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Política

Comisión Especial de JNJ debe analizar caso Lecaros

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Luis Purizaga

Luis Purizaga, integrante del IDL dijo que la Comisión Especial tiene que encontrar una vía para que sus integrantes puedan ser reemplazados cuando hay un cuestionamiento al titular de una de las instituciones que la integran.

El Instituto de defensa Legal (IDL) pidió al presidente de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, Walter Gutiérrez, que dicho grupo analice el caso de José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, informó Luis Miguel Purizaga, coordinador del Área Justicia Viva del IDL.

Fue al referirse al informe que la magistrada Fany Quispe remitió al fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón, que resume y corrobora la confesión del colaborador 010A-2018 respecto a una supuesta estrecha relación que tuvo el empresario Salvador Ricci Cortez con los vocales de la Corte Suprema César HinostrozaPariachi y José Luis Lecaros Cornejo para un presunto intercambio de influencias y favores.

“Esta apariencia de independencia no se está rompiendo por el capricho de una persona ‘X’ que quiere, por animadversión, decir estas cosas del señor [Lecaros]. Esto está enmarcado dentro de una investigación fiscal; hay un informe que lo dice y el dicho de un testigo, un colaborador eficaz que es ratificado por una fiscal. Esta fiscal ha realizado un informe y lo ha elevado a un superior, entonces estas cosas se van a tener que investigar”, refirió en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿Han presentado un pedido formal ante la Comisión Especial para que soliciten la renuncia de Lecaros?] Sí, nos hemos dirigido al señor Walter Gutiérrez. Aquí lo que está peligrando es la apariencia de independencia y transparencia de todo el proceso [de selección de la JNJ). Creo que es importante que los 29 postulantes que han pasado [a la evaluación curricular] muestren, al menos, su preocupación respecto de este tema. ¿Cuál podría ser el criterio del señor Lecaros al momento de elegir?”, se preguntó.

ELECCIÓN DE LA JNJ

Purizaga Vértiz indicó que la declaración de ese colaborador trae dos problemas puntuales, tanto en el desempeño de José Lecaros como presidente del Poder Judicial, como en la Comisión Especial, dado que en esta, tiene un voto al elegir a los que integrarán la Junta Nacional de Justicia.

“Se presenta una dinámica un poco perversa de que el señor va a tener que dar su voto -porque son siete votos- y va a tener que ser parte de la elección de las personas que después van a tener que investigarlo a él y llegado el caso, de ser necesario, deberán sancionarlo. Hay un claro conflicto de intereses ahí”, indicó.

“Entonces, lo que estamos viendo que va a pasar aquí es que los miembros elegidos para la Junta Nacional de Justicia [una vez instalada] van a tener que revisar el caso del señor Lecaros, llegado el momento”, precisó.

UNA VÍA

Finalmente, dijo que la Comisión Especial tiene que encontrar una vía para que sus integrantes puedan ser reemplazados cuando hay un cuestionamiento al titular de la institución que integra la Comisión Especial. Señaló que ni la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia ni el reglamento interno de la Comisión Especial establecen un procedimiento para cambiar a uno de sus miembros.

Política

Matanza de El Frontón no debería quedar impune

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Matanza de El Frontón

Luis Nava, exhombre de confianza de Alan García, corroboró ante la Fiscalía el testimonio de un colaborador eficaz que relató cómo el expresidente sobornó al fiscal a cargo del caso El Frontón para lograr el archivamiento de las investigaciones.

El exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Alan García, Luis Nava, confirmó ante el Ministerio Público los hechos revelados por un colaborador eficaz sobre cómo García se habría librado de ser investigado por el caso El Frontón mediante un presunto soborno.

Según informó IDL-Reporteros, los hechos corroborados por Nava se remontan al año 2004, antes del inicio de la campaña presidencial del 2006. Por esos días, gracias a una gestión del abogado de García, Genaro Vélez, se realizó una reunión en la casa del fiscal Mario Gonzales Díaz, a cargo de las investigaciones del caso El Frontón.

Alan García Pérez

A la cita acudieron Alan García, Vélez y Luis Nava Guibert. IDL-Reporteros da cuenta de la relación cercana que existía entre los tres personajes: Un año antes, en 2003, Luis Nava Guibert fundó un estudio de abogados en sociedad con Genaro Vélez y otro militante aprista, Nestor Walqui. Para esa fecha, Vélez ya había defendido a García en los casos de El Frontón, Accomarca y Cayara, y más tarde sería su asesor legal durante las investigaciones de la Megacomisión, presidida por Sergio Tejada.

De acuerdo al relato del colaborador eficaz, durante la reunión el fiscal Mario Gonzales Díaz ofreció archivar el caso, pero admitió tener miedo a las consecuencias y por tanto solicitó ayuda a sus interlocutores. En esas circunstancias, García habría llevado a Vélez a un ambiente apartado, y le habría entregado US$ 25 mil para que este a su vez le entregue el dinero a Gonzales. Según el colaborador, Vélez cumplió con el encargo con la misma discreción con que recibió el dinero, aunque todos los presentes quedaron al tanto de la entrega.

Minutos después, Gonzales indicó que, pese a todo, seguía temiendo por su futuro tras el archivamiento del caso. Ante esto, García le habría indicado que no se preocupe, pues él lo iba a ayudar.

El 30 de noviembre de 2004, Mario Gonzales Díaz, entonces fiscal provincial de la “fiscalía especializada para desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y exhumación de fosas clandestinas”, archivó la investigación contra Alan García por los presuntos delitos de homicidio calificado, delito contra la seguridad pública, y delito contra la administración pública. Tras ello, Alan García solo fue incluido en el proceso en calidad de testigo, y Gonzales pasó a trabajar a otra entidad estatal, quizás como parte de la “protección” ofrecida.

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, el archivamiento de las investigaciones contra García ya era algo claro antes de su formalización. “A mí me queda súper claro que antes de que emita su disposición, sabíamos que el fiscal no iba a denunciar a García. Así de contundente era el asunto, él lo había expresado con todas su palabras. Me dijo más de una vez que él tenía una disposición de no denunciar y no involucrar a García”, recordó.

IMPUNIDAD GARANTIZADA

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos revelados por el colaborador eficaz y corroborados por Luis Nava, Rivera aclaró que el suicidio de Alan García puso fin a cualquier posibilidad de investigación y proceso en su contra.

En cuanto al caso del exfiscal aludido, Mario Gonzales, el abogado indicó que si bien la acusación podría ameritar una investigación por parte del Ministerio Público, también es un hecho que el caso ha prescrito al cumplirse en noviembre el plazo máximo de 15 años.

Y a pesar de tratarse de hechos directamente vinculados a encubrir un crimen de lesa humanidad, no serían alcanzados por la imprescriptibilidad que se confiere a este tipo de crímenes y correspondería tratarlo solo como un caso de corrupción.

De otro lado, recordó que desde hace dos años se viene desarrollando la etapa de juicio oral contra 34 militares imputados por la matanza de El Frontón. “Aunque estamos evaluando el modo de introducir este elemento nuevo en el proceso, el problema es que García no era acusado, sino testigo, debido al archivamiento que ahora sabemos que fue por un presunto soborno”, indicó.

Finalmente, concluyó que “este acto corrupto del año 2004 fue determinante para garantizar impunidad a favor de García, a pesar de que él debió ser acusado, procesado y condenado como autor mediato del crimen”.

ALGO MÁS

Por su parte, el exabogado de Alan García, Genaro Vélez, calificó de “bajeza” las revelaciones sobre el presunto soborno, y que todas las personas que han intervenido para lograr la declaración del colaborador eficaz “dan asco, porque un hombre no debe mentir para agraviar a una persona que está muerta”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Barata nuevamente sera interrogado

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Jorge Barata

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exsuperintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido a nuevos interrogatorios programados para el 30 y 31 de enero del próximo año.

En ese sentido, el fiscal manifestó que para lograr esta nueva diligencia con el exdirectivo de la empresa brasileña, se tuvo que suscribir un acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello.

“Ya se está coordinado la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que puedan haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente, aunque eso dependerá de las decisiones de estrategia de los fiscales del equipo especial”, precisó en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Al término de las diligencias con los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance que va a ser canalizado a través de Odebrecht. Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

Como se recuerda, la entrega de nuevo material así como la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte de la firma del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña.

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Política

Denuncian campaña de desprestigio contra la ONPE

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Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Fuentes allegadas al Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), denunciaron una presunta campaña de desprestigio emprendida contra el ente estatal a partir de cartas difamatorias que habrían sido distribuidas por el director ejecutivo de Medios Perú, Edgar Guevara Soto.

Así, se buscaría generar un manto de sospecha respecto a la distribución de la franja electoral de las elecciones extraordinarias 2020, exigiendo la intervención de la ONPE y de la Contraloría de la República cuando se trata de un tema que compete a empresas privadas.

Asimismo, las fuentes señalaron que estas acciones estarían motivadas por una suerte de “celos e intereses comerciales”, por lo que se estaría evaluando el inicio de las acciones legales correspondientes.

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