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Y abrieron fuego

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Los fujiapristas alzaron la voz porque puede venirse la ruptura de la bancada de Fuerza Popular.

Al conocerse, extraoficialmente, el fallo del Tribunal Constitucional(TC) que declara inconstitucionales algunos incisos del reglamento del Congreso que impedía constituir nuevos grupos a quienes se retiren del grupo parlamentario por el que fueron elegidos, la descarga de fogonazos acusatorios contra los magistrados de dicho Tribunal no se hizo esperar.

Iracundo, Mauricio Mulder dijo: los magistrados que “hayan decidido intervenir en la vida interna del Parlamento, no tienen otro camino que la acusación constitucional”. La fujimorista Karina Beteta, por su parte, los acusó de actuar “de manera golpista y antidemocrática”. Haciéndose eco de ellos, un conocido periodista, aludiendo a la persona que facilitó la publicidad del fallo, barboteó en su respectiva columna, que se debe averiguar “quién fue el magistrado infidente para destituirle ya”.

Mulder es el vicepresidente del Congreso y Beteta, nada menos, que la presidenta del grupo de trabajo de la Sub Comisión de Acusaciones encargado de elaborar el informe de calificación en la denuncia constitucional, ya en trámite, presentada por el vicealmirante Giampietri y 33 marinos, contra el TC, por haber permitido la continuación judicial del caso El Frontón.

De modo que estamos ante congresistas de peso parlamentario que expresan el afán de venganza de las bancadas aprista y fujimorista en este tema. No estamos ante la señera proclama: “Yo debo acusar, yo acuso”, del clérigo liberal Francisco de Paula Gonzales Vigil defendiendo la Constitución, en 1832, contra el gobierno autoritario de Agustín Gamarra. Tampoco ante el noble y valiente grito de: “Yo acuso”, enarbolado por el escritor Emilio Zola, en la historia judicial de Francia, proferido en defensa de la inocencia del capitán Alfred Dreyfus, en 1894.

Estamos ante un exaltado llamado al desacato y amedrentamiento contra el mismísimo órgano de control de la Constitución; pretendiendo con ello evitar una pérdida de poder numérico, mediante la nueva correlación de fuerzas que se producirá en el Congreso, como consecuencia de dicho fallo. La más proclive a la desarticulación es la bancada de Fuerza Popular, donde Kenji lidera a más de 20 congresistas de provincias, que se han sentido postergados en la última distribución de comisiones y esperan el mejor momento para conformar una nueva agrupación.

Por otra parte, las amenazas proferidas, se realizan en un contexto de desesperación ante el inicio de investigaciones preliminares a Alan García y Keiko, por el caso Odebrecht. Una variable de defensa que suele emplearse para bloquear las investigaciones es las acciones de amparo y hábeas corpus, que se resuelven en última instancia en el TC. No olvidemos que García logró bloquear a la Mega Comisión Investigadora con acciones de amparo, y Keiko insiste en lograr la excarcelación de su padre mediante un hábeas corpus.

Ambos necesitan un Tribunal que les deba el nombramiento a sus bancadas parlamentarias. Así se explica también la escalada contra los actuales magistrados, pretendiendo acusarlos y luego destituirlos.

Tampoco olvidemos que el fujimorismo siempre ha considerado que el magistrado Eloy Espinoza Saldaña le es adverso, por haber laborado antes con el vocal César San Martín, expresidente de la Sala Penal que condenó a Alberto Fujimori. Similar inquina le inspira el doctor Carlos Ramos, por haber sido el ponente de la sentencia que, en el 2016, desestimó un anterior hábeas corpus del padre de Keiko. Esta sentencia contó también con los votos de Marianella Ledesma y Manuel Miranda Canales.

El desacato al fallo del Tribunal, en el caso de la Ley Anti transfuguismo, carece de fundamento y expresa la vocación autoritaria y antidemocrática de quienes lo promueven, ya que, por mandato del artículo 204 de la Constitución Política del Estado, al día siguiente de publicado el fallo, quedan sin efecto las normas declaradas inconstitucionales, es decir, son, expulsadas del ordenamiento jurídico de pleno derecho. No necesitan la confirmación de ningún otro poder del Estado, menos del Congreso que ha sido parte demandada en el proceso de inconstitucionalidad.

Tan fuera de lugar es el llamado al desacato y a la acusación, que el propio abogado del Congreso en ese proceso ante el Tribunal, doctor Aníbal Quiroga, ha dicho públicamente que el fallo debe ser acatado.

De lo que deben ocuparse los acusadores, es de promover una auténtica reforma política y electoral en el Congreso, que incluya los temas de eliminación del voto preferencial, eliminación de la inmunidad parlamentaria, renovación por tercios, así como la figura del transfuguismo (cuidando que no colisione con el principio de prohibición del mandato imperativo), dejando a salvo la situación de los disidentes, quienes se apartan de su agrupación política por motivos ideológicos o programáticos.

La reforma constitucional es el nivel donde debe discutirse el tema del transfuguismo, y no el del reglamento del Congreso. Lo que pasa es que la bancada de Fuerza Popular actuó apresuradamente para blindarse de la posibilidad de renuncia o disidencia de muchos de sus integrantes, que se sienten excluidos del privilegiado grupo keikista llamado “La Mototaxi”.

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Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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