El congresista Freddy Díaz ha sido acusado por presunta violación sexual contra una trabajadora. Según relata la denuncia, la madrugada del miércoles 27 de julio el Congresista y la trabajadora se pusieron a tomar bebidas alcohólicas dentro de una de las oficinas del Congreso ubicada en el Jirón Azángaro del Centro de Lima, horas después la trabajadora despertó adolorida y con signos de un probable dopamiento. Ella fue auxiliada por otro trabajador quien solicitó el apoyo de la policía.

Han pasado diez días del hecho y el parlamentario solo tiene impedimento de salida del país y continúa con sus labores, no está suspendido ni cuenta con otra medida restrictiva por parte del Poder Judicial. La Comisión de Ética acordó investigarlo en un plazo de 20 días. Freddy quien presidía la Comisión para elegir al nuevo Defensor del Pueblo fue retirado y reemplazado por otro parlamentario dejándolo fuera del proceso.

Es válido señalar que no existe inmunidad parlamentaria en casos de violencia sexual, el procedimiento es igual como para cualquier ciudadano denunciado, se procede con la detención a fin de iniciar las investigaciones.

Según el reglamento para que un congresista sea reemplazado por su accesitario debe existir sentencia penal firme o estar privado de su libertad lo que se cumpliría con un posible pedido de prisión preventiva. Este es un grave precedente para el Congreso en materia de protocolos y sanciones en denuncias por violencia, como las penosas declaraciones machistas del Congresista Wilmar Elera: “según lo que he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando comienzan a tomar licor”.

Congresistas, con su silencio y su machismo estamos en retroceso.