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Gabriel Salazar

Gabriel Salazar

COLABORADOR

Tempestad en las alturas

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Odebrecht no es un rayo en cielo sereno. Odebrecht golpea al Perú cuando ya existía la crisis en las alturas. Lo que sí ha hecho Odebrecht es destapar y atizar la crisis a tal nivel que hoy tenemos en prisión a un José Alejandro Graña Miró Quesada, un empresario de las grandes familias limeñas. Pero ¿cómo llegamos aquí?

Si bien es cierto, estos niveles de crisis no serían posibles sin Odebrecht, tampoco serían posibles sin el resultado último de las elecciones del 2016, que arrojaron, entre otras cosas, una repotenciada fuerza fujimorista, y un gobierno muy débil. Sin embargo, detrás de estos procesos esconden otros más profundos.

Pues tanto Odebrecht, como las elecciones del 2016, se inscriben también en una disputa económica de poder. Ahí está el enfrentamiento entre Estados Unidos y Brasil, para el caso Odebrecht; pero ahí también está la disputa en el mismo seno de la burguesía peruana, a propósito de las elecciones del 2016. Tratemos de vincular ambas dimensiones.

UNA RENOVADA CONTRADICCIÓN
El caso Odebrecht llega al Perú cuando la crisis en las alturas ya venía asomando: ahí está Ecoteva, BTR, Narco Indultos, Joaquín Ramírez, Agendas de Nadine, Chincheros, y muchos casos más de corrupción.

Profundicemos, esta crisis se encuentra atravesada -entre otras cosas- por una particular contradicción en el seno de la burguesía nacional. Una burguesía que entró en recomposición luego de la curiosa revolución de Velasco, dejando a dos grandes sectores: emergentes y tradicionales.

Al respecto es muy recomendable leer a Francisco Durand, en especial el libro Los doce apóstoles de la economía peruana, donde nos indica que los famosos 12 apóstoles limeños de los 80s ahora son más bien 6 limeños y 6 provincianos.

O sea, por un lado, tenemos a una burguesía tradicional, blanca, de orígenes oligárquicos, capitalina, pero también, por otro lado, tenemos a una burguesía emergente, indo-mestiza, de orígenes campesinos, provinciana. Pero ¿qué vinculación tiene esto con la política?

Todo esto pesa en política –y en toda la sociedad-, pues mientras unos no poseen mayores vínculos con los sectores populares, otros, tienen vínculos hasta familiares. Por ejemplo, los burgueses emergentes pueden hacer pesar –en elecciones, en conflictos, y más- sus redes populares a lo largo de su extensísima cadena de producción, por decir algo inicial y pendiente de mayor exploración.

Precisamente por ello, podríamos decir, a grandes rasgos, que unos estuvieron detrás del proyecto de Humala, mientras otros lo están –o estuvieron– con PPK, por colocar algunos ejemplos. Eso sí, los emergentes se encontrarían de manera casi hegemónica en los tantos poderes políticos regionales. Un estudio con mayor rigor y seriedad es necesario.

Necesario, porque esta particular disputa en el seno de la burguesía nacional viene moldeando la historia reciente del país. Claro, siempre con una burguesía emergente luchando por acceder más al poder –el central en particular–, pero con una burguesía tradicional siempre dueña del poder central – hegemónico, elitista y con fuertes reminiscencias oligárquicas.

PELEA DE BLANCOS
Entendiéndolo así, en el marco de los casos de corrupción, ahora se podría comprender cómo el poder tradicional hizo rodar algunas cabezas en el coliseo popular: ahí estaban los más de 10 pequeños caciques locales, todos poderes emergentes implicados en corrupción.

Hasta ahí, el poder tradicional avanzaba no solo capeando la crisis, sino también continuando con su plan: recuperar el espacio perdido. Por eso, a la par que rodaban las cabezas emergentes, inclusive la misma cabeza de Toledo, los García y los Fujimori no caían.

Sin embargo, estalló Odebrecht a inicios de año, señalando a García y Fujimori, pero también a Kuczynski. Y comenzó realmente lo que en el pueblo se conoce como una “pelea de blancos”. El poder tradicional tuvo que hacer rodar las cabezas de los Humala – Heredia, controlando la situación, continuando con el plan.

Pero habló Marcelo Odebrecht -y luego Barata-, y la crisis se ha elevado a niveles casi incontrolables. Ahora, el mismo poder tradicional está en cuestión, con Kuczynski implicado, con varios de sus empresarios presos. Con la endeble alianza con el fujimorismo cediendo nuevamente. ¿Acaso el plan entró también en cuestión?

El plan de los poderes tradicionales, clásicamente pertenecientes y/o vinculados a la burguesía tradicional, es lograr recuperar los espacios perdidos durante los últimos años. Sin embargo, no cuentan con sus otrora gamonales para controlar el “interior” del país.

Es más, los poderes locales de antaño han sido reemplazados por los poderes de la burguesía emergente. Y en medio de la casi nula fiscalización y control central del “interior”, cunde el negociado y la corrupción; prima la violenta acumulación de capital, informal e ilegal. Claro, hay matices.

El Perú cambió; Kuczynski, su presidente, su azarosa llegada al poder, representando a los poderes tradicionales del país, y la actual crisis, no evidencia más que la profunda crisis que debe de estar pasando el poder hegemónico en estos momentos.

Tal crisis estaría empujando al mismo fujimorismo –una expresión de los poderes emergentes- a acelerar sus propios planes. Por ello, la tentación del adelanto de elecciones, atizada por el contundente golpe llamado Odebrecht. Adelanto de elecciones que también ronda en otras cabezas. Sí, el plan de los poderosos parece estar en crisis. Continuaremos desarrollando estas ideas en la siguiente columna.

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Política

TC no debe permitir impunidad de empresas deudoras al Estado

Publicado

en

Marisa Glave

Mientras el país sufre la permanente falta de presupuesto, un grupo de empresas estaría a punto de beneficiarse con la extinción de una millonaria deuda tributaria. La excongresista Marisa Glave denunció en su canal de Youtube que el Tribunal Constitucional estaría evaluando la inaplicabilidad del Decreto Legislativo Nº 1421, dado en el 2018, y que modifica el código tributario.

De acuerdo a la información difundida por la exparlamentaria, tras la promulgación de la referida norma, el Congreso recibió a la representante de la Confiep, Lourdes Chau, y al representante de la Cámara de Comercio de Lima, Sandro Fuentes. En la reunión, los visitantes plantearon diversos argumentos por los que, a su criterio, se debía derogar el D.L. 1421 promulgado por el Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas para legislar en materia económica.

Tribunal Constitucional

TC no debe ser cómplice de la evasión y el perro muerto.

LOBBY EVASOR

Al margen de la paradoja de que Sandro Fuentes, quien se había desempeñado como funcionario de Sunat, estuviera abogando por intereses de empresas con millonarias deudas tributarias, Glave recordó que por esos días había causado revuelo el intento por derogar el Impuesto Selectivo al Consumo en Casinos, lo que finalmente las bancadas funcionales al sector empresarial no lograron concretar.

Algo similar ocurrió con el D.L 1421, cuya vigencia ha marcado los criterios del Tribunal Fiscal, órgano adscrito al Ministerio de Economía y que resuelve controversias entre empresas y el Estado a nivel administrativo.

“El Tribunal Fiscal ya aplicó el D.L. 1421 y lo ha aplicado en casos hasta 1500 millones de soles, en una resolución respecto a una deuda de la minera Buenaventura, que pretendió evitar que le cobren ese monto”, indicó

Glave señaló que al igual que Buenaventura, existen 233 empresas que acumulan S/ 11 mil millones, de las cuales solo 22 empresas concentran S/ 9 mil 400 millones de deuda tributaria. En consecuencia, advirtió que en caso el TC decida no aplicar el D.L. 1421 le estaría dando “un regalazo” a estas 22 empresas que dejarían de pagar una millonaria deuda que bien podría ser utilizada en las urgentes demandas de millones de peruanos.

YA ESTARÍA EN AGENDA

La exparlamentaria también refirió que, en noviembre de 2019, el TC recibió los argumentos de la Sunat, así como del estudio de abogados Gálvez y Dolorier, quienes están detrás de la acción de inconstitucionalidad. Ante ello, advirtió que estaría por resolverse el caso en los próximos días, por lo que expresó su extrañeza por la nula cobertura sobre el tema en los grandes medios de comunicación.

De acuerdo a un informe publicado en el portal de investigación Ojo Público, las empresas deudoras son Pluspetrol, Cerro Verde, Buenaventura, SouthernCopper, Backus, Interbank, Scotiabank, y Nestlé, entre otras.

Respecto al requerimiento de las empresas deudoras, la excongresista sostuvo que estas argumentan que el plazo de prescripción de la deuda tributaria no inicia en el momento en que se notifica una deuda, sino cuando ésta se origina. Así, transcurridos cuatro años, si la Sunat no logró cobrar la deuda, esta se extinguiría.

Sin embargo, Glave explicó que el D.L. 1421 señala claramente tres procesos: determinación de la deuda, determinación de la multa y el cobro. “Solo una vez determinada la deuda corre el plazo de prescripción”, aclaró.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Alan García mandó directivas para proteger a brasileños de Odebrecht

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Alan García Pérez

Raúl Noblecilla, defensa legal de Luis Nava Guibert, aseguró que Alan García envió a través de mensajes de WhatsApp una serie de directivas con la finalidad de proteger “a los brasileños” vinculados con la investigación a la empresa Odebrecht.

Dijo que esta información la tienen no solo mediante estas comunicaciones vía las redes sociales, “sino a través de otras formas”, por lo que instó a esperar a que salgan todas esas pruebas.

“Esta arma letal que mandó a disparar el abogado Humberto Abanto les ha dado en la nuca, ¿por qué te lo digo?, porque estarían por aparecer documentos anteriores a la novela Roxanne (Chessman)-(Jorge) Barata que van a dar cuenta de que Alan García, quince días antes de que tomara la decisión de irse, hablaba y mandaba mensajes para ayudar a los brasileños e instar a buscar la forma de apoyarlos”, dijo en Radio Nacional.

Según Noblecilla, García Pérez antes de suicidarse mostraba “pánico y preocupación extrema” sobre las indagaciones que se desarrollaban en torno a su situación y su vínculo con la empresa Odebrecht.

“Estas pruebas saldrán a su tiempo”, adelantó.

En otro momento, precisó que Nava Guibert recibió amenazas de muerte desde que estuvo en el penal Castro Castro, por parte de la Resistencia y de un sector del partido aprista.

“En este documento, en que comunicamos a (el fiscal) José Domingo Pérez de la posible conformación de una organización criminal, solicitamos una vez más la necesidad de protección a mi patrocinado, urgente, no solo para Nava e hijos, sino también para mi familia”, agregó.

Noblecilla agregó que Alan García murió abandonado por sus hijos -quienes ahora reclaman salvarlo de la historia-, dejándolo solo en su casa y con una pistola.

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Política

Juez dicta impedimento de salida del país para Gerardo Sepúlveda

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Gerardo Sepúlveda

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por un plazo de dos meses para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, en su calidad de testigo en el caso Interoceánica Sur.

La medida, que concluirá el 25 de abril de 2020, fue dispuesta a solicitud del fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien había planteado tres meses.

El Ministerio Público informó que apelará la resolución en relación al plazo; la defensa técnica hará lo propio considerando que aspiraban a que la medida sea declarada infundada.

Según el juez, la declaración de Sepúlveda resulta indispensable para la averiguación de la verdad en los hechos que son materia de investigación del caso Interoceánica.

Dichos hechos, recordó, se ciernen sobre presunto pacto que hubo entre el expresidente Alejandro Toledo y la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en la buena pro de la carretera Interoceánica a cambio de un pago ilícito.

“Existe vinculación entre los hechos que va a declarar como testigo y los hechos materia de investigación”, subrayó tras insistir en que lo que declare Sepúlveda será “clave, relevante e imprescindible”.

De igual forma, consideró idónea, necesaria y proporcional la medida de impedimento de salida del país, a fin de asegurar su presencia en el Perú.

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