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Una región rica, pero llena de pobres

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En el ranking nacional de inversión minera, Apurímac lidera con el 22% del total nacional, seguido por Junín con 15%, Arequipa 12%. Los principales proyectos mineros con inversión inicial comprometida en la región son: Las Bambas (US$4,200 millones), Haquira (US$2,800 millones), Apurímac Ferrum (US$ 2,600 millones), Los Chancas (US$ 1,300 millones), Trapiche (US$ 1,000 millones) y el proyecto Anama, de la compañía Aruntani (segundo productor aurífero nacional después de Buenaventura) que producirá 60,000 onzas anuales de oro. Treinta proyectos mineros se apoderaron de Apurímac que representa aproximadamente el 65% de su territorio.

Según el Boletín Estadístico de mayo 2015, del Ministerio de Energía y Minas, los ingresos por concepto de canon minero para Apurímac ascendieron en el periodo 2010 -2014 a S/4, 700,000 en promedio anual. Las regiones que registran millonarios ingresos son: Ancash 855 millones promedio anual, Arequipa 524 millones y Cajamarca 449 millones. Pregunto ¿en este escenario, tiene sentido el canon? ¿El Estado, no es acaso quien debe promover la equidad entre regiones y grupos sociales?

Las millonarias inversiones mineras que se iniciaron en la región en el 2004, no trajo consigo la esperada reducción de la pobreza, ni la solución de sus problemas estructurales. Según las “Cifras de Pobreza 2012” del INEI, la pobreza monetaria en Apurímac alcanza el 55,5%, en Cajamarca el 54,2%, en Ayacucho un 52,6% y Huancavelica 49,5%. Las provincias más pobres son Cotabambas y Grau (sedes del proyecto Las Bambas) con una tasa de pobreza total de 81.9% y 78.3%, y de pobreza extrema de 47.8% y 42.2%, respectivamente. Apurímac tiene 95 mil jóvenes y solo el 3% ha concluido sus estudios universitarios. El 70% de sus ríos están contaminados (ríos muertos), etc.

Para el PNUD (2013), el Perú sigue siendo una sociedad con enormes brechas de acceso al Desarrollo Humano. Un país cuya pobreza afecta en mayor medida y con mayor profundidad a las poblaciones rurales del interior del país, donde persisten graves desigualdades según su lugar de residencia, origen étnico, etc. En el informe del propio PNUD, a nivel de regiones, Apurímac, se ubica en el puesto 23 (es decir, en la cola), Cotabambas está entre las 5 provincias más pobres del país.

El gran proyecto minero Las Bambas tiene su origen en 1911 con la empresa Ferrobamba. En el 2004, Xstrata se hace con dicho proyecto y se compromete a invertir US$ 4,200 millones para producir 400,000 TMF de cobre al año. Al ritmo de la producción estimada las reservas probadas se agotarían en 25 años y con plantas de ampliación la vida útil de la mina llegaría hasta 35 años (apenas una generación). En 2014, la nueva propietaria de Las Bambas, Xstrata-Glencore, decide vender el proyecto al consorcio Chino, liderado por MMG por US$ 7,000 millones e hizo el negocio del siglo. Tres preguntas al respecto: ¿Las ganancias extraordinarias fueron declaradas en Perú?¿Fue el precio justo pagado por los chinos? y ¿Cuánto de dichas ganancias le tocó a Apurímac?

Es evidente que los niveles de crecimiento de las inversiones en Apurímac de los últimos años, no se corresponden con los niveles de reducción de la pobreza que deberían generarse. Ante esta situación, existe una crítica severa al Estado (y a las empresas que operan en la zona), en especial al funcionamiento y aplicación de las políticas públicas, pues sus fallas son evidentes, graves, y enmascaran situaciones inaceptables de injusticia y exclusión social. Pero lo peor, quizás, es que algunos siguen creyendo que la pobreza es como el cáncer, que la ciencia todavía no logró descubrir su remedio o que no tiene cura.

Mientras que los representantes del gobierno sigan con la retórica de que la protesta es política, promovida por foráneos y anti mineros, sin apenas conocer los reales problemas de Apurímac, cometen un grave error y las cosas irán de mal en peor. Por supuesto, hay que dialogar para buscar soluciones a los problemas ambientales, sociales, laborales, etc. para honrar la palabra, pero sobre todo, con respeto mutuo. No hay otra opción.

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Política

Humala y Heredia otra vez en la cuerda floja

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

El jueves 27 de febrero se vencerá el plazo de diez días otorgado por el Poder Judicial para que la Fiscalía presente cargos contra el expresidenteOllanta Humala y Nadine Heredia por el caso Gasoducto Sur. Como se recuerda, la defensa de la exprimera dama presentó un pedido de control de plazo para que se defina si el proceso avanza a la etapa de investigación preparatoria o si, en su defecto, termina por archivarse.

A criterio del abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, el plazo dictado por el Poder Judicial resulta sumamente corto y parece ignorar la precariedad presupuestal que acusa el Ministerio Público.

“El Poder Judicial no entiende mucho las carencias del Ministerio Público; no es tan fácil como decir tienes 10 días de plazo, cuando falta personal y falta presupuesto, esto ya lo han dicho los representantes de la propia Fiscalía. Al margen de ello, no veo posible que los fiscales opten por archivar el caso. Entiendo que correrán sobre la marcha para presentar cargos y formalizar la etapa de investigación preparatoria”, afirmó.

El jurista consideró que una vez formalizada la etapa de investigación preparatoria, el Ministerio Público estará en la facultad de solicitar las medidas de restricción o comparecencia que estime pertinentes, y dentro de ellas, la medida de prisión preventiva contra Humala y Heredia.

Caso Gasoducto: una mancha más en el gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala.

Caso Gasoducto: una mancha más en el gobierno “nacionalista” de Ollanta Humala.

DESBALANCE MILLONARIO

Respecto al desbalance patrimonial de Nadine Heredia, que según la pericia sustentada por el fiscal del Equipo Lava Jato, Germán Juárez Atoche, asciende a S/ 1 millón 231 mil soles, Quispe señaló que es algo que “complica bastante” la situación de la exprimera dama, en tanto resultaría un elemento fundamental del delito de lavado de activos. “La señora Heredia no tiene cómo sustentar el crecimiento de su patrimonio. Si se acredita este desbalance, entonces significa que la Fiscalía tiene un elemento sumamente sólido para imputar el delito de lavado de activos, y perfectamente puede presentarlos como elementos de prueba nuevos para solicitar una prisión preventiva. No sé si la Fiscalía vaya a solicitarla pero nada se lo impide”, apuntó.

Por otro lado, advirtió que el expresidente Humala y sus abogados estarían buscando confundir a la opinión pública al sugerir que los testimonios de los colaboradores eficaces tendrían que estar corroborados como una sentencia de colaboración, algo que no sería necesario en etapa de investigación preliminar.

COLABORADORES SON GENTE DE SU ENTORNO

Además, ante las declaraciones de Humala Tasso intentando desacreditar los testimonios en su contra indicando que son “más de lo mismo”, Quispe destacó que los testigos o colaboradores eficaces no son enemigos políticos del expresidente. “Todo lo contrario, son gente de su entorno más cercano, uno de ellos es su excompañero de promoción del Ejército, al punto de que lo conocían como ‘Paquete’; entonces, a través de estos testimonios en la investigación preliminar es suficiente para pasar a la etapa de investigación preparatoria”, indicó.

NO SON PERSEGUIDOS POLÍTICOS

El letrado también se refirió a la pretendida victimización que estaría buscando Ollanta Humala, quien participará vía internet en un foro belga sobre políticos perseguidos judicialmente, como el caso del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y donde Humala y Heredia figuran como expositores de casos de persecución política.

“Ni Ollanta, ni Antauro, ni los terroristas de Sendero Luminoso o del MRTA son perseguidos políticos, sino que son gente que ha cometido delitos comunes de asesinato o corrupción, pero de ninguna manera son perseguidos políticos. Si ellos se están irrogando esa cualidad es simplemente para mediatizar su caso, pero la Fiscalía debe poner en conocimiento del juez todo esto para determinar si le corresponde al señor Humala salir ante medios nacionales o internacionales a declarar de esta manera”, señaló, ante la eventualidad de que el expresidente podría estar violando alguna regla de comparecencia.

Finalmente, Quispe recordó que en caso se logre acreditar la comisión de los delitos de lavado de activos y cohecho, en un concurso real de delitos se sumarían las penas a imponer y estas podrían llegar hasta los 24 años de cárcel.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

28 de febrero JNE entregará credenciales a congresistas electos

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Jurado Nacional de Elecciones JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará el próximo viernes 28 de febrero, a las 10:00 horas, las credenciales a los parlamentarios que resultaron elegidos en el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del pasado 26 de enero.

El acto se realizará luego de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) culminen con las proclamaciones descentralizadas de resultados y de que estos queden firmes en el Pleno del JNE.

De esta forma, la entrega de credenciales se concretará a escasos 33 días de la fecha de la elección, superando en forma significativa el promedio histórico de 50 días alcanzado en las elecciones generales del 2006, 2011 y 2016.

Este récord se logra porque los 60 JEE procedieron a resolver, con rapidez y estricta sujeción a ley, la carga procesal recibida (11,573 actas observadas), atendiendo a la exhortación que hiciera en su momento el presidente del JNE, Víctor Ticona Postigo.

El supremo tribunal electoral también hizo lo propio con las actas que le llegaron en apelación, celebrando audiencias públicas en estricto respeto al derecho a defensa de las partes procesales y emitiendo las resoluciones respectivas con celeridad y conforme a las normas electorales. A la fecha no tiene carga procesal pendiente.

La ceremonia de expedición de credenciales se llevará a cabo en una sede que se viene coordinando. Una vez recibidos estos documentos, los legisladores electos estarán en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso de la República y completar el período parlamentario 2016-2021.

De esta manera, el JNE y los 60 JEE velan por la legalidad del proceso electoral a fin de asegurar que los resultados reflejen la voluntad popular manifestada en las ánforas.

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Política

Fiscalía cita a Luciana León para que declare en caso Los intocables ediles

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Luciana León Romero

El fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Abia, informó que Luciana León fue citada para este miércoles 09:00 horas a fin que brinde su declaración como testigo en la investigación por el caso Los intocables ediles.

Abia refirió que León rendirá su testimonio en su despacho congresal por tratarse de una persona aforada.

“Dada la investidura de la integrante de la Comisión Permanente se cursó un documento para que diga fecha y lugar donde dará su declaración. (…) Ella indicó que sería el 26 de febrero a las 09:00 horas en su despacho que mantiene en el Congreso”, dijo en Canal N.

El fiscal recordó que la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, viene realizado una investigación a Luciana León, debido a que aún cuenta con prerrogativas de congresista, pero que en este caso es citada como testigo.

“En mi calidad de fiscal provincial no la puedo investigar, pero si la puedo citar como testigo, en tal sentido, saludo que ella esté prestando su colaboración y nos dé su declaración testimonial”, agregó.

León Romero, integrante de la Comisión Permanente, es investigada por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado, peculado doloso y organización criminal.

A la exlegisladora se le imputa haber recibido dinero de Los intocables ediles a cambio de realizar gestiones ilícitas para favorecer a la Municipalidad de La Victoria.

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