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Política

Crisis política y rentabilidad empresarial

NACIONALIZACIÓN EN CUESTIÓN

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crisis política y rentabilidad empresarial

JORGE MANCO ZACONETTI

 

El miércoles pasado tuve la oportunidad de participar en un evento internacional organizado por la consultora canadiense “Fortalece. Sustainable Solutions”, con panelistas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Interesante experiencia donde se tenía que exponer sobre el impacto del contexto político en las inversiones extranjeras en la región andina.

Evidentemente la preocupación de los inversionistas es alta por el giro de los países mencionados hacia políticas más centradas en la intervención del estado producto de la crisis social, creciente pobreza y los efectos económicos y sanitarios de la crisis del “corona virus”, que en el Perú ha significado casi 200 mil fallecidos, casi tres veces más en relación a los muertos de la guerra interna que provocó Sendero Luminoso.

En mi disertación que resumiré en el presente artículo sostuve que nuestro país desde 2016 experimenta una “crisis política sin solución de salida” que ha significado haber elegido o nombrado a seis presidentes de la república tales como PPK, Vizcarra, Merino, Araoz, Sagasti, y P. Castillo. Incertidumbre permanente.

El actual presidente de la república, un político sin mayor experiencia en la política tradicional criolla, sin los compromisos con los grupos de poder económico ni con la prensa mediática, se apoya en la izquierda parlamentaria que está fragmentada políticamente y en la población organizada.

Es decir, tenemos un ejecutivo débil ante un congreso cada vez más empoderado que prontamente iniciará el proceso de vacancia presidencial. Lo cual no sería extraño por los antecedentes del fujimorismo y sus aliados, que no aceptan la última derrota electoral.

En este contexto de incertidumbre ¿cómo y hasta qué punto se afectan las inversiones directas extranjeras en el Perú? Si bien es cierto el 2020 fue un año trágico, de rígidas cuarentenas sanitarias, caída de la producción, empleo y salarios. Todo hace pensar que el 2021 superaremos los niveles económicos de la pre pandemia, concretamente en relación al 2019.

 

RENTABILIDAD MINERA

En especial, las exportaciones al cierre del 2021 superarán los US $ 60 mil millones de dólares, lejos de los niveles del 2019 que sumaron los US $ 46 mil millones. Evidentemente el sector minero tiene mucho que expresar en esta recuperación, que no solamente expone los mejores precios internacionales en especial del cobre, sino también una recuperación en la producción.

En particular con precios del cobre mayores a los US $ 3.50 la libra, las empresas mineras sobre todo transnacionales están obteniendo rentabilidades extraordinarias que deben ser compartidas con el estado. Para ello según fuentes autorizadas del ministerio de economía y finanzas se contratará la consultoría del FMI y Banco Mundial para una reforma tributaria del sector minero.

Con los actuales niveles de precios del cobre las empresas mineras están obteniendo tasas de rentabilidad operativa superiores al 40 %, que si se suman a las depreciaciones y las amortizaciones de lejos superan el 50 % en relación al ingreso. Es decir, el margen operativo, utilidad operativa entre los ingresos multiplicados por 100, es superrentable, que no lo tienen las minas del Canadá o Estados Unidos.

Es más, siendo una preocupación del gobierno la captura de una mayor renta minera vía regalías u otra modalidad, creemos que por el lado fiscal los ingresos se están recuperando, tanto es así que se proyecta para el 2022 que el déficit fiscal en relación al PBI será menor al 6 %. Lo cual dice bien de la necesaria disciplina fiscal de la política económica aplicada por el presente gobierno.

 

NACIONALIZACIONES TAIMADAS

Un tema de preocupación central en el evento se relacionaba con la política de nacionalizaciones en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Desde el punto de vista constitucional son posibles las nacionalizaciones previa aprobación de una ley del congreso de la república, que con la actual correlación de fuerzas sería muy difícil de aprobar.

Además del pago al contado de un justiprecio lo cual implica un proceso de valorización empresarial, y un litigio internacional que espantaría las inversiones privadas, me parece que no está en agenda del presente gobierno.

En particular cabe interrogarse si es posible y conveniente nacionalizar o estatizar los activos, pasivos y patrimonio del Consorcio Camisea. En principio las reservas de hidrocarburos en el subsuelo corresponden a la Nación, que por contratos de licencia son transferidas a las empresas privadas.

Por tanto, si habría que estatizar las instalaciones habría que pagar el costo del capital menos las depreciaciones ajustadas después de haber iniciado las operaciones desde junio del 2004. Cuando las agencias de inversiones privadas ponen en valor el Complejo Camisea proyectan sus ingresos futuros de gas y líquidos para los próximos 19 años (2040), estimando la rentabilidad que hubiesen podido obtener en dicho período. Por ello exigen una indemnización un “dejar de ganar” que resulta fatigosamente negociable.

Por ello, interesadamente y taimadamente calculan que el valor económico de Camisea sería de US $ 30,000 millones de dólares cifra que estaría fuera del alcance del fisco peruano. En verdad, al margen del “gato encerrado” de la astronómica cifra, el valor de los activos de Camisea no debe superar los US $ 5,000 millones de dólares, a lo mucho pues las reservas de gas y líquidos le corresponden al estado peruano.

Pero antes que la nacionalización o estatización es preferible la negociación contractual con los accionistas del proyecto Camisea, un proyecto que se benefició de una serie de medidas económicas y tributarias, entre ellas de la “Garantía de Red Principal”, que significó que todos los clientes regulados eléctricos del país pagáramos un cargo, un subsidio para rentabilizar el gasoducto que viene del Campo Malvinas (Cuzco) a Lurín (Lima)

En verdad, el gobierno agobiado por la crisis política debe potenciar y cambiar definitivamente al presidente y directorio de la empresa estatal PerúPetro que por mandato legal debe negociar con los accionistas del Complejo Camisea.

Históricamente, económicamente y moralmente esa institución es la principal responsable de la debacle en la cual se debate el sector de hidrocarburos. La primacía de los intereses privados sobre el interés público, la pobre capacidad supervisora de los contratos de hidrocarburos, la falta de inversiones es un problema de vieja data, por ello es urgente medidas radicales a un enfermo terminal. Pero no sería recomendable la nacionalización, pues el “remedio podría ser peor que la enfermedad”

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Política

La Fiscalía inició investigación preliminar contra Bruno Pacheco

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Bruno Pacheco

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso una investigación preliminar contra el ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, luego de que los primeros hallazgos en las finanzas del exfuncionario “evidenciarían”, según el Ministerio Público, un “aparente desbalance patrimonial”.

Se ha podido establecer que los ingresos de Pacheco Castillo durante el ejercicio de su función pública, esto es, del 30 de julio al 23 de noviembre de 2021, debieron ascender a S/ 75.176. Pero los ingresos en su cuenta bancaria suman S/ 95.193, sin considerar los US$ 20.000 hallados en el interior de un clóset ubicado en los servicios higiénicos de su despacho”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

“También se detectó un depósito en efectivo por la suma de S/ 20.000, realizado el 20 de agosto de 2021 por Eric Franco Huaymana Carbajal, quien el 13 de agosto de este año fue contratado en el Despacho Presidencial, como ‘servicio de apoyo de chofer de resguardo’”, se agrega.

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Política

Exministro Ayala presentó acción de amparo para suspender trámite de vacancia

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Walter Ayala

El exministro de Defensa Walter Ayala presentó un recurso para detener el proceso de vacancia presidencial iniciado en el Congreso de la República con la moción presentada por la legisladora Patricia Chirinos. Se trata de una acción de amparo presentada ante un juez constitucional para no interrumpir el mandato del jefe de Estado.

“He presentado esta acción de amparo porque se está violando, se está vulnerando el principio de legalidad, se está vulnerando el principio de separación de poderes, el derecho del voto popular de todos los ciudadanos. Las cuatro causales son objetivas pero el artículo 2 dice permanente incapacidad moral o física”, indicó.

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Política

Movimiento CAS Nunca Más acudirá a instancias internacionales

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Movimiento CAS Nunca Más acudirá a instancias internacionales

El movimiento ‘CAS Nunca Más’ acudirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara parcialmente inconstitucional la ley que elimina el régimen CAS. Así lo anunció este miércoles – en Exitosa – el vocero del colectivo, Antonio Bendezú.

El vocero del colectivo, Antonio Bendezú, manifestó en Exitosa que sus abogados dieron “sobradas muestras” de que la ley de eliminación del régimen CAS es totalmente constitucional. Por ello, anunció que recurrirán “a todas las instancias internacionales, incluso ante la CIDH, para que sepan lo que pasa en el Estado peruano”.

“Nuestra voluntad sigue más fuerte que nunca y vamos a seguir luchando para eliminar el régimen CAS. Volveremos a trabajar con las entidades (comisiones) del Congreso y pedirle al presidente (Pedro) Castillo que cumpla los compromisos que firmó con nosotros en campaña”, indicó. “Los derechos laborales no nos caen desde el cielo, tenemos que luchar por ellos”, añadió.

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