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Urgencias: TBC y SIS

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Luego de lanzado el “Pacto por la Salud” propuesto por el Ministro Abel Salinas, que en opinión de expertos, sociedad civil y gremios no permite observar orientación ni medidas específicas, es necesario enfatizar urgencias.

SEMANA TBC
Esta semana se ha reactivado el espacio “Mesa Alto a la TB de San Juan de Lurigancho”; asimismo el MINSA, luego de las acciones de las organizaciones de afectados con TBC, convocó a éstas y se comprometió a reiniciar las cirugías de tórax para casos graves vía un plan de contingencia del que hay que estar vigilantes; y se desarrolló la reunión de Ministros de Salud de la Región Andina y Caribe convocada por el “Organismo Andino de Salud” en Lima, cuyo tema central fue “Hacia el Fin de la TBC”.

El MINSA sostuvo que los nuevos casos de TBC se han reducido en los últimos 15 años en 43%, o sea que tenemos casi la mitad de nuevos casos de TBC que en 2003; pero el asunto no es tan exacto ni triunfalista. Si bien las estadísticas oficiales muestran ese descenso, se trata de la TBC sensible, mientras que los casos de TBC Multidrogo Resistente, van en un aumento sostenido con cerca de 1400 casos nuevos cada año. Este dato puede deberse a que no se están detectando muchos nuevos casos de TB sensible, que luego se convierten en resistente, o a que los medicamentos ya no tiene el efecto esperado. Habría que añadir que el abandono del tratamiento en la TBC Multidrogo Resistente es de alrededor de 30% y en regiones como Madre de Dios virtualmente el 100%.

CONTRALORÍA DESNUDA MINSA
La respuesta del MINSA frente a la TB ha sido desnudada por el informe de la Contraloría de la República sobre la repuesta en Lima, que evidencia fallas continuas y sistemáticas: 1) No cumplimiento de metas de captación y búsqueda de sintomáticos; 2) Baja calidad de detección, 75% debajo de lo esperado; 3) Solo el 19% de los sintomáticos logró tener las dos pruebas de esputo obligatorias; 4) 18 días para tener el resultado de la prueba de sensibilidad rápida, siendo el tiempo establecido 3 días. Asimismo, cerca de 120 casos nuevos de TBC extremadamente resistente y 30 mil casos de TBC sensible al año, exigen un replanteamiento de la estrategia del MINSA, del Estado y sociedad.

Hospital de Vitarte

SIS SUFRIENTE
A ello hay que añadir un asunto derivado de la crisis irresuelta del SIS, que está generando barreras para la atención de las personas con TBC. El DL 1346 aprobado a inicios del año pasado, al exigir que ahora la afiliación al SIS esté condicionada a la “evaluación socio económica” que hace el municipio distrital, en la práctica genera entre dos y cuatro mes de retraso en la cobertura financiera; si bien el tratamiento se entrega, el problema surge para los exámenes y demás requerimientos, que afectan drásticamente el bolsillo de los pacientes. Esta situación viola la Ley de TBC, que establece la obligación del Estado de dar atención integral a toda persona detectada.

El SIS el 2017 ha desafiliado cerca de un millón de ciudadanos, lo que se viene traduciendo en desatenciones de todo tipo. A pesar de que su presupuesto para el 2018 es 30% mayor que el año anterior, la gestión del SIS opera con una lógica de sospecha y restricción. Es injustificable que ahora a los pacientes del SIS se les haga firmar una declaración jurada de no contar con otro seguro de salud, lo que implica cargar al ciudadano una responsabilidad de los sistemas de información del Estado.

CRIMINILIZANDO PACIENTES
Pero lo más grave es que esa DJ contenga en siguiente párrafo: “Autorizo al SIS a iniciar las acciones legales correspondientes en caso falte a la verdad”. Es decir, primero cargan la responsabilidad del identificación de acceso al ciudadano, y encima lo obligan a declararse culpable de un delito; porque si uno asume la falsedad de un documento público está cometiendo delito contra la fe pública que puede ser penado con prisión.

Esto último expresa la lógica en que el Estado, el SIS y los hospitales públicos están funcionando. En lugar de respetar el derecho universal a la atención, buscan con evaluaciones y DJ colocar al ciudadano como un potencial peligro para evitar “las filtraciones”, que no son más que otro de los tótems que el neoliberalismo se ha inventado en salud. La TBC y cualquier situación de salud se resolverán con políticas universales, no con papelería intonsa.

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Política

¿Adiós a la reforma política?

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Marcha protesta de la gente Cierre de Congreso

Luego de la difusión por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de los resultados de las elecciones congresales extraordinarias 2020, la inquietud que surge en la ciudadanía es respecto a cuándo se instalará finalmente el Congreso.

Hay que recordar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, las normas aplicables en un proceso electoral deben ser aprobadas por lo menos un año antes del día de las elecciones. En otras palabras, si las próximas elecciones generales se llevan a cabo el 11 de abril de 2021, las leyes aplicables para este proceso electoral tendrían que ser emitidas como máximo el 10 de abril de 2020.

¿Tendrá tiempo el Congreso para poner en debate y aprobar las normas pendientes comprendidas dentro del paquete de proyectos de la reforma política? Se debe considerar que tras la finalización del conteo y la revisión de actas, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamar los resultados de manera oficial y proporcionar a la Oficialía Mayor del Congreso las credenciales de los 130 congresistas elegidos. Este órgano, a su vez, entregará a los nuevos congresistas un formulario que deberá ser llenado y devuelto con una declaración jurada sobre bienes y rentas en un plazo máximo de un mes. Posteriormente, se conformará una Junta Preparatoria que deberá coordinar con el presidente de la Comisión Permanente lo relativo al proceso de transición.

En suma, todo esto podría tomar 45 días, por lo que se tornaría inviable cumplir con la aprobación de las normas pendientes respecto a la reforma política antes del 10 de abril. A esto hay que añadir que antes de debatir cualquier ley, primero se deberá instalar la Mesa Directiva y formar el cuadro de comisiones.

TODO SEGUIRÍA IGUAL

En ese escenario, cabe recordar que el Congreso disuelto aprobó parcialmente algunos de los seis proyectos de la reforma política que el Ejecutivo había presentado. Sin embargo, algunos de ellos habrían sido desnaturalizados de su propuesta original.

A criterio del analista Gerardo Távara, el Congreso disuelto no sólo dejó inconclusa la reforma política, sino que “la hizo mal”. “Por ejemplo, estableció que las elecciones primarias se apliquen a los partidos nuevos pero no a los ya inscritos; estableció también que la paridad de hombres y mujeres en las listas se aplique progresivamente desde el año 2021 hasta el 2031. En materia de inmunidad parlamentaria, se aprobó una norma que amplía el “manto de protección” sobre los congresistas y mantiene la decisión en manos del Congreso de la República”, escribió en su blog Tiempo y Lugar.

Por otro lado, los exintegrantes de la Comisión de Alto Nivel, autora de los proyectos de reforma política, sugirieron a fines de enero que se complete la reforma respecto al financiamiento de los partidos políticos, así como “mejorar el proceso de rendición de cuentas y gastos de campaña, los mecanismos de control, y el establecimiento de sanciones con capacidad de hacerse efectivas, incluyendo las políticas”.

El grupo de trabajo liderado por Fernando Tuesta Soldevilla también incidió en la necesidad de lograr la reforma constitucional que impida la postulación a cargos públicos a aquellos sentenciados en primera instancia por delitos dolosos, lo que además requeriría un desarrollo legal para que sea aplicable al 2021.

La no aprobación de las normas referidas a las obligatoriedad de elecciones internas simultáneas para todas las organizaciones políticas, así como la eliminación del voto preferencial sería perjudicial para evitar que desde los partidos se postule a candidatos que sin necesidad de contar con respaldo de bases podrían conseguir un lugar preferente en las listas a cambio de aportes de dinero.

VIZCARRA (AÚN) PUEDE AYUDAR

Para Távara, el Ejecutivo debería aprobar mediante decreto de urgencia la reducción del plazo de aprobación de normas electorales de 1 año a 6 meses antes del día de las elecciones, como una medida extraordinaria de cara a las elecciones generales de abril del 2021.

“Si los partidos que han obtenido representación en el Congreso 2020 – 2021 están efectivamente dispuestos a avanzar en la reforma política y electoral como lo han manifestado, respaldarán esta medida”, señaló.

El exsecretario general de la Asociación Civil Transparencia explicó que “no se trata de que el Poder Ejecutivo apruebe la reforma política y electoral sustituyendo al Congreso de la República, sino que “se trata más bien de que le facilite el plazo para que cumpla con su función de forma oportuna y óptima”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Verónika Mendoza llama al pueblo a organizarse para lograr cambios

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Verónika Mendoza

En el Tinkuy (Encuentro) realizado en Lima Norte tras escuchar a los dirigentes y dirigentes y los problemas pendientes que afectan a sus comunidades, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza destacó y saludó sus luchas para exigir una mejor educación para sus hijos, acceso a agua potable, tarifas justas para el servicio de gas natural y pensiones dignas para los jubilados, destacando la importancia de seguir organizándose.

“Sabemos que la organización del pueblo, en sus barrios y comunidades es la única garantía para que las cosas cambien. Por eso, desde aquí tenemos que seguir organizándonos hasta lograr un gobierno del pueblo y para el pueblo”, destacó

“Nuevo Perú quiere ser más que un partido, quiere ser ese movimiento que articule las valiosas luchas de los pueblos. Queremos estar presente en cada barrio, en cada distrito, comunidad, en cada asociación de comerciantes. Eso es lo que queremos invitarlos e invitarlas a construir” señaló Mendoza invitando a afiliarse a Nuevo Perú.

DEBILIDAD DE GOBIERNO PARA RESPONDER A ODEBRECHT

La lideresa de Nuevo Perú se refirió también a la lucha contra los corruptos y como el Estado peruano sigue capturado por los grandes grupos económicos. En este sentido criticó la débil reacción del gobierno de Vizcarra frente a la denuncia de Odebrecht al Estado peruano ante el CIADI.

“Hace pocos días nos hemos enterado de como uno de los ministros de Vizcarra había trabajado para Odebrecht, y como esta misma empresa ha denunciado al Perú ante tribunales internacionales. Una vez más vimos un gobierno timorato, nervioso, ante un gran poder económico. Necesitamos gobiernos que hagan respetar los intereses del Estado y de los peruanos y peruanas”.

Finalmente, Verónika Mendoza se comprometió a regresar a Lima Norte para realizar un gran Tinkuy con los trabajadores del comercio ambulatorio, pero también a seguir recorriendo el país, en el marco de #YoMeUno, como se conoce a la campaña de afiliación de Nuevo Perú, para continuar recogiendo las demandas de la gente.

“A nosotros nos sobra la voluntad de sumar fuerzas en torno a una propuesta de cambio y de nueva Constitución. No estamos haciendo política solo por un cargo o para quedar bien con los que se creen dueños del país, sino para recuperar el Estado para ponerlo al servicio de la gente”, señaló.

Además del Tinkuy de Lima Norte que contó con la presencia del excongresista Manuel Dammert y de excandidatas al Congreso como Grace Baquerizo, Lucía Alvites y Gahela Cari, Nuevo Perú realizó otras actividades como el Encuentro de Mujeres realizado el miércoles pasado en Lima, en el que participaron dirigentes sindicales, del sector autoempleadas, líderes feministas, y mujeres organizadas con el objetivo de articular las diversas plataformas reivindicativas de las mujeres.

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Política

Hunden más a Ollanta Humala

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

El círculo final en contra de Ollanta Humala se va cerrando. El dominical Panorama reveló que un nuevo colaborador eficaz en el caso “El Club de la Construcción” confirmó que el expresidente de la República recibió millonarios sobornos tanto en Palacio de Gobierno como en su propio domicilio, a cambio de conceder las licitaciones de carreteras sobrevaluadas mediante Provías.

Según el testimonio del colaborador eficaz, las entregas de dinero fueron realizadas por José Paredes, hermano del exministro Carlos Paredes, más de veinte. “Recuerdo que una de estas se produjo el día 21 de Noviembre del 2011… Esta entrega fue de aproximadamente 500 mil dólares y ese mismo día José Paredes entregó el dinero a Ollanta Humala, en su oficina de Palacio”, consigna la declaración.

De acuerdo al colaborador, Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron dinero no solamente de Odebrecht, sino también del “Club de la Construcción”. También reveló que en ocasiones, cuando llegaban al domicilio del presidente, se encontraban con Nadine Heredia: “Humala le entregaba a ella el maletín que contenía el dinero y le pedía que lo guarde, se saludaban y luego ella los dejaba en el comedor de diario, donde los dos solos cenaban algo y seguían conversando”.

Se estima que el total de las millonarias coimas cobradas por Ollanta Humala, en complicidad con Nadine Heredia, a quien consideraba “su mejor Primer Ministro”, alcanzaría los US$ 18 millones. Esto correspondería al 3% pactado respecto al monto de las obras adjudicadas al “Club de la Construcción”. Según el testimonio, las empresas entregaban el dinero a Rodolfo Prialé, hoy colaborador eficaz, mediante un servicio fantasma; este lo entregaba a Paredes, y este a su vez lo hacía llegar a Humala.

Finalmente, Panorama también reveló imágenes donde se observan anotaciones “de puño y letra” de Nadine Heredia sobre movimientos de dinero entre Humala, José Paredes y hasta aportes del chavismo.

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