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Política

Congreso permite postular a delincuentes sentenciados

Dictamen de reforma constitucional que buscaba bloquear la candidatura de sentenciados para cargos públicos no fue incorporado a la agenda del último Pleno, y elecciones del 2021 se convertirían en un desfile de prontuariados. Bancadas que bloquearon iniciativa tienen como líderes a investigados por diversos delitos.

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Congreso permite postular a delincuentes sentenciados

Gracias a la negativa de las bancadas Podemos Perú, Fuerza Popular, Unión por el Perú (UPP) y Alianza Para el Progreso (APP), el dictamen de re­forma constitucional que buscaba evitar la postula­ción a cargos públicos de personas sentenciadas en primera instancia no pasó a debate en el Pleno y de este modo las elecciones del 2021 podrían convertirse en un auténtico desfile de delincuentes probados a nivel judicial.

El dictamen, que ya ha­bía sido aprobado por la Comisión de Constitución, primero fue omitido por el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien evitó que el tema sea debatido en la Junta de Portavoces para su incorporación a la agenda del Pleno.

Posteriormente, las bancadas de Somos Perú, Partido Morado, Frente Amplio, Frepap y Acción Popular firmaron un acuer­do para que el dictamen pase directo al Pleno, pero apenas lograron juntar 68 de los 78 votos requeridos. A pesar de ser confrontadas para adherirse a la inicia­tiva, ninguna de las ban­cadas aludidas ( Podemos Perú, Fuerza Popular, UPP y APP) se sumó al acuerdo. Coincidentemente, los lí­deres de las referidas or­ganizaciones políticas se encuentran investigados por la presunta comisión de diversos delitos.

El analista político Carlos Monge calificó de “descarada” la forma en que las referidas bancadas evitaron que aprue­be la reforma constitucional que buscaba impedir la can­didatura de sentenciados en primera instancia. “Ellos alu­den a que no puede excluirse a quienes tienen sentencia firme en primera instancia porque tienen derecho de apelación, pero en ese caso ningún delincuente quedaría fuera del sistema electoral porque siempre hay una instancia superior donde apelar”, indicó.

También advirtió que sobre todo los delincuentes más avezados conocen bien cómo dilatar los procesos ju­diciales, por lo que el argu­mento esgrimido por algunas bancadas que se opusieron a la reforma constitucional queda sin sustento. “Lo que parece es que tienen en men­te llevar a mucha gente con prontuario para el 2021, es el tipo de gente que convocan y están cuidando en todo caso su capacidad de convocar a sus listas parlamentarias”, añadió.

“Preocupa que un Con­greso que se esperaba fuese mucho mejor que el anterior y no repitiese las prácticas del Congreso disuelto, termine expresando los mismos pro­blemas de la clase política peruana que se aferra a su propio poder y a sus intereses subalternos”, refirió.

En ese sentido, recordó que la anterior bancada de Fuerza Popular “tenía una cantidad impresionante de gente con procesos y senten­cias; era como si a la hora del reclutamiento no hubiera pedido curriculum sino pron­tuario policial”. “Ahora están protegiendo la posibilidad de seguir haciendo lo mismo ha­cia adelante”, agregó.

OTORONGOS CON VIEJOS HÁBITOS

Por otro lado, Monge cues­tionó que el Congreso no haya logrado los votos suficientes para eliminar la inmunidad parlamentaria de manera in­mediata, requiriendo ahora de un referéndum para de­finir dicha reforma. “Esto demuestra que dentro de sectores diversos del Congreso al final prima la lógica de que otorongo no come otorongo, y que por ser congresista hay que tener una prerrogativa especial por encima del resto de ciudadanos. Parece que lo que buscan es que la decisión quede en manos del Congreso para continuar con la práctica de los últimos años, donde era prácticamente imposible levantarle la inmunidad a al­guien, porque todos los de­más tenían algún entripado y se cuidaban mutuamente”, señaló.

Otro tema preocupante a criterio del analista es el referido a la “campaña en el Congreso contra la Sunedu”. “En este caso me preocupa la campaña porque es claro que quienes están detrás son los Acuña y los Luna, porque son dueños de universidades a las que Sunedu denegó li­cenciamiento por no cumplir con los requisitos mínimos de una educación de calidad. Es claro que estamos ante una venganza contra la Sunedu, que pretende interpelar y sa­car al ministro Benavides y la posibilidad de retroceder lo avanzado en una reforma que busca asegurar un míni­mo de calidad en el sistema educativo”, remarcó.

“Preocupa la poca solidez de bancadas como Acción Po­pular, que en una parte se abstuvo pero no voto cerra­damente en la defensa de un tema que es fundamental, y preocupa la solidez de Fuerza

Popular que votó en bloque para proteger la candida­tura de delincuentes y por proteger la inmunidad”, manifestó.

VIZCARRA TIENE LA PALABRA

Monge señaló que tras las acciones del Congreso, al presidente de la República, Martín Vizcarra, ahora se le presenta la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria del Pleno para definir las reformas bloqueadas. “Está en las manos de Vizcarra jugarse esa carta y aparecer encabe­zando la defensa de estas tres cosas fundamentales: la defensa de la reforma universitaria, el cambio de reglas de juego sobre la inmunidad parlamentaria, y la batalla contra el ingreso de corruptos con sentencia a ocupar una función pú­blica”, apuntó.

Además, indicó que Vizcarra tiene una enorme oportunidad por el tema referido a la inmunidad parlamentaria, que debe ser resuelto vía referén­dum. “Tiene una enorme posibilidad de confrontar con estos intereses corrup­tos en el Congreso con la ciudadanía como lo hizo a propósito de la reforma política con gran éxito”, comentó.

“Creo que el Congreso no ha imaginado eso. Por el contrario, intentando pro­teger sus intereses mezqui­nos le han dado un regalo a Vizcarra, le han dejado la pelota rebotando delante del arco para que dé el to­que final”, concluyó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

 

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Saluda aprobación de ley de urgencia médica para cáncer infantil

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Saluda aprobación de ley de urgencia médica para cáncer infantil

La Defensoría del Pue­blo saluda la decisión del Congreso de la República de aprobar la ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención inte­gral del cáncer infantil. Esta enfermedad afecta grave­mente la salud de muchas personas menores de edad en el país y tiene consecuen­cias graves sobre sus vidas y sus familias.

Según la OPS, se estima que, en el Perú, al menos, 1800 niños, niñas y adoles­centes padecerían de cáncer cada año. Sin embargo, solo 1350 logran ser diagnosti­cados anualmente en los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y la Seguridad Social (Essalud).

La aprobación de esta ley muestra el compromiso del Estado peruano con la protección de los derechos de los niños, niñas y ado­lescentes, especialmente, de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, de acuerdo a la obligación asumi­da al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sin duda, esta norma con­tribuirá significativamente a superar diversas dificultes ad­vertidas por la Defensoría del Pueblo como la demora en la detección inicial y el diagnósti­co final, la demora en acceder a una cita en consultorios ex­ternos de oncología pediátrica, así como las barreras económi­cas y geográficas en el acceso a los servicios de salud, entre otros problemas.

Esta norma es de gran importancia también, pues permitirá crear un registro único y centralizado nacional de cáncer infantil para conocer con exactitud la dimensión del problema, de cara a las políticas que se adopten para hacerle frente. La información estadística que brinde, además, permitirá focalizar mejor las estrategias de prevención y atención.

Asimismo, permitirá crear un programa especial para la atención del cáncer infantil, como ocurre en otros países de la región, como Chile. Por ese motivo, la creación de este programa, en coordinación con el INEN, en el Minsa, constituirá un paso importante en estandarizar y articular de una mejor manera, la atención efectiva e integral de este grupo poblacional.

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Política

MIMP atendió más de 300 casos de violencia de género

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MIMP atendió más de 300 casos de violencia de género

La atención de primera línea ante la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar llegó hasta las zonas más alejadas del país. A través de la ‘Estrategia Rural’ del Ministerio de la Mujer y Po­blaciones Vulnerables (MIMP), se atendió un total de 349 casos en comunidades nativas y cam­pesinas de 50 distritos rurales a nivel nacional.

En su compromiso por es­tar donde los necesitan, los/as profesionales de la ‘Estrategia Rural’ liderada por el Programa Nacional Aurora- llegaron hasta las comunidades , Awajún, Ki­chua, Kukama-kukamiria, Iña­pari, Asháninka, Bora, Wampis, donde atendieron a 113 víctimas de violencia familiar.

Esther Arrobo Gómez, psicó­loga comunitaria de la ‘Estrate­gia Rural’ Imaza, en Amazonas, relató que, para brindar aten­ción y rescatar a una víctima de violencia física y a sus dos hijos, viajó varias horas hasta el caserío Nueva Huancabamba. Hoy, se encuentran protegidos en un Hogar Refugio Temporal (HRT).

“En el camino de retorno, de Bagua al distrito Imaza, se presentaron muchos obstáculos debido a los derrumbes, luego, en la altura del territorio de la comunidad Wawas encon­tramos una tranquera que nos impidió el paso, y por más que solicitamos permiso, la auto­ridad nativa no nos permitió por miedo al contagio de coro­navirus, así que pernoctamos una noche dentro del carro”, detalló.

Y como parte de las accio­nes preventivas, en alianza con medios locales o radios comu­nitarias, se difunde mensajes o relatos educativos en lenguas andinas y amazónicas, en las cuales se presenta ejemplos de sana convivencia e igualitaria en las familias. Asimismo, las/os especialistas informan sobre las señales para la identificación de la violencia y las formas para denunciar y pedir apoyo.

Es importante señalar que, durante el estado de emergencia por la Covid-19, las/os profesio­nales de la ‘Estrategia Rural’ brindan atención presencial de en 43 distritos rurales, mien­tras que en siete, se realiza de manera remota, y los casos de violencia son atendidos por me­dio de los Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU) del MIMP.

La ‘Estrategia Rural’ pro­mueve el trabajo articulado y multisectorial con todas las autoridades, operadores/as de justicia, líderes y lideresas co­munales e indígenas que desa­rrollan mecanismos acordes a las características particulares de la zona rural, reduciendo así las barreras presentes para el acceso a la justicia y a los derechos de la población de la zona rural.

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Política

Plantea formar comisión investigadora para Gobierno Regional del Callao

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Plantea formar comisión investigadora para Gobierno Regional del Callao

El parlamentario por Ac­ción Popular, Ricardo Burga, presentó ante el pleno del Congreso de la República una moción de orden del día N°11453, para la formación de una comisión investiga­dora por las presuntas irre­gularidades y posibles actos de corrupción denunciados en el Gobierno Regional del Callao, otorgándole un plazo de 120 días para el desarrollo de sus funciones.

Burga, quien además es miembro titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, señaló que se trata de la continuidad de una comisión investigadora que se inició el 27 de junio del 2017 con el congreso disuelto. Reveló que existe un informe preliminar con fecha 8 de noviembre del 2018, en donde detalla los avances de su investigación y solicitando plazo adicio­nal para la presentación del informe.

El legislador, refirió que las irregularidades se habrían producido du­rante las gestiones de los exgobernadores regionales, Rogelio Canches Guzmán (2003- 2006), Alexander Kouri Boumachar (2007- 201O) y Félix Moreno Caballero (2011-2014 y 2015- 2018).

“La investigación se desarrolla en dos fases: la primera, concerniente al acopio de información y toma de las declaraciones de los presuntos involucrados, y la segunda, alusiva al análisis de la información documentada de los hechos materia de investigación, concordada con las declaraciones de los testigos e invitados ante la comisión y las normas que rigen el buen uso de los recursos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas al Gobierno Regional”, expresó.

Del mismo modo, manifestó que las irregularidades se centran en la revisión de los contratos de concesión del Terminal Marítimo del Callao, otorgados por el Gobierno Central en los años 2006 al 2011. También en la adquisición del hospital itinerante de Ventanilla por el Gobierno Regional del Callao por once millones de soles (S/. 11’000,000).

Asimismo, indicó que la Contraloría General de la República detectó en el Gobierno Regional del Callao perjuicio económico valorizado por S/. 161 millones de soles, en el periodo 2003 al 2017, precisándose que el mayor perjuicio se presenta en el periodo 2015-2017, por un monto de S/. 150’645,881. De la misma manera, acotó que existen pagos indebidos a funcionarios, bajo la modalidad de asesoría que en algunos casos superan el medio millón de soles, sin sustento alguno.

 

ALGO MÁS

Dicha moción fue aprobada ante el pleno con 124 votos, 0 abstenciones, 0 en contra.

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