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Política

Comenzó un tres de octubre…

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Juan Velasco Alvarado

¿Cómo se llegó al 3 de octubre de 1968?

No, desde luego, sólo a ese día, que el inmarcesible paso del tiempo debía alcanzar de todos modos, sino al proceso de cambios económicos y sociales que comenzó entonces en el Perú y se prolongó hasta julio de 1975.

Esta revolución sobrevino por la confluencia de tres grupos de factores: las contradicciones económicas y sociales de nuestro país, una ideología de cambio y la correlación de fuerzas al interior de las Fuerzas Armadas.

Los males y contradicciones de nuestra sociedad —que comenzaron antes aún de la conquista hispánica del Tahuantinsuyo y continuaron con la explotación feudal de las mayorías sociales y sus secuelas de oscurantismo e iniquidades— habían llegado al ápice de la crisis.

La estructura capitalista, desarrollada desde fines del siglo XIX al interior de esa economía retrógrada, había dejado de avenirse con ella, contradicción a la que se añadió la del imperialismo con el pueblo y los intereses de una parte del capitalismo, cuya expansión aquél trababa. La descomunal corrupción de los grupos políticos, que habían venido gobernando y cogobernando al país, fue el habitual acompañamiento de esas contradicciones.

La revolución ideológica, surgida, primero, como un haz de denuncias contra la opresión de las mayorías sociales, en particular indias, desde fines del siglo XIX y, luego, definida por José Carlos Mariátegui como el planteamiento de una gran transformación económica y social, fue ganando la conciencia de los grupos más ilustrados y luego la de muchos hombres y mujeres de las clases sociales oprimidas hasta convertirse en un vendaval, que los medios de comunicación oligárquicos fueron ya impotentes de parar con la desinformación, la alienación y la propaganda adversa.

Las Fuerzas Armadas se constituyeron en el motor de esa revolución por la acción concurrente de factores sociales e ideológicos. La selección de sus oficiales por rigurosos exámenes de ingreso a sus escuelas de formación llevó a éstas a una mayoría de jóvenes procedentes de familias de clase media de bajos ingresos y a algunos de las clases trabajadoras. La instrucción en sus varios niveles allí recibida no fue sólo castrense; como en los demás centros de educación superior no pudo dejar de ofrecerles una visión real de la sociedad y del mundo, que la influencia de las escuelas militares de Estados Unidos y Europa no llegó a oscurecer del todo. La ideología del cambio social se abrió paso también, por lo tanto, en la conciencia de numerosos oficiales. En mi novela “El botín de la Buena Muerte” relato cómo pudo haber sido esta absorción inevitable, mientras recorrían las ciudades, pueblos, campos y selvas, y presenciaban los abusos cometidos con el pueblo.

A pesar de lo mucho que se ha escrito sobre la Revolución del 3 de octubre y sobre Juan Velasco Alvarado —en su mayor parte para denigrarlos— , las fuentes sobre la preparación de la insurrección son escasas, y pareciera que continúan envueltas en la bruma del secreto conspirativo.

Las cúpulas de las Fuerzas Armadas hacían política desde siempre, aunque más al servicio de ciertos grupos de la oligarquía de la cual se consideraban el brazo armado, tanto que ésta nunca necesitó poseer partidos políticos estables. Para muchos oficiales el derrotero natural de su vida eran los ascensos hasta los grados más elevados en los cuales los clanes oligárquicos buscaban seducirlos e incorporarlos a sus acaudalados ambientes, un modus operandi que para los más ambiciosos, hábiles e inescrupulosos podía conducir a la Presidencia de la República, como el grado de mayor jerarquía.

La ciega disciplina (“las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones”) aseguraba la adhesión de los oficiales de graduación inferior, entre los cuales no pocos confiaban en que su amistad o genuflexión les redituarían alguna ventaja.

Esta actitud comenzó a variar desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1962 que colocó en la cima del poder político a una trilogía de los jefes más encumbrados de las Fuerzas Armadas, como una acción institucional de éstas. Su intención era hacer Presidente de la República a Fernando Belaúnde Terry, quien había ocupado el segundo lugar en las elecciones de mayo de ese año. Lo apoyaban porque se había comprometido a realizar un conjunto de cambios que el comando de las Fuerzas Armadas estimaba indispensable. Se replegaron a sus cuarteles luego de facilitar su llegada a la Presidencia, para lo cual tuvieron que encerrar en la prisión selvática del Sepa a los mil dirigentes más conspicuos de los grupos de izquierda marxista, en enero de 1963.

Pero Belaunde los defraudó olímpicamente. Nunca tuvo la talla ni el coraje para emprender los cambios pactados. Su partido, Acción Popular, resultó un fiasco, y el Apra se convirtió en una fuerza obsecuente y aguerrida al servicio de la oligarquía y del imperialismo. Finalmente, Belaunde con el apoyo del Apra, se embarró en una fraudulenta negociación con la International Petroleum Co., que fue como el gatillo que disparó la Revolución.

Juan Velasco Alvarado

¿Fue Velasco Alvarado el impulsor originario de la Revolución o fue más bien un grupo de coroneles, entre los cuales destacaban Leonidas Rodríguez Figueroa, Jorge Fernández Maldonado, Rafael Hoyos Rubio y Enrique Gallegos Venero, de ideología socialista, quienes se acercaron a él y le confiaron su propósito?

En todo caso, Velasco Alvarado se hizo cargo con decisión del comando secreto de la conspiración y supo esperar mientras reunía las dos condiciones necesarias para triunfar: atraer a su causa a la mayor cantidad de oficiales de confianza, sobre todo coroneles y generales del Ejército, recomendándoles la mayor reserva posible; y llegar a la cúspide del comando. Por su parte, los cuatro coroneles mencionados, en contacto inmediato con él, se encargaron de elaborar el proyecto, que se denominaría Plan Inca, de las acciones con las cuales nuestro país sería puesto en el camino de cierta clase de socialismo.

Los generales comprometidos con el viejo régimen y los vacilantes fueron neutralizados por la firmeza de Velasco Alvarado y su grupo más cercano, cada vez más compacto ideológicamente. Entre la oficialidad, la mayoría simpatizó con el proyecto revolucionario, y la otra parte acató las decisiones del comando por disciplina. La Revolución se configuró así como una acción institucional de las Fuerzas Armadas que asumían la conducción del Estado, como si fueran un partido político, lo que conllevaba el control de los ascensos a coroneles y generales, la cobertura de los puestos con mando de tropa con jefes leales a ella y la información constante a los oficiales de las realizaciones del Gobierno y de su razón de ser.

Esta naturaleza de la Revolución, basada en la adhesión de los más altos jefes militares y en un equilibrio no siempre estable entre ellos, por los continuos ataques de la prensa oligárquica a cuya influencia muchos seguían siendo sensibles, la mantuvo al borde de una zozobra permanente, como su talón de Aquiles, y, a la larga, acabaría con ella.

El primer gran problema de este carácter fue una sesión del Consejo de Ministros, todos nombrados por Velasco Alvarado, celebrada el 23 de enero de 1969, en la cual el general Ángel Valdivia Morriberón, Ministro de Economía y Finanzas, propuso nombrar Presidente de la República al general Ernesto Montagne Sánchez, en vista de que Velasco Alvarado debía llegar a la edad del retiro unos días después, moción que fue aprobada por mayoría. Informado del acuerdo, Velasco llamó al entonces coronel Arturo Valdez Palacio, secretario del Consejo de Ministros y miembro del Cuerpo Jurídico Militar, y le pidió su opinión. Valdez Palacio le mostró el Estatuto de la Revolución.

Y, sin perder ni un día, Velasco Alvarado, como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General del Ejército, convocó a una reunión de los comandantes de las tres Fuerzas Armadas a quienes, según ese Estatuto, correspondía el nombramiento del Presidente de la República. Valdivia Morriberón se excusó por el “error” cometido, y Velasco Alvarado continuó en la Presidencia de la República. Los ministros autores de este fallido golpe de Estado sólo pudieron ser erradicados del gobierno y de sus cuerpos algunos meses después cuando varios coroneles del núcleo revolucionario ascendieron a generales y creció la adhesión a Velasco y su grupo entre las Fuerzas Armadas.

El proceso de cambios proyectado en el Plan Inca y las acciones de gobierno correlativas hubieran sido imposibles sin el concurso de los civiles de altísimo nivel profesional e ideología coherente con la Revolución, llamados a cooperar ocupando cargos de asesoría, dirección y control. Los jefes militares descartaron sus simpatías políticas pasadas, y asumieron sus sugerencias y disposiciones con gran consideración y ánimo de aprender. El gobierno Revolucionario prescindió por completo de los partidos políticos.

Parecía que tanto los jefes militares más identificados con la Revolución como los civiles del gobierno sabían que la oportunidad podía desvanecerse en algún momento (como en un poema de Enrique Heine: “Pasó la Ocasión, la diosa rara, / nos vio de pie diciéndonos ternezas / y, riendo, se alejó.”), y trabajaban con tesón y sin límite de tiempo llevando a cabo las tareas de la Revolución.

Sólo así el Perú pudo cambiar para siempre y, como aconteció con otras revoluciones, hubo mucho de ella que quedó después de su ocaso, y algo que hicieron desaparecer quienes llegaron al gobierno después al amparo de la decepción y confusión ideológica de las grandes mayorías sociales, arrastradas por el reflujo de la historia.

 

JORGE RENDÓN VÁSQUEZ

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Política

PEDRO CATERIANO: Estas horas difíciles ponen a prueba a una gran nación

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Estas horas difíciles ponen a prueba a una gran nación

El 13 de mayo de 1940 el primer ministro de Gran Bretaña Winston Churchill se dirigió a la Cámara de los Comunes y pronunció la frase: “Nada puedo ofrecer aparte de sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, ante el avance de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Aunque el Perú no está en guerra, sí vive una crisis sanitaria y económica de mag­nitudes todavía por conocer. Por eso, y antes de culminar su exposición de tres horas y media en el Legislativo, Cate­riano ratificó su ofrecimiento de sudor, honestidad y con­ducta democrática. “Sudor para trabajar de manera indes­mayable en beneficio de todos los peruanos. Honestidad en todas y cada una de las deci­siones. Y actitud democrática siempre, siempre, siempre”, puntualizó.

PRESENTACIÓN

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se presentó ante el Pleno del Congreso de la República para exponer la política general del Gobierno y, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución, solici­tar el voto de confianza.

Cateriano, quien juró al cargo el miércoles 15 de ju­lio, remarcó que los objetivos del Gabinete son continuar la lucha frontal contra la pan­demia, crear las condiciones para relanzar la economía y reactivar el aparato producti­vo, con énfasis en la recupera­ción del empleo digno; seguir apoyando la educación en todos sus niveles, seguir con la lucha contra la corrupción y la delincuencia y garantizar que se lleven a cabo elecciones libres, neutrales y democráticas en el 2021.

Su presentación comenzó a las 9:30 de la mañana y se reali­zó casi una semana después del último Mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra.

“Son estas horas difíciles las que nos ponen a prueba como una gran nación. Sin embar­go, en períodos dramáticos de nuestra historia, surgen figuras ejemplares, como Grau y Bolog­nesi”, aseguró para anotar que “se trata de un reto inesperado y acá estamos para enfrentarlo, para decidir por nuestros seres queridos, para ser solidarios”.

Con respecto al Presupuesto General de la República, destacó que para el año 2021 esta herra­mienta destinará 20 mil millones de soles al sector Salud. “Es decir, 1.500 millones más destinados prioritariamente a reforzar el primer nivel de atención. Será la mayor inversión en el sector Salud”, enfatizó”.

En cuanto a la distribución de las vacunas, indicó que se dará prioridad a la población vulnerable y a los profesiona­les en primera fila contra la COVID-19, esto es el personal de salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, para luego continuar con el resto de la población.

PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS

En otro momento, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que el plan económico priorizará cuatro lineamientos centra­les en los próximos 12 meses: Protección de las familias y de sus ingresos; inversión privada como motor del crecimiento económico dentro del marco de una economía social de mercado de acuerdo a la Cons­titución; políticas sectoriales para impulsar el crecimiento económico e inversión públi­ca como dinamizadora de la economía.

Asimismo, anunció que con el fin de diversificar y potenciar la oferta turística, se ejecutará el proyecto de inversión larga­mente anhelado para la mejora de los servicios turísticos y acce­sibilidad al Parque Arqueológico Choquequirao, por medio de un sistema de acceso por cable desde el sur por Apurímac y desde el norte por Cusco.

Su puesta en marcha permi­tirá alcanzar de 10 mil a un mi­llón de visitantes anuales. Así, se sumará al Circuito Turístico Sur y contribuirá al desarrollo económico y mejora de la cali­dad de vida de la población de la zona, apuntó.

Entre otras obras anun­ciadas por el jefe del Gabine­te Ministerial figuran el tren de pasajeros Lima-Chosica, la Nueva Base Naval del Callao, el deshacinamiento en los cen­tros penitenciarios con grilletes. Además, dio detalles del Pacto Perú, anunciado por el presiden­te Vizcarra. También, precisó que los bonos que ofrecerá el Gobierno se componen de un tramo adicional para el primer bono universal, el cual benefi­ciará a dos millones y medio de nuevos hogares y un segundo bono universal de 760 soles para un total de ocho millones y me­dio de hogares.

POSICIONES ENCONTRADAS

Hubo críticas muy duras por parte de los congresistas a la presentación del premier Cateriano, y a pesar de eso, mu­chos le adelantaron su voto de confianza.

La legisladora María Te­resa Céspedes, vocera de FRE­PAP, cuestionó al presidente del Consejo de Ministros, por destacar el sector minero duran­te su exposición de la política general del Gobierno. Edgar Alarcón de Unión Por el Perú, consideró que la exposición de Cateriano “es más de lo mismo” y expresó su preocupación por la crisis económica en sectores más vulnerables. Señaló que su bancada no dará el voto de confianza.

Por su parte, el vocero del Partido Morado, Francisco Sa­gasti, agradeció la “exposición exahustiva” de Pedro Cateriano, de la que destacó “el compro­miso con la universidad públi­ca” y el haber tocado temas como la reforma política y del sistema de pensiones. De otro lado, cuestionó que no haya hablado sobre el papel del Gobierno contra la minería ilegal.

Lenin Checco congresista del Frente Amplio, cuestionó la defensa de Cateriano a la minería, y dijo que eso demuestra que se está gobernando para las grandes empresas. También criticó la respuesta del Gobierno al conflicto en Espinar, Cusco, donde, aseguró, hay “trece heridos de bala, dos desaparecidos, una enfermera amenazada y cero dialogo”. También pidió poner en agenda la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El parlamentario Marcos Pichilingue de Fuerza Popular, cuestionó la irregular compra de tablets por parte del Ministerio de Educación que finalmente se anuló. La congresista Zenaida Solís del Partido Morado, afirmó que la exposición de Pedro Cateriano pareció el mensaje de inicio de gestión “antes que un mensaje de Jefe de Gabinete de Gobierno de salida”. Aseguró que se necesita una “estrategia de guerra para hoy” ya que la desigualdad y la informalidad se ha hecho evidente durante la pandemia.

El legislador Luis Roel Alva (Acción Popular) señaló que hay una falta de “autocrítica” en la exposición de Pedro Cateriano. “En salud hemos fracasados todos, tanto público como privados”, destacó. Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio), sostuvo que Pedro Cateriano no se centró en la vida del ser humano durante su exposición, ya que la estrategia para enfrentar la Covid-19 no está teniendo resultados.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL
lacheca@yandex.com

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Política

Fiscal Mori estima pena de cárcel entre 18 a 30 años por Gasoducto

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Fiscal Mori estima pena de cárcel entre 18 a 30 años por Gasoducto

La pena de cárcel contra la ex primera dama, Nadine Heredia y los exministros, Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, podría ser entre 18 a 30 años, de ser encontrados culpables por el caso Gasoducto Sur, según la fiscal Geovanna Mori.

Además, durante la tercera audiencia donde se sustentó el pedido de prisión preventiva contra los tres investigados, según la Fiscalía, habría elementos determinantes respecto al peligro de fuga y obstaculización.

Mori sostuvo que, si bien Heredia posee un domicilio conocido, sus familiares, como su madre Antonia Alarcón y su hermano Ilán Heredia cuentan con inmuebles en los cuales la investigada podría esconderse de la justicia.

En otro momento, la fiscal señaló que la esposa de Ollanta Humala tiene la facilidad de abandonar el país, al acceder a trabajos en el extranjero, pues recordó cuando la exprimera dama renunció en 2017 a un cargo de la FAO en Suiza.

Cabe señalar que los tres involucrados son investigados por los delitos de colusión agravada y asociación ilícita en organización criminal.

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Política

“Reactiva Perú es un bono para los ricos”

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“Reactiva Perú es un bono para los ricos”

Al borde de los cincuenta mil muertos por Covid-19, más de 4 millones de despedidos, denuncias de mil personas desaparecidas, entre otras cifras, son el reflejo de un mal gobierno para el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, quien demanda impuesto a la riqueza, bono de 1000 soles para todos, reactivación de la construcción, así como reforma del sistema de pensiones para que todo peruano cuente con una pensión justa sin excepciones.

—Ustedes han señalado que Reactiva Perú no es realmente efectiva. ¿Por qué?

—Porque lo principal es que la economía familiar ha quebrado, pues más del 70% de peruanos vive de la economía informal. Primero debió entregarse un bono universal de 1000 soles para cada peruano, pues los bonos entregados a algunas familias no alivian en nada el hambre y las deudas de más de 140 días de cuarentena. Además, se han despedido a más de 4 millones de trabajadores, generando un mayor empobrecimiento de las clases bajas e incluso la clase media, lo que se evidencia fácilmente en la deserción educativa en todos los niveles. Mientras tanto, el “Reactiva Perú” ha servido para que personas como el billonario peruano Carlos Rodríguez Pastor cobren millones para sus empresas, mientras en el mundo más de 80 millonarios han exigido que se le cobre más impuestos a fin de colaborar con la lucha contra el Covid-19. Ese es el tipo de ricos que tenemos en el Perú, empobrecidos moralmente, pero enriquecidos monetariamente por Martín Vizcarra en plena pandemia.

—¿Reactiva Perú apunta realmente para reactivar la economía?

—Reactiva Perú es un bono para los ricos. Se ha financia­do empresas investigadas por corrupción, lavado de activos, entre otros. También empresas de millonarios, como lo he­mos dicho, que no necesitan mayor apoyo, y empresas que han seguido laborando en esta pandemia y que se han bene­ficiado aun más de ella, como las clínicas que cobran medio millón de soles por paciente con Covid-19. Con el Reactiva Perú, el Gobierno ha favorecido a los ricos, a los que más tienen; y como contraparte, en el mismo paquete, se ha implementado un impuesto a la pobreza, pues todos los peruanos estamos ava­lando con dinero del Estado el 98% de la deuda del Reactiva Perú. Ese dinero no ha servido para conservar puestos labora­les, sino para financiar despidos. Tiene razón el economista Hum­berto Campodónico cuando se pregunta con qué dinero se va a comprar los bienes o servicios de las empresas beneficiadas con el Reactiva Perú si se ha perdido alrededor del 50% de la masa salarial y no se entrega dinero a la gente. Se necesita un impuesto a la riqueza. No enten­demos el temor de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y del presidente Martín Vizcarra de implementarlo. Eso y un bono de 1000 soles para todos los peruanos.

—Sin embargo, sí se ha otorgado un bono universal a los peruanos.

—Es un bono familiar que no ha llegado a todas las fami­lias. Además, esos 760 soles no compensan en nada a una familia durante cuatro meses de encierro. Hacer vivir a una familia con 5 soles diarios en promedio es conminarlos a una muerte lenta. Con la mi­tad del dinero de Reactiva Perú se pudo otorgar mil soles por cada peruano.

—El mensaje presidencial no ha tocado ninguno de es­tos temas. ¿Qué opinión le merece?

—Martín Vizcarra se ha re­vestido de cifras meramente administrativas, pero no de realidades. Lo mejor que le pasó en su gobierno ha sido ese baño de realidad que recibió en Are­quipa, de donde tuvo que salir veloz y avergonzado. No solo es demérito de él, sino también de su gabinete ministerial y de los empresarios, principalmente los ligados a la Confiep, cuyos inte­reses monetarios chocan con los intereses de los peruanos. Todo se resume en más de 4 millones de nuevos desempleados, 50,000 muertos por Covid-19, más de 1000 denuncias de personas des­aparecidas, miles de millones en deudas empresariales que la Sunat no quiere cobrar, una minería irresponsable que solo causa muertos, un sistema de salud colapsado desde el inicio de la cuarentena, un sistema educativo que ha dejado a mi­llones en la calle, un sistema judicial que ha enviado a la cár­cel dorada de su domicilio a los presos por corrupción, y todo ello producto de aproximada­mente 50 años de políticas neo­liberales que desde el gobierno de Francisco Morales Bermúdez hasta la fecha han degradado la sociedad peruana.

—Sin embargo, la Con­fiep, tan denostada por los sindicatos, genera trabajo. ¿No hay un contrasentido en su demanda?

—Estamos en contra del régimen de explotación y el recorte de derechos laborales, contra los despidos masivos, ceses colectivos, suspensión de labores, liquidaciones y el enriquecimiento de los empre­sarios mediante el empobreci­miento de los trabajadores a través de recorte de derechos laborales que promueve la Confiep. Nunca hemos estado contra la empresa o contra las inversiones. Sin embargo, de­bemos señalar algunas cifras. La Confiep solo da trabajo a un millón de personas; el Estado a un millón cuatrocientos mil; pero de las mypes del agro y el turismo dependen 12 millones de personas.

—¿Cambió algo desde que PPK salió del gobierno por corrupción?

—En el fondo, PPK y Viz­carra son parecidos. Sin plan de gobierno, han tenido que acogerse a las demandas de la Confiep, básicamente. Vizcarra tuvo que cambiar de estrategia y batallar contra el Congreso que vacó a PPK. Se libró de ese Congreso y obtuvo carta libre para gobernar a su antojo, sin consultar a nadie, menos a los trabajadores. El actual Congre­so, con todas las críticas que podemos hacerle, al menos deja un espacio para atender la demanda popular, como lo es el haber retirado parte del fondo de las AFP, y actual­mente realizar una discusión sobre la reforma del sistema de pensiones.

—¿Cuáles han sido las propuestas de su Federa­ción en esta pandemia?

—Hemos demandado la reactivación de las obras de construcción, porque absorbe gran cantidad de mano de obra y dinamiza las economías locales. Sin embargo, hemos exigido protocolos de seguridad y salud eficaces contra el Covid-19, pues muchos tra­bajadores se han enfermado al regresar a obras. Y también hemos advertido no bajar la guardia contra las mafias de la construcción, que están al acecho de las obras de la reactivación económica y que han asesinado a Henry Jerson Noé Suárez en Sullana en julio. Con él son 19 diri­gentes de sindicatos afiliados a la FTCCP asesinados por las mafias desde 2011. En cuanto a la reforma del sistema de pensiones, la Federación de Trabajadores en Construc­ción Civil del Perú propone un sistema de pensiones que reúna al sistema público y al privado y Pensión 65, pero con una administración pú­blica, con el fin de que todo peruano sin excepción tenga una pensión justa. No puede ser posible que ad portas del bicentenario de la República existan peruanos sin pensio­nes y sin trabajo, así como sin educación, agua potable, electricidad, internet, es de­cir, sin todo aquello que ac­tualmente es una necesidad básica y que debiera ser un servicio de carácter público y no privatizado como lo es ahora.

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