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Editorial

Congreso es agencia de empleo del fujimorismo

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A pesar que ahora solo está funcionando la Comisión Permanente, el Congreso de la República continúa siendo una agencia de empleos bien remunerados. Lo que no se puede entender es cómo en solo 23 días se ha contratado a 91 personas, según ha denunciado la periodista Juliana Oxenford. La pregunta del millón es para qué necesitan casi un centenar de nuevos trabajadores los 27 miembros de esa comisión congresal que no realiza mayor labor por encontrarse el Parlamento disuelto constitucionalmente.

Además, el próximo 26 de enero se realizarán elecciones congresales extraordinarias para elegir a los nuevos miembros del Legislativo y, encima, se vienen las fiestas navideñas que dejan menos margen para trabajar. En todo caso, la cosa es clara, el fujimorismo sigue realizando las mismas viejas prácticas por las que el Parlamento tuvo que ser disuelto. ¿Acaso piensan estos señores que los ciudadanos deben pagar sus impuestos para que ellos continúen derrochando esos recursos a manos llenas. Hay que tener en cuenta que allí no se paga sueldo mínimo, no, claro que no.

Al parecer, no se equivocó la población al salir a las calles para exigir que se vayan todos los parlamentarios a sus casas, por su escasa producción legislativa y el excesivo derroche del que hacen gala, amén de otras gollerías. No hay que olvidar que cuando el presidente Martín Vizcarra se vio obligado a plantear el cierre constitucional del Parlamento Nacional, más del 85% de los electores le dio su pleno respaldo. Por lo menos así lo corroboraron las encuestas de opinión pública realizadas en su momento.

Sería bueno, pues, que instituciones como la Contraloría General de la República pudieran investigar lo que viene ocurriendo en la Comisión Permanente del Congreso de la República, donde desde el pasado 13 de noviembre ha comenzado un festival de contrataciones, según la denuncia difundida por Latina Televisión. De corroborarse la contratación de cerca de un centenar de personas en el Congreso, que por el momento está disuelto, la cosa sería bastante grave.

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Editorial

Guerra a la informalidad

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La ministra de Educación, Flor Pablo, ha asegurado que el Minedu ya tiene mapeados diversos colegios informales y anunció que desde el próximo martes 21 de enero se iniciará el proceso de cierre de todos esos establecimientos autodenominados colegios privados, considerados una estafa. Asimismo, aseguró que se buscará garantizar la continuidad de estudios de los alumnos inscritos en ellos. Se trata, como se informó recientemente, de 264 locales educativos a cerrarse albergan a una población estimada entre 2,000 a 4,000 alumnos que, en su mayoría, cursan el nivel inicial.

Estas acciones, emprendidas por el Minedu, deben contar con el respaldo de los padres de familia, máxime si se tiene en cuenta que afecta principalmente a niños del nivel inicial. Al no cumplirse con los niveles de calidad respectivos, esos pequeños pueden tener problemas durante toda su etapa escolar puesto que en el nivel inicial los niños deben ser aprestados en todo lo que es la psicomotricidad fina para que puedan en el momento indicado aprender a escribir. La falta de aprestamiento retrasará sus progresos escolares en el nivel educativo siguiente.

Por eso, es importante que el Ministerio de Educación haya tomado cartas en el asunto, pues estos locales, mal llamados colegios, no solamente se prestan a un engaño para lucrar sino que, además, pueden causar males irreversibles a los niños. No se trata, pues, de mandar a los pequeños a cualquier “colegio” para que no molesten en la casa, sino que los padres están llamados a velar por el desarrollo de sus hijos. Precisamente, ayer se inició la supervisión de 2,000 colegios en Lima a fin de verificar sus condiciones de funcionamiento.

Concluido con este proceso de cierre de los llamados colegios bamba, el Ministerio de Educación debe mantener una estricta supervisión de todos los planteles escolares para no permitir que se vuelva a dar esta figura de centros educativos que funcionan sin cumplir con los niveles de calidad exigibles. Es saludable, pues, el trabajo que vienen realizando la Ministra de Educación, Flor Pablo y las autoridades educativas en la lucha contra la informalidad, fenómeno que ha llegado ya a niveles increíbles, no solo en la educación, sino también en la salud y otros sectores.

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Editorial

A dar el siguiente paso

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha expresado su plena confianza en que el Congreso que será elegido el próximo 26 de enero hará un trabajo efectivo con normas a favor del país.”No dudo que pondrán su máximo esfuerzo por lograr que su paso en este poder del Estado tan importante como es el Congreso sea efectivo a través de normas en beneficio de todos los peruanos”, ha dicho el mandatario en declaraciones a la prensa, tras precisar que proyectos como la reforma política y de justicia sean concluidos, para lo cual el Ejecutivo está evaluando lo avanzado y lo pendiente a fin de presentarlo al nuevo Parlamento.

El siguiente paso es que la ciudadanía elija a los mejores candidatos para que trabajen sin descanso desde el Congreso. La economía debe ser reactivada y para eso se requiere de la participación de todos; no solo del Ejecutivo con su Ministerio de Economía y Finanzas, sino de todos los sectores, incluyendo al sector privado. A nadie más que a la corrupción le conviene que el país se paralice. Una economía recesada deviene en falta de puestos de trabajo, en la pauperización de los salarios y por ende en la precarización del mercado interno.

Todo eso llegaría en el peor momento; es decir, cuando ya pasó el boom de los minerales y nuestra industria nacional está disminuida por la falta de incentivos y la desregulación que han venido propiciando los sucesivos gobiernos a lo largo de casi cuatro décadas. Sin embargo, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, está convencido de que este año el crecimiento económico del Perú será muy superior al de 2019, que fue difícil por el contexto interno y el externo, según ha dicho recientemente.

Así las cosas, la etapa de confrontación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo se ha cerrado con la decisióndel Tribunal Constitucional de declarar infundada la demanda competencial presentada por el congresista Pedro Olaechea. Ojalá pues que los electores sean conscientes del papel que les toca jugar el próximo 26 de enero, en que más de 24 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a los 130 congresistas que terminarán lo que queda del período legislativo 2016 – 2020. Por el bien del país y de todos los peruanos, esta vez no nos equivoquemos a la hora de elegir.

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Editorial

¿Capítulo cerrado?

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El Presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo que al declarar infundada la demanda competencial sobre el cierre del Congreso, presentada por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, el Tribunal Constitucional (TC), máximo intérprete de la Constitución, ha cerrado este capítulo. Ha recordado, además, que el Gobierno ha actuado siempre respetando la Carta Magna y la decisión tomada el 30 de setiembre de 2019 es una muestra de ello.

Como es de conocimiento público, por mayoría y a mano alzada, el pleno del TC declaró infundada la demanda durante una audiencia pública, por cuatro votos a favor y tres en contra. Los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma (presidenta del TC) respaldaron la ponencia de su colega Carlos Ramos, quien avaló la disolución del Parlamento por considerar que “sí tuvo lugar” la denegación de la confianza al Gabinete que encabezó Salvador del Solar, el pasado 30 de setiembre.

Los magistrados Ernesto Blume, Augusto Ferrero Costa y José Luis Sardón emitieron un voto singular en contra de la ponencia de Ramos, pues para ellos la demanda debió ser declarada fundada. Ahora está en manos de los electores impedir que congresistas digitados por el fujimorismo y sus socios apristas vuelvan a paralizar el país y a impedir las reformas que la ciudadanía está esperando desde hace buen tiempo. El mandatario ha apelado a la madurez del electorado para que emita un voto informado.

Sin embargo, por lo visto en el primer debate y en la propaganda electoral, los candidatos al legislativo al parecer no saben qué tarea es la que tienen que realizar. Para empezar, ellos tendrán la misión de terminar todo lo que ha quedado pendiente, empezando por la reforma política y judicial, aunque los constitucionalistas señalan que la reforma electoral no se podrá implementar a un año de las nuevas elecciones (2021) porque la ley no lo permite. También tendrán que revisar los decretos de urgencia aprobados por el Ejecutivo mientras el Parlamento estaba cerrado. Y para eso el tiempo es muy corto.

Pero los candidatos ya están ofreciendo a la ciudadanía de todo como en botica, lo cual es un indicador que la gran mayoría no tiene ni idea de lo que será su labor en el Congreso de acceder a una curul para completar el período 2016 – 2021. Habrá que cruzar los dedos.

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