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Editorial

Cuestión de desconfianza

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Editorial Diario UNO

En 1968 gobernaba el país Fernando Belaunde Terry, en medio de una difícil situación económica, pero su bancada no se daba cuenta. Se dividieron, obstaculizaron al Ejecutivo y acabaron deslegitimándolo hasta que se produjo el golpe militar de Juan Velasco Alvarado. Solo han pasado 53 años, pero AP, a través de la presidenta del Congreso, insiste en la política desestabilizadora que tan nefastos resultados ha dado en la historia política reciente del país.

Hoy el tema es la rabieta para limitar, reduciéndolos, los escenarios en que el Poder Ejecutivo puede plantear una cuestión de confianza. Como se sabe, no la izquierda sino la mayoría fujimorista de la Constituyente de 1993 aprobó un sistema de contrapesos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El primero puede plantear cuestión de confianza al Congreso y, con ello, dejar abierta la posibilidad de una posible disolución. El segundo puede vacar al presidente de la República.

En el pasado cercano se han usado estos dos mecanismos constitucionales, sin que nadie cuestione su legitimidad, ni siquiera AP que los usó para que uno de sus militantes, Manuel Merino de Lama, llegara efímeramente a la presidencia de la República. Pero, ahora, luego de rechazar ruidosamente el propósito de Perú Libre de modificar la Constitución, la presidenta del Congreso ha promovido una minireforma, para «interpretar» el artículo de la Carta Magna que norma la cuestión de confianza. Es decir, cuando tu propones cambio la Constitución es buena, pero cuando a mí me conviene se vuelve mala. Una postura absolutamente ventajista antes que doctrinaria o principista.

La promotora del brulote es Patricia Juárez, por encargo de Keiko Fujimori, como parte de una estrategia de vacancia presidencial, pero el pleito se lo ha comprado María del Carmen Alva, quien sueña con la banda presidencial, aunque sea un día más que Merino. Pero se equivoca cuando piensa que el Ejecutivo es manco.

Ayer, la vicepresidenta Dina Boluarte ha advertido «La responsabilidad exige a las bancadas una reflexión profunda sobre la intención de regular la cuestión de confianza sin considerar las sentencias del Tribunal Constitucional. Debemos preservar el principio de balance de poderes”. Declaraciones que anuncia que, de promulgarse, el Ejecutivo denunciará la inconstitucionalidad de la ley.

Un concepto clave de la ciencia política es que La historia nunca se repite y, cuando ello ocurre, solo es «como tragedia o farsa». Es decir, Alva podría acabar peor que Merino.

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Editorial

El arte de trenzar

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Editorial Diario UNO

En Cajamarca existe una vieja tradición de trabajo con la paja, que en 1990 recogió el libro «Trenzando sombras». En él se explica cómo se aprende a tejer, qué calidades de la paja a usar, cuáles son las dimensiones de las hormas de madera y cómo convertir a la paja en sombrero gracias al trenzado. La primera ministra Mirtha Vásquez es heredera de esa tradición, que sin duda le está siendo útil en los primeros días de su gestión, en los que se ha tocado con harta paja brava.

La primera trenza ha sido con el propio presidente de la República, quien le ha confiado un cargo sin ponerle cortapisas, pero que a su estilo hace frente a los imponderables políticos que le van surgiendo. Por ejemplo, tras la amenaza de Vladimir Cerrón de que los congresistas de Perú Libre no darían el voto de confianza, soltó un «Con Tweets no se gobierna», que obligaron a la cajamarquina a anochecerse para conversar con partidarios y detractores dentro de la propia bancada de gobierno. Este reflejo le ha sido útil porque hoy hay más parlamentarios alineados con Castillo que con Cerrón.

La segunda trenza, pendiente, es con los partidos de centro quienes con toda seguridad condicionarán su apoyo a la remoción de algunos ministros a quienes, consideran, les queda grande el fajín, por ejemplo, el del Interior. Aquí tendrá que hilar más fino todavía, recordando que a Guido Bellido le formularan similar pedido y, a pesar de que lo aceptó, no logró un sí de Pedro Castillo. En este tema tendrá que salirse de la horma y buscar argumentos más contundentes que su antecesor.

La tercera trenza es con los partidos de derecha que impulsan el cambio de la legislación sobre la cuestión de confianza, para acabar con la espada de Damocles que el Ejecutivo hace balancear sobre sus curules, cada vez que se habla de censura. Esta es la más difícil pues tiene que elegir, como el caso de los sombreros, qué modelo definitivo deberá adoptar: el conciliador, para negociar punto por punto, o el confrontacional, haciendo cuestión de confianza, valga la redundancia, sobre la ley que cambia la cuestión de confianza.

Los tejedores y tejedoras de sombreros cajamarquinos tienen un secreto heredado de familia, con el que consiguen el acabado final. Esta semana, la primera ministra cajamarquina tendrá que utilizar el suyo si desea que su sombrero sea el que triunfe en su próxima presentación en el Congreso del día 25 de octubre.

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Editorial

El Decálogo del quinquenio

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Editorial Diario UNO

Durante la campaña electoral, y también después de concluida ella, los candidatos de la derecha política acusaron a Pedro Castillo de no tener un plan de gobierno. Pero, el profesor presidente no solo lo tenía, sino que, además, lo ha convertido en documento oficial con el nombre de Política general de Gobierno 2021-2026, como no hizo ningún predecesor cercano. El decreto supremo N° 164-2021-PCM aprueba esta política general que contiene diez ejes a poner en práctica en los cinco años venideros.

Estos diez ejes son:

1. Generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria.

2. Reactivación económica y productiva con desarrollo agrario y rural.

3. Impulso de la ciencia, tecnología e innovación.

4. Recuperación y consolidación de los aprendizajes de la educación básica, superior y técnico-productiva con enfoque territorial.

5. Descentralización fiscal y presupuestaria del Estado, fortalecimiento institucional y del servicio civil.

6. Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo.

7. Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno, frente a nuevos escenarios de riesgos naturales.

8. Gobierno y transformación digital con equidad. Acceso al entorno digital y aprovechamiento de las tecnologías digitales para todas las regiones del país.

9. Conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada. Relaciones de amistad, diálogo político, cooperación para el desarrollo, confianza, integración económica y comercial con todos los países y, de manera particular, con las naciones vecinas.

10. Estado Intercultural para la promoción de la diversidad cultural.

Aquí solo hay, sistematizadas, aspiraciones ciudadanas sociales y regionales y respuestas concretas del Ejecutivo para atenderlas. Resultaría interesante que los partidos se acordaran de hacer política y se pronunciaran sobre esta propuesta, toda vez que esa debería ser su función principal: debatir sobre los grandes ejes de gobierno, en lugar de estar dedicados a la crítica de pequeñeces. Ello porque la alternancia democrática se basa en mejorar la oferta del gobernante, no en empeorarla.

Igualmente, sería más que interesante que los sesudos analistas políticos de oposición descubrieran cómo viene camuflado, dentro de estos ejes, el fantasma del comunismo al que tanto aluden y temen.

Este es, pues, el verdadero decálogo del quinquenio. Quedemos notificados.

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Morir dos veces

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La noche del 18 de julio de 1992 extendía su serenidad sobre ese paraje ancho del valle del río Rímac al que desde tiempos inmemoriales se llama La Cantuta, por la abundancia de esas flores en sus riberas. Desde la década de 1950 ahí se formaron los pedagogos que salían a enseñar en los colegios nacionales y que, por provenir en su mayoría de provincias, vivían internos compartiendo aulas y residencia tanto como diversión, deporte e inquietudes políticas.

De pronto, pasadas las 12 p. m., de vehículos militares descendió un comando antisubversivo que forzó las puertas, invadió los dormitorios y, con una lista confeccionada con soplos de informantes infiltrados, empezó a formar un grupo de presuntos miembros del PCP-Sendero Luminoso. Al cabo de minutos, se llevaron a nueve estudiantes y un profesor. Nunca más se los vio, hasta que un año después se encontraron sus restos. Habían sido asesinados de un tiro en la sien y luego calcinados.

Una valiente investigación descubrió que los autores habían sido los miembros del llamado «Grupo Colina», unidad paramilitar que respondía a órdenes directas del Servicio de Inteligencia Nacional, con el consentimiento del comandante general de las Fuerzas Armadas y del presidente Alberto Fujimori. Martin Rivas, uno de sus jefes, explicaría años después que fue una «respuesta política» a un atentado del senderismo en el centro de Lima.

Los autores fueron juzgados y condenados, gracias a la lucha infatigable de los familiares encabezados por la hermana y la madre de dos de los desaparecidos, quienes nunca buscaron venganza sino solo justicia. Hoy una de esas ejemplares personas ha sido designada ministra de Cultura, no por la heroica gesta que vivió sino por sus méritos profesionales.

Pero esta decisión presidencial ha motivado que el congresista Jorge Montoya la cuestione y agravie, como si tratara de matar a su hermano por segunda vez. Nadie podría juzgar al almirante por lo que haya hecho un hermano suyo. Sin embargo, Montoya se ha atrevido a calificar de proterrorista a la nueva ministra, sin ninguna prueba.

En cualquier país civilizada Gisela Ortiz debería ser reconocida y homenajeada por las Fuerzas Armadas por haber ayudado a descubrir a un grupo de extraviados que manchó el uniforme, convirtiéndose en criminales comunes. Montoya, añora los años de barbarie, pero está desfasado: hoy las entidades castrenses y la sociedad han evolucionado a un mejor horizonte, en el que se valora la vida y no la muerte.

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