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Una ley negociada con rodilleras

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Hidrocarburos planta de gas y petróleo

El autor está convencido de que la nueva Ley de Hidrocarburos regala virtualmente la riqueza nacional a las transnacionales y es producto del lobby de quienes llama “allegados, asesores y espadachines a sueldo” de esas empresas.

Está en agenda del pleno del Congreso de la República, el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Energía y Minas de lo que sería una Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) cuya esencia lobista radica en la indebida extensión por treinta años más a las empresas que tienen actualmente contratos de explotación próximos a su vencimiento. La excusa es la de siempre: Promover la inversión privada para elevar la producción.

Así, la mayoría de contratos en esta situación se ubican en Piura, tales como los contratos por el lote Z-2B en el Zócalo Continental actualmente operado por el Consorcio Savia que en el 2009 pagó oficialmente US $ 900 millones por la transferencia contractual por este lote y otros lotes de exploración.

En el caso del lote Z-2B si las reservas en el subsuelo eran y son del Estado, y las instalaciones, ductos y sobre todo las plataformas marinas son propiedad de Petroperú, el consorcio Savia abonó 900 millones de dólares a la empresa vendedora Petrotech por la transferencia contractual. ¿Por qué ahora no se hace lo mismo?

UN CASO ESPECIAL

Este contrato de servicios donde el Estado retiene el 16% de la producción como una regalía equivalente, y el privado se queda con el 84% como una retribución resulta lesivo al país. Se debe tener presente que el Estado ha debido acceder desde el 2003 al 51% de la producción como regalía equivalente y el privado retener el 49%, gracias a un factor “R” que nunca ha superado el 1.5%.

Estas prácticas empresariales han sido posibles gracias al compadrazgo e inopia del organismo regulador Perupetro, que pocas veces fiscalizó la maximización de egresos y gastos de Petrotech/Savia, práctica absolutamente desfavorable al fisco, gracias a una serie de costos y gastos sobredimensionados con empresas subsidiarias que asumía antes Petrotech como empresa principal. Las mismas prácticas adopta el Consorcio Savia en perjuicio del país.

Sin embargo, gracias al compradazgo y entreguismo de Perupetro dicho contrato que debía vencer en noviembre del 2023, con esta ley lobista es decir “a pedido expreso de las empresas interesadas”, se les extenderá por 20 años más, a los cuales hay que agregar el período de retención por 10 años adicionales. ¡Esta práctica lobista sería imposible en los Estados Unidos, centro del capitalismo mundial!

Si a ello se suma el pagó irrisorio de los 10 millones de dólares anuales por el uso de las plataformas marinas que son propiedad de Petroperú. Así cuando el precio del crudo era de US$ 20 el barril, el alquiler por el uso de las plataformas marinas era de US$ 10 millones por año. Si el precio del crudo se elevó a más de 90 dólares el barril se seguía pagando la misma tarifa. Es decir, este contrato lesivo se extenderá gracias a la lenidad de Perupetro y complicidad de Petroperú.

CUENTOS CHINOS

En resumen, frente al argumento de promover la inversión privada que ciertamente necesita el sector de hidrocarburos, se debe recordar las promesas incumplidas de las empresas. Así, de forma oficiosa se estima en más de US$ 6,000 millones, la inversión que se realizaría en todos los contratos próximos a su vencimiento (Yesquén dixit).

Al respecto, habría que recordar que Savia en el 2010 prometía realizar solamente en dicho lote inversiones por más de US$ 3,000 millones y elevar la producción en más de 50 mil barriles diarios para el 2016.

Hoy la producción no llega a los 8 mil barriles diarios y la empresa señala que seguirá bajando, pues las inversiones necesarias para elevar la producción no se recuperarían. Esta es una forma de presión que los allegados, asesores y espadachines a sueldo de las empresas difunden como verdades reveladas: ¡Si se demanda inversión hay que extender los contratos. No cabe pensar en otras posibilidades!

Cabe preguntarse si las empresas petroleras no invirtieron en actividades de riesgo cuando los precios del crudo se ubicaban sobre los 90 dólares el barril, por qué tendrían que hacerlo ahora que los precios se mantienen sobre los 70 dólares el barril de petróleo.

Lo más grave ahora es que las empresas interesadas en la extensión por 30 años también demandan una disminución importante de las tasas de regalías, supuestamente para ser más competitivos a nivel internacional. Es curioso pero se olvidan de destacar que tales regalías se deducen como gasto.

Es más, se arguye que con regalías de 10% o hasta menos se podría explotar el crudo que yace en el subsuelo en los más de 4,500 pozos ATA, es decir pozos cerrados en el pasado por razones económicas. Estos pozos básicamente están ubicados en la Cuenca de Talara, y supuestamente se requiere tasas de regalías que hagan atractivas y rentables las inversiones.

Esta es una media verdad o una media mentira, pues con precios de 100 dólares el barril las empresas petroleras no aprovecharon el potencial de hidrocarburos en la Cuenca Talara ni el Zócalo Continental. Ahora nos endulzan que debemos aprovechar el crudo que yace en estos pozos ATA que vienen de las épocas de la IPC y PetroPerú.

Pago de regalías petroleras de las empresas con contratos de explotación por lotes próximos a su vencimiento

REGALÍAS AL SÓTANO

Lo cierto y evidente es que con la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, el fisco se verá afectado en la percepción de los ingresos fiscales por medio de las regalías que se perciben por la explotación del petróleo y gas asociado. Si las tasas de regalías que se ubican entre el 22% y el 25% en el departamento de Piura, se reducen al 5% o al 10% como se pretende en el fondo, hemos demostrado en artículos anteriores que se pone en riesgo el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero.

Sí, por la ley de homologación del canon del petróleo y gas asociado en el 2011 la tasa del canon se incrementó del 10 % al 15 % del valor de la producción y el sobrecanon petrolero subió del 2.75% “ad valorem” al 3.75%. En total el canon y sobrecanon para el petróleo y gas asociado es del 18.75% y las regiones beneficiadas son Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali.

Como se puede observar en el cuadro “Pago de Regalías Petroleras de las Empresas con Contratos de Explotación por Lotes Próximos a su Vencimiento” en el período 2012 / 2017, el comportamiento ha sido descendente tanto en términos de precio promedio (WTI), como en valor como también en términos de volúmenes producidos.

Como también se podrá notar en el cuadro, las regalías más importantes que percibe el Estado por los contratos petroleros próximos a su vencimiento corresponden al lote X operado actualmente por la petrolera china CNPC que con una tasa promedio de regalía del 30% desde el 2015 ha pagado con precios promedio de 48.6 dólares por barril, un valor de 45,8 millones de dólares por concepto de regalías. En el 2017 con precios promedio del WTI de 50.8 dólares el barril tuvo que pagar 51.8 millones por el mismo concepto.

El segundo lugar, le corresponde a la petrolera Savia Perú que opera el lote Z-2B que de pagar 144 milllones de dólares en el 2015 con los precios deprimidos de 48.6 dólares el barril, ha continuado pagando menos en el 2017 donde tuvo que pagar regalías por un valor de 121 millones de dólares pese a la recuperación del precio del crudo.

En síntesis, el lote X paga un promedio de 30% como tasa de regalías y el lote Z-2B abona un 16% como regalía equivalente, y una renegociación de las tasas de regalías hacia abajo como promueve, auspicia la nueva Ley de Hidrocarburos significará menores ingresos fiscales para el Estado que pondrá en riesgo el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero.

No deja de ser curioso que se está promoviendo una disminución de las tasas de regalías en una coyuntura donde el déficit fiscal supera el 3% del PBI, y la presión tributaria de los ingresos del Gobierno Central frente al PBI no supera el 13.7 %, la más baja de los últimos años que tiene el país.

EPÍLOGO

En verdad, con este proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos se pretende vender “gato por liebre”, pues con la justificación de promover las inversiones en el sector, con plausibles cláusulas de anticorrupción y prácticas preprofesionales para los jóvenes, se pretende imponer una perversa prórroga contractual.

Así, en el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Energía y Minas que preside un congresista de Acción Popular, se incorpora en el artículo tercero de las “Disposiciones Complementarias Finales” lo que constituye la esencia del proyecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos, la cual tiene que ver con la indebida extensión por treinta años a las empresas que tienen actualmente contratos de explotación.

Una práctica capitalista, moderna, de libre competencia debiera licitar en un proceso abierto y transparente el activo más valioso que tienen los contratos de hidrocarburos próximos a su vencimiento en el subsuelo: las reservas probadas, probables y posibles.

ALGO MÁS

Es más, si por la Constitución y la Ley de Hidrocarburos todavía vigente los hidrocarburos “in situ”, es decir que yacen en el subsuelo son propiedad de la Nación, entiéndase de todos los peruanos, una perversa prórroga contractual por 30 años, no deja de ser una enajenación, una sustracción de riqueza que, como diría el filósofo francés Proudhon, sería un robo a nombre de unas supuestas inversiones que se financiarán en última instancia con las mismas reservas probadas de petróleo.

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Política

Reforma de justicia en peligro

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en

Junta Nacional de Justicia (JNJ)

A pesar de los pedidos para postergar las entrevistas a los candidatos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), estas se llevarán a cabo en días festivos y podrían pasar desapercibidas para la ciudadanía. Un proceso tan importante para la lucha anticorrupción debe realizarse podría quedar manchado por falta de transparencia.

A través de una carta dirigida a la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), solicitó que se aplacen las entrevistas personales a los candidatos para integrar el órgano que será responsable de la designación y remoción de jueces y fiscales.

El pedido se realizó en medio de cuestionamientos de diversos analistas debido a que un evento que podría determinar quiénes integren el organismo que será la piedra angular de la justicia en el Perú, debería realizarse en días que permitan a la ciudadanía prestar la debida atención.

En el documento entregado al defensor del Pueblo y presidente de la Comisión Especial, Walter Gutiérrez, se acusó que las fechas para dicha etapa del proceso de selección “no aseguran debidamente los principios de transparencia y participación ciudadana”, pues según el cronograma establecido para el proceso de selección, las entrevistas personales a los 29 candidatos se realizarían del 26 al 29 de diciembre.

Además, la PUCP remarcó que de postergarse las entrevistas, todavía se estaría a tiempo para realizarlas dentro dentro del plazo establecido originalmente, el cual vence en la quincena de enero.

Finalmente, el documento destacó que la finalidad de postergar las entrevistas es que tanto la prensa como la opinión pública puedan seguir “con el interés y la trascendencia que se merece esta segunda convocatoria”.

JNJ NO ACEPTA POSTERGACIÓN

Por su parte, el actual vocero de la JNJ, Armando Canchanya, manifestó que el organismo “no encuentra razones suficientes” para postergar las entrevistas en cuestión. “Los plazos son conocidos de acuerdo a las bases, publicadas en septiembre. Cuando se conocieron las bases se supo las fechas, de cuando iban a ocurrir cada una de las etapas. Entre el 26 al 29 serán las entrevistas a los postulantes al JNJ”, declaró a Canal N.

Canchanya también resaltó que las entrevistas personales serán televisadas, con el fin de que la ciudadanía pueda presenciar el proceso que busca elegir a los magistrados que formarán el organismo que evalúe, sancione y destituya a los próximos jueces y fiscales.

Sin embargo, hay que recordar que los cuestionamientos no solo han estado orientados a la difusión de las entrevistas, sino precisamente a que las fechas de su realización no ayudaría a que la mentada difusión sea realmente efectiva.

NUEVA VERSIÓN DEL SINIESTRO CNM

Al pedido realizado por la PUCP se sumó lo advertido por el viernes por el semanario Hildebrandt en sus trece, el cual denunció que según una fuente allegada a la Comisión Especial, 5 de los 29 aspirantes que todavía siguen en carrera tendrían “dos padrinos de gran peso” en la referida comisión, quienes serían el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Y todavía más, la publicación consigna que 5 candidatos ya contarían con la venia de la mayoría de integrantes de la Comisión Especial. Así, consigna la publicación, se estaría preparando “una JNJ que no hará extrañar la siniestra etapa del Consejo Nacional de la Magistratura”. En otras palabras, la red de los Cuellos Blancos encontraría un nuevo organismo cómplice y la corrupción en el país quedaría impune una vez más.

En tanto, en redes sociales, el abogado y coordinador de Justicia Viva, Luis Miguel Purizaga, calificó de “perverso” el calendario para realizar las entrevistas a los candidatos a la JNJ, pues consideró que la mayoría de la ciudadanía estará pensando en las festividades por fin de año y resultaría muy difícil que preste atención al proceso.

ALGO MÁS

Esta semana se conoció que tres de los candidatos a la JNJ que siguen en carrera han recibido denuncias cuestionando su idoneidad. Se trata de Jaime Pedro de la Puente Parodi, María del Pilar Dolores Tello Leyva y Luz Inés Tello de Ñecco, quienes ya han presentado sus descargos.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Lucha contra la corrupción tuvo éxito por acuerdo de colaboración con Odebrecht

Publicado

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

El importante avance en las investigaciones por casos de corrupción, vinculados a la empresa brasileña Odebretch en Perú, no hubiese sido posible sin el acuerdo de colaboración eficaz, afirmó Antonio Maldonado, exprocurador.

Indicó que el acuerdo de colaboración eficaz suscrito en junio del presente año entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht, aprobado por el Poder Judicial (PJ), ha permitido revelaciones muy interesantes, que van a fortalecer las hipótesis del Equipo Especial Lava Jato.

Respecto a los cuestionamientos sobre la devolución de los recursos por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla, la tercera más grande de Perú, afirmó que le parecen infundados.

VALIOSO INSTRUMENTO

“Lo que está ocurriendo esta semana expresa el fundamental valor de este valioso instrumento de averiguación de la verdad”, manifestó a Radio Nacional.

Maldonado resaltó, asimismo, los interrogatorios de los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato en Curitiba, Brasil, relacionados con las investigaciones a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ratificó ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que entregó un millón de dólares a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

ALGO MÁS

Esta información fue validada por el exejecutivo del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien confirmó el aporte, según indicó IDL-Reporteros.

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Política

Jorge Barata hablará el 30 y 31 de enero de 2020

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Jorge Barata

Al término de las diligencias con los exdirectivos de Odebrecht, Rafael Vela, coordinador del equipo especial, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exrepresentante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido a nuevos interrogatorios programados para el 30 y 31 de enero del próximo año.

En ese sentido, el fiscal manifestó que para lograr esta nueva diligencia con el exdirectivo de la empresa brasileña, se tuvo que suscribir un acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello.

“Ya se ha coordinado la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que puedan haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente, aunque eso dependerá de las decisiones de estrategia de los fiscales del equipo especial”, precisó en la ciudad de Curitiba, Brasil.

NUEVA RONDA

Al término de las diligencias con los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance que va a hacer canalizado a través de Odebrecht. Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

La entrega de nuevo material así como la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña.

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