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Editorial

Cuento de nunca acabar

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Un dantesco incendio consumió ayer en la madrugada un centro comercial ubicado en la cuadra 14 de la calle Elías Aguirre, de la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto. El siniestro dejó cuantiosos daños materiales. Del centenar de puestos repletos de mercadería, cerca del 90% fue devorado rápidamente por las llamas a pesar de los denodados esfuerzos de los bomberos y de pobladores que solícitos llegaron para ayudar a sofocar el fuego. De las primeras versiones, se supo que la causa sería un cortocircuito.

Este tipo de emergencias no son novedad para los bomberos por esta época del año. En una anterior oportunidad nos hemos referido desde esta columna a la necesidad de extremar todas las medidas de seguridad para evitar hechos de esta naturaleza que no solo comprometen el patrimonio de mucha gente, sino que también ponen en peligro la vida de los vecinos y hasta de los efectivos del cuerpo de bomberos, cuya abnegada y desinteresada labor es reconocida por toda la sociedad.

Todos los años, en el mes de diciembre, se producen los incendios en domicilios, negocios y centros comerciales. Basta recordar lo ocurrido en 2001 en la céntrica zona de Mesa Redonda, en pleno centro de Lima, donde las abarrotadas calles se convirtieron en una verdadera trampa mortal para más de 280 personas que murieron calcinados luego que una bombarda prendiera la mecha de una tragedia anunciada. Las responsabilidades eran más que evidentes, pero hasta ahora muy poco se ha aprendido de esa tragedia que enlutó cerca de trescientos hogares peruanos.

Lo que ha ocurrido recientemente en Iquitos podría pasar en cualquier lugar de Lima y también de otras regiones del país. Este año no hemos visto campañas en los medios de comunicación que alerten del peligro de almacenar materiales altamente inflamables en las galerías de estrechos pasillos que en las cercanías de la Navidad lucen repletas de gente. Peor aún si los tomacorrientes están sobrecargados para la exhibición de las luces navideñas.

Defensa Civil es la autoridad que se encarga de dar el visto bueno para que los municipios puedan expedir licencias, pero la verdad es que muchos comerciantes le sacan la vuelta a las normas. Ojalá que este año no tengamos que lamentar pérdidas de vida por incendios, sobre todo en las cercanías de la Navidad para que esta fiesta cristiana sea verdaderamente símbolo de paz, unión y alegría.

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Editorial

Gobierno no debe cerrar los ojos ante la realidad

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Ha transcurrido más de un mes desde la tragedia de Villa El Salvador, originada por la deflagración de una fuga de gas licuado de petróleo (GLP) en una cisterna granelera, sin que hasta la fecha se haya dado una respuesta contundente por parte del Gobierno a esa emergencia que costó la vida a por lo menos 30 personas inocentes. Menos aún, nada garantiza a la población que ese desgraciado suceso no volverá a repetirse, y las noticias en los medios de comunicación se han ido disipando más rápido que el gas.

Habría que recordarle al Gobierno la responsabilidad directa de las autoridades encargadas de verificar el buen estado de los camiones cisterna utilizados para el traslado de estos combustibles altamente inflamables. Días antes de la tragedia, Diario UNO había entrevistado al gerente de la Asociación de Plantas Envasadoras de GLP (ASEEG), Abel Camasca, quien encendió todas las alarmas al alertar que las inspecciones a esas cisternas solo se basaban en meras declaraciones juradas, y que alrededor del 50% de los balones de gas que se comercializan en el Perú son informales. No lo escucharon y eh ahí el resultado.

No obstante, parece que eso poco importa para efectos de la seguridad de la ciudadanía, Mientras los consumidores piensen que cuando se masifique el gas natural de Camisea, se podría prescindir del GLP. Nada más alejado de la realidad señores del Gobierno. No esperemos otra tragedia de dimensiones para despertar y recién darse cuenta que hay mucho por hacer para que nuestro país cuente con una cultura de gas. El gerente Camasca se ha preguntado ¿qué pasaría con esas instalaciones del gas natural en el interior de los domicilios, de ocurrir un sismo de proporciones que nadie desea? ¿Están las autoridades del Gobierno en capacidad de garantizar que resistirán un sismo de grado 8?

Volvemos a lo mismo, la ley prevé que serán los municipios los encargados de las inspecciones. Las cosas claras y el chocolate espeso, señores. ¿Estarán capacitados para esa tarea todos los municipios, grandes y pequeños? O estamos esperando que ocurra una tragedia para declarar en emergencia las instalaciones y nombrar comisiones, previa renuncia de autoridades. Más vale prevenir que lamentar, sobre todo cuando está de por medio la vida de personas inocentes. Nadie niega la necesidad de masificar el gas natural, pero también seguirá siendo necesario el GLP. Haría mal el Gobierno en cerrar los ojos ante la realidad.

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Editorial

¡Que no se repita la tragedia!

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Los gobernadores regionales miembros de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) han exhortado a los órganos competentes a declarar en emergencia las regiones del sur, especialmente Tacna y Cusco a fin que las acciones de rehabilitación y restauración de condiciones de vida se implementen de manera inmediata. Además, ante los desastres originados por los fenómenos naturales en el sur del Perú, han solicitado se oriente una acción conjunta intergubernamental y multisectorial para atender a los damnificados.

La idea –según ha explicado en un pronunciamiento público el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Servando García Correa– es que se permita que la ayuda estatal y privada llegue oportunamente a los ciudadanos afectados. Además, los gobernadores también se dirigieron a la ciudadanía para invocarlas a brindar apoyo solidario a los damnificados y estar vigilante ante la ocurrencia de desastres que podrían afectar sus vidas y la de sus familias.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha identificado 81 zonas críticas en la región Cusco. Específicamente en las provincias de La Convención (19), Quispicanchis (17), Canas (7), Urubamba (6), Calca (6), Chumbivilcas (5), Canchis (5), Paucartambo (5), Paruro (4), Anta (3), Cusco (2) y Acomayo (2). Así consta en el informe técnico “Zonas críticas por Peligros Geológicos en la Región Cusco” elaborado por expertos del Ingemet.

Toda esas información monitoreada y recopilada por expertos de diferentes organismos es valiosa, pero no hay por el momento forma alguna de alertar a la población en alto riesgo sobre estos peligros constantes. Sería bueno, pues, que el gobierno disponga lo más conveniente para contar son un sistema de alerta temprana que permita salvar vidas valiosas; de haberse contado con un sistema de ese tipo, es muy probable que no estaríamos lamentando el costo de vidas. En todo caso, queda organizarse, coordinar acciones entre autoridades locales, regionales y nacionales, para reubicar a las poblaciones que se encuentran asentadas en zonas de alto riesgo. ¡Que no se repita la tragedia!

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Editorial

Otra vez con los huaicos

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El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Vicente Zeballos, ha dicho ayer que la reubicación de familias afectadas por las lluvias y huaicos en Tacna debe responder a criterios técnicos, pues desde el año 2015 Tacna cuenta un plan de desarrollo urbano que señala de manera expresa las zonas de alto riesgo. En el documento están indicados los lugares afectados por los recientes deslizamientos y la activación de la denominada quebrada del Diablo. La pregunta, entonces, cae de madura: ¿qué han estado esperando las autoridades para poner en práctica ese plan.

Desde esta misma columna lo hemos dicho y volveremos a repetirlo, según los expertos no se puede permitir poblaciones en lugares donde se hayan presentado huaicos o desbordes aunque haya sido hace 500 años; esos fenómenos naturales volverán a repetirse, se registrarán cuantiosas pérdidas económicas y lo que es peor habrá un saldo en pérdidas de vidas humanas en cualquier momento. Es por eso que los criterios técnicos deben ser explicados a las poblaciones que durante años y años han vivido en esos lugares no aptos.

En tanto, el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones (MTC) ha informado que cuenta con 700 maquinarias pesadas para la atención de las emergencias viales en todo el país. La prioridad es restablecer el tránsito en las vías interrumpidas por huaicos y otros eventos en el menor tiempo posible, aseguró el titular del sector, Carlos Lozada. Según ha dicho el titular del sector el MTC dispone de un sistema de monitoreo y atención de emergencias en la Red Vial Nacional (27,000 km), que se actualiza en tiempo real mediante las 18 oficinas zonales en todo el país (http://bit.ly/emergenciasviales).

Lo interesante sería contar con un sistema de alerta temprana que llegue eficazmente a las poblaciones que se encuentran en riesgo. Unos pocos minutos pueden hacer la diferencia entre la muerte y la vida. Las autoridades del Gobierno han reconocido que la emergencia ocurrida en Tacna ha sido de mayor magnitud de lo que se creía. Eso no hubiera ocurrido, si se tomaba en cuenta las recomendaciones técnicas de los especialistas. Los daños materiales se pueden revertir, pero el costo en vidas humanas es irrecuperable.

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