favoreciendo la corrupción de un lado, y, por otro lado, un sujeto imputado por graves delitos de corrupción sentán­dose en la mesa principal de la Comisión de Fiscalización, que tendría que atender casos graves de corrupción que se es­tán produciendo hoy en otras instancias”, cuestionó.

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Política

Aprueba dictamen para eliminar inmunidad parlamentaria

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Aprueba dictamen para eliminar inmunidad parlamentaria

La Comisión de Constitu­ción y Reglamento aprobó en su décima sesión ordinaria y por mayoría (17 votos a favor, 6 en contra y una abstención) la eliminación total de la inmu­nidad parlamentaria mediante la modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Estado.

Con esa decisión, el mencionado artículo cons­titucional solo establece que “los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”; y “no son res­ponsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.

Durante el debate, el con­gresista Robinson Gupioc Ríos (PP) propuso incluir un tercer párrafo que especifica: “Los procesos penales contra con­gresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justi­cia”. Propuesta que fue acogida inmediatamente por el titular de la Comisión, Omar Chehade Moya (APP).

En el inicio del debate, el congresista Gino Costa Santola­lla (PM) sugirió volver a debatir los predictamenes anteriores, y poner las cartas sobre la mesa sobre el voto de las bancadas, ya que su preocupación se ba­saba en la votación posterior del actual y su respectivo ar­chivamiento. Al respecto, Luis Roel Alva (AP) dijo que ya no valen ver matices: estamos o no contra la corrupción.

Los dos integrantes del Frepap: Isaías Pineda Santos y María Retamozo Lezama, plan­tearon su adhesión al presente predictamen, que va al fondo del asunto. «Si no se aprueba, quedará claro que con el voto de algunos grupos parlamentarios se mantendrá la inmunidad y la ciudadanía los conocerá”, sostuvo Retamozo.

Rennán Espinoza Rosales (SP) señaló estar complacido con este predictamen que recoge el sentir de muchas bancadas. Y Carlos Almerí Veramendi (PP) indicó que el predictamen “está claro, los argumentos se han esgrimido, si el Pleno aprueba el texto vamos a te­ner grandes problemas, pero lo aceptamos”.

La legisladora Mirtha Vás­quez Chuquilín (FA) reafirmó su preocupación por este predic­tamen que cambia de manera radical las propuestas que bus­caban utilizar coherentemente la figura de la inmunidad, que “no es un privilegio, es una ga­rantía corporativa del Poder Le­gislativo y lo han dicho todos los constitucionalistas”.

Vásquez Chuquilín enfa­tizó el hecho de que con esta decisión “no se va acabar con la corrupción”. La inmunidad “fa­cilita el trabajo independiente y lo protege. Esto, más bien, pasa porque los partidos políticos tengan los filtros necesarios para elegir los representantes más idóneos. Las consecuen­cias van a verse a lo largo del tiempo”.

Jim Mamani Barriga, tam­bién de UPP, dijo que el predicta­men que se plantea no resuelve el problema de la lucha contra la corrupción: “no se trata de petardear una reforma”. Y plan­teó la presentación de un dicta­men en minoría que incluya la eliminación de la inmunidad de otros altos funcionarios del Estado.

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