Una pandemia de malas decisiones parece haberse instalado en el Ejecutivo. El periodista Marco Sifuentes advirtió que el equipo creado por el gobierno para gestio­nar la adquisición de una próxima vacuna contra el coronavirus, denomina­do Comando Vacuna, en realidad fue una inicia­tiva gestada por empre­sarios vinculados a casos de corrupción contra el Estado y secundada por exfuncionarios durante el gobierno aprista.

Sifuentes recordó que la “cara visible” del Co­mando Vacuna, Carlos Neuhaus Tudela, exor­ganizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y nombrado en noviembre de 2019 como presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, señaló en una entrevista a La Repúbli­ca que la idea inicial del grupo de trabajo fue del empresario Raúl Delgado Sayán. En efecto, el 3 de junio, el sitio web que consigna como objetivo “lograr que los peruanos optemos por una econo­mía de libre mercado”, publicó un artículo donde Delgado Sayán anunciaba que las vacunas contra el Covid-19 ya existen y que estarían disponibles en septiembre de 2020.

Sin embargo, Sifuen­tes refirió que represen­tantes de Astrazeneca, la firma farmacéutica alu­dida por Delgado Sayán como posible proveedora de vacunas en septiembre de este año, manifestaron a The Economist que en el mejor de los casos las vacu­nas estarían listas a inicios de 2021.

Además, reveló que entre los promotores del proyecto Comando Vacu­na figuran los exministros apristas Hernán Garrido Lecca y Jorge Del Castillo, quienes impulsaron el tema en redes sociales. De hecho, Del Castillo compartió una entrevista realizada por el diario Perú21 -que dedicó varias portadas a la propues­ta- a Raúl Delgado Sayán, sugiriendo la formación de un equipo para la compra de vacunas. La propuesta también fue difundida en UCI, un canal de noticias en internet dirigido por uno de los hijos de Jorge Del Castillo, de acuerdo a lo señalado por Sifuentes.

INVESTIGADOS EN PALACIO

El periodista recordó que tanto Carlos Neuhaus como Raúl Delgado Sayán están in­volucrados en investigacio­nes por casos de corrupción en perjuicio del Estado, y cuestionó que al parecer de­trás de la conformación del Comando Vacuna habrían conexiones que “no están del todo claras”.

Al respecto, hay que señalar que Raúl Delgado Sayán es presidente de CESEL S.A., una empresa consultora investigada por el caso Lava Jato y que está incluida como tercero civil responsable en el caso de irregularidades y corrup­ción relacionadas al Hospital Antonio Lorena, de Cusco, en el que están implicados la empresa brasileña OAS, los exgobernadores regionales Jorge Acurio y René Concha, además de la exprimera dama Nadine Heredia y otros investigados. Además, supervisó el tramo 3 de la Interoceánica Sur y la Línea 1 del Metro de Lima, obras adjudicadas a consorcios integrados por Odebrecht y Graña y Montero y sobre las cuales se investiga pago de sobornos.

En abril de 2019, la Pri­mera Sala Penal de Ape­laciones Nacional Antico­rrupción confirmó que esta supervisora deberá pagar 214 millones 840 mil soles por reparación civil. Pese a ello, entre el 2019 y 2020, Cesel S.A. facturó al Estado un total de S/ 20’492,583, siendo su principal clien­te el Ministerio de Trans­portes y Comunicaciones, del cual percibió más de S/ 16 millones en el refe­rido periodo. También fue beneficiada por el progra­ma Reactiva Perú, con un préstamo de S/ 10 millones concedido por el Banco de Crédito del Perú, según re­veló Convoca.

En tanto, Carlos Neu­haus también es investiga­do por la Fiscalía por el caso Odebrecht, en relación a los presuntos aportes de la constructora brasileña a las campañas electorales de la exlideresa del PPC, Lourdes Flores, en 2006 y 2011. Se­gún un colaborador eficaz, Neuhaus habría participa­do en las reuniones entre Odebrecht y la excandidata presidencial.

DESCUIDO O COMPLICIDAD

El exparlamentario Yonhy Lescano consideró que todo parece indicar que hay indicios de nego­ciados indebidos con el pretexto del Comando Va­cuna, y que tanto el pre­sidente de la República, Martín Vizcarra, como el primer ministro, Vicen­te Zeballos, deberían to­mar cartas en el asunto atendiendo la presencia de personas investigadas por presuntos delitos de corrupción.

Esto tiene todas las señales de que se estaría utilizando al Estado para fines lucrativos indebidos. Si hay personas cuestiona­das, no se garantiza que se obre legalmente ni de buena fe; además, con el antecedente de estar vinculados a situaciones que están siendo inves­tigados por el caso Lava Jato, el gobierno no debe permitir estas cosas y la Fiscalía debería intervenir e investigar estos hechos”, señaló.

Lescano exigió una ex­plicación e intervención rápida del gobierno, y ad­virtió que “más que un descuido, podría haber hasta complicidad”. “Por eso digo que la Fiscalía debe investigar qué es lo que está pasando. Me da la impresión de que cono­cen todos los hechos pero no hacen nada, entonces hay responsabilidad por omisión, porque dolosa­mente permiten la pre­sencia de estas personas vinculadas a presuntas irregularidades que es­tán siendo investigadas”, cuestionó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política