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Política

Comando Vacuna bajo sospecha

El Ejecutivo delegó la gestión de compra de vacunas contra el coronavirus a equipo integrado por investigados por caso Lava Jato y Odebrecht, y promovido por Hernán Garrido Lecca y Jorge Del Castillo, exministro y excongresista apristas.

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Comando Vacuna bajo sospecha

Una pandemia de malas decisiones parece haberse instalado en el Ejecutivo. El periodista Marco Sifuentes advirtió que el equipo creado por el gobierno para gestio­nar la adquisición de una próxima vacuna contra el coronavirus, denomina­do Comando Vacuna, en realidad fue una inicia­tiva gestada por empre­sarios vinculados a casos de corrupción contra el Estado y secundada por exfuncionarios durante el gobierno aprista.

Sifuentes recordó que la “cara visible” del Co­mando Vacuna, Carlos Neuhaus Tudela, exor­ganizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y nombrado en noviembre de 2019 como presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, señaló en una entrevista a La Repúbli­ca que la idea inicial del grupo de trabajo fue del empresario Raúl Delgado Sayán. En efecto, el 3 de junio, el sitio web que consigna como objetivo “lograr que los peruanos optemos por una econo­mía de libre mercado”, publicó un artículo donde Delgado Sayán anunciaba que las vacunas contra el Covid-19 ya existen y que estarían disponibles en septiembre de 2020.

Sin embargo, Sifuen­tes refirió que represen­tantes de Astrazeneca, la firma farmacéutica alu­dida por Delgado Sayán como posible proveedora de vacunas en septiembre de este año, manifestaron a The Economist que en el mejor de los casos las vacu­nas estarían listas a inicios de 2021.

Además, reveló que entre los promotores del proyecto Comando Vacu­na figuran los exministros apristas Hernán Garrido Lecca y Jorge Del Castillo, quienes impulsaron el tema en redes sociales. De hecho, Del Castillo compartió una entrevista realizada por el diario Perú21 -que dedicó varias portadas a la propues­ta- a Raúl Delgado Sayán, sugiriendo la formación de un equipo para la compra de vacunas. La propuesta también fue difundida en UCI, un canal de noticias en internet dirigido por uno de los hijos de Jorge Del Castillo, de acuerdo a lo señalado por Sifuentes.

INVESTIGADOS EN PALACIO

El periodista recordó que tanto Carlos Neuhaus como Raúl Delgado Sayán están in­volucrados en investigacio­nes por casos de corrupción en perjuicio del Estado, y cuestionó que al parecer de­trás de la conformación del Comando Vacuna habrían conexiones que “no están del todo claras”.

Al respecto, hay que señalar que Raúl Delgado Sayán es presidente de CESEL S.A., una empresa consultora investigada por el caso Lava Jato y que está incluida como tercero civil responsable en el caso de irregularidades y corrup­ción relacionadas al Hospital Antonio Lorena, de Cusco, en el que están implicados la empresa brasileña OAS, los exgobernadores regionales Jorge Acurio y René Concha, además de la exprimera dama Nadine Heredia y otros investigados. Además, supervisó el tramo 3 de la Interoceánica Sur y la Línea 1 del Metro de Lima, obras adjudicadas a consorcios integrados por Odebrecht y Graña y Montero y sobre las cuales se investiga pago de sobornos.

En abril de 2019, la Pri­mera Sala Penal de Ape­laciones Nacional Antico­rrupción confirmó que esta supervisora deberá pagar 214 millones 840 mil soles por reparación civil. Pese a ello, entre el 2019 y 2020, Cesel S.A. facturó al Estado un total de S/ 20’492,583, siendo su principal clien­te el Ministerio de Trans­portes y Comunicaciones, del cual percibió más de S/ 16 millones en el refe­rido periodo. También fue beneficiada por el progra­ma Reactiva Perú, con un préstamo de S/ 10 millones concedido por el Banco de Crédito del Perú, según re­veló Convoca.

En tanto, Carlos Neu­haus también es investiga­do por la Fiscalía por el caso Odebrecht, en relación a los presuntos aportes de la constructora brasileña a las campañas electorales de la exlideresa del PPC, Lourdes Flores, en 2006 y 2011. Se­gún un colaborador eficaz, Neuhaus habría participa­do en las reuniones entre Odebrecht y la excandidata presidencial.

DESCUIDO O COMPLICIDAD

El exparlamentario Yonhy Lescano consideró que todo parece indicar que hay indicios de nego­ciados indebidos con el pretexto del Comando Va­cuna, y que tanto el pre­sidente de la República, Martín Vizcarra, como el primer ministro, Vicen­te Zeballos, deberían to­mar cartas en el asunto atendiendo la presencia de personas investigadas por presuntos delitos de corrupción.

Esto tiene todas las señales de que se estaría utilizando al Estado para fines lucrativos indebidos. Si hay personas cuestiona­das, no se garantiza que se obre legalmente ni de buena fe; además, con el antecedente de estar vinculados a situaciones que están siendo inves­tigados por el caso Lava Jato, el gobierno no debe permitir estas cosas y la Fiscalía debería intervenir e investigar estos hechos”, señaló.

Lescano exigió una ex­plicación e intervención rápida del gobierno, y ad­virtió que “más que un descuido, podría haber hasta complicidad”. “Por eso digo que la Fiscalía debe investigar qué es lo que está pasando. Me da la impresión de que cono­cen todos los hechos pero no hacen nada, entonces hay responsabilidad por omisión, porque dolosa­mente permiten la pre­sencia de estas personas vinculadas a presuntas irregularidades que es­tán siendo investigadas”, cuestionó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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Produce actualiza Reglamento para Asignación del Código del Fabricante

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Produce actualiza Reglamento para Asignación del Código del Fabricante

Desde el domingo 2 de agosto, entró en vigencia el nuevo Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de Transporte, comprendidos en el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC.

A través del D.S. Nº 014-2020, del Ministerio de la Producción (Produce), se establece las disposiciones vinculadas a la fabricación y ensamblaje de vehículos terrestres, así como el procedimiento para la asignación del código WMI. De esta forma, se busca que dichas actividades se realicen en condiciones de seguridad, con el propósito de preservar la salud del personal responsable de la fabricación de estos vehículos y la ciudadanía en general.

REGLAMENTO

Entre los lineamientos pu­blicados en el nuevo reglamento destacan las condiciones míni­mas con las que debe contar una planta para la fabricación y/o ensamblaje de los vehículos señalados en la norma, así como el proceso de producción y las características que debe poseer el personal a cargo de estas ac­tividades.

De igual forma, se especifica la vigencia de las autorizacio­nes otorgadas, y el proceso de renovación de dichos permisos. Asimismo, se establece que el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) será la entidad encargada de la acreditación de aquellas personas jurídicas que pretendan desarrollar actividades de inspección en las plantas que fabriquen y/o ensamblaje de vehículos de transporte terrestre.

Al mismo tiempo, Inacal tendrá bajo su competencia la emisión de certificados de inspección a plantas que pretendan obtener la autorización para realizar las labores mencionadas. Es preciso señalar que, aquellas solicitudes tramitadas antes de la entrada en vigencia de la presente norma, se rigen por las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 023-2016-Produce, hasta su conclusión.

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El tiro por la culata

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El tiro por la culata

Ante la denuncia del saliente primer ministro, Pedro Cateriano, respecto a que el voto de confianza denegado por el Congreso de la República estuvo ligado a la permanencia del ministro de Educación, el presidente del Legislativo, Manuel Merino de Lama, ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó “cualquier insinuación de chantaje o de negociación del voto de confianza”.

Merino indicó que “de manera democrática, con la experiencia parlamentaria, dirigiendo al parlamento”, se comunicó con Pedro Cateriano con quien se reunió en su oficina en el Congreso, “sin nada bajo la mesa”. “Lo llamé telefónicamente y nos reunimos aquí en el Congreso, para poderle expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete (…) y que había serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su ministro de Trabajo”, señaló.

“También hubo una conversación referida a la ministra de Economía y al ministro de Educación, y en cada uno de ellos podemos explicar, porque no es un tema nuevo. Había dos interpelaciones que estaban en camino y que no dependían del presidente del Congreso, sino de todas las bancadas parla­mentarias”, explicó.

Y agregó el hecho de tratar el problema referido a la cartera de Educación, “se sustentaba lógicamen­te en los licenciamientos dados por el señor minis­tro, en ese entonces jefe de la Sunedu”.

CONFESIÓN DE PARTE

A criterio del aboga­do penalista Guillermo Olivera Díaz, al dar esas declaraciones lo que ha hecho el presidente del congreso es “confesar sus delitos”. “Merino ha aceptado que sí llamó por teléfono a Cateriano, que la llamada fue antes del 3 de agosto cuando negaron la confianza, y que lo llamó para tratar sobre el ministro de Edu­cación, el juvenil ministro de Trabajo y la ministra de Economía. Por tanto, Merino ha aceptado los hechos. Solo ha negado que esto sea chantaje, y es verdad porque no hay con­tenido económico, pero sí hay delito de coacción, entre otros”, afirmó.

Para Olivera Díaz, Merino excedió sus fun­ciones como presidente del Congreso al llamar a Cateriano para advertir sobre objeciones al minis­tro de Educación, Martín Benavides, por cuestiones que nada tienen que ver con su gestión ministerial. Además, consideró que advertir sobre la falta de consenso para otorgarle la confianza constituye en sí una amenaza con el fin de lograr remover a los ministros incómodos.

“En forma antelada le está amenazando con no otorgarle el beneficio del consenso de 130 par­lamentarios. Esto repre­senta un claro delito de coacción porque lo está amenazando con que no habrá consenso si no cumple o resuelve las ob­jeciones a los ministros. Con esto está confesan­do que sí hubo delito de coacción, que es forzar a alguien bajo amenaza, en este caso de falta de con­senso, a hacer lo que la ley no obliga”, apuntó.

EXTORSIÓN Y COHECHO

Además, agregó que también se configura el de­lito de extorsión, al hacer uso de un medio coercitivo amenazante para obtener una ventaja. “Y como no se cumplió el objetivo de la extorsión, consuman el hecho con la falta de consenso anticipada por Merino, que sin ser adivino ni brujo adelantó el voto que finalmente se dio. Lo que significa que el presi­dente del Congreso era un emisario de otros grupos de intereses particulares”, manifestó.

Olivera Díaz añadió que también en la misma acción se habría configu­rado el delito de cohecho activo genérico, y habría además un ejercicio abu­sivo de la autoridad del presidente del Congreso. “Porque él no tiene por función llamar fuera de sesión, por teléfono y de noche a un premier para decirle que no habrá con­senso. Acá hay un concur­so de hechos punibles por los que la Fiscalía de la Nación debe abrir investigación preliminar de oficio y con urgencia basándose en la denun­cia que hizo Cateriano y en la aceptación de los hechos que ha realizado Merino en conferencia de prensa”, sostuvo.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

A criterio del juris­ta, el Ministerio Públi­co ni siquiera requiere de una investigación prolija en tanto la de­nuncia de Cateriano y la presunta aceptación de Merino son versiones públicas. Por ello, consi­deró que la Fiscalía debe plantear una denuncia constitucional contra el presidente del Con­greso, para que se abra una investigación en la Subcomisión de Acusa­ciones Constitucionales y se le suspenda el fuero parlamentario. Incluso, advirtió que en un es­cenario posterior la Fiscalía podría requerir la prisión preventiva y en un concurso real de delitos las penas por los delitos imputados sumarían más de 35 años de pena privativa de la libertad.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

 

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Lo dicho por Cateriano del voto de confianza se tiene que investigar

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Lo dicho por Cateriano del voto de confianza se tiene que investigar

Lo expresado por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, respecto al contexto en que el Congreso de la República denegó el voto de confianza se tendrá que investigar, sostuvo la exministra Flor Pablo Medina.

Fue al comentar la declaración que hizo el expremier ante el Pleno del martes, previo a la votación: “se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba ser difícil que se me extienda el voto de confianza”.

“[¿Qué le parece la negación del voto de confianza?] Bueno, creo que queda claro, y no solo por este hecho final lamentable de negarle la confianza, sino en los antecedentes. Recordemos la semana pasada un Congreso presentando proyectos de ley para crear una instancia superior a la Sunedu, presentando proyectos para que el Gobierno en esta época de emergencia financie a las universidades con licencia denegada. Esto ya venía”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideelera­dio.

“Lo que ha dicho el ex­premier Pedro Cateriano que al final le pedían la cabeza del ministro para po­der dar el voto de confianza, creo que eso, en realidad, denota una mediocridad y de actos que realmente ya lindan con lo penal, que ha­brá y se tendrá que hacerse la investigar respectiva y actuar, porque creo que no estamos en tiempos para ser tolerantes ante este tipo de situaciones que salen a la luz”, refirió.

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