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Una guerra no tan santa

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Si alguien duda de que hoy los sectores más conservadores y reaccionarios de las diversas iglesias en el país quieren convertir al Perú en el centro del fundamentalismo religioso en la región, sería muy educativo que vean lo que está sucediendo en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso frente a la Iniciativa Ciudadana del Colectivo “Déjalas Decidir” que propone la despenalización del aborto en caso de violación y de inseminación forzada.

El 16 de abril, que era la fecha límite para la discusión en la Comisión de Justicia de dicha propuesta, el congresista Juan Carlos Eguren, presidente de dicha comisión, convocó a una sesión extraordinaria con el claro intento de enviar esta iniciativa al archivo.

Y si bien algunas parlamentarias y parlamentarios lograron que ello no suceda, obligando a Eguren a permitir el debate y, por lo tanto, a tener más sesiones, cabe señalar lo siguiente: a) ese mismo día y a la misma hora de la sesión de la Comisión de Justicia se estaba presentando en el Pleno del Congreso el informe de la Megacomisión que investiga a Alan García por corrupción; b) no fueron citados los y las promotoras de dicha iniciativa ciudadana; y c) el congresista Eguren había adelantado opiniones contrarias respecto a dicha iniciativa.

El 21 de abril, luego de este incidente que no era otra cosa que una obvia maniobra del congresista Eguren para no discutir y para archivar el tema, tiene lugar la segunda sesión. En esta ocasión hablaron las promotoras de la iniciativa ciudadana y el exprimer ministro Luis Solari quien, según testimonio de algunas de las personas presentes, se encontraba “casualmente” en la sesión. Solari, como es de conocimiento público, es un acérrimo enemigo no solo de dicha propuesta sino también de todo aquello que sea derechos sexuales y reproductivos.

Cabe señalar que si bien en esta sesión también hablaron representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, en varios momentos, la congresista Martha Chávez, con el apoyo del presidente de la Comisión de Justicia, intentó boicotear la sesión al poner en tela de juicio la idoneidad de estos profesionales, por el simple hecho de apoyar la iniciativa del colectivo “Déjala Decidir”.

El 28 de abril tiene lugar la tercera sesión donde ocurren hechos nuevamente extraños. El primero es la presencia de la señora Carol Maraví que es presentada como bióloga y especialista en el tema. En este punto lo extraño es que la señora Maraví fue la única “experta” que habló en dicha sesión, marginando a otros expertos que son favorables a la iniciativa ciudadana y que, al igual que la señora Maraví, habían enviado sus propuestas.

De otro lado, se omitió decir que la señora Maraví, además de bióloga, es Secretaria Ejecutiva de la Comisión Episcopal de Familia y Vida y organizadora de la famosa marcha Por la Vida como los demuestran sus entrevistas en RPP y en el programa de Phillip Butter en radio Capital.

Otro hecho sorprendente fue la presencia inconsulta de la señora de nacionalidad ecuatoriana Amparo Medina quien se presentó como experta y exfuncionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Según afirman las promotoras de la iniciativa, Medina fue “invitada a hablar” en la comisión por la congresista Martha Chávez ya que, según se dijo, había que aprovechar su presencia, digamos “casual”, en la ciudad de Lima y en la Comisión de Justicia.

¿Quién es Amparo Medina? Según información pública que se puede encontrar en internet, Amparo Medina, además de exfuncionaria de Naciones Unidas, preside la Red Provida en Ecuador, similar a la que existe en nuestro país, y ha sido una de las organizadoras de la llamada Marcha por la Vida en Ecuador y en Chile (sería bueno saber si también organizó la que tuvo lugar en Lima).

Según la web catholic.net, la segunda más visitada en el mundo de acuerdo a sus promotores, luego de la del Vaticano, la señora Medina ha sido militante de izquierda y exguerrillera en su país. A ello se suma su clara y abierta posición antizquierdista.

En una entrevista publicada en dicha web cuando le preguntan: “¿Cómo ve el retorno de izquierdas en el continente?”, ella responde: “El socialismo del siglo XXI es el típico discurso del que vive, come y gana como la derecha, pero habla el discurso de izquierda, y de izquierda no tiene absolutamente nada. Fíjate la incoherencia, porque son los famosos revolucionarios que están en contra del imperio y están trabajando para el imperio de las Naciones Unidas, legalizando el aborto y estas leyes de salud sexual y reproductiva”.

Con ello no quiero desmerecer a la señora Medina por haber sido izquierdista y guerrillera –me pregunto si de ese pasado estaba enterada la congresista Martha Chávez, su patrocinadora- sino más bien llamar la atención sobre cómo se quiere esconder que la “experta” en estos temas es una militante, dirigente y vocera internacional de una de las corrientes más reaccionarios y conservadoras del catolicismo que existen en la región y que su presencia en Lima no tiene nada de casual.

De otro lado, la forma de presentar a la señora Medina es similar a la de la señora Maraví. Y si bien en ambos casos son presentadas como “expertas” en el tema, se omite decir que la señora Maraví trabaja en la Conferencia Episcopal y que la señora Medina es también una activa dirigente internacional de grupos católicos fundamentalistas.

No es extraño que, frente a estos hechos, la organización “Católicas por el derecho a decidir” haya dicho en un comunicado que “queda claro que la consigna” de los opositores a esta iniciativa ciudadana haya sido “miente, miente, que algo queda”.

Como también que las promotoras de la campaña “Déjala Decidir” hayan demandado un debate serio y la pronta redacción de un dictamen para que pueda pasar al Pleno del Congreso de la República.

Y es que en verdad lo que viene sucediendo en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos es una vergüenza, ajena a cualquier práctica democrática y tolerante. Asimismo, demuestra que estos sectores fundamentalistas, católicos o evangélicos, son parte de una organización internacional cuyo objetivo no es debatir sino imponer sus ideas religiosas.

Esperemos que el 12 de mayo, cuando se reabra este debate, no se repitan estás lamentables y vergonzosas práctica que nada tienen de cristianas y sí más bien mucho de fariseísmo.

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Política

TC no debe permitir impunidad de empresas deudoras al Estado

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Marisa Glave

Mientras el país sufre la permanente falta de presupuesto, un grupo de empresas estaría a punto de beneficiarse con la extinción de una millonaria deuda tributaria. La excongresista Marisa Glave denunció en su canal de Youtube que el Tribunal Constitucional estaría evaluando la inaplicabilidad del Decreto Legislativo Nº 1421, dado en el 2018, y que modifica el código tributario.

De acuerdo a la información difundida por la exparlamentaria, tras la promulgación de la referida norma, el Congreso recibió a la representante de la Confiep, Lourdes Chau, y al representante de la Cámara de Comercio de Lima, Sandro Fuentes. En la reunión, los visitantes plantearon diversos argumentos por los que, a su criterio, se debía derogar el D.L. 1421 promulgado por el Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas para legislar en materia económica.

Tribunal Constitucional

TC no debe ser cómplice de la evasión y el perro muerto.

LOBBY EVASOR

Al margen de la paradoja de que Sandro Fuentes, quien se había desempeñado como funcionario de Sunat, estuviera abogando por intereses de empresas con millonarias deudas tributarias, Glave recordó que por esos días había causado revuelo el intento por derogar el Impuesto Selectivo al Consumo en Casinos, lo que finalmente las bancadas funcionales al sector empresarial no lograron concretar.

Algo similar ocurrió con el D.L 1421, cuya vigencia ha marcado los criterios del Tribunal Fiscal, órgano adscrito al Ministerio de Economía y que resuelve controversias entre empresas y el Estado a nivel administrativo.

“El Tribunal Fiscal ya aplicó el D.L. 1421 y lo ha aplicado en casos hasta 1500 millones de soles, en una resolución respecto a una deuda de la minera Buenaventura, que pretendió evitar que le cobren ese monto”, indicó

Glave señaló que al igual que Buenaventura, existen 233 empresas que acumulan S/ 11 mil millones, de las cuales solo 22 empresas concentran S/ 9 mil 400 millones de deuda tributaria. En consecuencia, advirtió que en caso el TC decida no aplicar el D.L. 1421 le estaría dando “un regalazo” a estas 22 empresas que dejarían de pagar una millonaria deuda que bien podría ser utilizada en las urgentes demandas de millones de peruanos.

YA ESTARÍA EN AGENDA

La exparlamentaria también refirió que, en noviembre de 2019, el TC recibió los argumentos de la Sunat, así como del estudio de abogados Gálvez y Dolorier, quienes están detrás de la acción de inconstitucionalidad. Ante ello, advirtió que estaría por resolverse el caso en los próximos días, por lo que expresó su extrañeza por la nula cobertura sobre el tema en los grandes medios de comunicación.

De acuerdo a un informe publicado en el portal de investigación Ojo Público, las empresas deudoras son Pluspetrol, Cerro Verde, Buenaventura, SouthernCopper, Backus, Interbank, Scotiabank, y Nestlé, entre otras.

Respecto al requerimiento de las empresas deudoras, la excongresista sostuvo que estas argumentan que el plazo de prescripción de la deuda tributaria no inicia en el momento en que se notifica una deuda, sino cuando ésta se origina. Así, transcurridos cuatro años, si la Sunat no logró cobrar la deuda, esta se extinguiría.

Sin embargo, Glave explicó que el D.L. 1421 señala claramente tres procesos: determinación de la deuda, determinación de la multa y el cobro. “Solo una vez determinada la deuda corre el plazo de prescripción”, aclaró.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Alan García mandó directivas para proteger a brasileños de Odebrecht

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Alan García Pérez

Raúl Noblecilla, defensa legal de Luis Nava Guibert, aseguró que Alan García envió a través de mensajes de WhatsApp una serie de directivas con la finalidad de proteger “a los brasileños” vinculados con la investigación a la empresa Odebrecht.

Dijo que esta información la tienen no solo mediante estas comunicaciones vía las redes sociales, “sino a través de otras formas”, por lo que instó a esperar a que salgan todas esas pruebas.

“Esta arma letal que mandó a disparar el abogado Humberto Abanto les ha dado en la nuca, ¿por qué te lo digo?, porque estarían por aparecer documentos anteriores a la novela Roxanne (Chessman)-(Jorge) Barata que van a dar cuenta de que Alan García, quince días antes de que tomara la decisión de irse, hablaba y mandaba mensajes para ayudar a los brasileños e instar a buscar la forma de apoyarlos”, dijo en Radio Nacional.

Según Noblecilla, García Pérez antes de suicidarse mostraba “pánico y preocupación extrema” sobre las indagaciones que se desarrollaban en torno a su situación y su vínculo con la empresa Odebrecht.

“Estas pruebas saldrán a su tiempo”, adelantó.

En otro momento, precisó que Nava Guibert recibió amenazas de muerte desde que estuvo en el penal Castro Castro, por parte de la Resistencia y de un sector del partido aprista.

“En este documento, en que comunicamos a (el fiscal) José Domingo Pérez de la posible conformación de una organización criminal, solicitamos una vez más la necesidad de protección a mi patrocinado, urgente, no solo para Nava e hijos, sino también para mi familia”, agregó.

Noblecilla agregó que Alan García murió abandonado por sus hijos -quienes ahora reclaman salvarlo de la historia-, dejándolo solo en su casa y con una pistola.

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Política

Juez dicta impedimento de salida del país para Gerardo Sepúlveda

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Gerardo Sepúlveda

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por un plazo de dos meses para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, en su calidad de testigo en el caso Interoceánica Sur.

La medida, que concluirá el 25 de abril de 2020, fue dispuesta a solicitud del fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien había planteado tres meses.

El Ministerio Público informó que apelará la resolución en relación al plazo; la defensa técnica hará lo propio considerando que aspiraban a que la medida sea declarada infundada.

Según el juez, la declaración de Sepúlveda resulta indispensable para la averiguación de la verdad en los hechos que son materia de investigación del caso Interoceánica.

Dichos hechos, recordó, se ciernen sobre presunto pacto que hubo entre el expresidente Alejandro Toledo y la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en la buena pro de la carretera Interoceánica a cambio de un pago ilícito.

“Existe vinculación entre los hechos que va a declarar como testigo y los hechos materia de investigación”, subrayó tras insistir en que lo que declare Sepúlveda será “clave, relevante e imprescindible”.

De igual forma, consideró idónea, necesaria y proporcional la medida de impedimento de salida del país, a fin de asegurar su presencia en el Perú.

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