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Política

Cuando la calidad y el tamaño de la vivienda son privilegios

LA (DES)ILUSIÓN DE QUEDARSE EN CASA

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Cuando la calidad y el tamaño de la vivienda son privilegios

Tras más de tres meses de cuarentena y aislamien­to social, las diferentes es­trategias ejecutadas por el gobierno no han producido los mejores resultados. Se­gún el Ministerio de Salud, se registran más de 300 mil casos positivos y más de 10 mil muertes, por eso el confinamiento –ahora voluntario- y la distancia fí­sica van a continuar siendo las principales estrategias para evitar el aumento del contagio, convirtiéndose la vivienda en nuestro escudo y principal refugio.

Sin embargo, quedarse en casa resulta desafiante cuando la calidad de la vi­vienda y el tamaño reduci­do no ofrecen las condicio­nes para hacerlo. Es así que la consigna de quedarse en casa se convierte en un pri­vilegio, pues no todas las viviendas cuentan con las condiciones de habitabili­dad óptimas; lo que puede producir estragos emocio­nales y económicos para sus habitantes.

Antes de la pandemia, la mayoría de habitantes en Lima desperdiciaban muchas horas al día en movilizarse de la casa al trabajo o centro de estu­dios, incluso a zonas de recreación, debido a la con­centración de actividades en espacios centrales de la ciudad. Por tal motivo, el tiempo en casa era redu­cido, se veían obligados a permanecer más tiempo fuera y la vivienda solo era un lugar de descanso. En este panorama, el sector inmobiliario incrementó la oferta de la vivienda con dimensiones mínimas, justificando que el área reducida se compensaba con las áreas comunes.

Por ello, las viviendas más solicitadas en el mer­cado formal inmobiliario tienen medidas entre 51 y 80 metros cuadrados (ADI Perú, 2019). Mientras tanto, el mercado informal ofrece casas unifamiliares, depar­tamentos acondicionados o subdivididos, así lo que debía ser una vivienda de tres habitaciones se convierte en seis compar­timentos con las dimensiones mínimas, muchas veces sin iluminación y ventilación natural, donde los espacios comunes resultan el baño y la cocina.

En este contexto, ¿cómo es posible la adaptación de es­tas viviendas de dimensiones mínimas para las actividades que el confinamiento nos ha exigido? Los ambientes que antes eran usados solo para dormir y alimentarse, ahora son utilizados para recibir la enseñanza no presencial, realizar el teletrabajo, ejerci­tarse, jugar, entre otros. Las personas se han tenido que adaptar los ambientes de la vivienda en aras de no perju­dicar su desarrollo personal y profesional.

Es decir, el espacio perso­nal, íntimo, se ha reducido aún más, para convertir la mayor cantidad de espacios de la vivienda en espacios multipropósito. El distan­ciamiento social al interior de la vivienda, se torna casi imposible, así si un miembro de la familia se infecta, inevitablemente el resto de la familiar lo hará, porque no hay espacio suficiente para el aislamiento. En este sentido, cumplir con las recomendaciones para evitar el contagio dentro de la vivienda resulta un privilegio reservado para quienes pueden comprar o alquilar viviendas de mayor tamaño.

El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), documento que norma el diseño y construcción de las viviendas, establece desde el 2006 que se pueden construir unidades de vivienda con un área mínima de 40m2, para albergar entre una a tres personas máximo (familia “tipo”: padre, madre e hijo).

Esta normativa concuerda con el surgimiento del boom inmobiliario del país, por lo que es posible asociarla al fomento de esta industria por el Estado; es decir, se valora más la rentabilidad del sector inmobiliario, que la calidad de la vivienda. Este reglamento establece medidas mínimas distanpara
la vivienda, pero no establece condiciones óptimas de habitabilidad (espacios iluminados y ventilados, espacios que permitan la realización de actividades variadas, separación de zonas íntimas y sociales).

Frente a esta realidad, es necesario entender la vivienda como un motor de desarrollo social, y no solo como un activo financiero. “La vivienda no es solo una cuestión de cobijo sino una manera de recuperar la vida, enriqueciendo y ampliando todas las esferas de las actividades humanas” (Muxí, 2018, p.222). Sobre todo, en este tiempo de crisis, la vivienda es un elemento clave para enfrentar la pandemia y proteger a las familias. Es fundamental exigir que desde el Estado y el sector privado se oferten viviendas de calidad, seguras y accesibles para la población, con programas de vivienda que no solo atiendan a la clase media, sino se piense en todas las familias y sus condiciones.

Si bien el relato de este texto, se ha enfocado en las viviendas que pueden ser adaptadas -aunque con defi­ciencia- a las exigencias del confinamiento, también, es necesario visibilizar qué sucede en los lugares donde el Estado no llega, así como apoyar desde di­ferentes frentes (academia, estado y sector privado) la gestión e interés de las co­munidades vecinales para formular estrategias y al­ternativas que les permitan no solo una vivienda digna, sino también vivir en un ámbito urbano con todos los servicios y equipamiento adecuados. Por último, la nueva normalidad debería romper con la producción de la vivienda como un pri­vilegio y ofrecer calidad y tamaño por encima de la rentabilidad de quién las construye.

* Gianina Saavedra Ba­jonero. Estudiante de Arquitectura y asistente de investigación de Urbes-Lab. | NOTICIAS SER

 

NOTAS:

  • Asociación de Desarrolla­dores Inmobiliarios (2019). Demanda inmobiliaria se inclina por viviendas de 51 a 80 metros cuadrados.
  • Instituto Nacional de Esta­dística e Informática (2017). Datos de la vivienda 2017.
  • Ministerio de Salud. (06 de julio de 2020). Sala situacio­nal COVID-19 Perú.
  • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2019). Perú promoverá cons­trucción de 212 mil viviendas entre 2019 y 2021.
  • Muxi, Zaida. (2018). Mujeres, Casas y Ciudades. dpr-barcelona
  • Reglamento Nacional de Edificaciones (2006). A. 020 Vivienda. Instituto de la Cons­trucción y Gerencia.

 

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Política

Produce actualiza Reglamento para Asignación del Código del Fabricante

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Produce actualiza Reglamento para Asignación del Código del Fabricante

Desde el domingo 2 de agosto, entró en vigencia el nuevo Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de Transporte, comprendidos en el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC.

A través del D.S. Nº 014-2020, del Ministerio de la Producción (Produce), se establece las disposiciones vinculadas a la fabricación y ensamblaje de vehículos terrestres, así como el procedimiento para la asignación del código WMI. De esta forma, se busca que dichas actividades se realicen en condiciones de seguridad, con el propósito de preservar la salud del personal responsable de la fabricación de estos vehículos y la ciudadanía en general.

REGLAMENTO

Entre los lineamientos pu­blicados en el nuevo reglamento destacan las condiciones míni­mas con las que debe contar una planta para la fabricación y/o ensamblaje de los vehículos señalados en la norma, así como el proceso de producción y las características que debe poseer el personal a cargo de estas ac­tividades.

De igual forma, se especifica la vigencia de las autorizacio­nes otorgadas, y el proceso de renovación de dichos permisos. Asimismo, se establece que el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) será la entidad encargada de la acreditación de aquellas personas jurídicas que pretendan desarrollar actividades de inspección en las plantas que fabriquen y/o ensamblaje de vehículos de transporte terrestre.

Al mismo tiempo, Inacal tendrá bajo su competencia la emisión de certificados de inspección a plantas que pretendan obtener la autorización para realizar las labores mencionadas. Es preciso señalar que, aquellas solicitudes tramitadas antes de la entrada en vigencia de la presente norma, se rigen por las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 023-2016-Produce, hasta su conclusión.

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El tiro por la culata

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El tiro por la culata

Ante la denuncia del saliente primer ministro, Pedro Cateriano, respecto a que el voto de confianza denegado por el Congreso de la República estuvo ligado a la permanencia del ministro de Educación, el presidente del Legislativo, Manuel Merino de Lama, ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó “cualquier insinuación de chantaje o de negociación del voto de confianza”.

Merino indicó que “de manera democrática, con la experiencia parlamentaria, dirigiendo al parlamento”, se comunicó con Pedro Cateriano con quien se reunió en su oficina en el Congreso, “sin nada bajo la mesa”. “Lo llamé telefónicamente y nos reunimos aquí en el Congreso, para poderle expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete (…) y que había serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su ministro de Trabajo”, señaló.

“También hubo una conversación referida a la ministra de Economía y al ministro de Educación, y en cada uno de ellos podemos explicar, porque no es un tema nuevo. Había dos interpelaciones que estaban en camino y que no dependían del presidente del Congreso, sino de todas las bancadas parla­mentarias”, explicó.

Y agregó el hecho de tratar el problema referido a la cartera de Educación, “se sustentaba lógicamen­te en los licenciamientos dados por el señor minis­tro, en ese entonces jefe de la Sunedu”.

CONFESIÓN DE PARTE

A criterio del aboga­do penalista Guillermo Olivera Díaz, al dar esas declaraciones lo que ha hecho el presidente del congreso es “confesar sus delitos”. “Merino ha aceptado que sí llamó por teléfono a Cateriano, que la llamada fue antes del 3 de agosto cuando negaron la confianza, y que lo llamó para tratar sobre el ministro de Edu­cación, el juvenil ministro de Trabajo y la ministra de Economía. Por tanto, Merino ha aceptado los hechos. Solo ha negado que esto sea chantaje, y es verdad porque no hay con­tenido económico, pero sí hay delito de coacción, entre otros”, afirmó.

Para Olivera Díaz, Merino excedió sus fun­ciones como presidente del Congreso al llamar a Cateriano para advertir sobre objeciones al minis­tro de Educación, Martín Benavides, por cuestiones que nada tienen que ver con su gestión ministerial. Además, consideró que advertir sobre la falta de consenso para otorgarle la confianza constituye en sí una amenaza con el fin de lograr remover a los ministros incómodos.

“En forma antelada le está amenazando con no otorgarle el beneficio del consenso de 130 par­lamentarios. Esto repre­senta un claro delito de coacción porque lo está amenazando con que no habrá consenso si no cumple o resuelve las ob­jeciones a los ministros. Con esto está confesan­do que sí hubo delito de coacción, que es forzar a alguien bajo amenaza, en este caso de falta de con­senso, a hacer lo que la ley no obliga”, apuntó.

EXTORSIÓN Y COHECHO

Además, agregó que también se configura el de­lito de extorsión, al hacer uso de un medio coercitivo amenazante para obtener una ventaja. “Y como no se cumplió el objetivo de la extorsión, consuman el hecho con la falta de consenso anticipada por Merino, que sin ser adivino ni brujo adelantó el voto que finalmente se dio. Lo que significa que el presi­dente del Congreso era un emisario de otros grupos de intereses particulares”, manifestó.

Olivera Díaz añadió que también en la misma acción se habría configu­rado el delito de cohecho activo genérico, y habría además un ejercicio abu­sivo de la autoridad del presidente del Congreso. “Porque él no tiene por función llamar fuera de sesión, por teléfono y de noche a un premier para decirle que no habrá con­senso. Acá hay un concur­so de hechos punibles por los que la Fiscalía de la Nación debe abrir investigación preliminar de oficio y con urgencia basándose en la denun­cia que hizo Cateriano y en la aceptación de los hechos que ha realizado Merino en conferencia de prensa”, sostuvo.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

A criterio del juris­ta, el Ministerio Públi­co ni siquiera requiere de una investigación prolija en tanto la de­nuncia de Cateriano y la presunta aceptación de Merino son versiones públicas. Por ello, consi­deró que la Fiscalía debe plantear una denuncia constitucional contra el presidente del Con­greso, para que se abra una investigación en la Subcomisión de Acusa­ciones Constitucionales y se le suspenda el fuero parlamentario. Incluso, advirtió que en un es­cenario posterior la Fiscalía podría requerir la prisión preventiva y en un concurso real de delitos las penas por los delitos imputados sumarían más de 35 años de pena privativa de la libertad.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

 

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Lo dicho por Cateriano del voto de confianza se tiene que investigar

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Lo dicho por Cateriano del voto de confianza se tiene que investigar

Lo expresado por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, respecto al contexto en que el Congreso de la República denegó el voto de confianza se tendrá que investigar, sostuvo la exministra Flor Pablo Medina.

Fue al comentar la declaración que hizo el expremier ante el Pleno del martes, previo a la votación: “se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba ser difícil que se me extienda el voto de confianza”.

“[¿Qué le parece la negación del voto de confianza?] Bueno, creo que queda claro, y no solo por este hecho final lamentable de negarle la confianza, sino en los antecedentes. Recordemos la semana pasada un Congreso presentando proyectos de ley para crear una instancia superior a la Sunedu, presentando proyectos para que el Gobierno en esta época de emergencia financie a las universidades con licencia denegada. Esto ya venía”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideelera­dio.

“Lo que ha dicho el ex­premier Pedro Cateriano que al final le pedían la cabeza del ministro para po­der dar el voto de confianza, creo que eso, en realidad, denota una mediocridad y de actos que realmente ya lindan con lo penal, que ha­brá y se tendrá que hacerse la investigar respectiva y actuar, porque creo que no estamos en tiempos para ser tolerantes ante este tipo de situaciones que salen a la luz”, refirió.

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