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José De Echave

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GLOBALIZACIÓN CON EQUIDAD

¿Qué está pasando en Las Bambas?

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El proyecto minero Las Bambas es el emprendimiento más grande de la historia reciente de la minería en el país. Más de 10 mil millones de dólares invertidos y la proyección de una producción de más de 400 mil toneladas de cobre que, con el aporte de otros proyectos, está permitiendo que se duplique la producción de cobre del país. La producción comercial de Las Bambas se inició en el mes de agosto de 2016.

En los últimos meses, reiteradamente delegaciones de la zona de influencia del proyecto han venido a Lima a pedir diálogo y básicamente lo que han recibido es un portazo en la cara. Sin embargo, cuando estallan los conflictos a esos mismos comuneros los acusan de intransigentes.

¿Qué está pasando en la zona de influencia del proyecto y por qué se siguen reportando situaciones de tensión y conflicto latente?

En primer lugar es importante subrayar que en este caso no estamos hablando de un conflicto en el que la población se opone al proyecto minero. Incluso se puede afirmar que en la zona siempre se ha percibido al proyecto minero como una oportunidad para la provincia de Cotabambas.

¿Cuáles son los temas de preocupación y las principales demandas de la población? Un primer tema tiene que ver con los reiterados incumplimientos de los acuerdos logrados en los diferentes procesos de diálogo implementados en la zona y que generaron un conjunto de obligaciones del lado del Estado y que en gran medida no se han cumplido. Todo ello ha ido creando un clima de malestar que se ha expresado en varios momentos en los últimos años.

Pero la preocupación de la población también se explica porque Las Bambas muestra la manera como se vienen modificando de manera reiterada y significativa los proyectos mineros, utilizando las nuevas herramientas creadas por los paquetazos ambientales que han flexibilizado las normas y limitan aún más los mecanismos de participación ciudadana.

Un informe de CooperAccion remarca que el proyecto Las Bambas fue modificado hasta en cinco ocasiones en menos de 20 meses; es decir en promedio una modificación cada 4 meses: dos veces se modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y en tres ocasiones se utilizó el instrumento denominado Informe Técnico Sustentatorio (ITS), procedimiento creado por el primer paquetazo ambiental (DS 054-2013-PCM), que permite aprobar cambios a los proyectos de manera expeditiva en 15 días y sin mecanismos de participación ciudadana. En el último año, las modificaciones, vía ITS y vía Estudio de Impacto Ambiental, han continuado.

Las reiteradas modificaciones y el uso y abuso de los nuevos instrumentos para producir cambios sustantivos en los proyectos, están a la base del desconcierto y preocupación de la población. Las Bambas pone en evidencia los problemas que comienzan a generar las normas de promoción de la inversión que en los últimos años han recortado estándares ambientales y han debilitado la institucionalidad ambiental.

El proyecto minero Las Bambas

El otro tema que causa malestar en la zona está relacionado con las reiteradas declaraciones de estados de emergencia. El último fue decretado el pasado 11 de enero (decreto supremo 006-2018-PCM) y abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, la vía que une las operaciones de Las Bambas (Apurímac), Constancia y Antapaccay (Cusco) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa).

Lo cierto es que el estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”. Algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación -supuestamente excepcional- desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia. En suma, lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población.

Como lo señala una alerta del Observatorio de Conflictos Mineros, “dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía”.

¿Qué hacer? Las Bambas muestra una vez más la ausencia de una verdadera estrategia desde el Estado para abordar la conflictividad social en las zonas de influencia de actividades extractivas. Igualmente, se constata las limitaciones que han tenido los procesos de diálogo que se han venido implementando en los últimos años, sin que se puedan generar verdaderos consensos y procesos que respeten los tiempos de la población local, el diálogo intercultural, etc. Tampoco se trabaja para nivelar las asimetrías de poder al momento de la negociación, ni se consideran orientaciones generales para sentar las bases para un desarrollo integral en una perspectiva de mediano plazo que fortalezca al mismo tiempo las capacidades e institucionalidad local.

Un proyecto como el de Las Bambas debería ser una prioridad para nuestras autoridades que deberían hacer todos los esfuerzos para encontrar puntos de entendimiento con los actores locales, más aun cuando en este caso -insistimos- la gente no se opone al proyecto. El Estado sigue sin cumplir con sus funciones no sólo por la falta de voluntad política, sino también por su propia debilidad estructural, la carencia de competencias, capacidades y herramientas.

El fortalecimiento de la gestión pública vinculada a la actividad minera es un aspecto determinante para la construcción de un nuevo escenario de gestión equilibrada e independiente. Es solo de esta manera que las instancias del Estado peruano, encargadas de la gestión minera, podrán recuperar la confianza de las poblaciones. Mientras tanto las comunidades en la zona de influencia de Las Bambas siguen esperando que los atiendan.

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Política

Alan García mandó directivas para proteger a brasileños de Odebrecht

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Alan García Pérez

Raúl Noblecilla, defensa legal de Luis Nava Guibert, aseguró que Alan García envió a través de mensajes de WhatsApp una serie de directivas con la finalidad de proteger “a los brasileños” vinculados con la investigación a la empresa Odebrecht.

Dijo que esta información la tienen no solo mediante estas comunicaciones vía las redes sociales, “sino a través de otras formas”, por lo que instó a esperar a que salgan todas esas pruebas.

“Esta arma letal que mandó a disparar el abogado Humberto Abanto les ha dado en la nuca, ¿por qué te lo digo?, porque estarían por aparecer documentos anteriores a la novela Roxanne (Chessman)-(Jorge) Barata que van a dar cuenta de que Alan García, quince días antes de que tomara la decisión de irse, hablaba y mandaba mensajes para ayudar a los brasileños e instar a buscar la forma de apoyarlos”, dijo en Radio Nacional.

Según Noblecilla, García Pérez antes de suicidarse mostraba “pánico y preocupación extrema” sobre las indagaciones que se desarrollaban en torno a su situación y su vínculo con la empresa Odebrecht.

“Estas pruebas saldrán a su tiempo”, adelantó.

En otro momento, precisó que Nava Guibert recibió amenazas de muerte desde que estuvo en el penal Castro Castro, por parte de la Resistencia y de un sector del partido aprista.

“En este documento, en que comunicamos a (el fiscal) José Domingo Pérez de la posible conformación de una organización criminal, solicitamos una vez más la necesidad de protección a mi patrocinado, urgente, no solo para Nava e hijos, sino también para mi familia”, agregó.

Noblecilla agregó que Alan García murió abandonado por sus hijos -quienes ahora reclaman salvarlo de la historia-, dejándolo solo en su casa y con una pistola.

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Política

Juez dicta impedimento de salida del país para Gerardo Sepúlveda

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Gerardo Sepúlveda

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por un plazo de dos meses para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, en su calidad de testigo en el caso Interoceánica Sur.

La medida, que concluirá el 25 de abril de 2020, fue dispuesta a solicitud del fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien había planteado tres meses.

El Ministerio Público informó que apelará la resolución en relación al plazo; la defensa técnica hará lo propio considerando que aspiraban a que la medida sea declarada infundada.

Según el juez, la declaración de Sepúlveda resulta indispensable para la averiguación de la verdad en los hechos que son materia de investigación del caso Interoceánica.

Dichos hechos, recordó, se ciernen sobre presunto pacto que hubo entre el expresidente Alejandro Toledo y la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en la buena pro de la carretera Interoceánica a cambio de un pago ilícito.

“Existe vinculación entre los hechos que va a declarar como testigo y los hechos materia de investigación”, subrayó tras insistir en que lo que declare Sepúlveda será “clave, relevante e imprescindible”.

De igual forma, consideró idónea, necesaria y proporcional la medida de impedimento de salida del país, a fin de asegurar su presencia en el Perú.

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Política

Carlos Barrientos Gonzales es nombrado presidente de Petroperú

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Carlos Alfredo Barrientos Gonzales

La Junta General de Accionistas de Petroperú, reunida esta tarde, nombró a Carlos Alfredo Barrientos Gonzales como presidente (i) del directorio de la petrolera estatal.

Barrientos Gonzales, quien venía desempeñándose desde el 5 de agosto de 2019 como Gerente General de Petroperú, cuenta con más de 23 años de trayectoria profesional en dirección general de empresas.

Durante esos años ha ocupado posiciones de miembro del directorio, gerencia general, gerencias y jefaturas.

El funcionario es además magíster en Administración Estratégica de Empresas, por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Asimismo, ha participado en el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura y en el “CEO Management Program” de la NorthwesternUniversity – Kellogg School of Management, en Illinois, EEUU.

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