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¿Quién dirige la estrategia para derrocar a Maduro?

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The New York Times describió a Abrams como “el más fiero de los defensores del apoyo armado del Gobierno de Reagan a los insurgentes nicaragüenses”.

Ya se venció la presidencia interina de Juan Guaidó, o por lo menos eso es lo que especifica la Constitución venezolana en su artículo 233: son 30 días de presidencia interina e inmediatamente después se debe convocar a elecciones generales. Guaidó se autoproclamó presidente el pasado 23 de febrero, hace mes y medio.

Pero como toda la jugada para sacar a Maduro del poder se ha hecho acomodando la legislación venezolana al antojo del relato de turno, ahora salió el enviado especial de EEUU, Elliott Abrams, a explicarle al mundo que, ciñéndose a lo que dice la letra de la ley, esos 30 días empiezan a contar desde que Maduro renuncie a la presidencia.

“Ya va, ya va”, como dicen los venezolanos. Paremos un poco aquí, pues a mí esta escena me cortocircuita esa parte del cerebro que se aprendió la historia de un Simón Bolívar declarando la independencia de Venezuela allá por 1811. Cómo han cambiando los tiempos, ¿no? Quién diría que hoy, en este siglo XXI, aparecería en Washington, desde el Departamento de Estado, el enviado especial de Estados Unidos, dando cátedra sobre las leyes que amparan al autoproclamado presidente venezolano (o lo que vendría a ser lo mismo: las leyes que presuntamente amparan un ralentizado golpe de Estado).

Con esto, la alternativa liderada por Guaidó (la que se presenta como la salida a la crisis en Venezuela) se quitó una vez más la máscara y demuestra que la soberanía o la autodeterminación les importa un pepino.

Aún hay varias opciones sobre la mesa en la búsqueda por derrocar a Maduro. El pasado jueves Guaidó nos recordó que la vía militar no se ha descartado, aunque en estos momentos parece haber perdido apoyos. Estados Unidos se está decantando más por una guerra civil o un golpe militar.

De hecho, la imagen de Abrams aleccionando a los periodistas sobre la Constitución venezolana es reveladora. Demuestra que quien hoy está a cargo es él: ni el senador republicano Marco Rubio, ni la oposición venezolana, ni Guaidó, ni el Secretario de Estado, Mike Pompeo y ni siquiera el presidente Trump.

El modus operandi de Elliot Abrams es ruin, y difícil de comprender para toda persona que no se codee con las altas ligas del crimen organizado. A él le importa poco violar la legalidad o mentir descaradamente, como cuando frente al Senado estadounidense tildó de patraña la masacre de El Mozote, la que es considerada la mayor matanza de la historia moderna de Latinoamérica respaldada por Estados Unidos.

Aquella masacre sucedida en El Salvador en 1981 está hoy ampliamente documentada. Murieron más de 800 personas acribilladas por una unidad del ejército salvadoreño entrenada por Estados Unidos. Abrams, secretario de Estado adjunto para los derechos humanos de EEUU en aquel entonces, hizo y deshizo con el fin de desacreditar la veracidad de lo sucedido.

Pero el caso por el que más se le conoce es el escándalo Irán-Contra. A mediados de los años 80, tras el derrocamiento del Sha y la instalación de la llamada República Islámica, se había impuesto un embargo a la venta de armas a Irán. Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses decidieron violarlo y negociar en secreto la venta de municiones y equipo bélico.

El dinero de la ilegal venta de armas al país persa se destinó a armar ilegalmente a los grupos insurgentes anticomunistas en Nicaragua, “los contra”.

Elliott Abrams, ostentando el título de subsecretario de Estado para América Latina, fue uno de los operadores de una red clandestina de suministro de armamento a estos grupos paramilitares que intentaron acabar con los sandinistas, y que librando una “lucha anticomunista” financiada por EEUU también mataron a miles de civiles.

Abrams violaba las leyes, si bien el Gobierno de Reagan estaba contento con los medios que usaba para cumplir sus objetivos. Su fanatismo anticomunista era tal que, siendo representante estadounidense en América Latina, se reunió con el sultán de Brunei para solicitarle dinero y así sumar a la financiación de los contra en Nicaragua. El sultán le habría dado 10 millones de dólares.

Al descubrirse esta “caridad” y otras “donaciones” internacionales solicitadas por Estados Unidos para Nicaragua, Abrams señaló que habían sido para ayuda humanitaria; sin embargo, el Departamento de Estado nunca pudo confirmarlo. Es importante subrayar que el Congreso estadounidense había prohibido explícitamente el suministro o venta de armamento a los contra.

En 1991 Abrams fue condenado por encubrir la trama Irán-contra. En el juicio, poco se escudriñó sobre su rol en el complot. Él rápidamente se prestó a colaborar y se declaró culpable de dos delitos de encubrimiento.

Lo condenaron a un año de cárcel y 100 mil dólares en reparaciones. No pasaron ni dos meses y su condena fue perdonada por el expresidente George H.W.Bush. Por aquella época el periódico The New York Times lo describió como “el más fiero de los defensores del apoyo armado del Gobierno de Reagan a los insurgentes nicaragüenses”.

Nada hace pensar que el ahora enviado especial de Estados Unidos para Venezuela haya curado su obsesión anticomunista de los años 80 o sus villanos y subrepticios métodos para aniquilar gobiernos (y civiles) que van en contra de su ideología. Analizando su perfil se puede inferir que los tiros van más por armar a grupos paramilitares en Colombia o Venezuela y montar una guerra civil, que fomentar una invasión militar estadounidense como tal.

Sus declaraciones han sido contundentes al incitar a miembros de las fuerzas armadas a unirse a Guaidó, con lo que un golpe militar forma parte también de su repertorio.

Y finalmente, otra opción es un estallido social, desencadenado por el embargo financiero y comercial que ha acabado de un plumazo con alrededor del 60% de los ingresos de divisas en Venezuela por las ventas de petróleo, empujando a los venezolanos a la inanición y la muerte (debido a la escasa capacidad del Gobierno de importar alimentos y medicinas).

En esa misma línea, algunos piensan que Estados Unidos también tuvo participación en el prolongado apagón de días anteriores, pero por ahora no hay pruebas. Lo que sí reportó el New York Times es que los generadores de respaldo que pudieron retornar la electricidad al país no funcionaron por las dificultades para producir combustible a raíz de las sanciones.

De cualquier forma, lo que debe quedar para la Historia es que Estados Unidos y el señor Abrams, como su representante, tienen responsabilidad en el padecimiento actual y futuro de los venezolanos.

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Política

Fiscalía reprograma citaciones a Castillo

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Ministerio Público - Fiscalía de la Nación

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, reprogramó las citaciones al presidente Pedro Castillo para que rinda su declaración indagatoria en las investigaciones preliminares que se le inició por los casos Petroperú y la salida de Mariano González como Ministro del Interior.

La magistrada citó al Jefe de Estado para este viernes 12 de agosto afín de que rinda su declaración indagatoria por las presuntas irregularidades detectadas en la licitación para la adquisición de barriles de Biodiesel B 100 a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A, caso conocido como “PetroPerú”.

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Política

Reafirman convenio en favor del sector salud

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Pedro Castillo

Durante la ceremonia de reafirmación del convenio para estabilidad de los trabajadores del sector Salud, en Palacio de Gobierno.

Durante la ceremonia de reafirmación del convenio para estabilidad de los trabajadores del sector Salud, en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo llamó a los trabajadores del sector Salud a forjar una sola fuerza a fin de asegurar la atención médica de las familias más vulnerables, en especial, las afectadas por el friaje.

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Política

Vicepresidenta Boluarte pide gobernabilidad al Congreso

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Dina Boluarte

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, pidió al Congreso de la República apostar por la gobernabilidad y permitirle al presidente Pedro Castillo terminar su mandato el 28 de julio de 2026.

En declaraciones a un medio colombiano, señaló que el pueblo peruano los ha elegido por cinco años, así como a los miembros del Legislativo, por lo que llamó a ese poder del Estado a cumplir el mandato que el pueblo les ha dado. “Por eso yo quiero desde acá pedir al Congreso que sea un Congreso que, con ese espíritu democrático, pueda apostar por la gobernabilidad y permita al presidente Pedro Castillo terminar su gobierno el 28 de julio de 2026”, declaró a W Radio.

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