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Editorial

Conversar no es pactar

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Editorial Diario UNO

Corría el año 1956 y el fin del gobierno dictatorial de Manuel Odría. El país debatía, electoralmente, la sucesión entre el candidato oficialista Hernando de Lavalle y el expresidente Manuel Prado, terciaba un desconocido Fernando Belaúnde Terry. El APRA, entonces partido mayoritario, tenía el voto decisivo. Tanto que el propio Lavalle había enviado emisarios a Roma, donde Víctor Raúl Haya de la Torre se encontraba desterrado para ofrecerle la amnistía. El secretario general de ese partido era Ramiro Prialé, quien recibió la propuesta de los pradistas de mejorar las condiciones de Lavalle. «Compañero, le dijeron los miembros de la comisión política, ya cerramos con Lavalle». A lo que Prialé respondió «Conversar no es pactar», haciendo célebre esta frase como expresión de pragmatismo político.

El dicho ha vuelto a la memoria este fin de semana, después de que líderes de cuatro partidos políticos de centro (APP, Somos Perú, Podemos y Avanza País) se reunieran en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo para tratar la coyuntura política signada por acusaciones de corrupción de allegados al chotano. Hoy día está programada la presencia de los dirigentes de Acción Popular, cerrando una saludable ronda de conversaciones, que deberían producirse más a menudo.

Los únicos que poden remilgos a esta sana práctica democrática, que no compromete a quien habla ni a quién escucha, son las fuerzas extremas. Perú Libre, que está preparando una lista de lavandería para ponerla como condición a Castillo para su apoyo en la votación y los partidos de derecha (Fuerza Popular y Renovación Popular) que tienen miedo de que cualquier contacto con el gobierno los pueda teñir con una mancha de rojo.

La verdad de las cosas es que, a hoy día, en el Congreso las perspectivas están más que claras. Los partidarios de la iniciativa de vacancia están en el borde de los 52 votos necesarios para conseguir la admisión, dependiendo de un pequeño margen de indecisos que podrían inclinar la balanza a uno u otro lado. Pero, esos votos ni siquiera alcanzan para obligar al presidente a ir a responder al Congreso, pues puede hacerse representar por un abogado. Al mismo tiempo, los cuestionadores están muy lejos de los 87 votos para aprobar la vacancia presidencial. Entonces, su insistencia es puro verso para contentar a las tribunas desde dónde sus partidarios aguardan ilusionados la caída de Pedro Castillo.

Quizás, a unos y otros, hoy les valdría más, valorar la sentencia de Prialé.

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Editorial

Salvar a Machu Picchu

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El Perú es, en realidad, muchos países dentro de uno. Y eso hace que nunca pueda percibirse en tiempo real su problemática regional. Así lo demuestra el hecho que los ojos de los peruanos, guiados por los medios de comunicación, estén puestos en el mar de Ventanilla, mientras que la localidad de Aguas Calientes, vecina a la ciudadela inca, esté también en virtual desastre, pero sin la atención debida.

A diferencia de la poca repercusión local, diversos medios internacionales informaron que el viernes pasado, dicho pueblo último punto desde donde se asciende a la ciudadela, fue azotado por lluvias intensas que provocaron una gran inundación que interrumpió el servicio de trenes. El Gobierno Regional del Cusco, informó en un escueto comunicado que «el desborde del río Alccamayo afectó la infraestructura turística y el servicio ferroviario», aunque sin pérdida de vidas. Ese río, que circunda la localidad de Machu Picchu, es afluente del río Vilcanota, en cuyas riberas se ubica la vía férrea que comunica a la zona con la ciudad de Cusco. Según reportes periodísticos fueron destruidos por las aguas un puente ferroviario y uno peatonal, mientras que tres puentes peatonales, dos viviendas y la plataforma de la estación de trenes sufrieron daños diversos.

La empresa Perú Rail, una de las dos que presta el servicio de transporte ferroviario hacia Machu Picchu, comunicó que interrumpía los viajes hasta nuevo aviso, luego del deslizamiento de rocas y tierra en el cauce del río Alccamayo. De paso, ofreció su flota de trenes para atender la emergencia.

Para medir el impacto del desborde, hay que recordar que cerca de 447.800 personas visitaron la ciudadela de Machu Picchu en 2021, una cifra lejana a los 1,5 millones que solía recibir antes de la pandemia. Es decir, está a una tercera parte de su capacidad receptiva. En 2020, la economía peruana cayó 11,12% y estuvo en recesión hasta junio de 2021, pero el golpe fue mucho mayor en el turismo (-50,45%). Cusco, dejó de percibir unos 1.400 millones de dólares por la ausencia de turistas a causa del Covid-19.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, llegó ayer a Ancón donde dijo que el derrame de hidrocarburos causará pérdidas económicas que bordearían los 200 millones de soles, para las personas y negocios que viven directa e indirectamente de la movilización de 5 millones de veraneantes. Les ofreció apoyo.

Una atención y presteza semejantes requiere Machu Picchu, joya del turismo en el Perú

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Comisionitis aguda

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Editorial Diario UNO

Al general Juan Domingo Perón se le atribuyen varias frases indispensables del diccionario político latinoamericano. Una de ellas reza: «lo mejor para que un problema no se resuelva es crear una comisión». El recuerdo viene al cuento porque, ante la dramática situación creada por el derrame de 6,000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, lo único que se le ocurrió al gobierno del profesor fue crear un comité de crisis.

Así lo dispuso el gabinete en su sesión del miércoles, bajo el argumento de «atender de manera inmediata en las tareas de contención y remediación de los efectos generados por el desastre ecológico». Por lo cual, el miércoles formó ese comité con la PCM y los ministerios de Ambiente, Agricultura, Defensa, Produce y Relaciones Exteriores. Luego, los miembros del flamante comité y sus refuerzos posaron para una foto panorámica donde se veía a más de 20 altos funcionarios trabajando.

Pero, en la realidad, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez ya está bastante ocupada con el problema de Las Bambas y no tiene tiempo para responder a la prensa sino una vez a la semana, por lo cual cargarle una responsabilidad más no parece una buena idea.

Los hechos siguientes confirmaron esa impresión. La PCM declaró que Repsol no tenía plan de contingencia. El ministerio del Ambiente declaró que la empresa debería acabar la limpieza en 10 días. El ministerio de Energía y Minas pidió el plan de trabajo y cronograma de la limpieza. La cancillería, por su parte, opinó que Repsol debe resarcir el desastre de manera inmediata. El Servicio Nacional Forestal dio instrucciones para levantar a las aves muertas. La OEFA dijo que el ámbito del derrame era más grande. Toda una galleta de informaciones, propia de que el comité de crisis carece de reglamento, vocero y existencia formal.

Mientras tanto, la empresa se iba de alivio y, en lugar de buscar un relleno sanitario de residuos peligrosos, se dedicó a enterrar el petróleo en la playa, burlando la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Ante este panorama ¿no sería mejor nombrar a un Alto Comisionado presidencial que dirija el comité de crisis a tiempo completo, para que centralice la investigación y la comunicación a fin de que los ministerios no se pisen entre ellos las mangueras y Repsol cumpla con la ley? Un enérgico Daniel Abugattas o un experto ambiental como Manuel Bernales Alvarado, lo podrían hacer mucho mejor que Mirtha Vásquez, para que los culpables no se salgan con la suya.

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Sembrando vientos…

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Cuando el presidente Pedro Castillo decidió designar al abogado Avelino Guillén como ministro del Interior, el país dio un suspiro de alivio. Guillén no solo estaba reputado como un profesional serio y calificado, sino que llevaba el aura de haber derrotado a Alberto Fujimori en la Corte Suprema. Además, ya comprometido por el profesor para acompañarlo a iniciar juntos el gobierno, apenas se enteró que el primer ministro sería Guido Bellido, declinó educadamente, ratificando su línea principista.

Pero no siempre los juristas son buenos gestores públicos y, al parecer, esto es lo que le ha pasado a él. Heredó una gestión desastrosa de sus antecesores Carrasco y Barrenzuela, pero no ha sido capaz de recomponerla y se encuentra ahora ahogado en los problemas heredados y los nuevos que él mismo ha creado. Sería muy inocente si no hubiese previsto que la oposición de derecha, especialmente el fujimorismo, iba a ser inflexible con él o que pensara que los partidos de centro iban a respetar su prestigio sin recibir resultados tangibles de su buen hacer.

En ese trance resulta inexplicable que a las dificultades de manejo de su sector ya preexistentes haya añadido problemas de su propia cosecha. El principal, cuestionar en la práctica la decisión de designar como comandante general de la PNP a un general de la confianza del presidente y a hacer pública esta divergencia, retrasando la publicación de los ascensos y pases al retiro de oficiales de la institución policial. Se ha puesto así, por decisión propia, a caminar por una cuerda floja, de la que podría caer en cualquier momento.

La oposición ni corta ni perezosa se ha dado cuenta y ayer ha presentado una moción de interpelación en su contra, que no solo cuestionan su ejecutoria en el despacho de la avenida Corpac sino también busca dañar la figura del profesor. Por ello, las causales de interpelación que invocan suman temas como la designación de prefectos supuestamente adscritos al Movadef, la demora en la captura de los integrantes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, el bochornoso fracaso de la expulsión de ciudadanos venezolanos, la ineficacia en la tramitación de pasaportes en Lima y provincias y la falta de acciones concretas para reducir la inseguridad ciudadana.

En realidad, todas las preguntas del pliego son solubles. Su debilidad es que las diferencias del ministro con el comandante general de la PNP y el propio presidente debilitan su posición. Bien dicen, que quién (aun sin quererlo o darse cuenta) siembra vientos, acaba cosechando tempestades.

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