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Editorial

Conflictos de interés

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Este diario puso sobre el tapete antes que ningún otro un temprano caso de posible conflicto de intereses del ministro de Energía y Minas. Lo hizo con el ánimo informativo y de consecuencia con la verdad, sin inquinas ni ánimo destructivo contra nadie y solo para hacer de conocimiento público un hecho al menos preocupante.

No nos gusta ser jueces ni verdugos de nadie y solo esperamos que el caso discurra por los canales institucionales de la democracia, como el Congreso de la República, para que se esclarezca a plenitud. Con buena fe, podemos aceptar que el ministro y el gobierno sientan que no hubo en los casos denunciados conflicto de interés, aunque para ello no baste que técnicamente todo esté correcto pues el ministro firmó cuando ya no trabajaba en la consultora privada que defendía los intereses de la empresa beneficiada.

Pero las percepciones son lo más importante en la política y la percepción generalizada indica que el ministro tuvo una reciente relación estrecha con la consultora y que esa relación pudo haber hecho que no se sienta motivado a buscar una decisión mejor para el país que no fuera avenirse a lo que se presentaba casi como un hecho consumado, y beneficiar con ello a la empresa a la que había servido, incluso cuando litigaba contra el Estado.

El caso presente motiva una reflexión más profunda y general, sobre esa especie de casta tecnocrática para la que es perfectamente ético lo que algunos o muchos de sus integrantes hacen desde hace mucho tiempo, según vemos en las hojas de vida que se publican cada vez que uno de ellos es nombrado en un alto cargo: pasar del sector público al privado y viceversa, una y otra vez.

No todos, ciertamente, porque no debe descartarse quienes tienen una ética realmente blindada y cuando están en el aparato estatal no otorgan ninguna ventaja a la empresa privada en la que trabajaron antes de cambiar de empleo, ni piensan en que deben ayudar a potenciales empleadores futuros que sean de utilidad cuando vuelvan al sector privado.

También debe haber quienes cuando están de regreso en empresas privadas de ninguna manera usan las relaciones que hicieron en el ministerio u otro organismo estatal en el que estuvieron, y menos utilizan la información privilegiada a la que tuvieron acceso en el Estado, para cumplir mejor su trabajo como ejecutivos privados.

Pero el conflicto de intereses está justamente allí, en la simple posibilidad de que puedan hacer todo aquello. Y allí está el problema, en el hecho que el modelo económico ( y político) que rige desde hace más de 20 años, considera normal el “carrusel” de tecnócratas entre el sector privado y el sector público, como, con otras palabras y con una dosis de candor, dice el ministro cuestionado en estos días.

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Editorial

Más transparencia y menos corrupción

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Como parte de las medidas de emergencia para en­frentar la pandemia de coronavirus, el Gobierno ha modificado el Reglamento de la Ley de Con­trataciones del Estado para impedir, durante los próximos tres meses, que los participantes puedan elevar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) los cuestionamientos que tengan al pliego de abso­lución de consultas y observaciones.

Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha advertido que esta disposición excepcional dispuesta por el Poder Ejecutivo abre una puerta a posibles casos de corrup­ción. Y, lo que es peor, si la norma tenía por objeto agilizar el proceso de contratación pública, el efecto será contrario a los fines que debería cumplir.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ello se debe a que los participantes afectados ante una decisión arbitraria, ilegal o antitécnica de parte de los comités de selección estarían habilita­dos para interponer el re­curso de apelación una vez otorgada la buena pro, alar­gando así con creces el pro­cedimiento y dificultando la contratación de bienes, servicios y obras.

Asimismo, la CCL ha se­ñalado que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los participantes en una licita­ción y concurso público pue­den cuestionar el pliego de absolución de consultas y observaciones, así como las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones.

Para el presidente de la Comisión de Contrataciones del Estado, Raúl Barrios, con estas modificaciones se contravie­ne los principios de competencia e integridad y se favorece la impunidad y corrupción en las contrataciones públicas. Esta modificación a la norma permite que se den actos de corrupción ya que se podría direccionar las licitaciones a un determinado postor sin que el OSCE pueda intervenir.

Sería bueno que el gobierno tome debida nota de es­tas observaciones para no dejarle una puerta abierta a la corrupción. Es por ello que se requiere de la mayor trans­parencia en estos procesos con la finalidad de promover la participación de más empresas nacionales y extranjeras, a través de medidas que permitan fortalecer la potestad fisca­lizadora del OSCE y su rol como ente rector en los procesos de contratación pública. Hace falta, pues, más transparen­cia y menos corrupción.

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Editorial

Urgen medidas eficaces

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Según el último reporte del Ministerio de Salud, el número de casos positivos del nuevo coronavirus Covid-19 asciende a 141,779 y la cifra de fallecidos se elevó a 4,099. En la víspera la cifra de contagios as­cendía a 135,905 y la de decesos a 3,983, es decir, en las últi­mas 24 horas se procesaron 5,874 casos nuevos y fallecieron 116 personas. Los nuevos registros ponen de manifiesto la precariedad de nuestro sistema de salud que no puede ser achacada a este Gobierno, pues el problema viene de hace más de 25 años.

La verdad es que nuestros hospitales, tanto del Minsa como de EsSalud ya estaban colapsados desde hace mucho tiempo. Solo hay que recordar las colas que se producían años atrás en los nosocomios de la seguridad social para in­tentar conseguir una cita y cuando un suertudo por fin lo conseguía era para ser atendido dentro de tres o cuatro me­ses. Asimismo, las farmacias de hospitales del Minsa desa­bastecidas de medicinas. Los pacientes siempre se han quejado de ello, y siempre se ha ofrecido solucionar el problema, pero nada se ha hecho al respecto.

Epidemias y pandemias siempre las hubo, pero la población del Perú ahora es mucho mayor que antes y las viviendas se construyen cada vez más pequeñas. Las familias numerosas, en los niveles socioeconómicos D y E viven prácticamente ha­cinadas. Una buena parte de la población carece de los ser­vicios de agua y desagüe. Cómo entonces se puede esperar que sigan el consejo de lavarse las manos a cada momento. En nuestro país hay más del 70 por ciento de informalidad; son pocos los que contribuyen con sus impuestos, y después de la pandemia del nuevo coronavirus muchos puestos de trabajo habrán desaparecido.

El problema se va a agravar porque los sectores informa­les de nuestra economía, aquellas personas que viven del día a día, ya se están desbordando y el Gobierno no va a poder obligarlos a quedarse en casa porque a un número importante de familias aún no les ha llegado el bono, ni las canastas, ni ningún otro incentivo, mientras los pagos de alquileres y los servicios de luz, agua, pago de arbitrios municipales y otras tasas se les están acumulando, sin que nadie les garantice a esas familias que dentro de uno o dos meses van a tener ingresos. Al gobierno no le queda otra que amarrarse bien los pantalones y tomar medidas verda­deramente eficaces.

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Editorial

A ponerse las pilas

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Pérdidas por 3,000 millones de soles viene causando en el emporio industrial y comercial de Gamarra el nuevo coronavirus Covid-19. Por lo menos esa es la cifra que estima la Escuela de Negocios Internacio­nales de una universidad privada. Al igual que los empresa­rios gamarrinos, en el Perú actual hay cientos de miles de micro y pequeñas empresas que han estado esperando que pase la pandemia para abrir nuevamente sus puertas como si nada hubiera ocurrido, como si todo fuera solo cuestión de tiempo para que los compradores regresen nuevamen­te.

Sin embargo, la realidad es otra y muy diferente. Nada volverá a ser como en febrero del presente año, como lo aseguran los expertos y lo repite el presidente Martín Viz­carra en sus ya clásicas conferencias de prensa. Una de las alternativas para quienes deseen poner manos a la obra es la implementación del comercio electrónico, pues de otra manera van a estrellarse contra la pared. No puede haber aglomeraciones de público por ningún motivo y es por ello que las empresas deben cumplir con protocolos que les demandarán costos adi­cionales.

Esta situación se man­tendrá en tanto no haya una vacuna contra el Covid-19 y, de hecho, los científicos han aclarado que eso podría ocu­rrir la próxima semana o de aquí a dos años. Por el mo­mento todo es incierto. Los microempresarios, así como las pequeñas, medianas y grandes empresas, por lo pronto deben ir pensando en reinventarse porque de lo contrario estarían condenados al fracaso. De qué serviría que los ne­gocios se endeuden con los bancos para obtener créditos que nadie sabe si les servirán para volver a levantar cabeza.

La coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, ha expresado su preocupación por el crítico mo­mento por el que atraviesa nuestra economía y ha anuncia­do el lanzamiento oficial de Gamarraperu.pe lo que se espe­ra concretar en la quincena de junio, con una dinámica de marketplace, la cual albergará diversas marcas y productos, como ropa, calzado, accesorios, maquinarias y demás; pero para hacerlo más atrayente tendrán su propio servicio deli­very/courier, así como un sistema de pago en línea dónde se aceptarán todas las tarjetas, e incluso transferencias. Solo faltaría que el Gobierno se ponga las pilas para ayudar a este sector que da ocupación en forma directa a por lo me­nos 100 mil personas.

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