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Sube el precio del oro y disminuye la producción formal

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Lingotes barras de oro

LA MALDICIÓN DEL TESORO DE ATAHUALPA

El precio internacional de la onza de oro supera ya la barrera de los US $ 1,540 dólares con tendencia al incremento gracias a la incertidumbre de la economía mundial, la proximidad de una recesión económica, menores tasas de crecimiento de la economía mundial, la extensión y profundidad de la confrontación de los Estados Unidos de Norteamérica de Trump con su bravatas frente al creciente poder emergente de la China Popular.

Mientras los precios internacionales del cobre tienden a la depresión por debajo de los US $ 2.50 la libra, los precios del oro se han disparado gracias a las funciones de reserva de valor, a su función de atesoramiento frente a la creciente riqueza financiera y especulativa que caracteriza al capitalismo del siglo XXI.

Esto que podría ser una buena noticia para la economía peruana, para apuntalar los proyectos auríferos formales no deja de ser preocupante por la mayor participación de la minería ilegal e informal en la explotación aurífera en nuestros país. ¡Ni el Apu Pariacaca, célebre nevado en Yauyos símbolo de la religiosidad andina se salva de ser explotado por la obtención del maldito oro!

MINERÍA ILEGAL

Esta minería ilegal e informal que no paga impuestos ni regalías y que contamina impunemente el medio ambiente, se extiende por todo el país como una alternativa a la pobreza campesina, pues si con precios superiores a los US $ 800 dólares la onza esta minería es rentable, con precios de US $ 1,540 es superentable.

Esta nociva actividad informal e ilegal es altamente contaminante pues en su tratamiento de separación utiliza intensivamente el mercurio, dado que existe una relación técnica, donde para obtener un kilo de oro se demanda por lo menos dos kilos y medio de mercurio que demora 100 años en disipar sus efectos nocivos.

Todo ello a vista y paciencia de las autoridades de los gobiernos subnacionales, y organismos reguladores. Según las normas que rigen la descentralización, los gobiernos regionales son responsables de promover, fiscalizar y supervisar a la pequeña minería y minería artesanal, que se extiende como un cáncer desde las serranías de Piura hasta Puno y Madre de Dios, sin mayor crítica de las ONGs ambientalistas.

Comportamiento mensual del precio del oro

MINEM VERSUS BCRP

De allí la creciente importancia de la producción supuestamente artesanal y de la pequeña minería, pues según la información registrada en el Ministerio de Energía y Minas, la producción fiscalizada aurífera fue de 4´858 millones de onzas en el 2017 y de 4´586 millones de onzas en el 2018 respectivamente. Ver cuadro “Perú: Ranking de la Producción de Concentrados de Oro expresados en miles de onzas finas”

Esta producción formalmente registrada en el ministerio del sector se contradice gravemente con la producción aurífera que se exporta según el propio Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), como hemos señalado en otros artículos.

Se hace evidente la grave informalidad en la producción de oro, pues según el BCR) se estiman los volúmenes de oro exportado en el 2017 en el orden de los 6´494 millones de onzas finas troy, y de 6´498 millones de onzas en el 2018. Por tanto, cabe preguntarse ¿De dónde proviene la diferencia entre la producción de oro formalmente registrada y la producción aurífera exportada?

Solamente para el 2018 se registra formalmente una producción de 4´586 millones de onzas, como se puede observar en el cuadro, mientras la producción aurífera destinada para la exportación para el mismo año era de 6´498 millones de onzas.

Ello significa que existe una diferencia de 1´912 millones de onzas que no registra productor reconocido pero que se exporta sin mayores cuestionamientos por empresas formales que acopian volúmenes de oro en las provincias, operando como traders, comercializadoras que no tienen producción registrada.

Evidentemente con los precios del oro superiores a los US $ 1,500 dólares la onza esta producción de oro ilegal e informal será superior y mayor será también el daño ambiental por la precariedad y la falta de seguridad ambiental en dicha explotación, más las condiciones precapitalistas de semiesclavitud en sus operaciones.

Por tanto, la diferencia solamente para el 2018 entre el oro producido de manera informal y exportado es de 1,912 millones onzas que al precio promedio de exportación (US $ 1,400 dólares por onza) resulta una riqueza superior a los US $ 2,600 millones de dólares que se mimetiza en una “economía negra” con evasión de impuestos y de regalías al fisco, elevados niveles de contaminación y formas precapitalistas de producción propias de la semiesclavitud, sobre todo en la producción de Madre de Dios y Puno.

Perú: Ranking de la producciónde concentrados de oro (2017-2018)

MRA YANACOCHA A LA BAJA

Un análisis cuantitativo de la información expuesta en el cuadro de referencia para el 2018 en relación al 2017 es la menor producción formal de oro que se registra, donde prácticamente los principales productores auríferos disminuyen en su producción con tendencia a su depresión.

Según el cuadro el primer productor de concentrados de oro sería la Mra. Yanacocha con una producción de 514,600 onzas en el 2018, es decir con una variación negativa equivalente al 3.76%, con tendencia a seguir a la baja, a pesar del gran potencial minero que existe en Cajamarca.

Sin embargo, debiera ser evidente la tendencia a la baja en la producción aurífera de Mra. Yanacocha. En el 2016 producía 668 mil onzas, en el 2017 bajó a 534 mil onzas y en el 2018 siguió disminuyendo a las 514 mil onzas.

Esta menor riqueza minera aurífera agravará los niveles de pobreza, poder de compra y empleo en Cajamarca , pues serán menores los ingresos transferidos por concepto de canon y regalías, a pesar de los altos precios del oro en los últimos meses del 2019.

Prácticamente la producción aurífera de la minera Mra. Yanacocha demuestra el carácter finito de los recursos naturales y la vigencia de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, donde los costos unitarios resultan cada vez mayores para obtener la misma onza de oro. En realidad la producción actual resulta menor a los niveles de 1995, a pesar del gran potencial minero que existe en la región.

Ello explica la estagnación, recesión de la economía cajamarquina, los mayores niveles de pobreza sobre todo del campesinado y de los sectores urbanos que dependían de los ingresos derivados e indirectos generados por la actividad minera, al margen del canon y regalías.

BARRICK MISQUICHILCA EN CIERRE

El segundo lugar en la producción aurífera lo ocuparía la Mra. Barrick Misquichilca SA con la producción marginal de las operaciones de la unidad de Pierina en el Callejón de Huaylas, prácticamente en cierre de operaciones y de Lagunas Norte en La Libertad.

Esta minera ha dismunido dramáticamente la producción por falta de reservas, y con rendimientos marginales decrecientes, con niveles productivos de 547 mil onzas en el 2016, de 509 mil onzas para el 2017, y de 332 mil onzas en el 2018, es decir con una variación negativa equivalente al 35 por ciento, como se puede observar en el cuadro respectivo.

Con el cierre de operaciones en la mina de Pierina que inició operaciones a mediados de los años noventa del siglo pasado, se aplicará la “ley de cierre de minas” que se aprobó en la gestión del ex presidente Alejandro Toledo, siendo ministro de energía y minas, el Ing. Glodomiro Sánchez. Prácticamente el fondo del cierre de minas en esta minera que tiene un valor superior a los US $ 200 millones de dólares debe ser invertido en remediar las tierras de la concesión minera y dejarlas aptas para la agricultura y/o ganadería.

Esta será en verdad la primera experienca de envergadura de la ley de cierre de minas, de allí el interés y la importancia de la norma en un país que acumula más de 9 mil pasivos ambientales, y donde existe una fuerte oposición a la expansión minera, sobre todo en las comunidades andinas, sectores ecologistas y líderes políticos regionales.

MRA. ARTESANAL: DEBE SER FISCALIZADA

El tercer lugar, desde el punto de vista cuantitativo lo ocuparía la producción artesanal de Madre de Dios con 391 mil onzas en el 2017, para seguir disminuyendo en el 2018 con 296 mil onzas en razón de las políticas de interdicción e intervención con mayores penas a una producción altamente contaminante y depredadora del medio ambiente.

Si a esta producción artesanal de Madre de Dios se suma la producción aurífera artesanal de Puno con 205 mil onzas producidas en el 2017, para subir a las 219 mil onzas en el 2018, prácticamente la producción artesanal supera a la producción de las transnacionales Newmont en Mra. Yanacocha y a la producción de Barrick Misquichilca, como puede resultar evidente en el cuadro en referencia.

Esta producción minera artesanal conjunta de Madre de Dios y Puno equivalente a 596 mil onzas en el 2017 y de 515 mil onzas en el 2018 resulta en la práctica disputando el primer lugar en la produccón aurífera con una tendencia al aumento gracias a los favorables precios del metal amarillo.

Esta producción artesanal que compromete a más de 200 mil trabajadores organizados en una serie de empresas, cooperativas, con invasión de concesiones mineras, que abonan regalías anormales a propietarios ausentistas, rentistas y especuladores debe ser mejor regulada y fiscalizada por el grave daño ambiental que provoca, y las condiciones precapitalistas en el proceso de trabajo.

Es más, muchas de estas concesiones interesadamente se mantienen en el ámbito de la minería artesanal pagando minúsculos derechos de vigencia que no superan US $ 0.50 dólares por hectárea, es decir medio dólar por hectárea, y pueden acceder hasta un máximo de 100 hectáreas, utilizando maquinaria pesada, retroexcavadoras, motores, succionadoras, equipos electrógenos que escapan a la realidad del verdadero minero artesanal.

En resumen, esta radiografía de la producción de oro amerita una profunda investigación para formalizar una actividad que permita mayores ingresos para el fisco, ante una minería ilegal e informal que se expande a nivel país como un cáncer.

También en el nuevo marco legal minero se debe analizar los diversos mecanismos que aplican las transnacionales mineras para remesar utilidades a paraísos fiscales, cuestionables relaciones entre subsidiarias y matrices, con una serie de beneficios tributarios que afectan la recaudación fiscal y las condiciones de trabajo, por la persistencia de la herencia colonial basada en las políticas del “cholo barato”, riqueza patrimonial, estado mercantilista con corrupción incorporada.

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Política

Matanza de El Frontón no debería quedar impune

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Matanza de El Frontón

Luis Nava, exhombre de confianza de Alan García, corroboró ante la Fiscalía el testimonio de un colaborador eficaz que relató cómo el expresidente sobornó al fiscal a cargo del caso El Frontón para lograr el archivamiento de las investigaciones.

El exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Alan García, Luis Nava, confirmó ante el Ministerio Público los hechos revelados por un colaborador eficaz sobre cómo García se habría librado de ser investigado por el caso El Frontón mediante un presunto soborno.

Según informó IDL-Reporteros, los hechos corroborados por Nava se remontan al año 2004, antes del inicio de la campaña presidencial del 2006. Por esos días, gracias a una gestión del abogado de García, Genaro Vélez, se realizó una reunión en la casa del fiscal Mario Gonzales Díaz, a cargo de las investigaciones del caso El Frontón.

Alan García Pérez

A la cita acudieron Alan García, Vélez y Luis Nava Guibert. IDL-Reporteros da cuenta de la relación cercana que existía entre los tres personajes: Un año antes, en 2003, Luis Nava Guibert fundó un estudio de abogados en sociedad con Genaro Vélez y otro militante aprista, Nestor Walqui. Para esa fecha, Vélez ya había defendido a García en los casos de El Frontón, Accomarca y Cayara, y más tarde sería su asesor legal durante las investigaciones de la Megacomisión, presidida por Sergio Tejada.

De acuerdo al relato del colaborador eficaz, durante la reunión el fiscal Mario Gonzales Díaz ofreció archivar el caso, pero admitió tener miedo a las consecuencias y por tanto solicitó ayuda a sus interlocutores. En esas circunstancias, García habría llevado a Vélez a un ambiente apartado, y le habría entregado US$ 25 mil para que este a su vez le entregue el dinero a Gonzales. Según el colaborador, Vélez cumplió con el encargo con la misma discreción con que recibió el dinero, aunque todos los presentes quedaron al tanto de la entrega.

Minutos después, Gonzales indicó que, pese a todo, seguía temiendo por su futuro tras el archivamiento del caso. Ante esto, García le habría indicado que no se preocupe, pues él lo iba a ayudar.

El 30 de noviembre de 2004, Mario Gonzales Díaz, entonces fiscal provincial de la “fiscalía especializada para desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y exhumación de fosas clandestinas”, archivó la investigación contra Alan García por los presuntos delitos de homicidio calificado, delito contra la seguridad pública, y delito contra la administración pública. Tras ello, Alan García solo fue incluido en el proceso en calidad de testigo, y Gonzales pasó a trabajar a otra entidad estatal, quizás como parte de la “protección” ofrecida.

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, el archivamiento de las investigaciones contra García ya era algo claro antes de su formalización. “A mí me queda súper claro que antes de que emita su disposición, sabíamos que el fiscal no iba a denunciar a García. Así de contundente era el asunto, él lo había expresado con todas su palabras. Me dijo más de una vez que él tenía una disposición de no denunciar y no involucrar a García”, recordó.

IMPUNIDAD GARANTIZADA

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos revelados por el colaborador eficaz y corroborados por Luis Nava, Rivera aclaró que el suicidio de Alan García puso fin a cualquier posibilidad de investigación y proceso en su contra.

En cuanto al caso del exfiscal aludido, Mario Gonzales, el abogado indicó que si bien la acusación podría ameritar una investigación por parte del Ministerio Público, también es un hecho que el caso ha prescrito al cumplirse en noviembre el plazo máximo de 15 años.

Y a pesar de tratarse de hechos directamente vinculados a encubrir un crimen de lesa humanidad, no serían alcanzados por la imprescriptibilidad que se confiere a este tipo de crímenes y correspondería tratarlo solo como un caso de corrupción.

De otro lado, recordó que desde hace dos años se viene desarrollando la etapa de juicio oral contra 34 militares imputados por la matanza de El Frontón. “Aunque estamos evaluando el modo de introducir este elemento nuevo en el proceso, el problema es que García no era acusado, sino testigo, debido al archivamiento que ahora sabemos que fue por un presunto soborno”, indicó.

Finalmente, concluyó que “este acto corrupto del año 2004 fue determinante para garantizar impunidad a favor de García, a pesar de que él debió ser acusado, procesado y condenado como autor mediato del crimen”.

ALGO MÁS

Por su parte, el exabogado de Alan García, Genaro Vélez, calificó de “bajeza” las revelaciones sobre el presunto soborno, y que todas las personas que han intervenido para lograr la declaración del colaborador eficaz “dan asco, porque un hombre no debe mentir para agraviar a una persona que está muerta”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Barata nuevamente sera interrogado

Publicado

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Jorge Barata

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exsuperintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido a nuevos interrogatorios programados para el 30 y 31 de enero del próximo año.

En ese sentido, el fiscal manifestó que para lograr esta nueva diligencia con el exdirectivo de la empresa brasileña, se tuvo que suscribir un acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello.

“Ya se está coordinado la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que puedan haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente, aunque eso dependerá de las decisiones de estrategia de los fiscales del equipo especial”, precisó en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Al término de las diligencias con los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance que va a ser canalizado a través de Odebrecht. Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

Como se recuerda, la entrega de nuevo material así como la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte de la firma del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña.

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Política

Denuncian campaña de desprestigio contra la ONPE

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Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Fuentes allegadas al Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), denunciaron una presunta campaña de desprestigio emprendida contra el ente estatal a partir de cartas difamatorias que habrían sido distribuidas por el director ejecutivo de Medios Perú, Edgar Guevara Soto.

Así, se buscaría generar un manto de sospecha respecto a la distribución de la franja electoral de las elecciones extraordinarias 2020, exigiendo la intervención de la ONPE y de la Contraloría de la República cuando se trata de un tema que compete a empresas privadas.

Asimismo, las fuentes señalaron que estas acciones estarían motivadas por una suerte de “celos e intereses comerciales”, por lo que se estaría evaluando el inicio de las acciones legales correspondientes.

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