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Urgente capitalización e integración de Petroperú

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Petroperú

PARA GARANTIZAR SOBERANÍA ENERGÉTICA Y DESARROLLO NACIONAL

El 4 de setiembre 2018 y ante la preocupante situación que enfrenta la Empresa Petroperú presente el Proyecto de Ley 4741-2019-CR como instrumento ciudadano para su defensa mediante su capitalización e integración, veamos sus contenidos:

Petroperú: Empresa estratégica rentable.

Pese a que, desde el año 1992, Petroperú viene soportando los impactos negativos de la privatización, sigue siendo una empresa rentable generando utilidades y acrecentando su importancia en la economía nacional, que supera el 4% en relación al valor de la producción nacional.

La Utilidad Bruta pasó de US$ 133 MM en el 2T18 a US$ 136 MM en el 2T19, la Utilidad de Operación se incrementó 78%, MM en el 2T19. La utilidad Neta en el 2T19 fue de US$ 51 MM en comparación con US$ 24 MM en el 2T18.

PETROPERÚ S.A. continúa siendo líder del mercado nacional de combustibles con una participación del 46% en el periodo abril/junio 2019.

Petroperú está financiamiento uno de los proyectos estratégicos más importantes del país, la Modernización de la Refinería de Talara.

Petroperú se encuentra hoy en una disyuntiva histórica, o cae en manos de los intereses lobbystas privados que pretendieron liquidarla para someter a este patrimonio de todos los peruanos a fines rentistas de grupos privados nacionales y extranjeros, que se enriquecieron a costas de nuestros recursos de petróleo y gas, o, se fortalece como la empresa de todos los peruanos para asegurar rentas estratégicas para el desarrollo nacional.

Durante los 25 años de privatización Petroperú fue el blanco de los intereses privatistas y su entorno no permitió su fortalecimiento: Las empresas privadas concesionarias de los lotes de hidrocarburos no han cumplido con las inversiones y han causado la grave crisis de producción petrolera, el rentismo de las petroleras y la falta de inversiones generó grandes pérdidas por importación de petróleo, hoy a estos contratistas que no invirtieron se les quiere ampliar 30 años más sus plazos para beneficiarlos, las reservas de hidrocarburos que existen en estos Lotes no son revertidos a Petroperú, empresa de todos los peruanos, con lo que no permiten que aproximadamente 15 mil millones de dólares pasen a capitalizar Petroperú; el Lote 192, que por la Ley 30357 debería estar en manos de Petroperú, no lo está, perdiendo una capitalización de 13 mil millones de dólares; se acrecientan los problemas en su participación en el Lote 64 que tiene 160 millones de barriles de crudo; no se permite la participación de Petroperú en el gasoducto Sur Andino ni en el proyecto de la petroquímica, como lo señala la Ley 29970 (2012), imposibilitando hacer realidad el gasoducto y el poliducto comprendidos desde la planta de procesamiento de Camisea hasta la estación de compresión Chiquintirca, el gasoducto y/o poliducto comprendido desde el sistema existente hasta Anta, en la región Cusco, que esté en capacidad de suministrar gas natural a la futura Central Térmica de Quillabamba y a la costa sur del país.

El gasoducto hasta la zona de Anta es considerado como parte del Sistema de Seguridad Energética. Tampoco se permite que Petroperú participe de las operaciones de distribución de combustibles, que es el último eslabón del negocio petrolero, que es la distribución mayorista y distribución minorista por medio de estaciones de servicios (grifos). Para el lobbysmo, el gran negocio de la comercialización de los combustibles no puede estar en manos de Petroperú, pero sí para los privados rentistas, que impiden que los hidrocarburos sean un elemento clave para el desarrollo del país.

Estado de espaldas a la consolidación y Modernización del Oleoducto Norperuano, desconociendo la Ley Nº 30993 (agosto 2019) declara de interés nacional la elaboración y ejecución del Proyecto de Afianzamiento y Modernización del oleoducto norperuano, con el objeto de garantizar la operatividad y mantenimiento eficiente del oleoducto nor peruano, ampliar su extensión, incrementar su capacidad de transporte y rentabilidad, salvaguardar la conservación del medio ambiente y complementar el Proyecto de Modernización de la refinería de Talara, así como garantizar una adecuada participación por concepto de impuestos, canon y regalías a favor del Estado.

El oleoducto de Petroperú víctima de los sabotajes, sin responsables y sin sanciones, así durante los años 2014 – 2019 han ocurrido 43 contingencias de las cuales el 63% corresponden a cortes realizados a la tubería (incluye 09 perforaciones para robar crudo), efectuados por terceras personas en actos delictivos, siendo el monto de los actos delictivos unos 270.9 MMS/, representando el 69% de la Utilidad de PETROPERÚ obtenida en el año 2018.

Oleoducto de petróleo

Anuncios privatistas ponen en peligro a Petroperú y a los intereses nacionales.

El gobierno a través de sus representantes en Petroperú, ha anunciado la venta de las acciones de Petroperú y no señala el destino preciso de esos ingresos, no posibilita la ejecución de proyectos establecidos por ley, es inoportuna y puede generar especulación financiera que favorecería a lobbys empresariales y afectaría la rentabilidad de Petroperú. El solo anuncio de la venta de acciones, cuando aún no concluye el proyecto de modernización de la refinería de Talara, es casi un llamado a los grupos privados especuladores financieros, poniendo a la empresa en situación desventajosa.

El Estado ha dejado sola a la empresa en el financiamiento de uno de sus más grandes proyectos la Modernización de la Refinería de Talara

Solo el endeudamiento de la empresa no puede permitir el financiamiento de grandes proyectos como es la Modernización de la Refinería de Talara, por ello es que el tesoro Público debe asumir parte de la deuda de Petroperú en el proyecto de la Refinería de Talara, lo que no encarece el proyecto ni incrementa la deuda pública nacional, ya que la deuda de Petroperú es deuda pública. Al pasar al tesoro Público parte de la deuda, se podrá acceder a tasas de interés más bajas y generar ahorros al Estado y sobre todo mejorar su balance e incrementar su valoración en el mercado. Pese a ello el Estado peruano ha dejado sola a la empresa de todos los peruanos.

Y, además, las deudas del Estado con Petroperú por gastos de remediación ambiental en activos privatizados no son pagadas, afectando la situación financiera de la empresa.

En este marco he presentado el Proyecto de Ley 4741-2019-CR que tiene por objeto Capitalizar a Petroperú S.A. como empresa estatal estratégica, para garantizar su integración vertical como base de la soberanía energética y el desarrollo nacional y propone en concordancia con el artículo 60 de la Constitución Política se declare de alto interés público y conveniencia nacional la Capitalización e integración de Petroperú mediante las políticas:

Afirmar Integración Vertical Estratégica de Petroperú (Lotes, Oleoducto, Refinería) afirmándola como Industria Nacional Petrolera de Valor Agregado para cumplir con los objetivos de aporte estratégico al desarrollo nacional, cumplimiento con la reversión a Petroperú del 100% de los lotes de hidrocarburos concesionados por el Estado en la zona noroeste y de la Amazonía, en los plazos de su vencimiento establecidos en las leyes y sus respectivos contratos y autorícese a Petroperú a convocar por licitación a socios para la exploración y explotación de dichos lotes.

Cumplir con la Ley Nº 30130 y Ley Nº 30357 y entrega del Lote 192 a Petroperú, dando un plazo de treinta (30) días siguientes a la publicación de la presente Ley para que PERUPETRO S.A. celebre con PETROPERU S.A. el contrato de Licencia para actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 192. Petroperú S.A. no debe perder la mayoría accionaria al convocar a socios estratégicos para su actividad en este Lote.

Viabilizar la participación del Petroperú en el Lote 64, permitiendo que con su socia y las comunidades amazónicas aprueben e implementen un Plan de Desarrollo integral Sostenible en el ámbito del Lote 64.

Participación de Petroperú en el gasoducto Sur Andino y en la Petroquímica.

En cumplimiento de la Ley Nº 29970 (2012), Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país, se permite la participación de las empresas del Estado en los proyectos energéticos específicos que incrementen la seguridad energética y Petroperú S.A participa en los proyectos de gasoducto y el poliducto comprendidos desde la planta de procesamiento de Camisea hasta la estación de compresión Chiquintirca, el gasoducto y/o poliducto comprendido desde el sistema existente hasta Anta, en la región Cusco, que esté en capacidad de suministrar gas natural a la futura Central Térmica de Quillabamba y a la costa sur del país y la participación de Petroperú en la Petroquímica.

Participación de Petroperú en las operaciones de distribución de combustible Limpio.

Debe permitirse a Petroperú S.A. participar en la distribución mayorista y distribución minorista y comercialización de combustibles por medio de estaciones de servicios (grifos).

Consolidar y Modernizar del Oleoducto Norperuano.

Se debe apoyar financieramente a Petroperú S.A para ejecutar las inversiones y gastos necesarios para la adecuada operación del Oleoducto Nor peruano que aseguren el mantenimiento, sostenibilidad y mejoras de la infraestructura en el marco de la Ley Nº 30993 que declara de interés nacional la elaboración y ejecución del Proyecto de Afianzamiento y Modernización del oleoducto norperuano.

Venta progresiva de hasta el 20% de las acciones de Petroperú colocándolas en el Mercado de Valores para financiar proyectos estratégicos.

Autorizar a Petroperú a transferir hasta el 20% de las acciones representativas de su capital social, las cuales deberán estar inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores e incluirán las condiciones del accionariado difundido de participación ciudadana. Dicha transferencia se efectuará a través de mecanismos de negociación en el Mercado de Valores. El producto de dicha transferencia deberá ser aportado por el Estado al capital social de Petróleos del Perú. Estos recursos serán destinados prioritariamente a los proyectos señalados por la Ley Nº 29970, la Ley y la Ley 29817 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Gas natural, líquidos de Gas natural y derivados y la creación de un polo industrial petroquímico, con fines de seguridad energética nacional.

La autorización para esta venta hasta el 20 % de acciones, rige cuando esté concluida la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, como medida de prevención ante la especulación financiera.

Tesoro Público debe asumir parte de la deuda de Petroperú en el proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.

El Tesoro Público asume parte de la deuda de Petroperú en el proyecto de la Refinería de Talara, con acceso a tasas de interés bajas, ahorro al Estado con el objeto de mejorar su balance empresarial e incrementar su valoración en el mercado.

Reembolso de los gastos de remediación ambiental en activos privatizados.

El Ministerio de Economía y Finanzas debe actualizar la deuda del Estado por los gastos asumidos por Petroperú por remediación ambiental de activos privatizados y proceder a su devolución.

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Política

Usurpadores deberán ser investigados

Publicado

en

Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

Publicado

en

José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

Publicado

en

Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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