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Trabajo: ¿preguntas sin responder?

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Hace no más de dos semanas, la ministra de Trabajó escribió una columna propia, defendiendo la agenda que su sector viene impulsando y que ella defiende. Sus argumentos llamaron la atención de un sector de especialistas y trabajadores que decidieron interpretar y tratar de entender a qué se refiere -la ministra- cuando afirma que hay “compromiso del gobierno con el fortalecimiento de las bases institucionales para revertir la informalidad laboral”.

La aprobación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que posteriormente pasó a ser Plan, evidencia que las intenciones del gobierno no son aquellas que van en concordancia con el respeto y el involucramiento real de los diversos sectores de trabajadores del país.

Y, muy por el contrario, la participación de éstos -en el Consejo Nacional del Trabajo- ha sido suspendida desde diciembre del 2018 y han desarrollado dos jornadas nacionales de protesta en rechazo a cómo viene impulsándose la agenda laboral.

¿De qué habla entonces la ministra? De cara al Bicentenario de la Independencia y considerando los compromisos internacionales y nacionales que hemos asumido, como estado, el escenario laboral peruano no es de los mejores. Muy por el contrario, las viejas recetas empresariales siguen condenando al trabajador y los derechos de los miles de jóvenes que se insertan cada año al trabajo.

Como no queda claro, cuál es el mérito que señala la ministra, rescato algunas interrogantes, que desde el portal Trabajodigno.pe se le han formulado de manera pública y tal y como se menciona en el texto, las respuestas ayudarían a esclarecer algunas de sus afirmaciones realizadas de “manera inexacta”.

Por ejemplo, ¿Qué explica que el Sector Trabajo y Promoción del Empleo no cuente con una Política Nacional de Promoción del Empleo, que organice y oriente a los programas y servicios de empleo a cargo de su ministerio?, ¿Por qué tarda tanto la implementación de las intendencias regionales de fiscalización laboral?

A poco más de 5 años de creada la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), no cuenta aún con presencia en todo el país. ¿Llegaremos al Bicentenario con intendencias en todas las regiones y la cantidad requerida de inspectores?

¿Cuál es la propuesta del MTPE para el próximo pliego presupuestal? ¿Se planteará una posición firme frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de cara a mejorar la partida asignada al Sector (SUNAFIL incluido), para implementar las intendencias regionales pendientes, contratar más inspectores de trabajo, ampliar la cobertura de los servicios de empleo al interior del país y emprender verdaderas campañas de sensibilización para evitar la discriminación laboral y prevenir y evitar el acoso sexual en el trabajo, entre otras medidas necesarias?

Finalmente, ¿Cuál es la posición del MTPE respecto de las nuevas formas de inserción laboral a través de las plataformas digitales (Uber, Glovo, Rappi, entre otras), donde los trabajadores no establecen un vínculo contractual con la empresa que administra la aplicación, ni cuentan con derechos laborales, beneficios sociales, seguro contra accidentes, jornada de trabajo y descanso regulados?

¿Qué acciones viene tomando para evitar los abusos laborales que se comienzan a reportar en medios? Estas son tan solo algunas de las diez preguntas que se plantean al sector.

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Política

Matanza de El Frontón no debería quedar impune

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Matanza de El Frontón

Luis Nava, exhombre de confianza de Alan García, corroboró ante la Fiscalía el testimonio de un colaborador eficaz que relató cómo el expresidente sobornó al fiscal a cargo del caso El Frontón para lograr el archivamiento de las investigaciones.

El exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Alan García, Luis Nava, confirmó ante el Ministerio Público los hechos revelados por un colaborador eficaz sobre cómo García se habría librado de ser investigado por el caso El Frontón mediante un presunto soborno.

Según informó IDL-Reporteros, los hechos corroborados por Nava se remontan al año 2004, antes del inicio de la campaña presidencial del 2006. Por esos días, gracias a una gestión del abogado de García, Genaro Vélez, se realizó una reunión en la casa del fiscal Mario Gonzales Díaz, a cargo de las investigaciones del caso El Frontón.

Alan García Pérez

A la cita acudieron Alan García, Vélez y Luis Nava Guibert. IDL-Reporteros da cuenta de la relación cercana que existía entre los tres personajes: Un año antes, en 2003, Luis Nava Guibert fundó un estudio de abogados en sociedad con Genaro Vélez y otro militante aprista, Nestor Walqui. Para esa fecha, Vélez ya había defendido a García en los casos de El Frontón, Accomarca y Cayara, y más tarde sería su asesor legal durante las investigaciones de la Megacomisión, presidida por Sergio Tejada.

De acuerdo al relato del colaborador eficaz, durante la reunión el fiscal Mario Gonzales Díaz ofreció archivar el caso, pero admitió tener miedo a las consecuencias y por tanto solicitó ayuda a sus interlocutores. En esas circunstancias, García habría llevado a Vélez a un ambiente apartado, y le habría entregado US$ 25 mil para que este a su vez le entregue el dinero a Gonzales. Según el colaborador, Vélez cumplió con el encargo con la misma discreción con que recibió el dinero, aunque todos los presentes quedaron al tanto de la entrega.

Minutos después, Gonzales indicó que, pese a todo, seguía temiendo por su futuro tras el archivamiento del caso. Ante esto, García le habría indicado que no se preocupe, pues él lo iba a ayudar.

El 30 de noviembre de 2004, Mario Gonzales Díaz, entonces fiscal provincial de la “fiscalía especializada para desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y exhumación de fosas clandestinas”, archivó la investigación contra Alan García por los presuntos delitos de homicidio calificado, delito contra la seguridad pública, y delito contra la administración pública. Tras ello, Alan García solo fue incluido en el proceso en calidad de testigo, y Gonzales pasó a trabajar a otra entidad estatal, quizás como parte de la “protección” ofrecida.

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, el archivamiento de las investigaciones contra García ya era algo claro antes de su formalización. “A mí me queda súper claro que antes de que emita su disposición, sabíamos que el fiscal no iba a denunciar a García. Así de contundente era el asunto, él lo había expresado con todas su palabras. Me dijo más de una vez que él tenía una disposición de no denunciar y no involucrar a García”, recordó.

IMPUNIDAD GARANTIZADA

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos revelados por el colaborador eficaz y corroborados por Luis Nava, Rivera aclaró que el suicidio de Alan García puso fin a cualquier posibilidad de investigación y proceso en su contra.

En cuanto al caso del exfiscal aludido, Mario Gonzales, el abogado indicó que si bien la acusación podría ameritar una investigación por parte del Ministerio Público, también es un hecho que el caso ha prescrito al cumplirse en noviembre el plazo máximo de 15 años.

Y a pesar de tratarse de hechos directamente vinculados a encubrir un crimen de lesa humanidad, no serían alcanzados por la imprescriptibilidad que se confiere a este tipo de crímenes y correspondería tratarlo solo como un caso de corrupción.

De otro lado, recordó que desde hace dos años se viene desarrollando la etapa de juicio oral contra 34 militares imputados por la matanza de El Frontón. “Aunque estamos evaluando el modo de introducir este elemento nuevo en el proceso, el problema es que García no era acusado, sino testigo, debido al archivamiento que ahora sabemos que fue por un presunto soborno”, indicó.

Finalmente, concluyó que “este acto corrupto del año 2004 fue determinante para garantizar impunidad a favor de García, a pesar de que él debió ser acusado, procesado y condenado como autor mediato del crimen”.

ALGO MÁS

Por su parte, el exabogado de Alan García, Genaro Vélez, calificó de “bajeza” las revelaciones sobre el presunto soborno, y que todas las personas que han intervenido para lograr la declaración del colaborador eficaz “dan asco, porque un hombre no debe mentir para agraviar a una persona que está muerta”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Barata nuevamente sera interrogado

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Jorge Barata

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exsuperintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido a nuevos interrogatorios programados para el 30 y 31 de enero del próximo año.

En ese sentido, el fiscal manifestó que para lograr esta nueva diligencia con el exdirectivo de la empresa brasileña, se tuvo que suscribir un acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello.

“Ya se está coordinado la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que puedan haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente, aunque eso dependerá de las decisiones de estrategia de los fiscales del equipo especial”, precisó en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Al término de las diligencias con los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance que va a ser canalizado a través de Odebrecht. Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

Como se recuerda, la entrega de nuevo material así como la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte de la firma del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña.

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Política

Denuncian campaña de desprestigio contra la ONPE

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Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Fuentes allegadas al Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), denunciaron una presunta campaña de desprestigio emprendida contra el ente estatal a partir de cartas difamatorias que habrían sido distribuidas por el director ejecutivo de Medios Perú, Edgar Guevara Soto.

Así, se buscaría generar un manto de sospecha respecto a la distribución de la franja electoral de las elecciones extraordinarias 2020, exigiendo la intervención de la ONPE y de la Contraloría de la República cuando se trata de un tema que compete a empresas privadas.

Asimismo, las fuentes señalaron que estas acciones estarían motivadas por una suerte de “celos e intereses comerciales”, por lo que se estaría evaluando el inicio de las acciones legales correspondientes.

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