Pedro Castillo y Keiko Fujimori han coincidido en asumir una posición anticorrupción. Uno anuncia que acabará con los «sueldos dorados », mientras que la otra sugiere fortalecer a la Contraloría General de la República. Propuestas ambas elementales, que podrían mejorar mirando la experiencia histórica.

En la década de 1960, las páginas dominicales de los diarios se llenaban de convocatorias de concursos para cubrir los cargos importantes del Estado, con el solo atributo de la capacidad profesional. El gobierno militar en 1968 desapareció esta práctica meritocrática. Los nuevos altos funcionarios fueron militares en actividad o familiares o recomendados de los mandos de las fuerzas armadas.

Cuando se recuperó la democracia, Manuel Ulloa y sus sucesores nunca reinstituyeron el concurso como método de acceso a la carrera pública. El gobierno de Alan García agravó el caos: bastaba tener carnet partidario para desempeñar cualquier cargo. Bajo Alberto Fujimori, en una primera etapa los profesores de La Molina coparon el aparato del Estado y en una segunda etapa los nombramientos más importantes se digitaron en el SIN, siempre a dedo. Alejandro Toledo añadió un elemento folklórico a este ya desarreglado sistema de reclutamiento, al nombrar a su iletrado sobrino «Filete » como asesor presidencial, en presagio de lo que sería «Richard Swing» para Martín Vizcarra.

En el siglo XXI, la burocracia así forjada se consolidó y adquirió autonomía relativa, haciéndose dueña del aparato público y rotando de ministerio en ministerio las pocas veces que la Contraloría detectaba una falta. Esta alta burocracia no solo se convirtió en socia de la corrupción de las grandes empresas brasileñas, sino que institucionalizó el pago de comisiones por las buenas pros, de dádivas por las resoluciones ministeriales y de cupos por los puestos CAS, prácticas que siguen plenamente vigentes hoy.

Es decir, ni recortes de sueldo ni más control concurrente bastan. Para salir del círculo vicioso corrupto, por lo menos, se tendría que volver a que todo alto cargo ministerial se designe por concurso público, administrado por alguna entidad internacional. De un solo golpe se irían a su casa quienes indebidamente todavía ocupan puestos que no merecen. ¿Se atreverá a hacerlo alguno de los dos candidatos?

Perú Libre encabeza el conteo de votos válidos en la elección de representantes peruanos para el Parlamento Andino, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en su página web.

Al 99.933 % de actas procesadas esta agrupación obtiene el 16.689 % de las adhesiones. Le siguen Fuerza Popular con 11.692 % y Renovación Popular con 10.196 %.

En cuarta ubicación aparece Acción Popular con 9.224 %, seguido por Avanza País con 8.640 % y Podemos Perú con 7.062 %. Se ubican después Juntos por el Perú con 6.995 %, Alianza para el Progreso con 6.740 % y el Frepap con 6.411 %.

La lista continúa con el Partido Morado con 5.449 %, Somos Perú con 4.202 %, Partido Popular Cristiano con 1.935 %, y el Partido Nacionalista con 1.676 %. Cierran la relación de grupos participantes el Frente Amplio con 1.218 %, Renacimiento Unido Nacional con 0.970 % y Democracia Directa con 0.901 %.

El 99.933 % de actas procesadas equivale a 86,430. Queda pendiente que la ONPE procese 58 actas más. Perú tiene derecho a colocar cinco representantes en el Parlamento Andino, institución que reúne también a Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile.