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Política

Comisión de Constitución debe recaer en otro partido

La mayoría fujiaprista-topos consideran que son movimientos democráticos, por lo tanto deben poner en práctica lo que sostienen permitiendo que sea otro partido el que se haga cargo de la Comisión de Constitución, en el marco de la alternancia que tanto pregonan.

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Rosa María Bartra Barriga - Javier Velásquez Quesquén

La democracia es ante todo interactiva, esto significa que debe haber alternancia y no un uso monopólico de las herramientas con que cuenta uno de los poderes del Estado, como el Legislativo.

Por ello es que la Comisión de Constitución, que estuvo en manos de Rosa Bartra de Fuerza Popular, debe pasar a otras, en una demostración de desprendimiento, de lo contrario estaremos hablando de una autocracia.

De este modo, el poder sería compartido con otras corrientes de pensamiento representados en el Congreso, y demostrar que han dejado atrás el sesgo dictatorial e intolerante que parece heredaron de la dictadura de los 90.

Ello daría un frescor al Congreso, que si bien tiene los días contados sería beneficioso para el país que vería con buenos ojos esta decisión. Todo está en manos de la nueva mayoría congresal.

Comisión de Constitución

QUE SE APLIQUE LA ALTERNANCIA

“Nosotros estamos a favor de que la Comisión de Constitución pase a manos de otro partido, por un asunto de alternancia; esa es nuestra posición”, opinó el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú.

“Bajo la presidencia de Rosa Bartra del fujimorismo ha habido un permanente boicot a las reformas políticas y solo han invitado a la gente que han querido y no a otros sectores”, puntualizó.

“Por un problema de democracia sería conveniente que se aperture y pase a otras manos, a otro partido, que no sean ellos, por una cuestión de alternancia”, concluyó Quintanilla.

EL CONGRESO SE HA DESLEGITIMADO

“Yo creo que lamentablemente el Congreso en su conjunto, pero por su puesto mucho ha aportado la Comisión de Constitución en ese sentido, se ha deslegitimado, en un extremo en el que ya no se ven salidas eficientes o confiables sobre todo en el propio Congreso”, dijo Walter Albán, integrante del Consejo Directivo de Proética.

“Por tanto -agregó-, lo que me parece más importante es que se pueda concretar lo que ha planteado el Presidente de la República sobre un recorte de mandato. Habría que resolver eso primero que todo”, resaltó.

“Pero, sin duda, aún con recorte de mandato, estamos hablando de un año en el que todavía hay muchas cosas importantes que atender, en ese sentido todas las comisiones tienen que tener una nueva composición y estas debieran por lo menos permitir que haya una proporción más ajustada a la realidad”, precisó.

HAY QUE ACABAR CON LOS BLINDAJES

“Creo sobre todo que haya al frente gente que esté dispuesta a hacer que las cosas puedan desarrollarse de manera mucho más comprometida con los intereses del país y no para proteger determinado tipo de cuestiones que ya hemos visto en este tiempo”, advirtió.

“La mayoría fujimorista con el Apra y algunos otros aliados, ciertamente, han venido haciendo; creo que hay que acabar con el blindaje a gente que está comprometida en graves delitos y con aquellos que han creído que el Congreso es un lugar para llenarse los bolsillos en base a la defensa de intereses particulares”, señaló.

“Como repito, la Comisión de Constitución, como todas las demás, debe tener otra composición. Ojalá que eso pueda caminar mejor, pero hay escepticismo y falta de confianza en que esto pueda ocurrir porque hay una mayoría que permanece en el Congreso y que va a permanecer aún con el mandato recortado, y creo que el principal problema que tenemos con el país ahora es que el anunció que ha hecho el presidente pueda cumplirse y no haya un abierto sabotaje a esta posibilidad, para que este asunto avnce”, concluyó Albán.

NUEVA COMPOSICIÓN

“Me parece que no solo por la alternancia sino por la nueva composición que tiene el Congreso, que inició con seis bancadas y ahora son doce, proporcionalmente se tienen que compartir las comisiones”, afirmó Miguel Jugo, analista político.

“En este caso -prosiguió-, debe funcionar diferente ante la nueva situación. La Comisión de Constitución, que es muy importante, debería estar en manos de alguien sereno, que le dé una conducción bastante eficaz”.

ALGO MÁS

“Lo que hemos visto este año es una conducción bastante sesgada, bastante errática y con falta de democracia; por eso estamos en la situación en que estamos”, concluyó Jugo.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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