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Arturo Rodríguez

Arturo Rodríguez

DERECHO AL TRABAJO

Y quién se acuerda de los maestros del sector privado

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Han transcurrido más de 60 días desde que se inició la huelga de los maestros; a pesar de toda la campaña del gobierno y medios de comunicación que han pretendido desprestigiarla con el cuco del Movadef, esta cada día ha logrado mayor apoyo social y sumado más sectores de docentes que continúan llegando a Lima.

Desde diversos ángulos se ha escrito sobre el movimiento magisterial, sobre la legitimidad de la mayoría de sus reivindicaciones, principalmente salariales (el sueldo de un maestro hoy en día es menos de la mitad, en términos reales, de lo que percibía hace 40 años), sobre el abandono de la educación por parte del Estado, entre otros.

En esta oportunidad nos referiremos a dos sectores de docentes respecto de quienes poco se conoce. En primer lugar tenemos a los maestros contratados, cuyo número actualmente bordea los 140 mil a nivel nacional, quienes a pesar que realiza las mismas funciones que un docente nombrado, su remuneración está muy por debajo de estos, percibiendo actualmente la irrisoria suma de S/. 1,300.00 mensuales.

A diferencia de los maestros nombrados, los contratados no perciben los beneficios de subsidio por luto y sepelio (ascendente a tres mil soles), compensación por tiempo de servicios, bono de escolaridad de 400 soles, así como el pago por preparación de clases que asciende al 30% de la remuneración.

El hecho más controversial es que a dichos maestros no se les reconoce la estabilidad laboral, así son “contratados” lo que dura el año escolar, durante las vacaciones no perciben remuneración alguna y tienen que estar a la expectativa de si el próximo año volverán a ser contratados.

Un sector diferente de maestros es el que labora para el sector Privado. El fenómeno de la privatización de la educación en nuestro país es un hecho cada día más ostensible, así si para el año 2000 se tenía un aproximado de 14% de alumnado en colegios privados, al día de hoy dicha cifra ya bordea el 30%, por lo que el número de docentes del sector privado ha venido incrementándose en los últimos años.

Gracias a las reglas de “oferta y demanda” que impone el mercado, la mayoría de docentes que laboran para colegios privados perciben entre S/. 850.00 a S/. 1,000.00 soles, su horario se rige por el régimen general de 48 horas semanales, no perciben ningún otro beneficio más que las gratificaciones de julio y diciembre y CTS, tampoco conocen la estabilidad laboral dado que usualmente son contratados desde marzo a diciembre.

Ahora que se ha vuelto a poner en debate la problemática de la educación en general, es necesario que esta reconozca en primer lugar los mismos derechos para los maestros contratados respecto de los nombrados, así como se extienda la percepción de los beneficios de ley para los maestros que laboran para el sector privado.

Mientras escribimos el presente artículo se ha anunciado que los maestros estarían poniendo en consulta de sus bases los acuerdos a que habrían arribado con los representantes del gobierno, esperamos que por fin se llegue a una solución, la misma que suponga la justa atención de la demanda magisterial.

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Política

TC no debe permitir impunidad de empresas deudoras al Estado

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Marisa Glave

Mientras el país sufre la permanente falta de presupuesto, un grupo de empresas estaría a punto de beneficiarse con la extinción de una millonaria deuda tributaria. La excongresista Marisa Glave denunció en su canal de Youtube que el Tribunal Constitucional estaría evaluando la inaplicabilidad del Decreto Legislativo Nº 1421, dado en el 2018, y que modifica el código tributario.

De acuerdo a la información difundida por la exparlamentaria, tras la promulgación de la referida norma, el Congreso recibió a la representante de la Confiep, Lourdes Chau, y al representante de la Cámara de Comercio de Lima, Sandro Fuentes. En la reunión, los visitantes plantearon diversos argumentos por los que, a su criterio, se debía derogar el D.L. 1421 promulgado por el Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas para legislar en materia económica.

Tribunal Constitucional

TC no debe ser cómplice de la evasión y el perro muerto.

LOBBY EVASOR

Al margen de la paradoja de que Sandro Fuentes, quien se había desempeñado como funcionario de Sunat, estuviera abogando por intereses de empresas con millonarias deudas tributarias, Glave recordó que por esos días había causado revuelo el intento por derogar el Impuesto Selectivo al Consumo en Casinos, lo que finalmente las bancadas funcionales al sector empresarial no lograron concretar.

Algo similar ocurrió con el D.L 1421, cuya vigencia ha marcado los criterios del Tribunal Fiscal, órgano adscrito al Ministerio de Economía y que resuelve controversias entre empresas y el Estado a nivel administrativo.

“El Tribunal Fiscal ya aplicó el D.L. 1421 y lo ha aplicado en casos hasta 1500 millones de soles, en una resolución respecto a una deuda de la minera Buenaventura, que pretendió evitar que le cobren ese monto”, indicó

Glave señaló que al igual que Buenaventura, existen 233 empresas que acumulan S/ 11 mil millones, de las cuales solo 22 empresas concentran S/ 9 mil 400 millones de deuda tributaria. En consecuencia, advirtió que en caso el TC decida no aplicar el D.L. 1421 le estaría dando “un regalazo” a estas 22 empresas que dejarían de pagar una millonaria deuda que bien podría ser utilizada en las urgentes demandas de millones de peruanos.

YA ESTARÍA EN AGENDA

La exparlamentaria también refirió que, en noviembre de 2019, el TC recibió los argumentos de la Sunat, así como del estudio de abogados Gálvez y Dolorier, quienes están detrás de la acción de inconstitucionalidad. Ante ello, advirtió que estaría por resolverse el caso en los próximos días, por lo que expresó su extrañeza por la nula cobertura sobre el tema en los grandes medios de comunicación.

De acuerdo a un informe publicado en el portal de investigación Ojo Público, las empresas deudoras son Pluspetrol, Cerro Verde, Buenaventura, SouthernCopper, Backus, Interbank, Scotiabank, y Nestlé, entre otras.

Respecto al requerimiento de las empresas deudoras, la excongresista sostuvo que estas argumentan que el plazo de prescripción de la deuda tributaria no inicia en el momento en que se notifica una deuda, sino cuando ésta se origina. Así, transcurridos cuatro años, si la Sunat no logró cobrar la deuda, esta se extinguiría.

Sin embargo, Glave explicó que el D.L. 1421 señala claramente tres procesos: determinación de la deuda, determinación de la multa y el cobro. “Solo una vez determinada la deuda corre el plazo de prescripción”, aclaró.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Alan García mandó directivas para proteger a brasileños de Odebrecht

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Alan García Pérez

Raúl Noblecilla, defensa legal de Luis Nava Guibert, aseguró que Alan García envió a través de mensajes de WhatsApp una serie de directivas con la finalidad de proteger “a los brasileños” vinculados con la investigación a la empresa Odebrecht.

Dijo que esta información la tienen no solo mediante estas comunicaciones vía las redes sociales, “sino a través de otras formas”, por lo que instó a esperar a que salgan todas esas pruebas.

“Esta arma letal que mandó a disparar el abogado Humberto Abanto les ha dado en la nuca, ¿por qué te lo digo?, porque estarían por aparecer documentos anteriores a la novela Roxanne (Chessman)-(Jorge) Barata que van a dar cuenta de que Alan García, quince días antes de que tomara la decisión de irse, hablaba y mandaba mensajes para ayudar a los brasileños e instar a buscar la forma de apoyarlos”, dijo en Radio Nacional.

Según Noblecilla, García Pérez antes de suicidarse mostraba “pánico y preocupación extrema” sobre las indagaciones que se desarrollaban en torno a su situación y su vínculo con la empresa Odebrecht.

“Estas pruebas saldrán a su tiempo”, adelantó.

En otro momento, precisó que Nava Guibert recibió amenazas de muerte desde que estuvo en el penal Castro Castro, por parte de la Resistencia y de un sector del partido aprista.

“En este documento, en que comunicamos a (el fiscal) José Domingo Pérez de la posible conformación de una organización criminal, solicitamos una vez más la necesidad de protección a mi patrocinado, urgente, no solo para Nava e hijos, sino también para mi familia”, agregó.

Noblecilla agregó que Alan García murió abandonado por sus hijos -quienes ahora reclaman salvarlo de la historia-, dejándolo solo en su casa y con una pistola.

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Política

Juez dicta impedimento de salida del país para Gerardo Sepúlveda

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Gerardo Sepúlveda

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por un plazo de dos meses para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, en su calidad de testigo en el caso Interoceánica Sur.

La medida, que concluirá el 25 de abril de 2020, fue dispuesta a solicitud del fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien había planteado tres meses.

El Ministerio Público informó que apelará la resolución en relación al plazo; la defensa técnica hará lo propio considerando que aspiraban a que la medida sea declarada infundada.

Según el juez, la declaración de Sepúlveda resulta indispensable para la averiguación de la verdad en los hechos que son materia de investigación del caso Interoceánica.

Dichos hechos, recordó, se ciernen sobre presunto pacto que hubo entre el expresidente Alejandro Toledo y la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en la buena pro de la carretera Interoceánica a cambio de un pago ilícito.

“Existe vinculación entre los hechos que va a declarar como testigo y los hechos materia de investigación”, subrayó tras insistir en que lo que declare Sepúlveda será “clave, relevante e imprescindible”.

De igual forma, consideró idónea, necesaria y proporcional la medida de impedimento de salida del país, a fin de asegurar su presencia en el Perú.

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