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Política

Como siempre, PPK no respetó la ley

Todo el mundo parece decir sobre PPK: pobre viejecito, cómo lo maltratan, tiene 81 años. Pero eso no es verdad. A lo largo de su vida ha demostrado que más le interesan sus lobbies que el Perú, más sus bolsillos que los peruanos. Y, lamentablemente, ha cometido dos faltas en su detención domiciliaria y tiene que pagar tal como lo ha dicho el fiscal José Domingo Pérez.

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Pedro Pablo Kuczynski

Una vez titulamos en nuestro editorial, a propósito de Keiko Fujimori: Dura lex, sed lex, aforismo originado en el derecho romano que significa Dura es la ley, pero es la ley.

Y esto le cae como guante a Pedro Pablo Kuczynski y ha servido para hacerle un cargamontón al fiscal José Domingo Pérez y de paso golpear al presidente Vizcarra, a través de su aislamiento por parte de la señora Aráoz y “Techito”.

El convocar a su hermano, gerente general de Conirsa, al Congreso, y él revelar los secretos de César Villanueva, apuntan a bajarse al presidente Vizcarra, que no se sabe por qué no presenta ya la cuestión de confianza.

Y lo de PPK también es una forma de desacreditar al fiscal más exitoso en la lucha contra la corrupción, Domingo Pérez, para desactivar las investigaciones Lava Jato, caro anhelo de los corruptos en el país.

NO SE ESTABA MURIENDO

El doctor Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL), señaló que el fiscal Domingo Pérez tomó conocimiento de los documentos que tienen los efectivos de la PNP. Explicó que el fiscal Pérez no tiene por qué pedir permiso o autorización al juez para saber si PPK está cumpliendo con las restricciones que se le han impuesto.

Indiicó que lo hecho por Pérez está enmarcado en el Código Procesal Penal y a él le corresponde supervisar lo realizado. Más bien el policía ha debido colaborar y no obstruir, y entregarle toda la información al Ministerio Público. Lo cual es grave en el proceso.

Inicialmente, el fiscal Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva, pero luego retrocedió porque el abogado Nakazaki presentó un informe sobre la salud de PPK en el que se leía que prácticamente se estaba muriendo y por ello se le dio el arresto domiciliario.

Lo curioso es que parece que no fue así. Esto quiere decir que si eso es falso, dicha clínica puede haber incurrido en una mentira de suma gravedad. El fiscal debió pedir que dos médicos del Instituto de Medicina Legal corroboren el informe.

INFRACCIONES DE PPK

PPK estaba prohibido, según las reglas de conducta, de: “no tener contactos con testigos de las investigaciones del Ministerio Público, de realizar reuniones sociales en el domicilio donde se registra el arresto domiciliario y la realización de actividades políticas directas e indirectamente”, destacó Quispe.

Precisó que si el señor Nakazaki no estuvo de acuerdo con esas reglas de conducta, pudo apelar para modificarlas. Al no hacerlo consintió, convalidó esas reglas de conducta.

Ojo: la señora Aráoz visitó a PPK nueve veces durante varios meses. “Y a partir de eso se desprenden dos cosas: Uno, que estáviolando la prohibición de reunirse con testigos del Ministerio Público”. Y dos, ella es testigo en uno de los procesos que lleva José Domingo Pérez.

En todo caso, el abogado ha debido pedir autorización para que se efectúe estas visitas. La señora Aráoz sí sabía que era testigo, por lo cual sus visitas se han traducido en accionespolíticas.

La ley es igual para todos. Pese a ello, tiene consideraciones que los más de 40 mil presos con detención preventiva que existen en el país no tienen, por carencia de dinero. No podemos decir pobre señor PPK, tiene 81 años y no tiene a su familia, porque ha pasado el umbral de la legalidad y ha cometido un delito, concluyó Quispe.

PROCESO DE DEBILITAR A VIZCARRA

Por su parte, el analista político Vicente Otta manifestó que ve una contraofensiva del fujimorismo y el aprismo. Además el movimiento de Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y la Choquehuanca, va más allá del Congreso.

Dijo que hay un proceso de debilitamiento de Vizcarra porque no está tomando las decisiones adecuadas que debía tomar. Ha debido disolver el Congreso con una cuestión de confianza y hacer la convocatoria a elecciones generales.

“No sé por qué se ha expuesto a los ataques en vez de buscar la salida más rápida. La comparecencia de su hermano al Congreso y los ataques a Villanueva por los indicios de corrupción, van dirigidos a él. Recordemos que Villanueva fue el principal operador político para la caída de PPK y la subida de Vizcarra”, expresó.

La historia de este país es como un Lampedusa: hay que cambiar algo para que nada cambie. Y PPK es la mayor demostración de ello. Hizo un pago indebido a la International PetroleumCompany (IPC) el año 69 y huye del Perú.

E hizo su carrera en EEUU a partir del espaldarazo que le da Rockefeller, que era el principal dueño de la IPC, y le abre las puertas de toda la banca norteamericana durante los diez años que estuvo en el Banco Mundial.

Rodríguez Pastor se vuelve en el más acaudalado del Perú y PPK en presidente. “Y la ironía de la historia de ese pago indebido a la IPC es que, 50 años después, Rodríguez Pastor se vuelve en el más acaudalado del Perú, mediante la estafa, el robo al erario público por el pago indebido a la IPC y el otro, PPK, es elegido presidente”, comentó.

ALGO MÁS

“Más allá de pobrecito a PPK no hay que olvidar que hizo toda su trayectoria de alto funcionario de las financias mundiales, eterno, reiterado Ministro de Economía y Finanzas, a base de lobbies con las empresas y los juegos de doble cara ante el Estado y la empresa privada, con una actitud ladina y tramposa, y ahora debe estar fingiendo un estado mucho más grave de lo que tiene”, concluyó Otta.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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