Sobre universidades con fines de lucro

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    Sobre universidades con fines de lucro

    Una universidad debe ser un centro productor de conocimientos que brotan de una investigación libre y de condiciones adecuadas de trabajo.

    Finalmente, el gobierno de Ollanta Humala acaba de promulgar la nueva ley universitaria con una frontal oposición de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y los partidos del orden Apra y Fuerza Popular fujimorista. La ANR anuncia que irá hasta a tribunales internacionales para defender su violada autonomía; por su lado, Alan García anunció que derogaría la ley si fuese presidente, por tercera vez, en 2016.

    Humala, sus funcionarios y los pocos amigos que le quedan de su primera alianza, creen que con esta nueva ley el Estado recuperará la dirección de la política universitaria y que pronto cerrarán sus puertas algo así como cuarenta universidades que se encuentran en una situación irregular y no cumplen con los mínimos de calidad que deberían tener.

    Con algo de prudencia sería mejor que el gobierno no anunciara una medida como esa porque podría tratarse de un aviso para que quienes se sientan en falta se cuiden, borren huellas, quemen documentos comprometedores y se preparen para negociar a tiempo. Con pequeños juegos como estos se teje la política colonial en el país.

    Uno de los primeros problemas de fondo que la ley no enfrenta es la cuestión del lucro en la enseñanza universitaria. Con el decreto 882 del gobierno de Fujimori surgieron las universidades fábricas de profesionales con fines de lucro, como una empresa cualquiera y un beneficio adicional extraordinario: no pagar impuesto alguno.

    Por ese camino han pasado ya muchas universidades con seguras y grandes tasas de ganancia. Sus dueños crean filiales por todas partes, compran clubes de fútbol, forman grupos empresariales, crean redes electorales que llaman partidos políticos, y quieren, además, ser presidentes de la República.

    Se trata de negocios redondos tanto económicos como políticos, con un compromiso cero con el país en la medida en que se trata solo de fábricas de profesionales en las que no se investiga, no se publica nada propio, ni se debate sobre los grandes problemas nacionales.

    Una universidad debe ser un centro productor de conocimientos que brotan de una investigación libre y de condiciones adecuadas de trabajo.

    Algunas universidades privadas creadas antes de 1990 se reciclaron rápidamente para dejar atrás su condición de instituciones sin fines de lucro y convertirse en haciendas privadas con una maravillosa tasa de ganancia.

    El caso más notable es el de la Universidad privada Garcilaso de la Vega. Cito a continuación los “ilícitos” que habrían sido cometidos en esta universidad, según la Comisión de Educación del Congreso: “fraude en la administración de personas jurídicas, asociación ilícita para delinquir, defraudación tributaria, lavado de activos y estafa”. El listado es horrendo y atribuirlo a una universidad indica que la corrupción estructural del país ha llegado a límites antes inimaginables.

    El rector de esa universidad y 22 funcionarios se habrían enriquecido con 350 millones de soles (125 millones de dólares). Por las cifras ofrecidas por esa Comisión el Sr. Cervantes Liñán es el rector mejor pagado del mundo.

    ¿Puede salir tanto dinero de las cuotas pagadas por los alumnos y por los subsidios del estado? Si no es así, pensar en un posible lavado de dinero resulta inevitable. Por acusaciones menos graves que esas hay varios funcionarios públicos en la cárcel y al rector de esa universidad no le pasa nada. La pregunta es: ¿quién le pone el cascabel al gato?

    Me parece inútil pedirle al gobierno del Sr. Humala que cierre todas las universidades con fines de lucro. Me atrevo a suponer que sus ataduras y compromisos con los inversores extranjeros y los burgueses peruanos son mucho más fuertes que su tímida voluntad de poner algún orden en la caótica realidad universitaria.

    Nada aparece en el horizonte suficientemente fuerte como para suponer que la flamante ley pueda acabar con las argollas y resolver los problemas más importantes.

    En las semanas del debate previo a la aprobación y promulgación de la nueva ley universitaria se ha dicho poco o nada sobre la cuota de poder, de fuente propia o de aliados políticos y empresariales, que tienen los dueños de universidades con fines de lucro en el país. Como se trata de una realidad relativamente nueva, no disponemos de investigaciones puntuales.

    Poco podemos esperar de rectores que no leen ni escriben y de profesores que no investigan y solo repiten lo que leen. Cada universidad de esas tiene su propia historia y sus padrinos. Sería muy útil, por ejemplo, conocer la vinculación entre el APRA y la Universidad Garcilaso de La vega.

    Si se tratase de un esfuerzo realmente serio de enfrentar a la corrupción, sería muy útil revisar también los títulos, grados y honores ofrecidos para ver cuántos fueron limpiamente dados y cuántos no.

    Sospecho que los dueños de universidades haciendas tienen más poder de lo que podemos imaginar. Si es verdad que el grupo El Comercio e Interbank tienen en cartera varios proyectos de nuevas universidades, los vientos de mediano y largo plazo favorecen el orden reinante hoy.

    Los del tiempo corto no serán graves porque se agotarán en pequeñas escaramuzas para elegir nuevas autoridades y negociar con los técnicos economistas del ministerio de Educación pequeños cambios que satisfagan a todas las partes.

    Sería muy importante que el Consejo Nacional de Educación intervenga para afirmar el espacio de lo que una universidad en serio supone y para marcar claramente las diferencias con las empresas con fines de lucro.

    Finalmente, con el exiguo 3 % del producto nacional bruto consagrado a la educación es poco o nada lo que puede hacerse para afirmar y consolidar un espacio de investigación seria en las Universidades. Si se tratase del 10 % brasileño, otra sería la canción.

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