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Urgente capitalización e integración de Petroperú

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Petroperú

PARA GARANTIZAR SOBERANÍA ENERGÉTICA Y DESARROLLO NACIONAL

El 4 de setiembre 2018 y ante la preocupante situación que enfrenta la Empresa Petroperú presente el Proyecto de Ley 4741-2019-CR como instrumento ciudadano para su defensa mediante su capitalización e integración, veamos sus contenidos:

Petroperú: Empresa estratégica rentable.

Pese a que, desde el año 1992, Petroperú viene soportando los impactos negativos de la privatización, sigue siendo una empresa rentable generando utilidades y acrecentando su importancia en la economía nacional, que supera el 4% en relación al valor de la producción nacional.

La Utilidad Bruta pasó de US$ 133 MM en el 2T18 a US$ 136 MM en el 2T19, la Utilidad de Operación se incrementó 78%, MM en el 2T19. La utilidad Neta en el 2T19 fue de US$ 51 MM en comparación con US$ 24 MM en el 2T18.

PETROPERÚ S.A. continúa siendo líder del mercado nacional de combustibles con una participación del 46% en el periodo abril/junio 2019.

Petroperú está financiamiento uno de los proyectos estratégicos más importantes del país, la Modernización de la Refinería de Talara.

Petroperú se encuentra hoy en una disyuntiva histórica, o cae en manos de los intereses lobbystas privados que pretendieron liquidarla para someter a este patrimonio de todos los peruanos a fines rentistas de grupos privados nacionales y extranjeros, que se enriquecieron a costas de nuestros recursos de petróleo y gas, o, se fortalece como la empresa de todos los peruanos para asegurar rentas estratégicas para el desarrollo nacional.

Durante los 25 años de privatización Petroperú fue el blanco de los intereses privatistas y su entorno no permitió su fortalecimiento: Las empresas privadas concesionarias de los lotes de hidrocarburos no han cumplido con las inversiones y han causado la grave crisis de producción petrolera, el rentismo de las petroleras y la falta de inversiones generó grandes pérdidas por importación de petróleo, hoy a estos contratistas que no invirtieron se les quiere ampliar 30 años más sus plazos para beneficiarlos, las reservas de hidrocarburos que existen en estos Lotes no son revertidos a Petroperú, empresa de todos los peruanos, con lo que no permiten que aproximadamente 15 mil millones de dólares pasen a capitalizar Petroperú; el Lote 192, que por la Ley 30357 debería estar en manos de Petroperú, no lo está, perdiendo una capitalización de 13 mil millones de dólares; se acrecientan los problemas en su participación en el Lote 64 que tiene 160 millones de barriles de crudo; no se permite la participación de Petroperú en el gasoducto Sur Andino ni en el proyecto de la petroquímica, como lo señala la Ley 29970 (2012), imposibilitando hacer realidad el gasoducto y el poliducto comprendidos desde la planta de procesamiento de Camisea hasta la estación de compresión Chiquintirca, el gasoducto y/o poliducto comprendido desde el sistema existente hasta Anta, en la región Cusco, que esté en capacidad de suministrar gas natural a la futura Central Térmica de Quillabamba y a la costa sur del país.

El gasoducto hasta la zona de Anta es considerado como parte del Sistema de Seguridad Energética. Tampoco se permite que Petroperú participe de las operaciones de distribución de combustibles, que es el último eslabón del negocio petrolero, que es la distribución mayorista y distribución minorista por medio de estaciones de servicios (grifos). Para el lobbysmo, el gran negocio de la comercialización de los combustibles no puede estar en manos de Petroperú, pero sí para los privados rentistas, que impiden que los hidrocarburos sean un elemento clave para el desarrollo del país.

Estado de espaldas a la consolidación y Modernización del Oleoducto Norperuano, desconociendo la Ley Nº 30993 (agosto 2019) declara de interés nacional la elaboración y ejecución del Proyecto de Afianzamiento y Modernización del oleoducto norperuano, con el objeto de garantizar la operatividad y mantenimiento eficiente del oleoducto nor peruano, ampliar su extensión, incrementar su capacidad de transporte y rentabilidad, salvaguardar la conservación del medio ambiente y complementar el Proyecto de Modernización de la refinería de Talara, así como garantizar una adecuada participación por concepto de impuestos, canon y regalías a favor del Estado.

El oleoducto de Petroperú víctima de los sabotajes, sin responsables y sin sanciones, así durante los años 2014 – 2019 han ocurrido 43 contingencias de las cuales el 63% corresponden a cortes realizados a la tubería (incluye 09 perforaciones para robar crudo), efectuados por terceras personas en actos delictivos, siendo el monto de los actos delictivos unos 270.9 MMS/, representando el 69% de la Utilidad de PETROPERÚ obtenida en el año 2018.

Oleoducto de petróleo

Anuncios privatistas ponen en peligro a Petroperú y a los intereses nacionales.

El gobierno a través de sus representantes en Petroperú, ha anunciado la venta de las acciones de Petroperú y no señala el destino preciso de esos ingresos, no posibilita la ejecución de proyectos establecidos por ley, es inoportuna y puede generar especulación financiera que favorecería a lobbys empresariales y afectaría la rentabilidad de Petroperú. El solo anuncio de la venta de acciones, cuando aún no concluye el proyecto de modernización de la refinería de Talara, es casi un llamado a los grupos privados especuladores financieros, poniendo a la empresa en situación desventajosa.

El Estado ha dejado sola a la empresa en el financiamiento de uno de sus más grandes proyectos la Modernización de la Refinería de Talara

Solo el endeudamiento de la empresa no puede permitir el financiamiento de grandes proyectos como es la Modernización de la Refinería de Talara, por ello es que el tesoro Público debe asumir parte de la deuda de Petroperú en el proyecto de la Refinería de Talara, lo que no encarece el proyecto ni incrementa la deuda pública nacional, ya que la deuda de Petroperú es deuda pública. Al pasar al tesoro Público parte de la deuda, se podrá acceder a tasas de interés más bajas y generar ahorros al Estado y sobre todo mejorar su balance e incrementar su valoración en el mercado. Pese a ello el Estado peruano ha dejado sola a la empresa de todos los peruanos.

Y, además, las deudas del Estado con Petroperú por gastos de remediación ambiental en activos privatizados no son pagadas, afectando la situación financiera de la empresa.

En este marco he presentado el Proyecto de Ley 4741-2019-CR que tiene por objeto Capitalizar a Petroperú S.A. como empresa estatal estratégica, para garantizar su integración vertical como base de la soberanía energética y el desarrollo nacional y propone en concordancia con el artículo 60 de la Constitución Política se declare de alto interés público y conveniencia nacional la Capitalización e integración de Petroperú mediante las políticas:

Afirmar Integración Vertical Estratégica de Petroperú (Lotes, Oleoducto, Refinería) afirmándola como Industria Nacional Petrolera de Valor Agregado para cumplir con los objetivos de aporte estratégico al desarrollo nacional, cumplimiento con la reversión a Petroperú del 100% de los lotes de hidrocarburos concesionados por el Estado en la zona noroeste y de la Amazonía, en los plazos de su vencimiento establecidos en las leyes y sus respectivos contratos y autorícese a Petroperú a convocar por licitación a socios para la exploración y explotación de dichos lotes.

Cumplir con la Ley Nº 30130 y Ley Nº 30357 y entrega del Lote 192 a Petroperú, dando un plazo de treinta (30) días siguientes a la publicación de la presente Ley para que PERUPETRO S.A. celebre con PETROPERU S.A. el contrato de Licencia para actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 192. Petroperú S.A. no debe perder la mayoría accionaria al convocar a socios estratégicos para su actividad en este Lote.

Viabilizar la participación del Petroperú en el Lote 64, permitiendo que con su socia y las comunidades amazónicas aprueben e implementen un Plan de Desarrollo integral Sostenible en el ámbito del Lote 64.

Participación de Petroperú en el gasoducto Sur Andino y en la Petroquímica.

En cumplimiento de la Ley Nº 29970 (2012), Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país, se permite la participación de las empresas del Estado en los proyectos energéticos específicos que incrementen la seguridad energética y Petroperú S.A participa en los proyectos de gasoducto y el poliducto comprendidos desde la planta de procesamiento de Camisea hasta la estación de compresión Chiquintirca, el gasoducto y/o poliducto comprendido desde el sistema existente hasta Anta, en la región Cusco, que esté en capacidad de suministrar gas natural a la futura Central Térmica de Quillabamba y a la costa sur del país y la participación de Petroperú en la Petroquímica.

Participación de Petroperú en las operaciones de distribución de combustible Limpio.

Debe permitirse a Petroperú S.A. participar en la distribución mayorista y distribución minorista y comercialización de combustibles por medio de estaciones de servicios (grifos).

Consolidar y Modernizar del Oleoducto Norperuano.

Se debe apoyar financieramente a Petroperú S.A para ejecutar las inversiones y gastos necesarios para la adecuada operación del Oleoducto Nor peruano que aseguren el mantenimiento, sostenibilidad y mejoras de la infraestructura en el marco de la Ley Nº 30993 que declara de interés nacional la elaboración y ejecución del Proyecto de Afianzamiento y Modernización del oleoducto norperuano.

Venta progresiva de hasta el 20% de las acciones de Petroperú colocándolas en el Mercado de Valores para financiar proyectos estratégicos.

Autorizar a Petroperú a transferir hasta el 20% de las acciones representativas de su capital social, las cuales deberán estar inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores e incluirán las condiciones del accionariado difundido de participación ciudadana. Dicha transferencia se efectuará a través de mecanismos de negociación en el Mercado de Valores. El producto de dicha transferencia deberá ser aportado por el Estado al capital social de Petróleos del Perú. Estos recursos serán destinados prioritariamente a los proyectos señalados por la Ley Nº 29970, la Ley y la Ley 29817 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Gas natural, líquidos de Gas natural y derivados y la creación de un polo industrial petroquímico, con fines de seguridad energética nacional.

La autorización para esta venta hasta el 20 % de acciones, rige cuando esté concluida la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, como medida de prevención ante la especulación financiera.

Tesoro Público debe asumir parte de la deuda de Petroperú en el proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.

El Tesoro Público asume parte de la deuda de Petroperú en el proyecto de la Refinería de Talara, con acceso a tasas de interés bajas, ahorro al Estado con el objeto de mejorar su balance empresarial e incrementar su valoración en el mercado.

Reembolso de los gastos de remediación ambiental en activos privatizados.

El Ministerio de Economía y Finanzas debe actualizar la deuda del Estado por los gastos asumidos por Petroperú por remediación ambiental de activos privatizados y proceder a su devolución.

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Política

Limpieza en el sistema de justicia

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Junta Nacional de Justicia (JNJ), el presidente de dicha entidad, Aldo Vásquez

Tras el anuncio del inicio de procesos disciplinarios e investigaciones preliminares contra siete magistrados por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el presidente de dicha entidad, Aldo Vásquez, aseguró que el organismo actuará con la mayor imparcialidad y cumpliendo los más altos estándares constitucionales y convencionales en los procesos contra dos fiscales supremos y cuatro jueces supremos.

En ese sentido, garantizó que la JNJ respetará “todos los derechos propios del debido proceso a quienes son sometidos a investigación”. Como se dio a conocer, los magistrados sometidos a proceso disciplinario inmediato son los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, y los jueces supremos Martín Hurtado y Aldo Figueroa. En tanto, para el ex juez supremo Vicente Walde y los jueces supremos César San Martín y Ángel Romero se dispuso el inicio de una investigación preliminar.

En el programa Nada está dicho, de RPP, Vásquez manifestó que dentro de sus atribuciones la JNJ puede requerir a otras instancias del Estado, así como a otras del ámbito privado, “toda la información que sea necesaria para los procesos disciplinarios a su cargo”. Sin embargo, aclaró que la JNJ no tiene competencias sobre materia penal, ya que eso le corresponde al Ministerio Público.

“La responsabilidad de la JNJ es cautelar la independencia de jueces y fiscales. Eso significa también remover todo obstáculo que impida el ejercicio independiente de juez y fiscal de cualquier poder político, económico o del tipo que fuera”.

MEDIDAS CAUTELARES

En entrevista con Canal N, el presidente de la JNJ señaló que podría aplicarse la separación temporal a los magistrados que cuenten con procesos disciplinarios abiertos a modo de una medida cautelar.

“Esa posibilidad está siempre abierta, es una medida cautelar de suspensión que podría adoptarse. No hablo en ningún caso en particular, todos los casos que llevamos en la JNJ tienen carácter de reservados”, indicó, y advirtió que dichas medidas cautelares se imponen cuando se advierten riesgos de obstaculización o ante la existencia de elementos de convicción sobre actos irregulares por parte de los investigados.

AL TORO POR LAS ASTAS

Para el analista político Miguel Jugo ha sido un acierto por parte de la JNJ darle prioridad al caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la piedra angular del problema de justicia en tanto han sido una red organizada. “Lo que ha habido siempre son grupos al interior del Poder Judicial que ejercían acciones corruptas, pero lo que han intentado los Cuellos Blancos es tejer una red en el Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura para beneficiarse mutuamente al margen de la ley. Evidentemente esto representa un problema importante y la JNJ ha hecho bien en darle prioridad”, afirmó.

Respecto al fiscal supremo Tomás Gálvez, acusado de pertenecer presuntamente a esta red criminal, Jugo recordó que ya el fiscal anticorrupción Martín Salas ha solicitado que sea apartado del Ministerio Público. “Esto es sumamente grave porque gente de su misma institución lo está señalando. Es muy importante que se logre sancionar porque la mayoría de miembros titulares de la Fiscalía están envueltos en procesos por corrupción, y una institución de esta importancia no puede estar con sus miembros más importantes en situaciones complicadas por presuntos actos fuera de la ley”, anotó.

Sobre las eventuales sanciones que recaerían sobre los magistrados investigados, Jugo indicó que existen diversas posibilidades, en tanto la JNJ tiene facultades administrativas de sanción, pero serán otras instancias las que sancionen penalmente por los delitos en que se les encuentre responsabilidad. En esa línea, advirtió la importancia de que el nuevo Congreso asuma “un compromiso de colaborar con la justicia y avanzar en el levantamiento de la inmunidad para que estas personas con protección constitucional puedan ser llevadas a un proceso judicial”.

ALGO MÁS

Finalmente, el analista consideró que el mensaje de la JNJ hacia la ciudadanía debe ser firme, y que “se va a poner mano dura con todos los actos de corrupción en el Poder Judicial y en la Fiscalía”. “Desde la población, también se debe tomar conciencia de que los ciudadanos pueden participar en los actos de fiscalización mediante sus denuncias, se debe arribar al momento en que la gente vaya esperanzada en poder alcanzar justicia cuando acuda a las instancias de justicia en el país”, manifestó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Destacados profesionales, académicos e intelectuales se suman a Nuevo Perú

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Diego Trelles Paz

Ayer, más de 100 profesionales de diversas disciplinas y de reconocida trayectoria participaron en la reunión de afiliación de Nuevo Perú, quienes manifestaron su identificación por la agenda programática de la organización política, que reivindica la democracia y una economía diversa que genere empleo digno.

Durante el evento de afiliación, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, destacó la participación e interés de todos los asistentes a este diálogo abierto y su amor al Perú.

“Estamos aquí porque nos indigna la corrupción y la violencia, porque nos angustia la precariedad y las múltiples discriminaciones, pero también porque amamos a nuestro país y sabemos que más allá de los corruptos y mafiosos que lo tienen secuestrado, hay un país rico y diverso con un pueblo trabajador y creativo. Sí se puede recuperar el Perú”.

“Necesitamos esa fuerza para lograr los cambios que el país necesita. Es el momento histórico para decidir qué país queremos legarle a nuestros hijos e hijas. Nosotros queremos un país con valores, con ciudadanía, con derechos, solidario sin violencia ni corrupción y para ellos queremos construir con ustedes, un Nuevo Perú”, señaló Mendoza.

Entre los profesionales afiliados, podemos destacar Roberto Rodríguez Rabanal, dos veces decano nacional del Colegio de Sociólogos del Perú; Jorge Manco Zaconetti, economista especialista en Hidrocarburos; y Sigfredo Chiroque Chunga, docente y sociólogo, experto en el seguimiento y análisis de las políticas educación, por mencionar a algunos de ellos.

Desde Francia, el reconocido escritor Diego Trelles Paz, anunció también su afiliación a Nuevo Perú. “Las políticas neoliberales son políticas de muerte. Transforman derechos como la educación y la salud en negocios privados. Normalizan la exclusión y la pobreza. No tengo dudas, el Nuevo Perú es la única fuerza progresista con posibilidades electorales que busca un país más justo e igualitario” señaló.

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Política

Accidente que habría causado contaminación en zona de emergencia

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Accidente que habría causado contaminación en zona de emergencia camión chocado en ladera de cerro pista carretera

Al promediar las 3:30 de la tarde del jueves 20 de febrero, un vehículo encapsulado de placa ARB-913, perteneciente a la empresa WARI, que brinda servicios a la compañía minera MMG Las Bambas, sufrió un accidente en el sector CcollpaUma, que forma parte de la comunidad campesina de Urinsaya – Coporaque, zona que actualmente se encuentra en #EstadoDeEmergencia por las protestas en contra de la contaminación extractiva. Los comuneros reportaron, a través de las redes sociales, que a causa del accidente se vienen derramando materiales líquidos en riachuelos que conectan con el río de Urinsaya y el río Apurímac.

Los primeros en llegar a la zona afectada fueron funcionarios de la municipalidad de Espinar. ‘La contaminación es evidente, pudimos constatar la presencia de líquidos extraños que se vertían en los canales que llegan a un bofedal. El accidente fue por la tarde, y no vimos a funcionarios de la fiscalía o de la OEFA’ declaró YenyHuillca, regidora municipal, a través de una entrevista telefónica.

A pesar de que la empresa se ha pronunciado anunciando que ha cumplido con los protocolos pertinentes de mitigación, Isaías K’ana, Presidente Comunal de Urinsaya, a quién también pudimos entrevistar, considera que la situación es preocupante por el contexto de estado de emergencia al que se enfrentan. ‘El agua contaminada es de consumo humano, también la usamos para alimentar a nuestros animales y para la agricultura, con la temporada de lluvias creemos que la contaminación ha sido mayor’ informó K’ana.

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